A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

SÍNTESIS ACCIÓN POPULAR


Sintesis

1. ACCIONES POPULARES

 

La acción popular es, por definición, el mecanismo de protección judicial de los intereses de grupo con objeto indivisible o derechos colectivos en sentido estricto: los intereses colectivos y los intereses difusos. A la vez, estos derechos e intereses colectivos pueden definirse como aquellos derechos que pertenecen a la comunidad y que tienen como finalidad garantizar que las necesidades colectivas se satisfagan. 8275

 

1.1. Derechos colectivos

 

1.1.1. Moralidad Administrativa. El derecho colectivo a la moralidad administrativa persigue el manejo adecuado del erario público y, en general, que los funcionarios públicos asuman un comportamiento ético frente al mismo, pues los servidores públicos pueden incurrir en conductas que la generalidad tacharía de inmorales, o en otras que podrían ser sancionadas disciplinaria o penalmente. El Consejo de Estado ha constatado que es difícil vulnerar la moralidad administrativa, sin afectar otro u otros derechos colectivos, como el de la defensa del patrimonio público, la libre competencia, la salubridad pública, etcétera.

 

Para valorar el quebrantamiento del derecho a la moralidad administrativa, jurisprudencialmente se ha previsto que la violación de tal derecho parta del incumplimiento de alguna norma jurídica aplicable al caso donde se ponga en duda la actividad de la administración, lo que se traduce en que el derecho a la moralidad administrativa no pueda ser definido genéricamente, sino que atienda al cumplimiento de las normas imperantes para cada situación en que intervenga la administración.

 

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1.1.2. Patrimonio Público. Este derecho colectivo ha sido definido como los bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus funciones conforme a la legislación; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, y conforme lo disponen las normas presupuestales.

 

La regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. 

 

7981 7924 8293

 

2. El desconocimiento al principio de legalidad no implica directamente una vulneración a los derechos a la moralidad administrativa y al patrimonio público. La ilegalidad de una actuación administrativa comporta un análisis distinto al que implica un análisis axiológico o juicio de valor atinente a la moralidad administrativa, pues para que pueda hablarse de ilegalidad, debe partirse del hecho de que existe una norma que ha sido establecida en el Derecho Positivo, la cual en el evento de desconocerse, origina la ilegalidad del acto jurídico. En cambio la moralidad administrativa, es mucho más compleja, pues no siempre está contenida en una norma positiva, así las cosas, puede derivarse de los Principios Generales del Derecho, o incluso, encontrarse por fuera de las normas positivas, a través de lo que la sociedad considera como correcto y plausible para las instituciones públicas. Así pues, aunque se haya demostrado la ocurrencia de un acto abiertamente ilegal, ello no indica per se, que se haya vulnerado el derecho a la moralidad administrativa. En efecto, aunque a veces pueden coincidir ambos -ilegalidad y moralidad administrativa- términos para la declaración de la violación del derecho, no implican una relación causal necesaria. 8276 Por tanto, para poder concluir que una omisión o el desconocimiento de un precepto legal constituyó una vulneración a un derecho colectivo, es necesario que la vulneración del principio de legalidad vaya acompañada de algún fenómeno de corrupción. 7979 

 

Atendiendo a lo anterior, una entidad financiera pública puede adquirir créditos que no se relacionen directamente con su objeto social, sin que se vulneren los derechos de moralidad administrativa y patrimonio público porque, aunque se haya demostrado la ocurrencia de un acto abiertamente ilegal, pues la entidad no estaba facultada para financiar proyectos que no estuvieran orientados al fomento y desarrollo territorial,  ello no vulneró los colectivos en mención , pues no hubo  un detrimento de los recursos y la entidad continuó con normalidad otras operaciones sociales. 8276

 

3. Implementación de medidas cautelares en las acciones populares. En las acciones populares que dan lugar a juicios de conocimiento o de cognición tienen cabida las medidas cautelares (art. 25); con el fin de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. Pueden decretarse de oficio o a solicitud de parte y en cualquier estado del proceso. 

 

En el proceso debe constar prueba sobre el hecho de inminencia al daño o de la actual causación de daño para que efectivamente la medida cautelar cumpla su objetivo. Sin embargo, es necesario que se analice si es viable la implementación de la medida cautelar, es decir, que la posible suspensión del contrato no genere un daño mayor al que se pretende evitar. 8446

 

4. Mediante la acción popular no se puede modificar un contrato. A través de la acción popular no es posible efectuar modificación alguna a los contratos estatales, pues su objetivo no es intervenir en el desarrollo del contrato, ya que los actos jurídicos son ley para las partes y estas deben ceñirse a lo allí pactado, sino proteger los derechos colectivos que ostentan un carácter superior. Conforme a lo expuesto, una comunidad no puede solicitar, mediante el ejercicio de la acción popular, que una entidad adicione o modifique los diseños de una obra contemplados en un contrato de concesión. 8297

 

5. Mediante la acción popular no se puede solicitar la nulidad de un contrato. La acción popular no es un mecanismo diseñado para solicitar la nulidad de los contratos sino para cesar con una omisión o actuación pública que vulnera derechos colectivos. Sin embargo, a pesar de que no pueda anular el contrato, sí es procedente que mediante la interposición de la acción popular se haga un análisis de la legalidad del contrato y se determine si con su ejecución se están afectando derechos colectivos, con el fin de que las autoridades adopten las acciones encaminadas a proteger a la comunidad y se exija ante otras instancias la revisión del contrato. 8444

 

6. Mediante la acción popular no se puede solicitar la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se dio inicio a una licitación pública y se adjudicó el contrato. La naturaleza de la acción popular se dirige a proteger los derechos colectivos frente acciones u omisiones de las entidades públicas que los estén amenazando o vulnerando de manera actual; pues su efecto es el de hacer cesar o detener éstas actuaciones. Es así que, una comunidad en ejercicio de la acción popular no puede solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se dio apertura a una licitación y se adjudicó el contrato de concesión, en razón a que: i) los efectos del acta de apertura de la licitación cesaron al adjudicarse el contrato; y ii) si se presentaron actuaciones irregulares previas a perfeccionamiento del negocio jurídico celebrado que violaron la moralidad administrativa, se debido interponer la acción popular en la etapa de negociación y no con posterioridad a la celebración del contrato. 8334

 

7. Para el reconocimiento de los gastos derivados de un contrato no se requiere contar con disponibilidad presupuestal. Los gastos derivados de un contrato -diferentes a las prestaciones adquiridas inicialmente en el negocio jurídico- tales como ajuste o revisión de precios, intereses moratorios, imprevistos, etcétera, no requieren previo a su reconocimiento de la correspondiente disponibilidad presupuestal, dado que dichos gastos pueden hacerse con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente o con cargo a la siguiente vigencia fiscal, según el caso, sin que pueda decirse que se está en presencia de la adquisición de compromisos con cargo a vigencias futuras.

 

Por tanto, una entidad pública puede pactar un ajuste en el precio de un contrato, a pesar que los sobrecostos generados no cuentan con disponibilidad presupuestal, por lo que parte de su pago se difiere para ser cancelado en la siguiente vigencia fiscal, sin vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa. 8441

 

8. Omisión de los conceptos y los requerimientos de la autoridad ambiental para la ejecución de un contrato. Una entidad pública no puede adjudicar un contrato a una empresa que no cuenta con la licencia ambiental ni con la autorización del sitio donde va a ejecutar el objeto del contrato para la prestación de un servicio público, sin vulnera el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano. Es obligación tanto de la entidad pública como del contratista, atender a los conceptos de la autoridad competente y sus informes técnicos que hacen referencia al problema de contaminación y daño ambiental. Dicha omisión puede generar una serie de daños ambientales y poner en riesgo la salud y bienestar de la comunidad. 7979

 

9. Devolución del anticipo de un contrato no ejecutado. Cuando una entidad pública o funcionario público omiten realizar la gestión necesaria para lograr la devolución de un anticipo, investigar las razones por las que un contrato no fue ejecutado e identificar a los posibles responsables, viola los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, porque:

  1. Las autoridades como administradores de los recursos públicos tienen el deber de iniciar las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de los contratos, o para recuperar los dineros que ya se han cancelado.
  2. La ausencia prolongada de acciones tendientes a la restitución de dineros entregados a una particular que no demostró cumplir con sus obligaciones contractuales, pone en peligro la integridad del patrimonio público, así como la confianza de la comunidad en la labor de sus administradores y el manejo de su patrimonio.
  3. Hay una disminución del erario público, sin haberse obtenido el beneficio o el servicio esperado. 8293 7981

10. Contratos desprovistos del proceso de licitación pública o concurso de méritos. Una entidad pública no puede celebrar un contrato estatal omitiendo el proceso de licitación pública o concurso de méritos, sin vulnerar los derechos colectivos de la moralidad administrativa y patrimonio público. Con ello se impide que otros oferentes concursaran al proceso y, a la vez, priva a la entidad de conseguir mejores condiciones de precios y de servicios, lo cual va en contra de la libre competencia y de los principios de eficiencia económica, transparencia y neutralidad, parámetros objetivos de la contratación estatal. 7924

 

11. Adjudicación de contratos cuando está incurso una inhabilidad. La violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades constituye una violación directa e inequívoca de la moralidad administrativa. Por tanto, una entidad pública no puede adjudicarle un contrato a una persona que está incurso de una inhabilidad, consistente en relaciones de parentesco y cercanía con los oferentes al momento de efectuarse el proceso de contratación, porque se presentan dos acciones a través de las cuales se violan los bienes jurídicos aludidos de la moralidad administrativa: el acto de adjudicación con el que se escoge al contratista pese a estar incurso en causales de inhabilidad y el ulterior contrato que se perfecciona. Lo anterior implica que el proceso de adjudicación y, como consecuencia, el contrato debe de dejarse sin efectos. 7974

 

12. Los contratos de comodato para impulsar y apoyar programas y actividades de interés público. Una entidad pública puede celebrar un contrato de comodato sobre un bien inmueble con una caja de compensación, omitiendo realizar un proceso de selección, sin vulnerar el principio de moralidad administrativa, porque el contrato tenía una finalidad y utilidad social, ya que desarrollaba actividades de recreación y deporte, y los frutos derivados de su explotación en forma gratuita se debían reinvertir en el mantenimiento y conservación del predio, sin que esto constituya una ganancia para la entidad contratista.

 

Si bien están prohibidos los actos gratuitos o de mera liberalidad por parte del Estado a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado (auxilios o donaciones), ello no significa que lo esté la celebración de contratos de comodato que, sin sujeción a los procesos de selección previstos en la Ley 80 de 1993 (licitación o concurso), celebre la administración con personas jurídicas sin ánimo de lucro para los precisos fines estipulados en el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. 7913

 

13. Contratos sometidos a reglamentos internacionales. Conforme al artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, un contrato o un acuerdo podrán someterse a los reglamentos internacionales cuando: i) sea celebrado con personas extranjeras de derecho público; y ii) su objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros. 8275

 

En atención a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social puede celebrar un contrato con un organismo internacional supeditando el dinero público a reglamentos internacionales, sin que viole el derecho a la moralidad administrativa, porque:

1-    El objeto del contrato es el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud y fue celebrado con personas extranjeras de derecho público.

2-    La violación de la moralidad administrativa se da cuando existe al mismo tiempo una violación al principio de legalidad. Pero como en el negocio jurídico se siguieron las disposiciones normativas previstas, no puede considerarse que se desconoció el principio de legalidad y, por tanto, que hay una afectación a la moral administrativa. 8275

 

14. Los contratos de Auditoría Externa de Gestión y Resultados celebrados no pueden ser celebrados por las empresas de servicios públicos de carácter oficial.  La sentencia C-290 de 2002 señaló la “inadmisibilidad” jurídica de la celebración de los citados contratos tratándose de empresas de servicios públicos oficiales. En caso de que una empresa de servicios públicos oficiales celebre contratos de Auditoría Externa de Gestión y Resultados -AEGR-, desconocería la cosa juzgada constitucional y comportaría una vulneración al derecho colectivo del patrimonio público, porque se estaría malgastando parte de éste, al destinarlo a una innecesaria, injustificada y prohibida duplicidad, como sería el  celebrar contratos de AEGR cuando el control fiscal se ejerce sin limitación alguna y en forma integral por los organismos competentes. 7973

 

15. En el acta de liquidación de un contrato no pueden reconocer valores anteriores a su perfeccionamiento. El acta de liquidación del contrato no es el medio idóneo para incluir obligaciones que no tuvieron su fuente en el contrato. En consecuencia, una entidad pública no puede reconocer en el acta de liquidación de un contrato de prestación de servicios valores anteriores al perfeccionamiento del mismo, sin violar los derechos colectivos de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, pues el contrato de prestación de servicios, al estar sometido a las reglas del régimen de contratación estatal, debe constar por escrito para su perfeccionamiento. Los contratos estatales celebrados de manera verbal están excluidos, prohibidos y proscritos del ordenamiento jurídico. 8302 

 

16. La ausencia de designación de una interventoría a un contrato no vulnera de manera automática los derechos colectivos. Una entidad territorial puede celebrar y ejecutar un contrato de concesión para la operación y mantenimiento del alumbrado público con un particular, a pesar que no cuente con el control interno de la administración municipal, el control fiscal por parte de la Contraloría Municipal y la contratación de una interventoría para que llevara a cabo la inspección y verificación de las obligaciones del concesionario, sin vulnerar los derechos colectivos de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público. Si bien la ausencia de dichos controles en el desarrollo del contrato genera un riesgo en los recursos del tesoro público, se debe probar lo siguiente.

 

  1. Que haya un incumplimiento del objeto contractual
  2. Que la ausencia de controles haya conllevado un mal manejo en la administración de los recursos.

 

Dichos elementos son necesarios se demostrar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos del patrimonio público y la moralidad administrativa.

 

Sin embargo, el grave riesgo que conlleva mantener un contrato sin la vigilancia y control que exige la Ley, es un hecho que debe ser investigado por las autoridades competentes. 8304

 

17. Recomendaciones dadas por la Contraloría para restablecer el equilibrio económico de un contrato. Una entidad pública no puede omitir adoptar de manera oportuna las recomendaciones dadas por la Contraloría para subsanar irregularidades detectadas y recuperar el equilibrio contractual afectado, en razón a que la situación precaria en que se halla el contrato, por la falta de definición sobre su viabilidad, amenaza los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad pública. ###8627###

 

Celebración de un contrato cuyo objeto corresponde a las funciones designadas a una entidad pública. Cuando una entidad estatal celebrar contratos cuyo objeto corresponde a funciones que desempeñan otras dependencias públicas se atenta contra el patrimonio público, debido a que:

  1. Se invierte recursos para contratar un objeto similar a las funciones ya asignadas legalmente.
  2. Hay una redundancia en el objeto contractual, pues se contrata dos veces una misma actividad.
  3. Se duplican costos. 8628

18. Las entidades públicas no pueden celebrar acuerdos conciliatorios cuando no cuenta con las pruebas necesarias que permitan deducir su responsabilidad. Una entidad pública no puede celebra un acuerdo conciliatorio extrajudicial proveniente de la ejecución de un contrato de obra pública con un particular, cuando existen dudas de carácter probatorio respecto de las pretensiones del contratista, sin vulnerar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y protección al patrimonio público, porque:

  1. Las entidades estatales no pueden disponer de dineros públicos para conciliar si no cuentan con las pruebas necesarias que permitan deducir de alguna manera la responsabilidad del Estado y verificar que las pretensiones del contratista no resulten lesivas para el patrimonio público o sean violatorias de la ley.
  2. Las entidades públicas deben verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la conciliación, es decir, constatar el cumplimiento de los requisitos formales, el examen de las pruebas presentadas contra el Estado y la comprobación de que no existe un perjuicio al patrimonio público, o de que el pacto no sea contrario a la Ley, independientemente de que se requiera o no la aprobación u homologación judicial.
  3. Al no estar presentes las pruebas de las que se pudiera deducir la responsabilidad de la entidad pública en el momento de la firma del acuerdo de conciliación, se causó con un grave detrimento del patrimonio público pues se reconocieron sumas de dinero a favor del contratista sin sustentos fácticos ni jurídicos. En consecuencia, para hacer cesar los efectos de la actuación que está afectando el interés colectivo, la entidad debe abstenerse de seguir ejecutando los pagos pendientes e iniciar las acciones tendientes a la recuperación de las sumas que fueron canceladas. 8462
La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Sintesis: SÍNTESIS ACCIÓN POPULAR
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
Fichas
Identificadores
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Delegación
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Actos administrativos
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Actos administrativos
  • Delegación
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Actos administrativos
  • Delegación
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Patrimonio estatal
  • Moralidad pública
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Patrimonio estatal
  • Moralidad pública
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Patrimonio estatal
  • Moralidad pública
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Identificadores
  • Eficiencia
  • Principio de transparencia
  • Principio de planeación
  • Etapa precontractual
  • Acción popular
  • Contrato de prestación de servicios
  • Patrimonio estatal
  • Contratación estatal
  • Eficiencia
  • Principio de transparencia
  • Principio de planeación
  • Etapa precontractual
  • Acción popular
  • Contrato de prestación de servicios
  • Patrimonio estatal
  • Contratación estatal
  • Eficiencia
  • Principio de transparencia
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  • Principios de la función administrativa
  • Función administrativa
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  • Utilidad
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  • Principios de la función administrativa
  • Función administrativa
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  • Etapa precontractual
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  • Impuesto
  • Patrimonio estatal
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Acción popular
  • Bienes de uso público
  • Impuesto
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  • Etapa contractual
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  • Estudios previos
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  • Patrimonio estatal
  • Principio de planeación
  • Etapa precontractual
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  • Estudios previos
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  • Principio de planeación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Licitación pública
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  • Contratación estatal
  • Patrimonio estatal
  • Principio de planeación
  • Principio de selección objetiva
  • Empresas industriales y comerciales del Estado
  • Acción popular
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  • Licitación pública
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  • Principio de planeación
  • Principio de selección objetiva
  • Empresas industriales y comerciales del Estado
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  • Cosa juzgada
  • Patrimonio estatal
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  • Precedente
  • Empresas de servicios públicos
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  • Cosa juzgada
  • Patrimonio estatal
  • Acción popular
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  • Etapa postcontractual
  • Precedente
  • Empresas de servicios públicos
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Inhabilidades
  • Adjudicación del contrato
  • Acción popular
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  • Contratación estatal
  • Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
  • Etapa contractual
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  • Legalidad
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  • Salud
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  • Organismos internacionales
  • Contratación estatal
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  • Operaciones de crédito público
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  • Anticipo
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  • Suspensión del contrato
  • Moralidad pública
  • Fuerza mayor y caso fortuito
  • Etapa contractual
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  • Anticipo
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  • Entidades estatales
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  • Entidades estatales
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  • Contrato de prestación de servicios
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  • Control fiscal
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  • Interventoría
  • Control fiscal
  • Control administrativo
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  • Nulidad del contrato
  • Etapa postcontractual
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  • Actos administrativos
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Nulidad del contrato
  • Etapa postcontractual
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  • Actos administrativos
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
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  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Convenio interadministrativo
  • Incumplimiento
  • Ejecución del contrato
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Convenio interadministrativo
  • Incumplimiento
  • Ejecución del contrato
  • Acción popular
  • Identificadores
  • Moralidad pública
  • Acción popular
  • Patrimonio estatal
  • Entrega del bien
  • Objeto ilícito
  • Contratación estatal
  • Moralidad pública
  • Acción popular
  • Patrimonio estatal
  • Entrega del bien
  • Objeto ilícito
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Liquidación
  • Sobrecostos
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Disponibilidad presupuestal
  • Liquidación
  • Sobrecostos
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
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  • Disponibilidad presupuestal
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  • Clara Inés Vargas Hernández
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  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Terminación unilateral
  • Competencia
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Terminación unilateral
  • Competencia
  • Acción popular
  • Identificadores
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Capacidad financiera
  • Libre competencia
  • Régimen especial
  • Etapa precontractual
  • Telecomunicaciones
  • Empresas de servicios públicos
  • Pliego de condiciones
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Capacidad financiera
  • Libre competencia
  • Régimen especial
  • Etapa precontractual
  • Telecomunicaciones
  • Empresas de servicios públicos
  • Pliego de condiciones
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  • Derechos Sociales
  • Nulidad del contrato
  • Entidades estatales
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