A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

LEY 80 DE 1993
(octubre 28)

por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1. Del Objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 1. Objeto. Decreto 1510 de 2013, ART. 1. Objetivos del sistema de compras y contratación pública.

ART. 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos.

Para los solos efectos de esta ley:

1. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles (Las expresión señaladas en negrilla en este literal fue declarada Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-629 de 2003).


b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos (Literal declarado Exequible en sentencia C-374 de 1994.).


2. Se denominan servidores públicos:


a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas.(Las expresión señalada con negrilla en este literal fue declarada Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001.).


b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas. (Este literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001.).


3. Se denominan servicios públicos: Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

PARÁGRAFO. Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales. Decreto 1510 de 2013, ART. 2. Num. 7.  Partícipes de la contratación pública,  ART. 3. Definiciones.

Vigencia: Parágrafo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Constitucionalidad: La expresion señalada en negrilla del literal a), fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentenica C-629 de 2013 M.P. Álvaro Tafur Vanegas.

Literal b) numeral 1,literal b) numeral 2, declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374 de 1994 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. 

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-230 de 1995 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Aparte subrayado del literal a) numeral 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Literal b) numeral 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 3. De los fines de la contratación estatal.

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones (El aparte señalado en negrilla fue derogado por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública, ART. 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Vigencia: Aparte en subrayado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 4. De los derechos y los deberes de las entidades estatales.

Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:


1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.


2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.


3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.


4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes sumistrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.


5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.


6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.


7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.


8.  Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. (Aparte señalado en negrilla derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).


Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.


9. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.


10. Numeral adicionado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.
Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.
Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 7. De las garantías en la contratación, ART. 13. Principios, generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 19. Del derecho de turno, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Numeral 10 adicionado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación, según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 5. De los derechos y los deberes de los contratistas.

Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas:


1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.


2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

3. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.

Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el  artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).


4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.


5. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.


Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 7. De las garantías en la contratación, ART. 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 19. Del derecho de turno, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público. Ley 1474 de 2011, ART. 9. Reportes del responsable de control interno, ART. 10, parágrafo 2. Presupuesto de publicidad, ART. 11. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud, ART. 12. Sistema preventivo de prácticas riesgosas financieras y de atención en salud del sistema de seguridad social en salud. Decreto 1510 de 2013, ART. 15. Deber de análisis de las entidades estatales, ART. 28. Oferta con valor artificialmente bajo, ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago, ART. 82 Adquisición de bienes inmuebles, ART. 83. Arrendamiento de bienes inmuebles, ART. 117. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 6. De la capacidad para contratar.

Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales (Aparte señalado en negrilla fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández).
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 32. Derogatoria Decreto 1510 de 2013, ART. 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, ART. 10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP.

Constitucionalidad: Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 7.  De los consorcios y uniones temporales.


Para los efectos de esta ley se entiende por:

 

1. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

 

2. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

 

PARÁGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

 

PARÁGRAFO 2o. Parágrafo derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995 (Este páragrafo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-414 de 1994).  

 

PARÁGRAFO 3o. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios. (Este artículo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público, ART. 32. Derogatoria.

Decreto 1510 de 2013, ART. 10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, ART. 18. Capacidad residual, ART. 33. Factores de desempate, ART. 113. Garantía del oferente plural, ART. 154. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas.

Vigencia: Parágrafo 2o derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, 'por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 42.160 de 22 de diciembre de 1995. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 285 de la misma Ley.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

 

1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales:

 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.

 

b)  Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados.


c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.


d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. (El texto señalado en negrilla en el presente literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).


e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.


f) Los servidores públicos.

 

g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso. (El texto subrayado en el presente literal fue declarado condicionalmente Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 28 de enero de 2009, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).

 

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso. (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-415 de 22 de septiembre de 1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

 

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.


Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso. o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma. (Inciso declarado exequible por la Corte Costitucional mediante Sentencia C-489 de 26 de septiembre de 1996. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

 

j)  Literal modificado por el artículo 1. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. (Éste literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2012, salvo la expresión en negrilla que fue declarada inexequible.).

 

Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.


La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años.


k) Literal adicionado por el artículo 2. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato.

 

La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política.
Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales.

 

 

2.  Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva:

 

a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro.


b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante (Este literal fue declarado Exequible por la Corre Constitucional en la Sentencia C-429 de 1997).


c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-029 de 2009).
 


d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo  (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-029 de 2009).


e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.


f) Literal adicionado por el artículo 4o. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios. (Éste literal fue declarado Exequible por la Sentencia C-257 de 2013).
Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público.

 

PARÁGRAFO 1o.  La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.

 

Inciso adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio.


PARÁGRAFO 2o. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por sociedades anónimas abiertas.


La palabra (o concurso) en el presente artículo fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Concordancias: Ley 1150 de 2007: ART. 9 De la adjudicación, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 16. De las entidades exceptuadas en el sector defensa, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Ley 1474 de 2011: ART. 1. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción, ART. 2. Inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas, ART. 4. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado.

Decreto 1510 de 2013, ART. 14. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, ART. 27. Comité evaluador, ART. 29. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas, ART. 32. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Literal j) adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. Empezó a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Literal j) modificado por el artículo 1 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

Literal k) adicionado por el parágrafo 2. artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

Literal f) adicionado por el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

Constitucionalidad : Corte Constitucional Sentencia C-532 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

Literal d), numeral 1. declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 del 29 de abril de 1996. M.P. Dr. Antonio Barrrera Carbonell.

Aparte subrayado del literal g), numeral 1. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 28 de enero de 2009, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Inciso segundo del literal i), numeral 1 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-489 de 26 de septiembre de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

 

Aparte subrayado del literal j), numeral 1 declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-630 de 15 de agosto de 2012, M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.

Literal b), numeral 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-429 de 4 de septiembre de 1997, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

 

 

ART. 9. De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes.


Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo (El aparte señalado en negrilla fue derogado por la Ley 1150 de 2007, artículo 32)

 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

(Éste artículo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1996).  

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 9 De la adjudicación, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 16. De las entidades exceptuadas en el sector defensa, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221 de 16 de mayo de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

ART. 10. De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades.

No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART.18. De las inhabilidades para contratar.

ART. 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales.

En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2:


1. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o "concursos" y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso (Este númeral fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994).

2. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República. (Este númeral fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994).

3. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:


a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil (Este literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994).

b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades (Este literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994 y C-178 de 1996).

c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles (Este literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-178 de 1996).

La palabra "Concursos" en el presente artículo fue derogado por el artículo 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007.

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar, ART. 32. Derogatoria.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Constitucionalidad: Numeral 1 y 2  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

Aparte tachado y en paréntesis declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional via  Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. El texto restante del numeral 3 declarado EXEQUIBLE por la misma corporación mediante Sentencia C-178 del 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antorio Barrera Carbonell.

Literal c) del numeral 3, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 del 29 de Abril de 1996, M.P.Dr. Antonio Barrera Carbonell.

 

ART. 12. De la delegación para contratar.


Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o "concursos" en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

 

Inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.  El nuevo texto es el siguiente:


En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.


PARÁGRAFOParágrafo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso.

El artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 25 de agosto de  1994, M.P.Dr Jorge Arango Mejía.


La palabra "concursos" del inciso primero fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.

Constitucionalidad:

El artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 25 de agosto de  1994, M.P.Dr Jorge Arango Mejía.

 

ART. 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales.

Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.

Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia (Este inciso fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-249 de 2004).

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera  (Este inciso fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-249 de 2004).


Inciso final derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Vigencia: Inciso final derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Constitucionalidad: Los  i ncisos segundo y tercero fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-249 de 16 de marzo de 2004, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.

 

ART. 14.  De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual.


Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral segundo de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.


En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial (La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte en negrilla del numeral 1. por las razones expuestas mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).


Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.


2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.


Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente.

 

PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección Num. 4. Contratación directa Lit. b. Contratación de empréstitos, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 9. De la adjudicación, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales. Decreto 1510 de 2013, ART. 116. Garantía de cumplimiento, ART. 140. Patrimonio autónomo como garantía. Ley 1437 de 2011, ART. 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Par. Ley 1474 de 2011, ART. 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.

Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte en negrilla del numeral 1. por las razones expuestas mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

ART. 15. De la interpretación unilateral.

Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1514 de 8 de noviembre de 2000, M.P.(E) Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

ART. 16. De la modificación unilateral.

Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.


Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo (El aparte en negrilla fue declarado de este inciso fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).

Constitucionalidad: Aparte en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 17. De la terminación unilateral.


La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:


1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.


2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista (Aparte del numeral 2. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. C-454 de 20 de octubre de 1994, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).


3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.


4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.


Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación.


La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.

Concordancias: Decreto 1510 de 2013, ART. 133. Improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación del seguro.

Constitucionalidad: Aparte subrayado del numeral 2. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. C-454 de 20 de octubre de 1994, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

 

ART. 18.  De la caducidad y sus efectos.


La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.


En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar (Los apartes señalados en negrilla fueron declarados Exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).


Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.


La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 9. De la adjudicación. Ley 1474 de 2011, ART. 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Decreto 1510 de 2013, ART. 128. Efectividad de las garantías.

Constitucionalidad: Los apartes en negrilla fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 19. De la reversión.

En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna.

(Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 6 de junio de 1996, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 6 de junio de 1996, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

ART. 20. De la reciprocidad.

En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.
Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.


PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.


PARÁGRAFO 2o. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus respectivos paises los proponentes de bienes y servicios de origen colombiano gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la reciprocidad prevista en este parágrafo.

ART. 21. Del tratamiento y preferencia de las ofertas nacionales.

Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen nacional.

Cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión se dispondrá la desagregación tecnológica.

En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos de los créditos de proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la adquisición de bienes o la prestación de servicios de procedencia extranjera específica, o que a ello se condicione el otorgamiento. Así mismo, se buscará incorporar condiciones que garanticen la participación de oferentes de bienes y servicios de origen nacional.
En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional.

Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnológica.

El Consejo Superior de Comercio Exterior determinará el régimen vigente para las importaciones de las entidades estatales.


PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por bienes y servicios de origen nacional y de origen extranjero y por desagregación tecnológica. Corresponde también al Gobierno Nacional diseñar mecanismos que faciliten el conocimiento oportuno tanto de la oferta de bienes y servicios de origen nacional, como de la demanda de las entidades estatales.


PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará el componente nacional al que deben someterse las entidades estatales, para garantizar la participación de las ofertas de bienes y servicios de origen nacional.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública Decreto 1510 de 2013, Art. 33. Factores de desempate.

ART. 22. . De los registros de proponentes.

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.

El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que deberán utilizar las Cámaras de Comercio.

Con base en los formularios y en los documentos presentados, las Cámaras de Comercio conformarán un registro especial de inscritos clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que en relación con el mismo se les solicite.

La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada con la clasificación y calificación del inscrito.

En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizados, los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán. Igualmente los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.

No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni clasificación en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta Ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta Ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional.

El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga.
 

(Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).

 

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales.

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2, Num. 4. De las modalidades de selección, ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.

ART. 24. Del principio de transparencia.

En virtud de este principio:

1. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.

3. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política.

4. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículos 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007).  

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección.
b)  Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).

6. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato. (El aparte subrayado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).


7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia.


8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.


9. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la celebración o ejecución de contratos por parte de las entidades estatales, no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún servidor público.


PARÁGRAFO 1o. Parágrafo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.


PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella.
Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal, so pena de su nulidad (Páragrafo declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia 508 de 2002).


PARÁGRAFO 3o. Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales deba efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento de subasta que realicen las entidades financieras debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la Superintendencia Bancaria.
La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal, de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que pueda emplear cada entidad financiera para realizar los remates.

 

La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud sustancial de las demandas, mediante las Sentencias C-868 de 3 de noviembre de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, y C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.


La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el literal a), numeral 5, por ausencia de cargos mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.


Literal b), numeral 5, declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-932 de 8 de noviembre de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección, ART. 3. De la contratación pública electrónica, ART. 6, Núm. 6.3. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART. 9. De la adjudicación, ART. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos, ART. 17. Del derecho al debido proceso. Ley 1474 de 2011, ART. 10. Presupuesto de publicidad.

Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud sustancial de las demandas, mediante las Sentencias C-868 de 3 de noviembre de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, y C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el literal a), numeral 5, por ausencia de cargos mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Literal b), numeral 5, declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-932 de 8 de noviembre de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Parágrafo 2o declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-508 de 3 de julio de 2002, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

ART. 25. Del principio de economía.

En virtud de este principio:

1.En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 1999), (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).


2. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias.

3. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continúa y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados.

4. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.

5. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten.

6. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).


7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

8. El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos, diferentes de los previstos en este estatuto.

9. En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento.

10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos, dichas cuantías las fijará el reglamento. (Este númeral fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).

11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación.
De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313, numeral 3o., de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos. (Texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-113 de 24 de febrero de 1996 de la Corte Constitucional M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).


12. Modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: Maduración de proyectos. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.


PARAGRAFO 1°.  Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado será el siguiente:
1. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa las coordenadas del proyecto.
2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC o la entidad competente según el caso, en los dos (2) meses siguientes a la publicación de la resolución de que trata el numeral anterior, procederá a identificar los predios que se ven afectados por el proyecto y ordenará registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, quedando dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro.
3. Efectuado el Registro de que trata el numeral anterior, en un término de seis (6) meses el IGAC o la entidad competente, con cargo a recursos de la entidad responsable del proyecto, realizará el avalúo comercial del inmueble y lo notificará a esta y al propietario y demás interesados acreditados.
4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si las hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar dicha declaratoria el patrimonio de los particulares.
5. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios en los procesos de enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa, teniendo en cuenta la localización, las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de los inmuebles.
6. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley en los términos del Código Contencioso Administrativo contra el avalúo del IGAC o de la entidad competente.
7. En firme el avalúo, la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se hubiere pactado, pagará dentro de los tres (3) meses siguientes, las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar. Al recibir el pago el particular, se entiende que existe mutuo acuerdo en la negociación y transacción de posibles indemnizaciones futuras.
8. Efectuado el pago por mutuo acuerdo, se procederá a realizar el registro del predio a nombre del responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso público e interés social, el cual gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política.
9. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensación, se expedirá un acto administrativo de expropiación por parte de la entidad responsable del proyecto y se realizará el pago por consignación a órdenes del Juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente, acto con el cual quedará cancelada la obligación.
10. La resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá al registro del predio a nombre de la entidad responsable del proyecto y que, como bien de uso público e interés social, gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las personas objeto de indemnización o compensación a recurrir ante los Jueces Contencioso Administrativos el valor de las mismas en cada caso particular.
11. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la indemnización o compensación que el pago de la misma se realizó. Una vez efectuada la notificación, dichos sujetos deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
12. En el evento en que las personas objeto de indemnización o compensación no entreguen el inmueble dentro del término señalado, la entidad responsable del proyecto y las autoridades locales competentes deberán efectuar el desalojo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para entrega del inmueble.
13. El presente parágrafo también será aplicable para proyectos de infraestructura de transporte que estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la presente ley.


PARAGRAFO 2°.  El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.

Los parágrafos 1 y 2 fueron derogados por el artículo 73 de la Ley 1682 de 2013.


13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios.

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.

15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.


Inciso derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta ley.

17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha en que sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando por escrito los motivos en que se fundamente tal determinación.


18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).


19. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

20. Los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales podrán ser entregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras y el pago oportuno de lo adeudado.

 

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva. Ley 1150 de 2007, ART. 9. De la adjudicación. Ley 1150 de 2007, ART. 19. Del derecho de turno. Ley 1150 de 2007, ART. 21. De la delegación y desconcentración para contratar. Decreto 1510 de 2013, ART. 26. Ofrecimiento más favorable.

Vigencia: Expresión “términos de referencia” derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Numeral 12), PARÁGRAFO 2º, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011. Inciso 2o., numeral 15, PARÁGRAFO 2o derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Constitucionalidad:

Aparte señalado en negrilla del numeral 1 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 1999.

 

Aparte señalado en negrilla del numeral 11, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-113 de 24 de febrero de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

ART. 26. Del principio de responsabilidad.

En virtud de este principio:


1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

3. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. (Apartes en negrilla derogados por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado.

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 23. De los aportes al sistema de seguridad social.

Vigencia: Expresiones 'concurso' y “términos de referencia” derogadas por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 27. De la ecuación contractual.

En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate. (Apartes en negrilla declarados EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).

 

Constitucionalidad:  Apartes en negrilla fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

ART. 28.  De la interpretación de las reglas contractuales.


En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. (Texto en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-400 de2 junio de 1999, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Constitucionalidad: Texto en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-400 de2 junio de 1999, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

ART. 29. Del deber de selección objetiva.


La selección de contratistas será objetiva.


Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es menor al previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no será objeto de evaluación.

El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En caso de comparación de propuestas nacionales y extranjeras, se incluirán los costos necesarios para la entrega del producto terminado en el lugar de su utilización.


Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

 

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 30. De la estructura de los procedimientos de selección.

La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:


1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.


2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas. "La expresión señalada en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32"

La Corte Constitucional se declaro INHIBIDA de fallar sobre el presente numeral  mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

3. Numeral modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a Ia apertura de Ia licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según Io exija Ia naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en Ia página Web de Ia entidad contratante y en el Sistema Electrónico para Ia Contratación Publica -SECOP.
En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en Ia respectiva población. Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación.


4. Numeral modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles.
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público.


5. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32.


Iniciso 2º, modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales.


6.. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. (La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).


7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. (La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).


8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. (La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).
El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan.
Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la licitación o concurso conforme a lo previsto en este estatuto.


10. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha audiencia participarán el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, además, podrán intervenir en ella los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir.
De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido.

11. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.


12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía.
En este evento, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.


PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. (Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública). (Este parágrafo fue declarado exequible por el cargo analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-932 de 2007).

(La expresiones señaladas entre parentesis fueron derogadas por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).

Los apartes señalados en negrilla "concurso" en el presente artículo fueron derogados por los artículos 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007.

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales, ART. 12. De la delegación para contratar. Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección, ART 3. De la contratación pública electrónica, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 7. De las garantías en la contratación, ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART. 9 De la adjudicación, ART. 32. Derogatoria. Decreto 1510 de 2013, ART. 20. Estudios y documentos previos, ART. 21. Aviso de convocatoria, ART. 22. Pliegos de condiciones, ART. 24. Acto administrativo de apertura del proceso de selección, ART. 25. Modificación de los pliegos de condiciones, ART. 32. Acto administrativo de apertura del proceso de selección, ART. 39. Audiencias en la licitación.

Vigencia: Expresiones “términos de referencia” y “o concursos” derogadas por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Numeral 3. modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012. Numeral 4 modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012. Numeral 5, inciso 2o, , modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011. Numeral 11 derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Aparte tachado del PARÁGRAFO, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el numeral 2. por ausencia de cargos mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Numeral 3, modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-016 de 23 de enero de 2013, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Numeral 12. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-452 de 10 de junio de 1999, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. PARÁGRAFO declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932 de 8 de noviembre de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

ART. 31. De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias.


(Artículo modificado por el artículo 218 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente:

La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación.

Ante la ausencia de estos medios de comunicación se anunciará por bando público en dos (2) días de mercado diferentes.

La publicación a que se refiere el presente artículo correrá a cargo del sancionado. Si este no cumple con tal obligación, la misma se hará por parte de la entidad estatal, la cual repetirá contra el obligado.

(Declarado Exequible, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional en Sentencia C-016 de 23 de enero de 2013).

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 6, Núm. 6.2. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Ley 1474 de 2011, ART. 10. Presupuesto de publicidad. Decreto 019 de 2012, ART. 40. Información y publicidad. Decreto 1510 de 2013, ART. 19. Publicidad en el SECOP, ART. 75. No publicidad de estudios y documentos previos.

Vigencia: Artículo modificado por el artículo 218 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.

Constitucionalidad: Artículo 218 del Decreto 19 de 2012 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-016 de 23 de enero de 2013, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

ART. 32. De los contratos estatales.

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:


1. Contrato de Obra.

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.


Aparte señalado en negrilla derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

2. Contrato de Consultoría.
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

3. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Apartes señalados en negrilla declarados Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

4. Contrato de Concesión.
Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

5. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública.

Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta ley.

Inciso primero declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 del 1 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados.
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación de esta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, continuarán vigentes en los términos convenidos con las sociedades fiduciarias.

Inciso señalado en negrilla fue modificado por el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:

La selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sea pública o privada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en esta ley. No obstante, los excedentes de tesorería de las entidades estatales, se podrán invertir directamente en fondos comunes ordinarios administrados por sociedades fiduciarias, sin necesidad de acudir a un proceso de licitación pública.

Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas en este estatuto, así como con las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente.

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior que deben realizar la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales sobre la administración de los recursos públicos por tales sociedades, las entidades estatales ejercerán un control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en desarrollo de los encargos fiduciarios o contratos de fiducia, de acuerdo con la Constitución Política y las normas vigentes sobre la materia.

La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del gasto.
A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.

So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o subcontratos en contravención del artículo 355 de la Constitución Política. Si tal evento se diese, la entidad fideicomitente deberá repetir contra la persona, natural o jurídica, adjudicataria del respectivo contrato.

PARÁGRAFO 1o. Modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:

Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley.

PARÁGRAFO 2o. Derogado por el artículo 39 de la Ley 1508 de 2012.

(Apartes señalados en negrilla en el numeral 5. y parágrafo 1 fueron declarados Exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 del 1 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva. Ley 1150 de 2007, ART. 6, Núm. 6.3. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Ley 1150 de 2007, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales. Ley 1150 de 2007, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios. Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. Ley 1150 de 2007, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Inciso cuarto del numeral 5, modificado por el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Constitucionalidad: Apartes señalados en negrilla del numeral 3. Declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

Inciso primero numeral 5 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 de 1o. de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Apartes señalados en negrilla en el numeral 5. y parágrafo 1 fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 del 1 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ART. 33. De la concesión de los servicios y de las actividades de telecomunicaciones.

Se entiende por actividad de telecomunicaciones el establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones. Para todos los efectos legales las actividades de telecomunicaciones se asimilan a servicios privados.
Se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos que son prestados por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o en conexión con el exterior.

Para efectos de la presente ley, la clasificación de servicios públicos y de las actividades de telecomunicaciones será la establecida en el Decreto ley 1900 de 1990 o en las demás normas que lo aclaren, modifiquen o deroguen.

Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto ley 1900 de 1990 o en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre la expresión señalada en negrilla mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández.

Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y los requisitos y condiciones, jurídicos y técnicos, que deben cumplir los concesionarios de los servicios y actividades de telecomunicaciones, serán los previstos en las normas y estatutos de telecomunicaciones vigentes.

PARÁGRAFO. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la Ley 37 de 1993, continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha Ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Los servicios de televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre la materia.

(La Corte Constitucional  declaró EXEQUIBLE el presente artículo mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández).


PARÁGRAFO. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la Ley 37 de 1993, continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha Ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Los servicios de televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre la materia.

(La Corte Constitucional  declaró EXEQUIBLE el presente artículo mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández).

 

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. Decreto 1510 de 2013, ART. 18. Capacidad residual, ART. 20. Estudios y documentos previos.

Vigencia: Artículo, al igual que la Ley 37 de 1993 y el Decreto 1900 de 1990, derogados en lo pertinente '...exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley' por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.

Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión señalada en negrilla “por contratación directa”, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 34. De la concesión del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional. La concesión para la prestación de los servicios de telefonía básica fija conmutada de larga distancia nacional e internacional, se otorgará conforme a lo dispuesto por el Decreto 2122 de 1992.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión.

Vigencia: Artículo derogado en lo pertinente '...exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley' por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.

ART. 35. De la radiodifusión sonora.

(Artículo derogado por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión.

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009.Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.

ART. 36. De la duración y prórroga de la concesión.

(Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 37. Del régimen de concesiones y licencias de los servicios postales.

(Artículo derogado por el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009).

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009, 'por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.578 de 30 de diciembre de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 50 de la misma Ley.

ART. 38. Del régimen especial para las entidades estatales que prestan servicio de telecomunicaciones.

Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección previstos en esta ley. Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración.


Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo adopten las mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta ley.

(Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes  Vargas Hernández).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.

Vigencia: Artículo derogado en lo pertinente '...exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley' por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes  Vargas Hernández.

ART. 39. De la forma del contrato estatal.

Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.

Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales.


PARÁGRAFO. (Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica. Decreto 1510 de 2013, ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago.

Vigencia: Parágrafo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

ART. 40. Del contenido del contrato estatal.

Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.
 

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2, Núm.4. De las modalidades de selección, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART 120. Suficiencia de la garantía de pago anticipado.

ART. 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
(Inciso modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). El nuevo texto es el siguiente: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes.


PARÁGRAFO 1o. (Modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.) El nuevo texto es el siguiente: El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.


PARÁGRAFO 2o. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales.
Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias para el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de capitalización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para efectos del desarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones se podrán constituir patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al pago de pasivos laborales.
Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a operaciones de crédito público externo o asimiladas, se requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que podrá otorgarse en forma general o individual, dependiendo de la cuantía y modalidad de la operación.
Para la gestión y celebración de toda operación de crédito externo y operaciones asimiladas a éstas de las entidades estatales y para las operaciones de crédito público interno y operaciones asimiladas a éstas por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, así como para el otorgamiento de la garantía de la Nación, se requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables del CONPES y del Departamento Nacional de Planeación.


El Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más tardar el 31 de diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de las operaciones, su incidencia en el manejo ordenado de la economía y en los principios orgánicos de este Estatuto de Contratación, podrá determinar los casos en que no se requieran los conceptos mencionados, así como impartir autorizaciones de carácter general para dichas operaciones. En todo caso, las operaciones de crédito público externo de la Nación y las garantizadas por ésta, con plazo mayor de un año, requerirán concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

(La parte en negrilla fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-246 de 16 de marzo de 2004)


Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 1222 y 1333 de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta Ley. En todo caso, con antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones, éstas deberán registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto previo favorable de los organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso. Cada uno de los conceptos y autorizaciones requeridos deberá producirse dentro del término de dos meses, contados a partir de la fecha en que los organismos que deban expedirlos reciban la documentación requerida en forma completa. Transcurrido este término para cada organismo, se entenderá otorgado el concepto o autorización respectiva.


En ningún caso se otorgará la garantía de la Nación a las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, ni a operaciones de particulares.
Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas se contratarán en forma directa. Su publicación, si a ello hubiere lugar, se cumplirá en el Diario Oficial cuando se trate de operaciones de la Nación y sus entidades descentralizadas. Para operaciones de la Nación este requisito se entenderá cumplido en la fecha de la orden de publicación impartida por el Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en las entidades descentralizadas del orden nacional, en la fecha del pago de los derechos correspondientes por parte de la entidad contratante.

Salvo lo que determine el Consejo de Ministros, queda prohibida cualquier estipulación que obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas en materia de precios, tarifas y en general, el compromiso de asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia, en virtud de su carácter público. Así mismo, en los contratos de garantía la Nación sólo podrá garantizar obligaciones de pago.
Las operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser ejecutadas en el exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en los contratos.


PARÁGRAFO 3o. Derogado por el artículo 223 del Decreto 19 de 2012, a partir del 1o. de junio de 2012.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección Num. 4. Contratación directa Lit. a. Urgencia manifiesta, ART. 7. De las garantías en la contratación y ART. 23. De los aportes al sistema de seguridad social. Decreto 1510 de 2013, ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago del contrato.

Vigencia: Inciso 2o. y PARÁGRAFO 1o, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. PARÁGRAFO 3o derogado por los artículos 223 y 225 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.

Constitucionalidad: Aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-246 de 16 de marzo de 2004.M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 42. De la urgencia manifiesta.


Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.


La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.


Aparte subrayado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

 

PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.


Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández.

 

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Num. 4. Contratación directa Lit. a. Urgencia manifiesta. Decreto 1510 de 2013, ART. 74. Declaración de urgencia manifiesta.

Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Este fallo excluye el PARÁGRAFO. La Corte Constitucional declaró en la Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, estése a lo resuelto en la Sentencia C-772 de 10 de diciembre de 1998, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, con respecto al PARÁGRAFO.

ART. 43. Del control de la urgencia manifiesta.


Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.
Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.

 

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández.

 

 

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Num. 4. Contratación directa Lit. a. Urgencia manifiesta. Decreto 1510 de 2013, ART. 74. Declaración de urgencia manifiesta.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 44. De las causales de nulidad absoluta.

Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:

1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;
2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;
3. Se celebren con abuso o desviación de poder;
4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y
5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley.

Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.

ART. 45. De la nulidad absoluta.

La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.
En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.

ART. 46. De la nulidad relativa.

Los demás vicios que se presenten en los contratos y que conforme al derecho común constituyen causales de nulidad relativa, pueden sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio.

Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.

ART. 47. De la nulidad parcial.

La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato no invalidará la totalidad del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada.

Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.

ART. 48. De los efectos de la nulidad.

La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público.

Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.

ART. 49. Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma.

Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.

Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 180. Audiencia inicial, Num. 3. Aplazamiento, ART. 207. Control de legalidad.

ART. 50. De la responsabilidad de las entidades estatales.

Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.

(Aparte en negrilla fue declarado Condicionalmente Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-333 de 1 de agosto de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.

Constitucionalidad: Aparte en negrilla fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-333 de 1 de agosto de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

ART.51. De la responsabilidad de los servidores públicos.

El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 23. De los aportes al sistema de seguridad social. Ley 1474 de 2011. ART. 3. Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. Decreto 019 de 2012. ART. 121. De la verificación de las condiciones de los proponentes.

ART. 52. De la responsabilidad de los contratistas.

Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.
Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7. de esta ley.

(Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz)

Concordancias: Ley 1474 de 2011, ART. 44. Sujetos disciplinables.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.

ART. 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores.

(Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011). El nuevo texto es el siguiente:

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.


PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley.

(Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz).

 

Vigencia: Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

Constitucionalidad nulidad suspensión: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.

ART. 54. De la acción de repetición.

Derogado por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001.

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001, 'por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición', publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 31 de la misma Ley.

ART. 55. De la prescripcción de las acciones de responsabilidad contractual.

La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años.

ART. 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación estatal.

Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciónes públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos.

(Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz).

Concordancias: Ley 1474 de 2011, ART. 13. Exclusión de beneficios en los delitos contra la administración pública relacionados con corrupción, ART. 15. Estafa sobre recursos públicos y en el sistema de seguridad social integral, ART. 16. Corrupción privada, ART. 17. Administración desleal, ART. 18. Utilización indebida de información privilegiada, ART. 19. Especulación de medicamentos y dispositivos médicos, ART. 20. Agiotaje de medicamentos y dispositivos médicos. ART, 21. Evasión fiscal. ART, 26. Fraude de subvenciones. ART, 27 acuerdos restrictivos de la competencia y ART. 28. Tráfico de influencias de particular.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.

ART. 57. De la infracción a las normas de contratación.

El servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales.

(Artículo declarado Exequible, únicamente en relación con el cargo analizado en la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-006 de 17 de enero de 2001, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.)

Constitucionalidad : Artículo declarado EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo analizado en la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-006 de 17 de enero de 2001, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

ART. 58. De las sanciones. Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán acreedoras a:
1. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las indemnizaciones en la forma y cuantía que determine la autoridad judicial competente.
2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución. (El numeral 2. fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.)
3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o penalmente. (Aparte en negrilla del numeral 3 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
4. (Derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995). El texto original del Numeral es el siguiente: En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el propósito de salvaguardar la recta administración pública, suspender provisionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria. (Numeral 4 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-004 de 18 de enero de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell). 
5. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme a un particular, por acciones u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio, que procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro de proponentes.
El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta obligación, incurrirá en causal de mala conducta.
6. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme al representante legal de una persona jurídica de derecho privado, como consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual, aquélla quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por todo el término de duración de la medida de aseguramiento. Si se profiere sentencia condenatoria contra dicho representante legal, la persona jurídica quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará sometida la persona jurídica declarada civilmente responsable por razón de hechos u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual.

Vigencia: Según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-004 de 1996, el numeral 4 fue derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995.

Constitucionalidad nulidad suspensión: Numeral 2. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Aparte en negrilla del numeral 3 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Numeral 4 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-004 de 18 de enero de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Esta misma sentencia expresa que este numeral fue derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995.

ART. 59. Del contenido de los actos sancionatorios. La determinación de la responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las autoridades competentes en providencia motivada en la que se precisarán los hechos que la generan, los motivos y circunstancias para la cuantificación de las indemnizaciones a que haya lugar y los elementos utilizados para la dosimetría sancionatoria. Así mismo, en ella se señalarán los medios de impugnación y defensa que procedan contra tales actos, el término que se disponga para ello y la autoridad ante quien deban intentarse.

ART. 60. De su ocurrencia y contenido de la liquidación. (Artículo modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente: 

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (Las partes en negrilla fueron declaradas Exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-967 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

Para Ia liquidación se exigirá al contratista Ia extensión o ampliación, si es del caso, de Ia garantía del contrato a Ia estabilidad de Ia obra, a Ia calidad del bien o servicio suministrado, a Ia provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a Ia responsabilidad civil y, en general, para evatar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a Ia extinción del contrato.

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. Decreto 019 de 2012, ART. 217. De la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales.

Vigencia: Artículo modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.

Constitucionalidad nulidad suspensión: Las partes en negrilla declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante SentenciaC-967 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

ART. 61. De la liquidación unilateralDerogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

ART. 62. De la intervención del Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección Num. 4. Contratación directa Lit. i. El arrendamiento o adquisición de inmuebles. Par. 2, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.

ART. 63. De las visitas e informes. La procuraduría adelantará visitas a las entidades estatales oficiosamente y con la periodicidad que demande la protección de los recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la administración pública.

Durante las visitas, cuya realización se divulgará ampliamente, se oirá a las asociaciones gremiales y comunitarias del lugar y se dará oportunidad a los administrados para que hagan las denuncias y presenten las quejas que a bien consideren.

Las conclusiones de las visitas se dejarán en informes escritos que se pondrán en conocimiento de la comunidad respectiva y de ellos se correrá traslado a los jefes de las entidades y a quienes aparezcan implicados en la comisión de conductas antijurídicas.
Copias de tales informes se enviarán a la Fiscalía General de la Nación o a la delegada respectiva para que éstas, si es del caso, den cumplimiento a la función de que trata el artículo siguiente.

El visitador exigirá a los administrados identificarse y les advertirá de las consecuencias de la formulación de denuncias temerarias.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública. Decreto 019 de 2012, ART. 108. Mecanismos para realizar el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control.

ART. 64. De la participación de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes.

La Fiscalía General de la Nación creará unidades especializadas para la investigación y acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión de las actividades contractuales de que trata esta ley.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública. Decreto 1510 de 2013, ART. 65. Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional.

ART. 65. De la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales.

Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las oficinas de control interno.

Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier orden.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.

Constitucionalidad nulidad suspensión: El aparte subrayado del inciso 2o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-623 de 25 de agosto de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ART. 66. De la participación comunitaria. Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.

Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal.

Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.

El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a recompensar dichas labores.

Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales y con las universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis de las gestiones contractuales realizadas.

Concordancias: Ley 190 de 1995, ART. 51. ART. 58 Ley 850 de 2003, ART. 1. Definición. ART. 4. Objeto. ART. 15. Funciones. ART. 16. Instrumentos de acción. ART. 17. Derechos de las veedurías. ART. 19. Impedimentos para ser veedor. ART. 20 Prohibiciones de las veedurías ciudadanas.

ART.67. De la colaboración de los cuerpos consultivos de gobierno. Los organismos o entidades gremiales, profesionales o universitarios que tengan el carácter de cuerpos consultivos del Gobierno prestarán la colaboración que en la actividad contractual requieran las entidades estatales.

Así mismo, podrán servir de árbitros para dirimir las discrepancias de naturaleza técnica que surjan en desarrollo del contrato o con ocasión de éste.

ART. 68. De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales.Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción.

Parágrafo. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada.

Vigencia: Incisos 1o. y 2o. derogados al ser derogado el artículo 226 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 1998 por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. Entra a regir a partir del 12 de octubre de 2012.

ART. 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal.

Vigencia: El artículo 227 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que incorporaba esta norma - Decreto Extraordinario 1818 de 1998 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.

ART. 70. De la cláusula compromisoriaDerogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.

ART. 71. Del compromiso. Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.

ART. 72. Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.

Vigencia: Artículo derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.

ART. 73. De la colaboración de las asociaciones profesionales y de las cámaras de comercio. Podrá pactarse acudir a los centros de conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras de comercio para que diriman las controversias surgidas del contrato.

Concordancias: Decreto 1510 de 2013, ART. 11. Función de verificación de las cámaras de comercio.

ART. 74. Del Arbitramento o Pericia Técnicos. Las partes podrán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva.

(Artículo declarado Exequible por la corte constitucional, mediante Sentencia C-330 de 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

Vigencia: El artículo 231 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 1998 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la corte constitucional, mediante Sentencia C-330 de 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

ART. 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.

PARÁGRAFO 1o. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las discrepancias.

PARÁGRAFO 2o. En caso de condena en procesos originados en controversias contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

PARÁGRAFO 3o. En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior.

Constitucionalidad nulidad suspensión: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-388 de 22 de agosto de 1996, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ART. 76. De los contratos de exploración y explotación de los recursos naturales. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse.

Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales, desarrollarán el deber de selección objetiva y los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta ley.

En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas por parte del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado ni de los Tribunales Administrativos.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública Decreto 019 de 2012, ART. 192. Régimen especial en materia de licencias urbanísticas.

Constitucionalidad nulidad suspensión: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ART. 77. De la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 1o. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso administrativo.

PARÁGRAFO 2o. Para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina.

Concordancias: Ley 1150 de 2008, ART. 9. De la adjudicación. Decreto 029 de 2012, ART. 4. Celeridad en las actuaciones administrativas, ART. 5. Economía en las actuaciones administrativas.

ART. 78. De los contratos, procedimientos y procesos en curso. Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 31. Régimen de transición. Decreto 1510 de 2013, ART. 162. Régimen de transición.

ART. 79. De la reglamentación del registro de proponentes. El funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio, será reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Decreto 1510 de 2013, ART. 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP.

ART. 80. De la adecuación de estatutos. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para adecuar los estatutos de las entidades estatales a lo dispuesto en esta ley.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Jorge Ramón Elías Náder
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega
El Presidente de la honorable Cámara de Representates,
Francisco José Jattín Safar
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, (E.),
Humberto Zuluaga Monedero

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y Ejecútese
Santafe de Bogotá, D.C., 28 octubre de 1993
CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Gobierno,
Fabio Villegas Ramírez
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las Funciones del Despacho del
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Héctor José Cadena Clavijo
El Ministro de Minas y Energía,
Guido Nule Amín
El Ministro de Comunicaciones,
William Jaramillo Gómez
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
Jorge Bendeck Olivella

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Ivan Dario Gomez Lee quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: Ley 80 de 1993
Síntesis
Fichas
Documentos
LEY 80 DE 1993, Octubre 28 de 1993, por la cual se
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