A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL


Sintesis

1. GENERALIDADES

  

1.1. Aplicabilidad de la ley. Por regla general a los contratos, en lo relativo a sus elementos de existencia, validez y sus efectos, se les aplica la ley existente y que rige al momento de su nacimiento o celebración; en ellos, se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. 5634 5167

 

De conformidad con lo anterior, una nueva ley no puede entrar a suprimir o modificar la ley vigente de la celebración del contrato. Las normas existentes al tiempo de la celebración del contrato se aplican hasta su terminación. 5634

 

No se puede aplicar en la prórroga de un contrato una ley que se promulgó con posterioridad al marco jurídico bajo el cual se celebró el contrato inicial debido a que por general los contratos en lo relativo a sus elementos de existencia, validez y sus efectos se les aplica la ley existente y que rige al momento de su nacimiento o celebración. Por lo tanto, la nueva ley no puede entrar a suprimir o modificar la ley vigente de la celebración del contrato[1]5167

 

1.1.1. Prórrogas a contratos. Los contratos celebrados durante la vigencia de una ley derogada continúan proyectando efectos jurídicos en aquellos negocios celebrados durante su vigencia y sobre la prórroga o adición de los contratos para la realización de obras o tareas adicionales directamente relacionadas con el objeto del contrato 5634, siempre que no se transforme el objeto contractual. De esta manera es posible la inclusión de actividades complementarias necesarias para la realización del objeto concesionario, no previstas en el negocio original.

 

En este sentido, las modificaciones a las que sea sometido un contrato no pueden ir en contra del objeto inicialmente pactado, pues se atentaría  contra de su naturaleza. En concreto, en lo que tiene que ver con los contratos de obra, las actividades mencionadas se refieren a obras accesorias tendientes a complementar, adaptar, modernizar, reparar y hacer la reposición de la obra principal, cuando sea necesario. En todo caso, bajo la apariencia de una adición o prórroga, no es posible delegar a un concesionario la ejecución de una obra completamente nueva, sin que se surta el proceso de selección objetivo. 7148

 

1.1.2. Contratos celebrados en el exterior. Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia. De esta manera no se desconoce el principio de obedecer las leyes colombianas, porque el respeto a la aplicación de la norma extranjera cuando se celebran contratos en el exterior por representantes del Estado Colombiano está basado en el principio de soberanía nacional que a cada Estado le corresponde. En todo caso, cuando el contrato sea suscrito en el exterior para ser ejecutado en Colombia se debe aplicar la legislación colombiana. La perspectiva extranjera sólo se aplica cuando el contrato es celebrado en el exterior y se deba ejecutar en el exterior. 7143

 

1.1.3. Contratos que deban aplicarse en el exterior. Por otra parte, los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse en el exterior se someten en principio a la ley nacional, excepto cuando las partes acuerden aplicar la ley extranjera a dicha ejecución contractual. Cuando la ejecución en el extranjero ocurre de forma parcial, la ley extranjera se aplicará en esa proporción.  Aun cuando la ejecución sea en el exterior y sea aplicable el régimen jurídico de otro país, los representantes de Colombia deben celebrar los contratos estatales con respeto y acatamiento a los imperativos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. De esta manera, no se privilegia a los extranjeros, ya que la remisión a las normas extranjeras se da con posterioridad al perfeccionamiento del contrato en Colombia bajo la ley nacional, la cual engloba en los procesos de selección la preferencia de los bienes y servicios de origen nacional.7144

 

1. 2. PRINCIPIOS.

 

1.2.1. Buena Fe. En virtud del principio de buena fe las entidades públicas deben corregir los errores que identifiquen en los contratos que suscriben. 4738

 

Las entidades públicas infringen el principio de la buena fe al adjudicar un contrato a sabiendas de que no es posible su cumplimiento por parte del contratista, si éste le había puesto en conocimiento el yerro en su oferta. 7199

 

1.2.2. Debido proceso. En desarrollo del principio del debido proceso, las entidades deben comunicar a los contratistas las decisiones que les afecten[2]5157 5713 5385 En particular, se deben informar previamente a los contratistas acerca de los procedimientos sancionatorios que se inicien en su contra. 5713 7336

 

1.2.3. Principio de legalidad. El principio de legalidad impone a los funcionarios de la Administración la sujeción a la Constitución y a las leyes en sus actuaciones. De acuerdo con este principio, la condición exorbitante de los poderes del Estado en relación con su actuación frente a los particulares es algo que exige su ejercicio conforme a la ley para ser legítima. 5391

 

Es así como, por ejemplo, las entidades públicas no pueden ordenar el pago de sumas de dinero que se paguen en exceso a los contratistas, sin existir una autorización legal expresa para ello. 5391

 

1.2.4. Principio de realidad. La realidad del contrato prevalece sobre la denominación que las partes le den a éste. 5736

 

1.2.5. Principio de publicidad. La aplicación del principio de publicidad permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración.

 

1.2.5.1. Sistemas electrónicos de información. El principio de publicidad de la función administrativa resulta pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas en la contratación pública. La aplicación de este principio permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo. 7164

 

a. Sustitución de medios físicos por electrónicos. La sustitución de medios físicos por electrónicos debe cumplir con los siguientes requisitos para que se cumpla el principio de publicidad:

 

(i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración;

(ii) la oportuna y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de control, y

(iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos.

 

En este entendido, el legislador puede estipular diversos medios, ya sean escritos o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como aptos para el cumplimiento del principio de publicidad. En todo caso, la publicación debe presentar la totalidad del contenido del contrato estatal de manera que el público en general puede tener acceso a esa información y facilita la participación de la ciudadanía.7164 7201

 

b. Reserva de ley y sistemas electrónicos de contratación. El Congreso de la República debe desarrollar los principios de la contratación administrativa. Sin embargo, el Congreso puede facultar al Gobierno Nacional para que establezca los mecanismos e instrumentos a través de los cuales las entidades puedan cumplir con las obligaciones de publicidad del proceso contractual, en el marco de la contratación pública electrónica porque fue el legislador ordinario quien creó el sistema electrónico de contratación público, estableció las condiciones necesarias para cumplir con las finalidades del principio de publicidad de la función administrativa. De lo contrario, el sistema de contratación pública electrónica se haría inoperante en tanto que cada modificación, por mínima que fuera, requeriría poner en funcionamiento el procedimiento legislativo. ###5744###

 

1.3. FORMALIDADES.

 

1.3.1. Adiciones. Las adiciones a un contrato estatal deben realizarse por escrito, las modificaciones verbales no tienen efectos sobre el mismo. En efecto, la Ley 80 de 1993 establece que para el perfeccionamiento del contrato es necesario que se eleve por escrito, por lo que la simple voluntad no crea obligaciones entre las partes. 5161 Por tanto, una entidad pública no debe reconocerle a un contratista los gastos en que incurrió para la ejecución de un contrato, cuando no existe documento escrito que sustente esa relación contractual o no aporta al proceso contractual la copia original del contrato, porque aunque se acredite la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, constituye un presupuesto para el perfeccionamiento de todo contrato celebrado por el Estado la formalidad del escrito. De no aportarse la copia auténtica, durante el proceso el contratista debe solicitar en el acápite de pruebas de la demanda que la entidad aporte el contrato original. En caso de omitirse la solicitud del contrato o de aportarse al proceso, el juez queda imposibilitado para determinar si en realidad las partes celebraron un contrato, así como las prestaciones convenidas, su alcance y la determinación de aquellas ejecutadas. 8406 84111.3.2. Fraccionamiento. Una entidad pública no puede realizar adiciones al valor de un contrato que se suscribió bajo la modalidad de contratación directa, superando el valor máximo que se establece para utilizar esta modalidad, debido a que esto constituiría un fraccionamiento del objeto del contrato con el que se buscaría evitar el proceso licitatorio, y se vulneraría los principios de transparencia y selección objetiva

 

1.3.4. Póliza de cumplimiento. La aprobación de la póliza de cumplimiento es requisito de ejecución del contrato. Por ello, las entidades públicas no pueden aprobar una póliza de cumplimiento de un contrato, después de haberse iniciado su ejecución. (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 5714

 

1.3.5. Obligación de suscribir el contrato adjudicado. Las partes tienen la obligación de suscribir los contratos que han sido adjudicados. Sin embargo, las entidades públicas no pueden declarar que un contratista incumplió con su obligación de suscribir un contrato adjudicado cuando éste acredite que existe una justa causa para no hacerlo. 7199

 

 

2. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

 

La suspensión del contrato procede, de manera general, por acuerdo entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan temporalmente cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de los contratantes. 7262

 

La suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que no puede ser indefinida en el tiempo. 7262

 

2.1. Suspensión por incumplimiento de la entidad pública. La suspensión del contrato por mutuo acuerdo no exime a la entidad de cumplir con las obligaciones contraídas en éste. 4741

 

2.2. Suspensión por parte del contratista. El contratista sólo puede suspender la ejecución del contrato cuando:

 

1. Acredite los supuestos de la excepción de contrato no cumplido, esto es, cuando demuestre que ese incumplimiento de la administración es grave y determinante para la inacción del contratista, o

 

2. Acredite que las partes acordaron la suspensión de la ejecución de las obras hasta que el contratista recibiera el anticipo.

 

4741 4734

 

 

3. EQUILIBRIO ECONÓMICO.

 

3.1. Características generales.  El Estatuto de Contratación Pública establece que se debe respetar el equilibrio económico del contrato, para mantener una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se acordaron desde el inicio del contrato. 5158.

 

El rompimiento del equilibrio económico contractual tiene las siguientes características:

 

a. No se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si éstos pueden calificarse como propios del alea normal del contrato. Se requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia entre derechos y obligaciones convenida y contemplada por las partes al momento de la celebración del contrato. 7285

 

En efecto: 

 

(i) Las variaciones que eventualmente puedan suceder dentro de una operación normal, bien sean favorables o desfavorables a los intereses económicos del concesionario, corresponderían a su riesgo negocial y, por lo tanto, no pueden trasladarse los déficit respectivos a la entidad pública contratante, ni tampoco podría exigírsele al concesionario la entrega del superávit a la entidad concedente cuando los resultados superaren las proyecciones iniciales. 7285

 

(ii) Una entidad pública no debe pagar por todos los sobrecostos que se generen en el desarrollo de un contrato, ya que sólo debe reconocer los no son imputables al contratista. 5158

 

iii) Una entidad pública puede modificar el monto a recibir por regalías en un contrato de concesión sin alterar el equilibrio económico del contrato estatal, porque la facultad para determinar el monto de las regalías en un contrato de concesión está en cabeza del Gobierno. No obstante, la modificación unilateral del contrato por parte de la entidad debe estar precedida por la búsqueda de un acuerdo entre las partes y el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 7714

 

iv) Para que una entidad restablezca el equilibrio económico debido a que los valores de los insumos propios de la obra contratada sufrieron un incremento, es necesario que se demuestre cuáles fueron los factores de producción que sufrieron incrementos anormales y que la fórmula de reajuste pactada en el contrato resulta insuficiente para contrarrestar dichos incrementos. 8510

 

v) Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato en el evento de no haber adquirido los predios en los cuales se iba a ejecutar el objeto, cuando el contratista conviene en la suspensión del contrato y en la celebración de otrosíes y contratos adicionales sin manifestar su inconformidad. Para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato debe tenerse en cuenta el factor de oportunidad, ya que las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico se deben hacer al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. En consecuencia, Si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen en dicho momento, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. 8471

 

b. Surge cuando no hay una equivalencia entre lo previsto en los pliegos de condiciones y la ejecución del contrato. 5708 De conformidad con lo anterior, el equilibrio se afecta cuando se genera un desbalance en las obligaciones, como son los sobrecostos, por: 1) actos o hechos imputables a la entidad contratante, 2) por actuaciones del Estado calificados como “hechos del príncipe” o 3) por actos imprevisibles. 5158

 

Por lo tanto, ante la ocurrencia de estos hechos la entidad contratante debe pagar por los sobrecostos que se generen para mantener la equivalencia de las obligaciones, pero el desequilibrio creado por el contratista debe ser asumido por él mismo. 5158

 
(i) Por actos de la administración. Se presenta cuando la administración actúa como Estado y no como contratante. Allí se encuentra el acto de carácter general proferido por éste, en la modalidad de ley o acto administrativo -hecho del príncipe-; por ejemplo, la creación de un nuevo tributo, o la imposición de un arancel, tasa o contribución que afecten la ejecución del contrato. 7257 No obstante, aunque el denominado hecho del príncipe puede dar lugar al rompimiento del equilibrio contractual, dicha circunstancia no opera de manera automática sino que debe establecerse en cada caso. ###8400###

 

Ejemplos: 

 

- Una entidad pública que celebró un contrato de obra debe reconocerle a un contratista los sobrecostos en los que incurrió debido a que, con posterioridad a la fecha de celebración el contrato, se estableció un nuevo impuesto que afectó directamente la ejecución de la obra, porque al fijar el Estado mediante ley un tributo cuya imposición tiene un carácter general y que, consecuentemente, recaer en el contratista como sujeto individual destinatario de dichas normas, es perfectamente posible que, en ciertos casos, dicha medida le afecte de manera particular en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sin embargo, es necesario que el contratista pruebe la existencia objetiva del hecho del príncipe, esto es: la fijación de nuevos tributos y el cambio en las condiciones iniciales del contrato que considera se han alterado por causa de éstos. ###8400###

 

- Las entidades públicas no deben restablecer el equilibrio económico de un contrato cuando, con posterioridad a su suscripción o a la celebración de sus adiciones, el Estado decreta el descuento de una contribución especial (impuesto de guerra) que grava el contrato, porque la creación de nuevos impuestos por sí misma no afecta la relación económica del contrato estatal y no constituye un hecho imprevisto. Se debe determinar en cada caso particular la afectación grave de las condiciones económicas de un contrato a razón de la aplicación de un nuevo tributo, es decir, acreditar que dicho gravamen impactó la economía del contrato al punto de ocasionar un verdadero desbalance negocial que comportara una pérdida o frustrara su sana expectativa de obtener la correspondiente ganancia. 7296 8551

 

- Las entidades públicas deben restablecer el equilibrio económico de un contrato cuando no realizan un adecuado diseño de planos para la construcción de una obra y esto le provoca al contratista obras adicionales y complementarias, debido a que la elaboración de planos por el arquitecto del contratista constituye una obligación no contemplada en el pliego de condiciones. Si la entidad contratante no cumple con su obligación de suministrar los planos necesarios para acometer las obras con los presupuestos y especificaciones estimados con motivo de la licitación y la propuesta del contratista, se tiene que la administración le impuso al contratista una carga adicional, que desequilibró el contrato y que debe ser remunerada. 7474   

 

- Una entidad pública no puede negarse a modificar una obligación contractual en un contrato de construcción de una urbanización que contemplaba el uso de un material específico producido por una sola empresa y que tuvo problemas para cumplir con la entrega, sin generar desequilibrio económico. De acuerdo a las condiciones en las que se celebró el contrato, no era previsible que durante la etapa de ejecución se presentara un desabastecimiento del material para la obra por problemas con la firma que lo suministraba. Por tanto, se materializó un riesgo no previsible al momento de la suscripción del acuerdo contractual. El desabastecimiento del producto es una circunstancia externa, no imputable a las partes, que alteró de manera considerable el equilibrio económico del contrato e hizo más oneroso su cumplimiento. El incumplimiento de quien suministró el material de manera exclusiva era una imprevisión extraordinaria y anormal que excede lo que las partes contratantes razonablemente previeron. 7349

 

- Una entidad pública debe reconocer los valores extraordinarios en los cuales incurre el contratista, cuando la entidad ha cometido faltas e impericias afectando el equilibrio económico y financiero del contrato, al no cumplir con sus obligaciones atinentes a la gestión predial, surgiendo la necesidad de celebrar varios contratos adicionales, extendiendo el plazo contractual y generando mayor permanencia de la obra. 8323

 

-Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico del contrato de obra pública, cuando no se contempla en la fórmula de reajuste de precios del contrato el Índice de Precios al Consumidor –IPC-, porque la inflación, en sí misma considerada, es un fenómeno de notoriedad y conocimiento público. En consecuencia, por regla general, no es un hecho imprevisible salvo cuando el porcentaje de inflación rebase de manera excepcional, jamás esperado, el porcentaje inflacionario proyectado por las Autoridades Administrativas. 8479

 

(ii) Factores externos. Se encuentran las circunstancias de hecho que de manera imprevista surgen durante la ejecución del contrato, ajenas y no imputables a las partes, que son manejadas con fundamento en la teoría de la imprevisión. 7257

 

Ejemplos: 

 

- Las entidades públicas pueden suspender la ejecución de un contrato de consultoría por problemas de orden público e inconvenientes en la legalización y ejecución del suministro y transporte de los accesorios correspondientes a los contratos, sin romper el  equilibrio económico, siempre que la causa no sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia entre los derechos y las obligaciones convenidas y contempladas por las partes al momento de la celebración del contrato. 7285

 

- La fuerza mayor como causal que exonera de responsabilidad al contratista debe ser un hecho extraño a las partes, imprevisible e irresistible. De esta manera, cuando el contratista tenga la posibilidad de calcular los plazos del contrato y las posibilidades de incumplimiento de sus proveedores no puede alegar fuerza mayor. 5706 Además, las circunstancias que generan el caso fortuito y la fuerza mayor deben estar probadas, demostrando que el fenómeno fue imprevisible y que no permitió la ejecución del contrato. 8353

 

- Los contratistas están obligados a cumplir con sus obligaciones, en los términos pactados, a no ser que por las consecuencias económicas que se desprenden del incumplimiento de la administración se genere una razonable imposibilidad de cumplir para la parte que se allanare a cumplir, pues un principio universal del derecho enseña que a lo imposible nadie está obligado. 7247

 

3.2. Hecho del príncipe. El hecho del príncipe como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación financiera del contrato, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos: 

  1. La expedición de un acto general y abstracto.
  2. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.
  3. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia de la vigencia del acto.
  4. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del contrato. 7257

 

3.3. Reconocimiento de obras adicionales y mayores cantidades de obra. Para que proceda el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra u obras adicionales, es necesario que estas hayan sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante. 8294

 

Ejemplos:

 

-Una entidad pública no debe pagar al contratista obras adicionales, supuestamente pactadas entre el interventor y el contratista, con ocasión de la ejecución del contrato, pero que no hacían parte de este, porque el interventor no tiene la facultad de comprometer la responsabilidad de la entidad. Además, deben probarse las mayores cantidades de obra y las obras adicionales y que las mismas fueron pactadas por escrito. 8337

 

-Una entidad pública no debe pagar al contratista las obras adicionales surgidas en la modalidad de contrato de obra a precio global, porque en este se comprometen a realizar todas las obras por el valor estipulado expresamente en el contrato, siendo necesario para modificar el valor realizar una adición al contrato. 8340

 

-Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato, cuando modifica los diseños de la obra y, en consecuencia, se retrasa el inicio de la ejecución del contrato, por lo cual, el contratista aduce que tuvo que ejecutar obras adicionales y una mayor cantidad de obras a las pactadas inicialmente en el contrato, porque no sólo no hay prueba de que la entidad demandada hubiese acordado con el contratista la ejecución de obras diferentes a las pactadas en el contrato adicional, sino que tampoco obra prueba en el expediente que acredite que la entidad hubiere recibido obras distintas a aquellas contenidas en tal documento o que hubiese accedido a la ejecución de mayores cantidades de obra sin reconocer su valor. Por tanto, el contratista no puede aspirar a comprometer la responsabilidad de la Administración por esos costos que ella no aceptó asumir. 8294

 

4. INTERESES

 

En los contratos estatales la entidad tiene la obligación de pagar los intereses moratorios que se acuerden en el contrato, y en el caso de no existir dicho acuerdo, se deben pagar tal como establece el numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, que es “la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”, y no como se regula en el Código de Comercio. 5153 [3]

 

Es así como, las entidades estatales deben reconocer el pago de intereses moratorios a favor de los particulares cuando aquellas no cumplen a tiempo con sus obligaciones. Cuando no sean pactados los intereses moratorios se debe aplicar una tasa equivalente al doble del interés legal civil. 7136

 

4.1. Responsabilidad contractual.

 

Las entidades estatales deben reconocer el pago de intereses moratorios a favor de los particulares cuando aquellas no cumplen a tiempo con sus obligaciones. En efecto, en el campo de la responsabilidad contractual, la obligación que tiene el Estado de pagar los intereses de mora es consecuencia del carácter sinalagmático (es decir que generan obligaciones reciprocas para las partes del contrato) de las prestaciones y de la naturaleza objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado, quien crea un daño antijurídico al contratista cuando éste no puede disponer a tiempo de los recursos que ha adquirido con justo título en virtud de la relación contractual. 7136

 

4.2. La mora como derecho. El pago de los intereses moratorios a cargo del Estado se reconoce como un derecho irrenunciable del contratista particular, y goza de protección constitucional bajo los principios de igualdad, equidad, justicia conmutativa, buena fe, garantía del patrimonio privado y responsabilidad. 7136

 

4.3. Tránsito de normas. Las entidades públicas deben pagar intereses de mora por el incumplimiento en pago de las mensualidades de un contrato celebrado en vigencia del Decreto ley 222 de 1983, pero cuyo incumplimiento se extendió hasta después de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con las siguientes condiciones:

 

(i) El periodo que va desde la fecha en que se constituyó en mora la entidad pública deudora y hasta la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, la liquidación de los intereses debe regirse por el artículo 884 del Código de Comercio.

 

(ii) Desde la entrada en vigencia de la mencionada Ley correspondería aplicar la tasa del doble del 6% sobre el valor histórico actualizado, como lo ordena el artículo 4º, numeral 8, de la misma.

 

7301

 

4.4. Imputación de pagos. Un contratista  puede solicitar que el pago tardío realizado de las cuentas se impute primero en la liquidación a intereses y luego a capital; y, sobre los saldos insolutos que resulten, liquidar los intereses moratorios causados desde que se incurrió en mora, lo anterior en aplicación del artículo 1653 del Código Civil, y aun cuando la Ley 80 de 1993 no estableció nada sobre el particular, porque: (i) el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 dispone la aplicación a los contratos estatales de la normatividad civil y comercial, en los temas no regulados por esa normativa; y, (ii) el estatuto de contratación de la administración pública no se ocupa del tema de la imputación de los pagos aunque es permanente la preocupación de la Ley 80 por establecer disposiciones que garanticen el pago oportuno de las obligaciones que surgen del contrato estatal. 7302

 

 

5. EL ANTICIPO.

 

5.1 Características generales.

  1. En los casos en los cuales se haya pactado, la obligación de pagar el anticipo no es potestativa. 4734
  2. El anticipo de un contrato estatal tiene como límite el 50% del valor del contrato. 4737 Las cláusulas que se pacten contra esta norma son nulas por objeto ilícito. 7289

5.2. Autonomía del anticipo. Cuando en el contrato se condiciona la ejecución del mismo a la entrega de un anticipo, esta obligación es independiente de la efectiva ejecución de la ejecución de la obra y la liquidación del contrato. En estos casos, no puede exigirse la prueba de la ejecución de la obra y la liquidación del contrato para acreditar el incumplimiento de la entidad de la obligación de pagar el anticipo. 4734

 

5.3. Anticipo y suspensión de la ejecución del contrato. El sólo retraso en el pago del anticipo pactado con un contratista no genera incumplimiento contractual porque este tipo incumplimiento no tiene la entidad suficiente ni la gravedad para alterar la normal ejecución del negocio jurídico. 7247 7279 [4] 

 

La circunstancia de que la entidad incumpla la obligación de entregar o transferir el anticipo al contratista, determina la responsabilidad contractual del incumplido, pero no exime al contratista de la obligación de ejecutar las obras a su cargo. El contratista sólo puede suspender la ejecución del contrato cuando pruebe los supuestos de la excepción de contrato no cumplido, esto es, cuando demuestre que ese incumplimiento de la administración es grave y determinante de la inacción del contratista. 4734

 

5.4. Intereses. El pago tardío del anticipo de un contrato genera intereses moratorios a favor del contratista. 5154[5]

 

5.5. Las cláusulas de anticipo no prestan mérito ejecutivo. Un contratista no puede exigir a una entidad pública, mediante proceso ejecutivo, el pago de un anticipo acordado en un contrato de consultoría. Si bien la obligación de pagar el anticipo es clara y expresa, no es exigible en tanto que la no ejecución del contrato del cual se deriva el cobro del anticipo pone de manifiesto que la obligación de la entidad será aquella que se genere de no ejecutar el contrato, lo cual debe discutirse en un proceso declaratorio y no en un juicio ejecutivo. 7314

 

6. PODERES EXCEPCIONALES

 

6.1. Prohibición en contratos interadministrativos. Las entidades públicas no pueden establecer cláusulas o estipulaciones excepcionales en los contratos entre entidades del Estado, ni aplicar multas o sanciones de manera unilateral. 5396

 

6.2. Caducidad. La administración está facultada a decretar la caducidad de un contrato y a tomar las medidas necesarias para garantizar la terminación del objeto contratado. 7177

 

6.2.1. Características de la caducidad. La caducidad potestad sancionatoria de la administración pública tiene las siguientes características:

 

a. Las entidades públicas no pueden declarar la caducidad de un contrato sin comunicarle previamente al contratista y a la compañía aseguradora las razones que justificaron dicha decisión, debido a que con esto se estaría vulnerando su derecho al debido proceso. 7263 5385 7228 7277

 

b. En aplicación a las potestades sancionatorias de las entidades contratantes, como es la declaratoria de caducidad, al contratista se le debe dar la oportunidad de poder conocer los fundamentos del acto que lo va afectar directamente, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa  5385 7228. Además la decisión de declarar debe estar suficientemente motivada y fundamentada en razones reales y consistentes. 7263

 

c. Las entidades públicas deben pagar los perjuicios morales se acredite que el contratista sufrió algún tipo de padecimiento como consecuencia de la terminación irregular del contrato[6]7269

 

d. No es necesario que se inicie un proceso sancionatorio dentro de la ejecución del contrato, pero si es necesario que se le permita pronunciarse antes de que se emita el acto. 5385

 

e. En los contratos de consultoría no se puede pactar la facultad de caducar el contrato. 5707

 

f. La caducidad debe ser impuesta mientras el contratista se encuentre obligado a la ejecución del objeto contractual. 7235 Así, la declaración de caducidad sólo procede durante la ejecución del contrato y no en la liquidación del mismo, ya que una vez acaecidas las obligaciones del contratista, también lo están las facultades del contratante. 8286

 

g. La notificación del acto administrativo no condiciona la validez de la decisión, sino que es presupuesto de eficacia, pues aun cuando la decisión administrativa ya existe y es válida no puede ejecutarse sin que sea previamente conocida por el destinatario. 7235

 

h. No se pueden pactar en el contrato condiciones adicionales para la procedencia de la cláusula de caducidad. 8081 8287

 

6.2.2. Cobro de la cláusula penal. Las entidades públicas pueden aplicar las cláusulas penales establecidas en un contrato cuando se decide declarar la caducidad del mismo. La caducidad otorga a la entidad la potestad de terminar el contrato por incumplimiento del contratista, a través de un acto administrativo, sin que haya restricción alguna para el cobro de las cláusulas penales, que se realizan a manera de apremio, garantía o indemnización de perjuicios, por el mismo incumplimiento. 5618[7]

 

6.2.3. Responsabilidad administrativa. Las entidades públicas son responsables patrimonialmente por la declaratoria de la caducidad cuando:

 

a. Se acredite la relación causal entre el acto declaratorio de la caducidad y el pretendido perjuicio material.

 

b. Se prueben los perjuicios morales contractuales.

 

En definitiva, la sola creencia de que la ilegalidad del acto produce perjuicios morales no es suficiente, en tanto que no existe fundamento legal para presumir los perjuicios morales. 7322

 

6.3. Multas

 

6.3.1. Características generales.

  1. La multa constituye una obligación de pagar una suma de dinero. De esta manera, no se puede permitir el pago de la multa mediante bienes y servicios propios del contrato en ejecución. 5501[8]
  2. La escogencia de los mecanismos para hacer efectiva una multa, debe estar orientada por el principio de eficacia, en virtud del cual, el medio seleccionado no sólo debe ser adecuado para los fines de recaudo, sino que debe ser el más idóneo dentro de las diversas opciones que se tendrían para obtener el pago. 5501[9]
  3. En la imposición de multas no es necesario demostrar que el contratista causó algún perjuicio. 5716
  4. Para que sea procedente la multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales debe existir una declaración judicial que así lo estime. ###8051###

6.3.2. En la Ley 1150 de 2007. La imposición de multas debe estar fundamentada en una expresa autorización legal. Por ello, bajo la vigencia de la Ley 1150 de 2007, una entidad pública puede imponer multas en contratos que se suscribieron antes de su entrada en vigencia, siempre y cuando hubieren sido pactadas por las partes en consonancia con el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 200, que a partir de la expedición de la mencionada ley, las entidades pueden imponer multas en los contratos que se celebren bajo su vigencia, contrario a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, en el  parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se establece que se pueden aplicar multas a contratos celebrados antes, siempre y cuando estas hubiesen sido pactadas y dado competencia a las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas . 5398 5612 5715

 

6.3.3. En la Ley 80 de 1993 (original). Una entidad pública no podía imponer multas unilateralmente en contrato que se celebraron bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, debido a que en esta disposición no se establecía ninguna facultad a las entidades para imponer multas. 5611 5715

 

No obstante lo anterior, no quiere ello decir que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad no las podían pactar, sino que no podía pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas unilateralmente. 5393 En otras palabras, las multas acordadas bajo la Ley 80 de 1993 se podían interpretar como clausulas penales y por tanto podían ser pactadas como tales por las partes. 5617[10] Cuando, habiendo sido pactadas las multas o la cláusula penal conforme a la legislación civil y comercial vigente, la administración encuentre un incumplimiento del contrato, debe acudir al juez del contrato a efectos de solicitar la imposición de la correspondiente multa o cláusula penal. 5393

 

6.3.4. Prohibición de imponer multas en los contratos que se rigen por el derecho privado.  Las entidades públicas no pueden aplicar unilateralmente multas en contratos que se rige por normas de derecho privado, debido a que en estas no se encuentra una autorización expresa que las faculte para ello. 5397

 

6.3.5. Proporcionalidad de las multas y de la cláusula penal. El monto de la multa o de la cláusula penal debe ser proporcional al grado de incumplimiento del contrato. En aplicación del principio de proporcionalidad y del artículo 1596 del Código Civil y el artículo 867 del Código de Comercio, es posible graduar el monto de la cláusula penal, para lo cual debe tenerse en cuenta qué tanto se ha dado cumplimiento al contrato. 5508

 

Adicionalmente, no es posible cobrar una cifra superior a la que proporcionalmente corresponde al nivel de ejecución del contrato, pues los demás valores, como perjuicios o sobre costos, deben ser exigidos judicialmente. 5508

 

6.3.6. Debido proceso. Una entidad pública no puede imponer una multa a un contratista, sin comunicarle previamente la decisión, debido a que con esto se vulneraría su derecho al debido proceso. Frente a una sanción impuesta por la administración, como es una multa, es necesario que se le informe previamente al afectado la decisión, debido a que éste es un presupuesto necesario para que él pueda contradecir y discutir las razones que llevaron a esa sanción. De igual forma, esto se sustenta en que el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo le impone a la administración el deber de informar previamente a los afectados las decisiones que inicie de oficio. 5157

 

6.4. Modificación del contrato. Las entidades públicas pueden modificar unilateralmente los contratos, argumentando razones de conveniencia, con el fin de lograr una mejora del objeto contratado y de la prestación del servicio público, siempre y cuando se demuestre que no hacer esa modificación acarrea una grave afectación del servicio o su paralización. ARTÍCULO 16 DE LA LEY 80 DE 1993 y 5703[11]

 

6.5. Terminación unilateral del contrato. La terminación unilateral, como facultad exorbitante es una potestad reglada que sólo procede en casos excepcionales, por lo que se impone la manifestación expresa de los motivos que dieron lugar al acto que pone fin anticipadamente al contrato. 4720

 

De esta manera, para declarar la terminación unilateral se requiere que:

 

a. La manifestación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo. En este sentido, las entidades públicas no pueden pactar la terminación unilateral por razones de conveniencia, sin vulnerar los principios de economía y planeación porque para poder terminar un contrato de forma unilateral, la entidad lo debe hacer de forma motivada y atendiendo a causales taxativas.  La terminación unilateral del contrato sin justa causa crea desequilibrio económico y la obligación de indemnizar al contratista en todo perjuicio causado por esa decisión. 7392

 

b. Dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado. 4720 7392 7434

 

c. La causal que se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto. 4720 7392

 

Así, por ejemplo, una entidad pública puede declarar la terminación unilateral de un contrato de suministro cuando existe un incumplimiento del contratista que ocasione un perjuicio grave, ya que los artículos 977 y 973 del Código de Comercio facultan al contratante para que dé por terminado unilateralmente el contrato cuando existe incumplimiento de las prestaciones por alguna de las partes. 8378

 

6.5.1. Nulidades absolutas como causal para la terminación unilateral del contrato. No toda irregularidad o violación a la ley o a la Constitución configuran una nulidad absoluta de conformidad con el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Para que se configure esta causal debe generarse una violación al régimen de prohibiciones consagrado en ley o la Constitución y que la prohibición sea expresa o explícita. 4732 5129 5135

 

6.5.2. Favorecimiento como razón para declarar la nulidad de un contrato. Una entidad pública sí puede declarar la nulidad de un contrato que se celebró con el propósito de favorecer económicamente al contratista porque al haberse celebrado con el fin de favorecer al contratista, constituye abuso o desviación de poder, que es una causal de nulidad. 5615

 

6.5.3. Orden público como razón para la terminación unilateral del contrato. Las razones del servicio y orden público constituyen causas legales que fundamentan la decisión de terminar unilateralmente el contrato. Sin embargo, la "seguridad nacional" como razón para dar por terminado un proceso contractual no puede ser invocado en abstracto. Si quiere alegarse esta causal debe indicarse el motivo concreto de seguridad nacional y su incidencia en el proceso de contratación para impedir una selección objetiva. 7627 En todo caso, se debe tener en cuenta que:  

 

a. La aplicación de este tipo de medidas extraordinarias es restrictiva por corresponder a reglas de excepción. 

 

b. Para que las autoridades puedan tomar esta deben argumentar de forma suficiente las exigencias del servicio público y las circunstancias de interés general que ameritan la toma de esa excepcional decisión contractual. 4720

 

c. Se debe acreditar la existencia de hechos graves que afecten la tranquilidad, seguridad y salubridad pública. De esta manera, por ejemplo, una entidad pública no puede terminar unilateralmente un contrato de obras públicas, argumentando causas de orden público generadas por la oposición de un grupo de vecinos a la construcción de las obras, debido a que estos hechos no son hechos graves que afecten la tranquilidad, seguridad y salubridad pública. 4720 4736

 

6.5.4 Debido proceso. Las entidades públicas no pueden dar por terminado los contratos de forma unilateral omitiendo llamar previamente al contratista, sin violar el derecho al debido proceso. En estas condiciones, el acto administrativo que dio por terminado el contrato es nulo por haberse violado en su producción, el derecho al debido proceso, toda vez que al contratista no se le comunicó previamente la intención de la administración de dar por terminado el contrato para que pudiera presentar descargos, aducir pruebas y controvertir las quejas que contra él se formularon. 7336

 

 

7. NULIDADES

 

Las nulidades están concebidas por el ordenamiento jurídico como una sanción que implica privar de eficacia los actos jurídicos y los contratos que se han erigido en contravía de los intereses superiores, por cuya protección propende el orden jurídico, con el fin de salvaguardar al conglomerado social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un acto jurídico o un contrato viciado de tales tipos de ilegalidad. 7289

 

7.1. Interpretación restrictiva de las nulidades absolutas. No toda irregularidad o violación a la ley o a la Constitución configuran una nulidad absoluta de conformidad con el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En efecto, para que se configure esta causal debe generarse una violación al régimen de prohibiciones consagrado en ley o la Constitución, y que la prohibición sea expresa o explícita. 4732

 

7.2. Causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:

 

a. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;

 

b. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. Esta causal sólo se genera cuando hay una violación del régimen de prohibiciones y cuando la prohibición es expresa y explícita. 5383 5614 7385 De esta manera, ni las simples irregularidades en la selección del contratista ni la incorrecta selección de la modalidad de contratación configuran esta causal. 5616 4732 5129 5135 5614 7385 Este caso se refiere a un abuso o desviación de poder y no una celebración del contrato contra expresa prohibición legal. 4732 5383 Tampoco se configura esta causal de nulidad absoluta, cuando se contravienen normas de inferior jerarquía, como lo son las resoluciones ministeriales. 7418

 

c. Se celebren con abuso o desviación de poder;

 

d. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y

 

e. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley.

 

7.3. Contratos con el mismo objeto. Celebrar dos contratos con el mismo objeto pero con diferente tiempo de ejecución, no  configura la nulidad absoluta del numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, debido a que no existe una prohibición legal o constitucional para este tipo de conductas. 5171

 

7.4. Nulidad del contrato por violación al principio de planeación. El contrato estatal tiene un objeto ilícito cuando no se cumple con el principio de planeación. Aunque no todas las falencias de planeación  del contrato implican la nulidad del mismo por ilicitud en su objeto, cuando hay falencias que desde el momento de la celebración del contrato  ponen en evidencia que el objeto contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros o que los tiempos de ejecución del contrato no podrá cumplirse, el contrato es nulo por objeto ilícito al faltarse al principio de planeación.

 

De esta forma, si una entidad pública celebra un contrato para ejecutar una obra pública y al momento de su celebración no ha entrado en negociaciones con los propietarios de los terrenos sobre los cuales la obra se va a realizar, ni ha adelantado diligencia alguna para su adquisición o sólo se adquirieron una parte de ellos, se incurre en una falta contra el principio de planeación que vicia el contrato de objeto ilícito, ya que es evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse en el tiempo acordado. 8331

 

7.5. Nulidad por cambio en el objeto del contrato. Una entidad estatal no puede cambiar el objeto contractual durante la ejecución del mismo, porque con esta actuación se desconoce el artículo 6 del Código Civil, incorporada mediante el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 en el Estatuto General de la Contratación, que consiste en la vulneración de normas de orden público u objeto ilícito, generando la nulidad del contrato. 8361

 

 

8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

 

8.1. Incumplimiento del contrato. Para que se declare el incumplimiento contractual en los contratos::

 

a. La parte que pide que se declare el incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte.

 

b. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinante trascendente y de gran significación para el objeto contractual. De esta manera, por ejemplo, el retraso en el pago de una parte menor del anticipo no es suficiente para alterar la normal ejecución del negocio jurídico.

 

c. Ninguno de los contratantes debe estar está en mora de cumplir lo pactado.  

7279 8403

 

8.2. Poder sancionatorio. Las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateralmente un contrato si éste incurrió en incumplimientos que pudieron paralizar se ejecución, cuando:

 

a. El contratista no cumple con las obligaciones a su cargo y la justificación para la inejecución del contrato es imputable en mayor grado a los propios problemas del funcionamiento y operación del contratista

 

b. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente la ejecución del contrato de tal manera que pueda llevarlo a su paralización.

 

c. El contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, caso en el cual no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal.

 

7283

 

8.3. Responsabilidad contractual. Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar:

 

a. El incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía.

 

b. Que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente

 

c. Que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento. 

 

7278

 

8.4. Perjuicios derivados por la ampliación del término. Las entidades públicas deben indemnizar a los contratistas por los perjuicios derivados de la ampliación del término de duración de la obra contratada, cuando haya mayor permanencia en la obra por causas no imputables al contratista siempre y cuando pruebe los sobrecostos en los que incurrió en el desarrollo del contrato, los acules no fueron previstos inicialmente. 7309

 

8.5. Incumplimiento y el informe de la interventoría. En este contexto, una entidad pública no puede declarar el incumplimiento del contrato, aplicar la cláusula penal pecuniaria y hacer efectiva la póliza de cumplimiento soportada únicamente en el informe presentado por la interventoría, sin violar el debido proceso. La entidad debe llevar a cabo un trámite previo en donde la persona afectada pueda manifestar su posición frente a las imputaciones de la entidad, presentar las pruebas que pretenda hacer valer y tener la oportunidad para controvertir las que posee la entidad. 7273

 

8.6. Exigibilidad de cumplimiento en contratos con prestaciones correlativas. En los contratos cuyas prestaciones son correlativas o mutuas no es permitido que una de las partes exija a la otra que se satisfagan obligaciones mientras ella misma no lo haga. 7278

 

8.7. Responsabilidad extracontractual. Las entidades públicas deben hacerse responsable por daños antijurídicos ocasionados a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato de obra contratadas por ellas, porque la ejecución de una obra por parte de contratista es como si ellas mismas la desarrollaran. 7405

 

Así, cuando se causan daños a un predio en ejecución de un contrato de obra, por ejemplo, el Estado es responsable patrimonialmente por falla en el servicio, por la omisión del ejercicio de inspección y vigilancia, y debido a que estos daños constituyen un daño antijurídico. 7400

 

En todo caso, la responsabilidad de una entidad pública por daños ocasionados a terceros debe reunir dos elementos:

 

a. Lesión o menoscabo del derecho o situación de la cual es titular un sujeto de derecho y la

 

b. imputación jurídica del mismo, que consiste en la atribución jurídica del daño, que se funda en la prueba del vínculo existente entre el daño antijurídico y la acción u omisión del ente demandado. 

 

En todo caso, la entidad pública puede repetir contra su contratista por el pago que tuviera que hacer por daños ocasionados a terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

 

7405

 

 

9. REGLAS ESPECÍFICAS DE ALGUNOS CONTRATOS

 

9.1. Contrato de concesión.

 

a. Cláusula de reversión. En los contratos de explotación o de concesión de bienes estatales se puede pactar una cláusula de reversión en virtud de la cual al finalizar el contrato, los elementos y bienes directamente afectados a la misma, pasan a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna.

 

Este deber no implica una expropiación toda vez que el valor económico y pecuniario de los equipos y bienes que en razón de la cláusula de reversión se traspasan a la Administración, se encuentra plenamente compensado desde el momento de la firma del contrato, situación que no sucede con la expropiación, por cuanto ésta, al decretarse por razones de equidad, el legislador previo el lleno de los requisitos constitucionales, adopta la decisión de expropiar en bien del cual es titular un particular, sin reconocer en beneficio de éste, indemnización ni compensación alguna.

 

La cláusula de reversión es una disposición legal de obligatoria inclusión en los contratos de concesión y explotación de los bienes estatales. De esta manera quien acepta participar en la licitación para la adjudicación de estos contratos, conoce las condiciones de los mismos, entre ellas, la reversión, como cláusula imperativa del contrato una de las cuales es que la reversión está como cláusula obligatoria del contrato. Cuando opera la reversión no hay compensación porque existe en cabeza del concesionario una remuneración que se va produciendo en la medida en que el contrato se encuentra en vía de ejecución y desarrollo, lo cual, permite amortizar los costos de la inversión.

 

7139

 

b. Elementos del contrato de concesión:

 

1. Una entidad pública otorga la explotación de un servicio público.

 

2. El concesionario asume los riesgos derivados de la explotación del bien. Y por lo tanto participa de las utilidades y pérdidas a las que hubiera lugar.

 

3. Hay siempre una contraprestación a favor de quien explota el bien.

 

NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993 y 5131

 

c. Valorización. El Gobierno Nacional puede imponer una contribución de valorización en obras públicas viales a pesar de no ser pactada en el contrato de concesión, cuando para la recuperación de la inversión se prevé el cobro de peaje con exclusividad. El pago de la valorización no puede depender de la manera como se pactó el pago de la obra al concesionario debido a que la contribución de valorización es consecuencia de la facultad impositiva atribuida por la Constitución y la Ley al Estado. El desconocimiento de este principio implica asumir una concepción privatista sobre la valorización y desconocer el carácter impositivo del Estado.

 

Además, lo pactado en el contrato de concesión sobre la forma de recuperación de la inversión no puede coartar ni desconocer la competencia del Estado para imponer la contribución de valorización en las obras públicas por él construidas y mucho menos impedir que se cobre este tributo pues la valorización recae sobre los inmuebles beneficiados con la ejecución de la obra y tiene como sujetos pasivos a los propietarios de los inmuebles gravados, en tanto que el contrato de concesión tiene como objeto directamente la obra a construir, rehabilitar o modificar y vincula al Estado con el concesionario.

 

Por último, los dineros a recaudar con base en la contribución de valorización no deben entregarse al concesionario, pues se trata de un tributo que se recauda por el Estado en su favor y, en consecuencia, los dineros recibidos deben destinarse exclusivamente a la construcción de las obras públicas.

 

7410

 

9.2. Interventorías. Una entidad pública no debe pagar a un interventor por labores adicionales al objeto del contrato intervenido relacionadas con la elaboración del presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas, así como la de un otrosí para modificar el contrato, porque las funciones propias del interventor son controlar, supervisar, vigilar y fiscalizar las obras, mas no elaborar presupuestos, cantidades y especificaciones técnicas, razón por la cual, desde una perspectiva de lo que es natural al contrato de interventoría, un interventor no está obligado a cumplir con tales actividades, salvo que dentro del clausulado correspondiente hubiera asumido esa obligación de manera expresa. Dichas actividades no corresponden a las que son esenciales, naturales ni accidentales al interventor, por tal razón no se entienden cobijadas dentro del objeto de la interventoría, ni de su precio. 7365

 

9.3. Contrato de fiducia. Las entidades fiduciarias no son responsables por el incumplimiento del pago de un contrato de consultoría celebrado con una sociedad dedicada a esta actividad porque el ordinal 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que la entidades fideicomitentes no podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni constituir patrimonios autónomos, razón por la cual el contratista principal asume la responsabilidad total de la ejecución del contrato. Esto es más evidente si en el contrato de fiducia reposa una cláusula que exime de toda responsabilidad por el incumplimiento del pago a la fiduciaria cuando el motivo esté sujeto al retardo del fideicomitente en impartir la orden de pago correspondiente. 7318

 

Por el contrario, es prohibido que la fiduciaria seleccione o adjudique contratos estatales en desarrollo de su labor administradora y no que por delegación, los suscriba o celebre a nombre del fideicomitente. De esta manera está prohibido para la fiduciaria que en ejercicio de su encargo fiduciario o fiducia pública, adjudique contratos, por tratarse del ejercicio de una potestad que recae únicamente en el ente público y que se concreta mediante la expedición de un acto administrativo; sin embargo ello no obsta para que el fiduciario pueda ser comisionado para celebrar los contratos que el fideicomitente autorice una vez se haya realizado la adjudicación. 7375

 

El acuerdo sobre la contraprestación del contrato, previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 como un elemento esencial de éste, implica un convenio en el que la remuneración puede estar determinada o ser determinable, siendo lo fundamental, que el contrato fije las reglas o pautas que permitan determinar el valor de la prestación debida. 7374

 

Las partes no están obligadas a pactar una suma única de dinero por concepto del pago a la fiduciaria por su gestión, sino que pueden fijar unas pautas para determinar el monto que habría de recibir en consideración a los resultados de su gestión. Ello no afecta la eficacia del contrato, pues basta el consentimiento dado respecto de la existencia de la obligación de pagar la gestión fiduciaria y de los parámetros que habrían de seguirse para calcular la suma concreta. 7374

 

9.4. Contrato de obra.

 

a. Elementos de la esencia del contrato de obra.  

 

1. Se debe pactar dentro de un contrato administrativo, en cuanto lo celebra una entidad estatal del orden territorial, para cumplir sus fines sociales y satisfacer los intereses de la comunidad.

2. Debe Corresponder a una de las actividades que comprende el contrato de obra pública (construcción, mantenimiento, instalación y las demás que impliquen trabajos materiales sobre bienes inmuebles), mediante la cual se crea materialmente un bien.

3. Involucra una labor creadora de bienes o preservadora de su existencia.

4. Obligaciones recíprocas por las cuales se paga un precio

5. La realización de procesos de planificación con estudios técnicos especiales para establecer la viabilidad y factibilidad de los proyectos planificados, levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, etc.

 

7391

 

b. Pago en los contratos de obra. Las entidades públicas pueden pactar el pago de un contrato de obra con posterioridad a la entrega de la misma, sin que dicho contrato involucre su transformación a contrato de crédito público porque el contrato de crédito público va encaminado a que la entidad adquiera bienes y servicios para ser pagaderos a plazo, más no para la ejecución de obras. Así, el modo como ha de ser pagadero el contrato de obra no modifica su naturaleza u esencia, aunque el pago se dé con posterioridad a su entrega. 7391

 

c. Modificación de los diseños en el contrato de obra. Una entidad pública puede modificar los diseños de una estructura en un contrato de obra pública con anterioridad al inicio de las obras del contratista y alterando los tiempos de ejecución del contrato, sin violar el principio de planeación, siempre que las modificaciones no constituyan un mayor costo a los inicialmente pactados en el pliego de condiciones. 8294

9.5. Convenios con organismos internacionales. Una entidad pública no puede prorrogar un convenio con organismos internacionales suscrito antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, debido a que, si bien el principio general es que los contratos y convenios continúan rigiéndose por las normas vigentes al momento en que se suscribieron, el artículo 31 de esta ley dispuso expresamente la prohibición de prorrogar o adicionar los convenios celebrados con organismos internacionales, sin importar que se rijan por la normativa anterior. 5731[12]

 

9.6. Contratos interadministrativos.

 

9.6.1. Las siguientes son las características principales de los contratos interadministrativos:

 

a. Constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales.

 

b. Tienen como fuente la autonomía contractual.

 

c. Son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley. 

 

d. Son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc

 

e. La normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio.

 

f. Dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles.

 

g. Persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas.

 

h. La acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales.

 

7413

 

9.6.2. Convenios administrativos y transferencias. Una entidad pública no puede abstenerse de girar los recursos a la cuenta corriente de una entidad territorial para la ejecución de una obra, bajo el argumento que un Ministerio expidió un decreto en el cual se ordenó reversar todas las apropiaciones no comprometidas que habían sido realizadas con fundamentos en el presupuesto nacional,  sin incurrir en el incumplimiento del convenio interadministrativo, porque la reversión ordenada no constituye una causal legal que justifique el incumplimiento de la entidad pública respecto de su obligación de efectuar el registro presupuestal, ya que ésta dejo transcurrir un período excesivo sin efectuarlo y  la "contracreditación" fue ordenada después del perfeccionamiento del convenio interadministrativo. 7413

 

9.6.3. Contratos interadministrativos entre municipios. Los municipios pueden suscribir convenios interadministrativos con otros municipios cuando no cuenta con el aval del concejo, ni con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y no se han constituido las garantías propias de este tipo porque el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece que las garantías no serán obligatorias en los contratos interadministrativos. Al ser un contrato administrativo no requiere aval del concejo y se debe celebrar de manera directa de acuerdo al artículo 2 de la Ley 80 de 1993. A su vez el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 afirma que la disponibilidad presupuesta es un requisito para la ejecución de las obligaciones del contrato pero no es un requisito de validez del mismo. 7328

 

9.7. Contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. Una entidad pública puede suscribir un contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión de manera directa con una persona que no sea profesional, porque a diferencia de los contratos de prestación de servicios, los de simple apoyo a la gestión no se necesita un intelecto cualificado, es decir, profesional o especializado, sino conocimientos técnicos, operacionales o logísticos. ###8263###

 

9.7.1. Pago de prestaciones sociales en los contratos de prestación de servicios. Las entidades públicas no pueden establecer el pago de prestaciones sociales porque se vulnera el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece que en ningún caso los contratos de prestación de servicios generan una relación laboral. Al reconocerse prestaciones sociales en este tipo de contratos se desnaturaliza su objeto y se incurre en una prohibición legal. 8301

 

 

10. ALGUNAS CLAUSULAS PROHIBIDAS.

 

a. Amigable composición. De conformidad con el artículo 130 de la Ley 446 de 1998, la amigable composición sólo es aplicable por particulares y no por entidades estatales. 5704[13]

 

b. Prórroga Automática. A pesar de no existir una prohibición legal expresa, esta práctica contraría los principios de la contratación pública, al no permitir que los ciudadanos participen en igualdad de condiciones del proceso contractual y favorecer a una persona en particular. 5709[14]

 

c. Cláusulas exorbitantes en los contratos de consultoría. Las entidades públicas no pueden establecer cláusulas exorbitantes en los contratos de consultoría. En todo caso se debe tener en cuenta que se pueden pactar en aquellos contratos en los que aunque se denominen de consultoría o sean de otro tipo, por ejemplo contratos de prestación de servicios, sí se infieren las obligaciones pactadas. 5731[15]

 

d. Cláusulas contra prohibición legal expresa. Tales cláusulas son absolutamente nulas. 7280

 

e. Renuncia reajuste del precio. Las entidades públicas no pueden establecer, en las minutas de los contratos de obra pública que celebre, la renuncia expresa por el contratista al cobro del reajuste de precios. 7291

 

 

11. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SOBRE BIENES PUBLICOS.

 

11.1. Bienes de dominio privado y de dominio público. Los bienes de dominio privado garantizados por el artículo 58 de la C.P y que por regla general están regulados por las leyes civiles que tratan sobre las relaciones entre particulares. El dominio sobre los bienes de propiedad privada puede ser individual o colectivo (propiedad asociativa o solidaria). Por otra parte, existen también los bienes de dominio público, que constituyen el conjunto de bienes destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o están afectados al uso común, tal como se desprende de los arts. 63, 82, 102 y 332 del estatuto superior. 7326

 

11.2. Bienes fiscales.  Los bienes patrimoniales o fiscales o bienes propiamente estatales, son aquellos que pertenecen a una persona jurídica de derecho público de cualquier naturaleza y que, por lo general, están destinados a la prestación de las funciones públicas o de los servicios públicos; también pueden constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común. Los bienes fiscales son aquellos cuyo dominio corresponde a la República, pero cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes. El Estado los posee y los administra de manera similar a como lo hacen los particulares con los bienes de su propiedad. 7326

 

11.3. Carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables de los bienes de uso público. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. a) Inalienables: significa que no se pueden negociar, esto es, vender, donar, permutar, etcétera. b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica que bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados. 7326

 

11.4. Características generales de los bienes de uso público. 

 

a. Son bienes de dominio público que se caracterizan por su afectación a una finalidad pública, porque su uso y goce pertenecen a la comunidad, por motivos de interés general.

 

b. El titular del derecho de dominio es la Nación y, en general, las entidades estatales correspondientes ejercen facultades especiales de administración, protección, control y de policía.

 

c. Se encuentran determinados por la Constitución o por la ley.

 

d. Están sujetos a un régimen jurídico por virtud del cual gozan de privilegios tales como la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, que los colocan por fuera del comercio.

 

7326

 

11.5. Prohibición de arrendar bienes de uso público. De conformidad con “el artículo 174 del Decreto 1421 de 1993 y en la norma demandada, los bienes de uso público no pueden ser dados en arrendamiento o administración para la práctica de la recreación masiva o el deporte, como así lo entendió la norma reglamentaria, sin que ello descarte que, con fundamento en otras disposiciones legales, pueda ser posible el arrendamiento de los mismos.

 

De esta manera, las entidades públicas no puede celebrar contratos de arrendamiento sobre un bien de uso público a cambio de que el arrendatario efectué obras y mantenimiento del bien, porque:

 

a. Por disposición constitucional dichos bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y en consecuencia se encuentran fuera del comercio.

 

b. Los bienes de uso público se caracterizan por su afectación a una finalidad pública, esto es, están destinados a ser usados y disfrutados por la comunidad, sin ninguna discriminación, en forma directa, libre, impersonal, individual o colectivamente y, en general, gratuita.

 

c. Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y no de disposición, por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del bien, dicho acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el derecho de uso y goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por la ley frente a cualquier clase de perturbación o impedimento, de conformidad con los artículos 1988, 1989 y 1990 del Código Civil. De manera que no es posible conferir a una persona el uso y goce exclusivo de un bien de uso público, porque es contrario a su propia naturaleza y finalidad, toda vez que por disposiciones constitucionales y legales, los derechos a su uso y goce pertenecen a toda la comunidad.

 

d. Por último, se debe tener en cuenta que en estos casos el contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta. 

 

7326

 

Un ejemplo de dicha situación se da cuando una entidad pública cede títulos de arrendamiento de un bien catalogado como "zona verde de aislamiento”. En este caso, contrato es nulo en forma absoluta por ilicitud en el objeto, en tanto recae sobre un bien no susceptible de ser construido, ni cercado, ni destinado a la recreación activa, en términos de la Ley 9a de 1989 y el Acuerdo Distrital 06 de 1990. 7419

 

 

12. CONTRATO DE TRANSACCIÓN.

 

El contrato de transacción se encuentra previsto en la Ley 80 de 1993, y regulado por el Código Civil. Es válido acudir a dicha figura para dar por terminado un contrato, sin que resulte lesivo para los intereses del Estado. Por tanto, una entidad pública puede celebrar un contrato de transacción con un contratista para precaver un litigio en lugar de acudir a la terminación unilateral, a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria o a la conciliación, 7467 7469 si se tiene en cuenta que la transacción es un mecanismo de solución directa de las controversias contractuales que busca evitar un litigio que puede resultar más oneroso para los intereses del Estado.

 

 


[1] Véase, por ejemplo, CE SIII E 21867 DE 2012 en la que se definió que una entidad estatal puede omitir pronunciarse sobre las solicitudes presentadas por un contratista en el curso de la ejecución del contrato de obra pública, cuando éste fue celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, sin que se configure el silencio administrativo positivo.

[2] De esta manera, por ejemplo, una entidad pública no puede declarar la inhabilidad de todos los socios de una concesionaria en la parte resolutiva de una Resolución diferente y posterior a la que  dispuso la caducidad y terminación del contrato. SU-219-2003

[3] N del E. Debe resaltarse que esta cuestión no ha sido tranquila en la jurisprudencia del Consejo  de Estado además de haber tenido distintos tratamientos por la legislación. En todo caso, la regla descrita es la vigente.  Para un recorrido de la jurisprudencia y los cambios legislativos sobre el asunto véase CE SIII E 17214 DE 2010.

[4] Nota del E. Para precisar el alcance de esta regla se debe tener en cuenta que el Consejo de Estado aclara que, si bien el no pago del anticipo es un incumplimiento contractual, de acuerdo con el Código Civil  en las obligaciones en los contratos bilaterales “no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le corresponde (Art. 1609 C.C.)”, por ello para “solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante”. De esta manera, no se puede “solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del contrato (…), sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada” 

[5] N. del E. En esta decisión se modifica la regla según la cual los anticipos se consideran recursos “públicos u oficiales los recursos y de la exclusiva propiedad del ente estatal” y por lo tanto no causan intereses moratorios (CE SIII E 10779 DE 2004). Por el contrario en esta decisión se define que las entidades estatales deben pagar intereses moratorios por el retraso en el pago del anticipo (CE SIII E 24812 DE 2006).

[6] Nota del editor. No obstante, en la providencia citada el Consejo de Estado no accedió a las pretensiones por falta de material probatorio.

[7] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[8] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[9] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[10] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[11] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[12] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[13] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[14] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

[15] Tener en cuenta que es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Sintesis: SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
Síntesis
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Patrimonio estatal
  • Detrimento patrimonial
  • Etapa contractual
  • Contrato de suministro
  • Contrato interadministrativo
  • Prestación sin soporte contractual
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Patrimonio estatal
  • Detrimento patrimonial
  • Etapa contractual
  • Contrato de suministro
  • Contrato interadministrativo
  • Prestación sin soporte contractual
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Patrimonio estatal
  • Detrimento patrimonial
  • Etapa contractual
  • Contrato de suministro
  • Contrato interadministrativo
  • Prestación sin soporte contractual
  • Identificadores
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Celebración de contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Nulidad del contrato
  • Contratación estatal
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Celebración de contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Nulidad del contrato
  • Contratación estatal
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Celebración de contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Nulidad del contrato
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Desviación de poder
  • Terminación unilateral
  • Celebración de contrato
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Cláusulas excepcionales
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Etapa contractual
  • Desviación de poder
  • Terminación unilateral
  • Celebración de contrato
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Cláusulas excepcionales
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Etapa contractual
  • Desviación de poder
  • Terminación unilateral
  • Celebración de contrato
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Cláusulas excepcionales
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Identificadores
  • Anticipo
  • Registro presupuestal
  • Responsabilidad contractual
  • Pago del anticipo
  • Liquidación
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Ejecución del contrato
  • Ejecución del contrato
  • Registro presupuestal
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Responsabilidad contractual
  • Anticipo
  • Pago del anticipo
  • Liquidación
  • Ejecución del contrato
  • Registro presupuestal
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Responsabilidad contractual
  • Anticipo
  • Pago del anticipo
  • Liquidación
  • Identificadores
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Etapa contractual
  • Contrato de obra pública
  • Orden público
  • Cláusulas excepcionales
  • Terminación unilateral
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Etapa contractual
  • Contrato de obra pública
  • Orden público
  • Cláusulas excepcionales
  • Terminación unilateral
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Etapa contractual
  • Contrato de obra pública
  • Orden público
  • Cláusulas excepcionales
  • Terminación unilateral
  • Identificadores
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Anticipo
  • Contratación estatal
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Anticipo
  • Contratación estatal
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Anticipo
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Error
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Error
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Error
  • Identificadores
  • Uso arbitrario de poderes discrecionales
  • Etapa contractual
  • Suspensión del contrato
  • Incumplimiento
  • Plazo
  • Sobrecostos
  • Contratación estatal
  • Uso arbitrario de poderes discrecionales
  • Etapa contractual
  • Suspensión del contrato
  • Incumplimiento
  • Plazo
  • Sobrecostos
  • Contratación estatal
  • Uso arbitrario de poderes discrecionales
  • Etapa contractual
  • Suspensión del contrato
  • Incumplimiento
  • Plazo
  • Sobrecostos
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Ley 1150 de 2007
  • Actos administrativos
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Modalidad de contratación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Ley 1150 de 2007
  • Actos administrativos
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Modalidad de contratación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Ley 1150 de 2007
  • Actos administrativos
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Modalidad de contratación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Cláusulas excepcionales
  • Etapa contractual
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación unilateral
  • Nulidad del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Celebración de contrato
  • Cláusulas excepcionales
  • Etapa contractual
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación unilateral
  • Nulidad del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Celebración de contrato
  • Cláusulas excepcionales
  • Etapa contractual
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación unilateral
  • Nulidad del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Celebración de contrato
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Bienes de uso público
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Bienes de uso público
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Bienes de uso público
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
  • Identificadores
  • Riesgos contractuales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Servicio público
  • Riesgos contractuales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Servicio público
  • Riesgos contractuales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Servicio público
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Ilegalidad en la exigencia de las garantías
  • Contratación estatal
  • Declaración de ocurrencia del siniestro
  • Garantía
  • Etapa contractual
  • Ilegalidad en la exigencia de las garantías
  • Contratación estatal
  • Declaración de ocurrencia del siniestro
  • Garantía
  • Ilegalidad en la exigencia de las garantías
  • Etapa contractual
  • Declaración de ocurrencia del siniestro
  • Garantía
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Terminación unilateral
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación anticipada del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Licitación pública
  • Principio de selección objetiva
  • Cláusulas excepcionales
  • Legalidad
  • Terminación unilateral
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación anticipada del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Licitación pública
  • Principio de selección objetiva
  • Cláusulas excepcionales
  • Legalidad
  • Terminación unilateral
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación anticipada del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Licitación pública
  • Principio de selección objetiva
  • Cláusulas excepcionales
  • Legalidad
  • Identificadores
  • Mora
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Contratación estatal
  • Intereses moratorios
  • Mora
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Contratación estatal
  • Intereses moratorios
  • Mora
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Contratación estatal
  • Intereses moratorios
  • Identificadores
  • Anticipo
  • Mora
  • Intereses moratorios
  • Contratación estatal
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Anticipo
  • Mora
  • Intereses moratorios
  • Contratación estatal
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Anticipo
  • Mora
  • Intereses moratorios
  • Contratación estatal
  • Pago
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Identificadores
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
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  • Información
  • Contratación estatal
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
  • Debido proceso
  • Información
  • Contratación estatal
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
  • Debido proceso
  • Información
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Equilibrio económico
  • Pago
  • Hecho del príncipe
  • Sobrecostos
  • Etapa contractual
  • Actos imputables a la administración
  • Contratación estatal
  • Hechos imprevisibles
  • Actos imputables a la administración
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Sobrecostos
  • Hechos imprevisibles
  • Pago
  • Hecho del príncipe
  • Equilibrio económico
  • Actos imputables a la administración
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Sobrecostos
  • Hechos imprevisibles
  • Pago
  • Hecho del príncipe
  • Equilibrio económico
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Adiciones contractuales
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Solemnidad del contrato
  • Modificaciones
  • Etapa contractual
  • Adiciones contractuales
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Solemnidad del contrato
  • Modificaciones
  • Etapa contractual
  • Adiciones contractuales
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Solemnidad del contrato
  • Modificaciones
  • Identificadores
  • Enriquecimiento sin causa
  • Contratación estatal
  • Solemnidad del contrato
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Etapa contractual
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  • Enriquecimiento sin causa
  • Contratación estatal
  • Solemnidad del contrato
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Enriquecimiento sin causa
  • Contratación estatal
  • Solemnidad del contrato
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Identificadores
  • Aplicación de la ley en el tiempo
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Aplicación de la ley en el tiempo
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Aplicación de la ley en el tiempo
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
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  • Contratación estatal
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  • Objeto contractual
  • Ejecución del contrato
  • Nulidad del contrato
  • Doble contratación
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  • Declaración de ocurrencia del siniestro
  • Actos administrativos
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  • Contratación estatal
  • Jurisdicción coactiva
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  • Pago
  • Contratación estatal
  • Jurisdicción coactiva
  • Poder sancionatorio
  • Particular
  • Autorización
  • Facultades legales de las entidades públicas
  • Identificadores
  • Sanciones contractuales
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  • Ley 80 de 1993
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  • Celebración de contrato
  • Sanciones contractuales
  • Multas
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
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  • Contratación estatal
  • Celebración de contrato
  • Sanciones contractuales
  • Multas
  • Ley 80 de 1993
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  • Celebración de contrato
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
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  • Cláusulas excepcionales
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  • Contratación estatal
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  • Cláusulas excepcionales
  • Poder sancionatorio
  • Contrato interadministrativo
  • Identificadores
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
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  • Multas
  • Contratación estatal
  • Contratos de Derecho Privado
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  • Contratación estatal
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
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  • Multas
  • Ley 1150 de 2007
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  • Ley 1150 de 2007
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  • Etapa contractual
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  • Ley 1150 de 2007
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Registro presupuestal
  • Etapa contractual
  • Apropiaciones
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Registro presupuestal
  • Etapa contractual
  • Apropiaciones
  • Contratación estatal
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  • Registro presupuestal
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  • Enriquecimiento sin causa
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  • Particular
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  • Enriquecimiento sin causa
  • Etapa contractual
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  • Poder sancionatorio
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
  • Multas
  • Etapa contractual
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  • Cláusula penal
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  • Incumplimiento
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  • Contratación estatal
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  • Poder sancionatorio
  • Cláusula penal
  • Proporcionalidad
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Ejecución del contrato
  • Poder sancionatorio
  • Cláusula penal
  • Proporcionalidad
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
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  • Ley 80 de 1993
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  • Vigencia de las normas
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  • Multas
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  • Vigencia de las normas
  • Debido proceso
  • Uso arbitrario de poderes discrecionales
  • Multas
  • Ley 1150 de 2007
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  • Principio de selección objetiva
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  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
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  • Multas
  • Ley 80 de 1993
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  • Caducidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Cláusula penal
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  • Etapa contractual
  • Cláusula penal
  • Caducidad del contrato
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  • Ilegalidad en la exigencia de las garantías
  • Garantía
  • Etapa contractual
  • Ilegalidad en la exigencia de las garantías
  • Garantía
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  • Ilegalidad en la exigencia de las garantías
  • Garantía
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  • Régimen jurídico aplicable
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  • Etapa contractual
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  • Prorroga
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  • Régimen jurídico aplicable
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
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  • Prorroga
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  • Etapa contractual
  • Mecanismos alternativos de solución de conflictos
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  • Fuerza mayor y caso fortuito
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  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
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  • Solemnidad del contrato
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  • Notificación
  • Título ejecutivo
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  • Liquidación
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    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. Myriam Guerrero de
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  • Moralidad pública
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  • Principio de planeación
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  • Principio de voluntariedad
  • Principios de la contratación pública
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  • Responsabilidad contractual
  • Identificadores
  • Celebración de contrato
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  • Control
  • Deber de colaboración
  • Etapa contractual
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  • Modalidad de selección
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