A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

DECRETO 19 DE 2012

(Enero 10)

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos.

Que en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se requieren instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.

Que el artículo 83 de la Constitución Política dispone que todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Que el artículo 84 de la Constitución Política es perentorio en señalar que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el desarrollo de sus funciones tienen el deber de obrar bajo los postulados de la buena fe, es decir que deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad.

Que con la aplicación del principio de la buena fe se logra que este se convierta en un instrumento eficaz para lograr que la administración obre con criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia.

Que es necesario que todas las actuaciones de la administración pública se basen en la eficiencia, la equidad, la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado.

Que con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades que cumplen funciones administrativas, contribuir a la eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios contenidos en normas con fuerza de ley.

Que mediante el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el Congreso de la República revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

 DECRETA:

Decreto Ley 019 de 2012

ARTÍCULO  217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES.
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."

(Los apartes subrayados fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-967 de 2012).

 

TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REGULACIONES DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 16. De la Modificación Unilateral, ART. 18. De la Caducidad y sus Efectos, ART. 24. Del principio de Transparencia, ART. 25. Del Principio de Economía, ART. 45. De la Nulidad Absoluta, ART. 56. De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal, ART. 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación, ART. 61. De la Liquidación Unilateral, ART. 70. De la Cláusula Compromisoria. Ley 1150 de 2007, ART. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. Ley 1474 de 2011, ART. 5. Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. Decreto 1510 de 2013, ART. 37. Obligaciones posteriores a la liquidación, ART. 110. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. ART. 119. Suficiencia de la Garantía de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, ART. 120. Suficiencia de la Garantía de Pago Anticipado, ART. 121. Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento.

Constitucionalidad nulidad suspensión: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional. Sentencia C-967 del 21 de noviembre de 2012, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 218. De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias, El artículo 31 de la Ley 80 de 1993, quedará así:


"Artículo 31. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS. La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación."

(Artículo declarado Exequble mediante Sentencia C-16 del 23 de enero del 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 31. De la Publicación de los Actos y Sentencias Sancionatorias.

Constitucionalidad: Artículo declarado Exequible mediante Sentencia C-16 del 23 de enero del 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 219. El numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:


CONCURSO DE MÉRITOS. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.
De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado.

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 24. Del principio de Transparencia. ART. 25. Del Principio de Economía. ART. 30. De la Estructura de los Procedimientos de Selección. ART. 32. De los Contratos Estatales. Ley 1150 de 2007, ART.2. De las modalidades de selección. ART.5 De la selección objetiva. 23. Ley 1474 de 2011, ART. 88. Factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar. Decreto 1510 de 2013, ART. 23 Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. ART.27. Comité evaluador. ART. 30. Adjudicación con oferta única. ART. 66. Procedencia del concurso de méritos. ART. 67. Procedimiento del concurso de méritos. ART. 68. Precalificación para el concurso de méritos. ART. 69. Aviso de convocatoria para la precalificación en el concurso de méritos. ART. 71. Audiencia de precalificación. ART. 152. Convocatorias limitadas a Mipyme.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 220.  AUDIENCIAS
 
El numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, quedará así:


"4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público."

 

 

 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. ART.7. De las garantías en la contratación. Decreto 1510 de 2013, ART.22. Pliegos de condiciones. ART.23. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 221. De la verificación de las condiciones de los proponentes. El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, quedará así:


Artículo 6. DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.

No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes.

En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente y su clasificación.


6.1. Del proceso de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Corresponderá a los proponentes inscribirse en el registro de conformidad con los documentos aportados. Las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro.

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la presente ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro.

No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.

Cuando la información presentada ante la Cámara de Comercio no sea suficiente, sea inconsistente o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el reglamento para su existencia y validez, esta se abstendrá de realizar la inscripción, renovación o actualización que corresponda, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

La información deberá mantenerse actualizada y renovarse en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. La información contenida en el registro es pública y su consulta será gratuita.


6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados. Las condiciones de remisión de la información y los plazos de permanencia de la misma en el registro serán señalados por el Gobierno Nacional. El servidor público encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.


6.3. De la impugnación de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). Realizada la verificación a que se refiere el numeral 6.1 del presente artículo, la Cámara publicará el acto de inscripción, contra el cual cualquier persona podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva Cámara de Comercio, durante los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demostrar interés alguno. Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito. Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación.

En firme la inscripción, cualquier persona podrá demandar su nulidad en desarrollo de la acción prevista en el Código Contencioso Administrativo. Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia.

La presentación de la demanda no suspenderá la inscripción, ni será causal de suspensión de los procesos de selección en curso en los que el proponente sea parte. El proceso se tramitará por el procedimiento ordinario a que se refiere el Código Contencioso Administrativo. Adoptada la decisión, la misma sólo tendrá efectos hacia el futuro.

Cuando en desarrollo de un proceso de selección una entidad estatal advierta la existencia de posibles irregularidades en el contenido de la información del RUP, que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos al proponente dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el proceso de selección e impugnar ante la Cámara de Comercio la inscripción, para lo cual no estarán obligadas a prestar caución. Para el trámite y adopción de la decisión las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de veinte (20) días. De no haberse adoptado una decisión en el término anterior, la entidad reanudará el proceso de selección de acuerdo con la información certificada en el RUP.

En el evento en que la Cámara de Comercio establezca la existencia de graves inconsistencias se le cancelará la inscripción en el registro quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. En caso de reincidencia la inhabilidad será permanente. (La expresion en negrilla fue declarada Exequible por la Corte Constitucional mediante Setencia C-1016 del 28 de noviembre de 2012)

Las mismas sanciones previstas en el inciso anterior se predicarán en el evento en que el Juez de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto de inscripción.

La información contenida en el registro es pública y su consulta será gratuita.


PARÁGRAFO 1. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.


PARÁGRAFO 2. El reglamento señalará las condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1 del artículo 5, a cargo de cada entidad contratante, para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. El reglamento señalará de manera taxativa los documentos objeto de la verificación a que se refiere el numeral 1, del artículo 6.


PARÁGRAFO 3. El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de la inscripción en el registro, así como por su renovación, modificación y actualización, y por las certificaciones que le sean solicitadas en relación con el mismo. Para tal efecto, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo en que incurran las cámaras de comercio para la operación del registro, la expedición de certificados, y los trámites de impugnación.

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 79. De la Reglamentación del Registro de Proponentes. Ley 1150 de 2007, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. ART. 5. De la selección objetiva. Ley 1474 de 2011, ART 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Decreto 1510 de 2013, ART. 3. Definiciones. ART. 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. ART .9. Información para inscripción, renovación o actualización. ART. 10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. ART. 11. Función de verificación de las Cámaras de Comercio. ART. 12. Formulario. ART. 13. Certificado del RUP. ART. 14. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 222. SUPRESIÓN DEL SICE, GRATUIDAD Y SISTEMA DE ANÁLISIS DE PRECIOS
 
Derogase la Ley 598 de 2000, la cual creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación estatal, SICE, el Catalogo Único de Bienes y Servicios CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia PURF, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública.

En desarrollo del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, la Contraloría General de la República podrá obtener un análisis de precios de mercado de valor de los contratos que se registran en los sistemas de información o en los catálogos existentes sobre la contratación pública o privada, nacional o internacional; en virtud de lo cual, existirán los sistemas de registros de precios de referencia y los catálogos que las necesidades de análisis de precios aconsejen, para racionalizar la vigilancia a los precios de la contratación. (Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Setencia C-016 del 23 de enero de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) 

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica. Ley 1474 de 2011, ART. 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. ART. 88. Factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar.

Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Setencia C-016 del 23 de enero de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

(Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-711 de 2012. M.P. Dr. Mauricio Gonzalez Cuervo).

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica. Decreto 1510 de 2013, ART. 162. Régimen de transición. ART.3. Definiciones.

Constitucionalidad nulidad suspensión:

Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-711 de 2012. M.P. Dr. Mauricio Gonzalez Cuervo.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 224.  ELIMINACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A LICITACIÓN
 
.El numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, quedará así:

"3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población.

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación".

(Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Setencia C-16 del 23 de enero de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)

 

Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 30. De la Estructura de los Procedimientos de Selección. Ley 1150 de 2007, ART. 32 Derogatoria. Ley 1474 de 2011, ART. 89. Expedición de adendas.

Constitucinalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Setencia C-16 del 23 de enero de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Decreto Ley 019 de 2012

ART. 225. DEROGATORIAS. Corregido por el artículo 3 del Decreto Nacional 53 de 2012. A partir del primero de junio de 2012 se derogan las siguientes disposiciones: El parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

PUBLlQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de enero del año 2012

EL VICEMINISTRO DE RELACIONES POLÍTICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR.

AURELIO IRAGORRI VALENCIA

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

MARÍA ANGELA HOLGUIN CUELLAR

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERRO

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN CARLOS PINZÓN BUENO

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR

EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

MAURICIO SANTA MARIA SALAMANCA

EL VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCIÓN ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE TRABAJO

DAVID ANDRÉS LUNA SÁNCHEZ

EL MINISTRO DE MINAS

MAURICIO CARDENAS SANTA MARIA

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SERGIO DIAZ GRANADOS GUIDA

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FRANK PEARL

LA MINISTRA DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO

BEATRIZ URIBE BOTERO

LA VICEMINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

GERMAN CARDONA GUTIERREZ

LA MINISTRA DE CULTURA

MARIANA GARCES CORDOBA

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FEDERICO RENGIFO VELEZ

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Ivan Dario Gomez Lee quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: Decreto Ley 019 de 2012
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