A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Tribunales administrativos


Sintesis

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

 

1. PLIEGOS DE CONDICIONES

 

1.1. Propuesta alternativa

 

Una entidad pública puede adjudicar un contrato a una propuesta alternativa y no a otra propuesta que cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, sin vulnerar los principios de igualdad y selección objetiva, porque:

  • Conforme al numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los oferentes están autorizados legalmente para presentar propuestas alternativas. Caso en el cual debe existir una propuesta principal ceñida al pliego de condiciones o términos de referencia y otra opcional; además, es posible presentar excepciones de orden técnico y económico, esto es una propuesta única pero con variaciones a las exigencias del pliego.
  • Es admisible para los proponentes presentar variaciones de contenido técnico y económico destinadas a dar más solidez a la realización del objeto contractual, y ello es aceptable por cuanto un pliego de condiciones o unos términos de referencia pueden requerir ajustes o precisiones.
  • Es necesario que para la presentación de ofertas alternativas y excepciones técnicas se cumplan, al menos, con los siguientes requisitos: (i) que impliquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y (ii) que sea posible su comparación objetiva. TAD-CUN-SIII-1017-2005

1.2. Propuesta con mayor calificación

 

Una entidad estatal no puede realizar un proceso de licitación pública y seleccionar la propuesta que no obtuvo la mayor calificación económica, sin transgredir el principio de selección objetiva, dado que:

  • En aplicación del principio de transparencia que rige el proceso de selección del contratista, en su concreción o expresión de objetividad, se violan los artículos 24, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993 cuando no se escoge el ofrecimiento más favorable para la Entidad.
  • Los factores de adjudicación y la ponderación predeterminados en el pliego de condiciones son inaplicados al adjudicarse la licitación a una oferta distinta a aquella a la que por corresponder la mejor calificación, dentro de los parámetros de evaluación prefijados.
  • Cuando no se realiza un estudio riguroso de los factores de evaluación de las diferentes ofertas, la entidad priva a la oferta más favorable de ser la adjudicataria. TAD-CUN-SIII-94D10004-2001 TAD-CUN-SIII-1847-2005

1.3. Modificación al pliego de condiciones

 

Una entidad pública no puede modificar los parámetros establecidos inicialmente en el pliego de condiciones, dentro del cierre de la licitación, cuando ya los proponentes no pueden considerar tal aspecto dentro de sus propuestas, sin transgredir los principios de transparencia y de selección objetiva que consagra el estatuto contractual, porque: 

  • Acarrearía la nulidad del acto de adjudicación pero si hay prueba que acredite que la propuesta del proponente es la más conveniente y por ende demuestre el perjuicio causado.
  • Constituye un claro desconocimiento de los principios de transparencia y de selección objetiva del estatuto de contratación estatal.

1.4. Subsanación de la propuesta

 

Una entidad pública dentro de un proceso de contratación no puede exigir a uno de los oferentes documentos que ya la entidad tenía en sus archivos, y rechazar la misma al no allegar dicho documento, en razón a que, al existir certificaciones en los archivos de la entidad pública, ha debido subsanar esta anomalía aplicando lo dispuesto en el artículo 10 del C.C.A. y en el numeral 17 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. TAD-CUN-SIII-983058-2003 

 

1.5. Rechazo de propuestas

 

1.5.1. Capacidad de contratación

 

Una entidad pública puede eliminar o rechazar una oferta, cuando no cumple con la capacidad de contratación, siendo un requisito exigido en el pliego de condiciones, porque:

  • La capacidad de contratación (K) y la capacidad residual o disponible de contratación (KDC) conciernen a un requisito o exigencia jurídica que determina capacidad jurídica especial o habilitación legal para participar en una licitación y para suscribir un contrato estatal. En caso de ausencia de una de tales capacidades determina una incapacidad o inhabilidad especial que impide la valoración de la oferta desde los puntos de vista técnico y económico y que determina, el rechazo, descarte o no elegibilidad de la misma y que. En el evento de suscribirse el contrato en tales circunstancias éste estará afectado de nulidad absoluta por incapacidad especial absoluta o inhabilidad jurídica.
  • Es un requisito ya consagrado en el Estatuto de Contratación Estatal. TAD-CUN-SIII-97D13724-2002

1.5.2. Solicitud de aclaración

 

Una entidad pública puede solicitar oficiosamente a un proponente dar explicación sobre las diferencias encontradas en la oferta respecto a unos documentos, en vez de rechazar la propuesta. Conforme al artículo numeral 15 del artículo 25 y el  al numeral 7 del artículo de la Ley 80 de 1993, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos y, adicionalmente, en los pliegos de condiciones se debe señalar un plazo para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. Por tanto, era viable que la entidad le pidiera explicaciones al proponente para que solucionaran unas dudas en relación con los documentos de la propuesta. TAD-CUN-SIII-992118-2001

 

1.5.3. Firma del contador o revisor fiscal

 

Una entidad estatal puede excluir a un proponente de una licitación pública, debido a que no cuenta con la firma del contador o revisor fiscal en la declaración de renta presentada, porque:

  • El artículo 580 literal d) del Estatuto Tributario establece que la declaración de renta está obligada a llevar la firma del revisor fiscal cuando se trata de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, es decir aquellos que tienen la calidad de comerciante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Comercio.
  • Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios firmada por contador público. Cuando no se allega prueba de la calidad de no comerciante, se presume que el proponente debe llevar libros de contabilidad y que debe declarar renta, como cualquier otro, por lo que lo cubre la normatividad tributaria. TAD-CUN-SIII-15291-2004

1.5.4. Firma del cónsul

 

Una entidad pública puede dejar de adjudicar un contrato a la oferta que ocupó el primer lugar debido a que el proponente no presentó un documento con la firma del cónsul colombiano del país en el cual fue expedido, sin vulnerar el principio de selección objetiva, porque:

  • Los documentos otorgados en el exterior para que tengan validez en Colombia deben serlo con los requisitos previstos para la firma extranjera, ya que de lo contrario carecen por completo de valor probatorio y de efectos jurídicos.
  • La ausencia de este requisito da lugar a la descalificación de la propuesta.
  • Así en los términos del pliego de condiciones no se precise sobre la autenticación del documento, ya que el proponente es un comerciante que distribuye productos en el extranjero debe de conocer esta formalidad.
  • No se le aplica el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuyo primer inciso señala que las autoridades no pueden exigir sellos, autenticaciones, etc., pues la misma norma excepciona en el caso de que tales requisitos sean exigidos en forma perentoria y expresa por leyes especiales. En efecto, la norma contenida en el artículo 480 del Código de Comercio reviste el carácter de especial y exige en forma perentoria el cumplimiento de las formalidades allí previstas para los documentos otorgados en el extranjero, como lo es la certificación . TAD-CUN-SIII-981305-2002

1.5.5. Reintegro de una propuesta

 

Una entidad pública puede reintegrar a un proceso de licitación pública una propuesta que es rechazada por irregularidades, sin vulnerar el principio de selección objetiva, porque:

  • Cuando un pliego de condiciones tiene requisitos que son netamente subjetivos, es válido que esa subjetividad sea permitida también a la hora de reconsiderar el rechazo de propuestas que se consideraban contrarias a lo exigido por la entidad.
  • El rechazo de las propuestas debe adelantarse ante irregularidades que abarquen toda la credibilidad del proponente. No es viable si el motivo del rechazo se refiere a documentos que no representan parte importante de la calificación de la entidad, si es así, debe reintegrarse la propuesta al proceso licitatorio.
  • En ocasiones en que se reintegre una propuesta, deben retirarse del proceso todos aquellos documentos que presenten irregularidades. TAD-CUN-SIII-982814-2003

2. DECLARACIÓN DESIERTA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA

 

Una entidad pública que declara desierto un proceso licitatorio y proceder a contratar directamente con un particular, sin vulnerar el principio de legalidad, siempre que:

  • Se declare desierta la licitación dentro del término previsto para adjudicación del contrato.
  • Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable.
  • Al quedad una propuesta para la adjudicación, su puntaje sea inferior al determinado en los pliegos de condiciones. TAD-CUN-SIII-15038-2003 TAD-CUN-SIII-990173-2002
  • Una entidad estatal puede declarar desierta una licitación pública cuando adquiere un equipo de similares características al licitado antes de la adjudicación, sin vulnerar el principio de selección objetiva, en razón a que:
  • El deber de selección objetiva de los contratistas, precisa que es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en cuenta factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
  • Los fines perseguidos por la entidad pública al abrir el proceso licitatorio se encuentran satisfechos. TAD-CUN-SIII-981299-2003

 

Una entidad estatal que ha iniciado una licitación pública puede declarar desierta dicha licitación, cuando al realizarle adendas al pliego de condiciones se presenta confusión entre los oferentes, sin vulnerar los principios de selección objetiva e igualdad, en razón a que:

  • Al detectarse las falencias y las diferencias en la interpretación a los pliegos de condiciones, no se puede llevar a cabo un estudio que permitiera escoger de forma correcta la mejor propuesta.
  • Ante la contrariedad de las propuestas presentadas por los oferentes, luego de realizadas las adendas, se presenta una alteración al principio de igualdad reflejado en la imposibilidad de llevar a cabo un proceso de selección objetiva. TAD-ANT-SIV-02684-2013

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

 

3.1. Modificaciones previas a la ejecución del contrato

 

Una entidad estatal puede modificar el objeto del contrato y su precio en un acta previa a la ejecución de éste, porque:

  • Cuando la modificación involucra la voluntad de ambas partes antes de la ejecución del contrato no se considera vulnerado ningún derecho del contratista ni que la entidad haya extralimitado sus funciones.
  • Cuando un acto administrativo modifica total o parcialmente el objeto del contrato y el contratista guarda silencio, se considera hubo una aceptación tácita de la alteración, por lo que el contratista no puede alegar vulneración a sus derechos cuando ya hubo tiempo para reclamar.
  • El cambio al contrato se hizo con las garantías de renuncia y queja del contratista, por lo que no puede considerarse que la entidad actuó sobrepasando sus funciones.  TAD-CUN-SIII-0090-2005

3.2. Restablecimiento económico del contrato por obras adicionales

 

Una entidad pública puede modificar un contrato de concesión por un valor que excede el 50% el inicialmente pactado, con el fin de restablecer el equilibrio económico del contrato a causa de las obras adicionales que se tuvieron que ejecutar, las cuales fueron solicitadas por la comunidad para mejorar la prestación del servicio público de transporte, dado que:

  • Conforme al artículo 16 de la Ley 80 de 1993, por mutuo acuerdo de las partes y a efectos de evitar la paralización o la afectación del servicio público al que atiende el Contrato, éste puede ser modificado, entre otras materias, para adicionar obras, trabajos, suministros o servicios, al igual que tales modificaciones pueden ser introducidas unilateralmente por la Entidad Contratante.
  • Deviniendo el aumento en valor de un contrato modificatorio o de una Resolución de modificación unilateral no es aplicable el tope del 50% previsto en el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, mientras que si de lo que se trata es de la celebración de un contrato adicional rige plenamente tal limitante. TAD-CUN-SIII-97D13393-2001

Una entidad pública puede dentro de la ejecución de un contrato que tiene por objeto el mejoramiento de varias vías, incluir la realización de obras no previstas y la modificación de diseños, sin que esto afecte el equilibrio económico del contrato, siempre que la realización de obras no previstas y la modificación de los diseños hayan sido informadas desde la licitación pública y así fuese plasmado en el contrato y aceptado por el contratista. TAD-CUN-SIII-00969-2011

 

4. CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO

 

4.1. Bienes de uso público

 

Una entidad pública no puede celebrar un contrato de arrendamiento, cuyo objeto contractual es un bien de uso público, sin vulnerar el principio de legalidad, en razón a que:

  • Los contratos de público presentan las características de inalienables, imprescriptibles e inembargables. La inalienabilidad del bien de uso público significa precisamente que no puede ser objeto de negociación arredramiento cuyo objeto sea un bien de orden público son nulos absolutos. 
  • La noción y finalidad del contrato de arrendamiento riñe o es incompatible con la noción de bien de uso público; por cuanto por el primero otorga el uso y goce del inmueble en forma exclusiva al arrendatario, lo que implica dejar sin efecto el uso y goce del inmueble a la comunidad.
  • El arrendamiento es un negocio jurídico propio del comercio civil, cuya naturaleza desvirtúa totalmente el carácter de uso público que pueda tener un bien. Lo anterior, dado que el uso y goce exclusivo del arrendatario impide por sí mismo la utilización colectiva propia de tal clase de bienes, desviando su finalidad comunitaria hacia los intereses del particular que lo explota en su propio beneficio. TAD-CUN-SIII-991447-2002 TAD-CUN-SIII-13541-2003

4.2. Omisión en el pago del canon de arrendamiento  

 

Una entidad pública puede declarar la caducidad de un contrato de arrendamiento y abstenerse de seguir recibiendo el pago de los cánones, cuando el contratista emplea un porcentaje que contractualmente no correspondía al que debía utilizarse para reajustar el canon de arrendamiento, dado que:

  • Uno de las cláusulas de caducidad que la ley impone como obligatorias en los contratos se refiere al incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, por lo que la ejecución del contrato debe darse de acuerdo a las condiciones especiales fijadas, si las hubiesen.
  • La ley faculta a las entidades estatales a estipular cláusulas de caducidad en los contratos de arrendamiento en tanto señale expresamente los motivos que den lugar a declaratoria de caducidad.
  • Así el arrendatario haya equivocadamente empleado un porcentaje que contractualmente no correspondía al que debía utilizarse para reajustar el canon de arrendamiento, dicha circunstancia no lo excusa de sus obligaciones contractuales.
  • El contrato es ley para las partes, por lo que debe haber modificación voluntaria bilateral para que se llegue a un acuerdo cuando se presentan condiciones especiales para llevar a cabo las obligaciones TAD-CUN-SIII-982423-2004

Una entidad puede declarar el incumplimiento del contrato, cuando un contratista deja de pagar los cánones de arrendamiento alegando que, a causa de la suspensión provisional y posterior declaratoria de nulidad de una resolución por medio de la cual se fijaron las tarifas de arrendamiento de los inmuebles, no estaba obligado a cumplir con sus obligaciones contractuales en materia de pago de la renta acordada, en razón a que:

 

  • Si bien el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 en forma expresa ha regulado como causal de nulidad absoluta del contrato, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten, también los artículos 45 y 48 han señalado unos precisos efectos a esa nulidad respecto a contratos de ejecución sucesiva que no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
  • Al estar frente a la declaratoria de nulidad de un acto administrativo general que fundamentaba las indicadas cláusulas contractuales, es claro que se trata de una nulidad parcial, que no invalida la totalidad del contrato celebrado
  • La declaratoria de nulidad de una resolución por medio de la cual se fijaron las tarifas de arrendamiento de los inmuebles no sanea el incumplimiento y la mora en la que incurra el arrendador frente a sus obligaciones contractuales de pago.
  • Usufructuar el bien dado en arrendamiento, pero no pagar la renta del mismo por existir suspensión provisional y posterior nulidad de la resolución, no tiene respaldo jurídico y, por consiguiente, constituye una mora en el pago de los arrendamientos, lo cual a su vez determina la terminación del contrato celebrado. ###8198##

4.3. Prórroga del contrato de arrendamiento

 

4.3.1. Prórroga de un contrato cuando la entidad pública guarda silencio sobre la solicitud de renovación

 

Una entidad pública no puede dar por terminado un contrato de arrendamiento por incumplimiento, debido a que el arrendatario no restituyó el bien durante término señalado, cuando ha seguido recibiendo los cánones y ha guardado silencio respecto a las solicitudes de renovación del contrato formuladas por el contratista, sin incurrir en una violación a lo establecido en las normas civiles en lo referente a la restitución de inmueble arrendado a las cuales remite el estatuto general de contratación pública, porque: 

  • El contrato se entiende prorrogado en las mismas condiciones pactadas ante el no pronunciamiento de la entidad frente a las solicitudes de renovación del referido contrato de arrendamiento
  • Dicha actuación constituye un ánimo de la entidad que lleva a que el particular entidad que el contrato se prorrogó automáticamente.
  • La mora del arrendamiento en la restitución, se constituye cuando el arrendador lo ha requerido. Por tanto, para efectos de la restitución del bien inmueble, antes de vencerse el término de la prórroga del contrato de arrendamiento, la entidad contratante debe requerir en los términos de ley al arrendatario para que se proceda a la entrega del mismo. TAD-CUN-SIII-992111-2003

4.3.2. No se prórroga un contrato cuando el arrendatario cuando se omite presenta la solicitud de renovación a la entidad pública

 

Una entidad pública puede dar por terminado un contrato de arrendamiento por incumplimiento, cuando, después de finalizado el plazo pactado, el arrendatario no restituye el bien y continúa detentando su tenencia y usufructuándolo, en razón a que:

  • La obligación principal del arrendatario, a la terminación del plazo pactado, es restituir el inmueble. Sin embargo, en el evento de que el arrendatario deseara continuar con la tenencia del bien, debe señalarlo por escrito para que la entidad manifieste su aceptación o negativa, en caso de silencio de la arrendadora, el contrato se entendería prorrogado.
  • El contrato no se entiendo prorrogado tácitamente por la tenencia ininterrumpida del bien. Aceptar lo contrario iría en contra de los fines y principios de la contratación estatal, que no acepta la renovación implícita de los contratos estatales, en los cuales debe primar el interés público o interés general y no el particular del arrendatario.
  •  La renovación o las prórrogas automáticas no fueron consagradas como requisito de los contratos estatales, porque atentan contra la transparencia de la gestión de la administración y el deber de selección objetiva del contratista.
  • Se debe suscribir un nuevo acuerdo entre el contratista y la entidad en que se puede incluir variación del plazo y del canon de arrendamiento.
  • El contrato de arrendamiento se extingue al producirse la expiración del plazo, momento mismo en el cual se hace exigible la obligación del arrendatario (deudor), consistente en restituir el bien y, en consecuencia, surge el derecho del arrendador (acreedor) de adelantar las acciones pertinentes para obtener el cumplimiento de la obligación, si el arrendatario no satisface la prestación de restitución, acción que no podía ejercer antes del vencimiento del plazo contractual por ser inexigible la obligación, toda vez que estaba sometida a la llegada de esa fecha (plazo suspensivo). TAD-CUN-SIII-0144-2008 TAD-CUN-SIII-1000-2011

4.4. Terminación unilateral del contrato cuando la entidad actúa como secuestro del bien

 

Una entidad pública no debe indemnizar a un arrendatario por incumplimiento, cuando termina de manera unilateral y anticipada el contrato de arrendamiento, que celebró en calidad de secuestre del inmueble -debido a que se hallaba embargado y sometido a proceso de jurisdicción coactiva-, para proceder a entregar el bien al ejecutado, porque:

  • Debido a que el ejecutado o propietario de bien avaló el contrato de arrendamiento, lo que realmente ocurrió fue un cambio de titularidad del arrendador, es decir, el arrendatario tiene como arrendador al propietario del bien, ya que la entidad territorial cesó en su calidad de administrador.
  • El ente territorial demandado no ostentaba la calidad de propietario, sino que administraba el bien para que a través de su explotación económica se cubriera la deuda del propietario del inmueble.
  • De acuerdo al artículo 2281 del Código Civil, el administrador de un bien al culminar el proceso de cobro coactivo está en la obligación de restituirlo.
  • Las actuaciones surtidas por la administración municipal para lograr la entrega del bien a su propietario no pueden interpretarse como poderes exorbitantes de la administración, que puedan conllevar a la ocurrencia de la teoría del hecho del príncipe. TAD-CUN-SIII-0402-2009

4.5. Mejoras necesarias al bien

 

Una entidad pública no debe indemnizar a un contratista, cuando éste en virtud de un contrato de arrendamiento le hace mejoras necesarias al bien sin autorización de la entidad, a pesar que en el contrato se acordó que en materia de mejoras debía existir autorización por parte del arrendador. En efecto, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, siguiendo las reglas que en esta materia traza el estatuto civil (art. 1994), acordaron que en materia de mejoras debía existir autorización por parte del arrendador; consentimiento que no solamente tiene la finalidad de permitir la realización de mejoras, sino de comprometer la responsabilidad del arrendador para rembolsar el costo de esas mejoras útiles. TAD-CUN-SIII-982194-2002

 

4.6. Interrupción de la tenencia por reparaciones locativas

 

Una entidad pública no debe indemnizar a un contratista, cuando interrumpe parcialmente la tenencia del inmueble concedido en arrendamiento para el ejercicio de una actividad económica, con ocasión de unas obras de remodelación (reparaciones locativas), dado que:

  • Es necesario que se aporten las respectivas pruebas en las que se demuestre que las pérdidas económicas que sufrió el arrendatario guardaron relación con las reparaciones efectuadas en el inmueble arrendado, de manera que éstas obedecieron a factores extrínsecos a la relación negocial.
  • A pesar de que se haya interrumpido parcialmente la tenencia del inmueble arrendado, es posible que el arrendatario continúe desarrollando de manera continua y con los mismos usuarios su actividad económica, para que se impida el reporte de pérdidas
  • El arrendador tomó las medidas necesarias, como habilitar un nuevo lugar para el desarrollo de la actividad económica, a efectos de que las consecuencias nocivas generadas con ocasión de la perturbación en el goce del bien disminuyeran. TAD-CUN-SIII-1984-2005

5. TERMINACIÓN UNILATERAL Y ANTICIPADA DEL CONTRATO

 

5.1. Circunstancias bajo las cuales no se puede dar por terminado

 

Una entidad pública no puede dar por terminado de manera unilateral y anticipa un contrato estatal, aduciendo medidas de austeridad en el gasto público implementadas por parte del Gobierno Nacional, porque:

  • El perfeccionamiento del contrato estatal se surte cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y éste se eleva a escrito, sin requerir del registro presupuestal que soporte las obligaciones asumidas por la entidad, en atención a que éste último sería un requisito para la ejecución del negocio.
  • El contrato cuenta con previsión presupuestal según el registro presupuestal de la entidad, por lo que hay un compromiso adquirido por la administración.  
  • Si bien una entidad pública puede declarar la terminación anticipada del contrato, según las previsiones contenidas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993, por cuanto la ley faculta a la administración en excepcionales casos a utilizar sus facultades exorbitantes para garantizar los principios generales y de orden público, la motivación de austeridad no se ajusta a las disposiciones correspondientes al desplazamiento presupuestal, en atención a que la obligación contraída se encuentra  perfeccionada. TAD-CUN-SIII-1987-2009

Una entidad pública debe indemnizar a un contratista, cuando terminar de manera anticipada el contrato, debido a que la ausencia de estudios previos por parte de la entidad hacían imposible la ejecución del contrato, en razón a que:

 

  • La inejecución del contrato no se originó por negligencia del contratista o por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, sino por la omisión de las normas legales por parte de los funcionarios de la entidad en la elaboración de los estudios previos, que hacían inviable la ejecución del objeto contractual.
  • Hay una inaceptable falta de planeación por parte de la entidad pública al suscribir un contrato con un objeto que la normatividad impedía cumplir. TAD-ANT-SIV-03832-2012

5.2. Circunstancias bajo las cuales se puede dar por terminado

 

Una entidad pública puede terminar de forma unilateral, antes del vencimiento del plazo contractual, un contrato estatal, sin vulnerar el principio de legalidad, siempre que:

  • Se reconozcan los perjuicios que esa terminación conlleva, cuando dicha terminación no obedeció a una causal o conducta imputable al contratista.
  • Dicha terminación debe proceder de una justificación legal o en respuesta a los fines de la contratación pública.
  • No se configure una atribución discrecional de la entidad contratante
  • Siempre que dé por alguna de las causales previstas por el legislador.
  • Respecto al contrato de prestación de servicios, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden pactar la terminación unilateral del contrato.
  • Un contrato no se realiza por el procedimiento previsto por la Ley. TAD-CUN-SIII-992067-2002 TAD-CUN-SIII-982814-2003

5.3. Incumplimiento mutuo

 

Una entidad pública no puede declarar la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios, aduciendo como motivo el incumplimiento del contratista, cuando la entidad tampoco cumplió con las obligaciones adquiridas durante la vigencia del contrato, sin incurrir en una falsa motivación, en razón a que:

  • En el presente caso se configura la excepción de contrato no cumplido, según la cual, el contratista no está obligado a cumplir sus obligaciones cuando su cocontratante incumplió las propias.
  • El incumplimiento del contratista también obedeció a las omisiones en la que incurrió la entidad. TAD-CUN-SIII-982373-2003.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

 

6.1. Diferencia entre solicitar la nulidad del acta de liquidación y la declaración de incumplimiento del contrato

 

Cuando el contratista no comparece a la liquidación o se niegue a suscribir el acta debe acudir ante la jurisdicción solicitando expresamente la nulidad de dicha acta y no el incumplimiento del contrato, en razón a que:

  • La lesión al contratista la produce dicho acto, por lo que para efectos del resarcimiento deberá pedir expresamente su nulidad y no que se declare el incumplimiento del contrato. No obstante, dicha petición no convierte esta acción en una de restablecimiento, porque su índole estrictamente contractual no se pierde con la existencia de la aludida resolución.
  • Al cuestionarse la operación administrativa de liquidación, cuya función primordial es la de efectuar un balance de las relaciones obligacionales de todo tipo, resulta impositivo solicitar la nulidad de dicho acto administrativo cuando éste sea consecuencia de la manifestación unilateral de la administración. Cosa distinta acontece cuando la administración se sustrae de la obligación contenida en la liquidación consensual, para lo cual es suficiente que el contratista alegue y demuestre tal incumplimiento para que prosperen sus pretensiones.
  • La liquidación unilateral es la situación jurídica consolida sobre el estado de la relación contractual. TAD-CUN-SIII-01093-2004

6.2. Si no se consignan salvedades en el acta de liquidación se pierde la facultad para presentar reclamación posterior

 

Una entidad pública no debe indemnizar a un contratista por incumplimiento de un contrato, cuando ya se ha consentido el acta de liquidación y no se estipularon salvedades, porque:  

  • En innumerables ocasiones, la jurisprudencia ha reiterado que el hecho de que las partes liquiden un contrato estatal con la voluntad de ambas, sin que se estipule objeción o salvedad alguna, da pie a la renuncia de la facultad para presentar reclamación posterior.
  • En el evento en que se desee solicitar la nulidad del acta de liquidación bilateral, se debe acreditar algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, tales como error, fuerza o dolo de quien la suscribió.
  • Una vez ejecutoriado el acto administrativo, goza de presunción de veracidad de hecho y derecho.
  • El acta de liquidación no permite al juez obrar sobre una relación contractual liquidada y en firme, pues goza de presunción de legalidad. TAD-CUN-SIII-0868-2004 TAD-VALLEC-1443-2003

6.3. Liquidación del contrato fuera del término contractual 

 

Una entidad estatal, mediante acto administrativo, puede liquidar unilateralmente un contrato estatal fuera del término estipulado contractualmente en razón a los  incumplimientos graves del contratista, sin vulnerar con ello el principio de legalidad, porque:

  • Los numerales 1 y 2 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, facultan a las entidades públicas contratantes para establecer si el contratista ha incumplido sus obligaciones, y en caso de incumplimiento, para hacer las gestiones necesarias para el cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
  • La entidad contratante puede establecer perfectamente el incumplimiento del contratista, cuando vencido el término de ejecución del mismo el contratista no ha realizado ninguna de las prestaciones a que se obligó. ###8157##

6.4. Liquidación del contrato sin que se haya declarado la caducidad

 

Una entidad pública puede declarar la liquidación unilateral de un contrato estatal sin que se hubiere efectuado la declaratoria de caducidad, porque:

  • De acuerdo a los numerales 1 y 2 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, las entidades públicas contratantes están facultadas para establecer si el contratista ha incumplido sus obligaciones, y en caso de incumplimiento, para hacer las gestiones necesarias para el cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
  • La entidad contratante puede establecer perfectamente el incumplimiento del contratista, cuando vencido el término de ejecución del contrato éste no ha realizado ninguna de las prestaciones a las que se obligó.
  • Aun cuando sea permitido o no la inclusión de la cláusula de caducidad de un contrato, en caso de incumplimiento grave del contrato por parte del contratista, la declamatoria de caducidad no es obligatoria para que la entidad pública contratante pueda declarar el incumplimiento contractual. Expresamente el artículo 18 de la ley 80 de 1993 señala que la entidad puede abstenerse de declarar la caducidad y tomar otras medidas que garanticen la ejecución del contrato, como sería la imposición de multas o hacer efectivas la cláusula penal o declarar el incumplimiento para hacer efectivas las garantías. TAD-CUN-SIII-0156-2005 TAD-CUN-SIII-2758-2005

6.5. Liquidación unilateral del contrato

 

Una entidad pública puede liquidar un contrato de manera unilateral argumentando el incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato. En efecto, la entidad contratante puede hacer uso de la competencia temporal para ejercer esta facultad, la cual puede ejercerse después del vencimiento del plazo contractual de ejecución, es decir, dentro de los límites temporales mediante un acta bilateral. TAD-CUN-SIII-12304-2003

 

6.5.1. Liquidación unilateral y anticipada

 

Una entidad pública puede liquidar de manera anticipada y unilateral un contrato de obra, sin violar el debido proceso, siempre que:

  • El acto mediante el cual se liquide el contrato se encuentra motivado y se fundamentado, por ejemplo, en los informes de interventoría.
  • Se reconozca al contratista el saldo adeudado.
  • Se cumplan estrictamente los parámetros fijados en el contrato. TAD-CUN-SIII-1090-2009

6.5.2. Cuando no se pacta el término para la liquidación

 

Una entidad estatal puede liquidar directa y unilateralmente un contrato, cuyo término de liquidación no es acordado, porque:

  • A falta de acuerdo entre las partes, el ente público contratante puede proceder a liquidar un contrato de forma unilateral, sin carecer de competencia temporal.
  • La administración cuenta con el plazo de 4 meses para proceder a liquidar un contrato, ya sea de común acuerdo con su contratista o unilateralmente a falta de acuerdo. TAD-CUN-SIII-992774-2003

6.6. Reliquidación del contrato

 

Una Entidad del Estado no puede hacer una segunda liquidación unilateral de un contrato, con el fin de condenar al contratista al pago de unos perjuicios ilegítimamente estimados, cuando éste ya se había liquidado bilateralmente, sin vulnerar el principio de trasparencia. En efecto, un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato no puede ser emitido por una Entidad del Estado, cuando ya existe una liquidación bilateral donde consta la satisfacción del cumplimiento de las obligaciones del contratista. TAD-CUN-SIII-1298-2004

 

Adicionalmente, una entidad pública tampoco puede impugnar el acta de recibo final de una obra de un contrato que ha sido liquidado previamente, cuya obra está en funcionamiento, porque:

  • Resultaría contraria al derecho, impugnar un el acta en la que consta la entrega y el recibo de una obra para la reliquidación del contrato.
  • No pueden existir dos actas de liquidación del mismo contrato, cuyos elementos sean recibidos y se realice el corte de cuentas y se liquide el contrato. TAD-CUN-SIII-992605-2003

7. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

 

7.1. Garantía única de cumplimiento

 

Una entidad pública puede ordenar hacer efectiva la garantía única de cumplimiento en razón al tiempo adicional invertido para la ejecución de un contrato de obra por causas imputables al interventor, sin vulnerar el principio de la autonomía de la voluntad, porque:  

  • La administración está facultada legalmente para declarar unilateralmente el siniestro cubierto por la garantía del contrato estatal.
  • La decisión adoptada por la entidad se hizo durante el término de vigencia de la póliza de cumplimiento. TAD-CUN-SIII-0034-2011

 

Una entidad pública puede declarar la ocurrencia del siniestro debido a la inestabilidad de la obra objeto del contrato y ordenar hacer efectiva la póliza por fallas no atribuibles al contratista, porque:

  • Con la expedición de la resolución la entidad contratante no desborda su competencia, ya que se limita a hacer una cuantificación de los daños que entendió sufridos con el acaecimiento del siniestro de inestabilidad de la obra contratada.
  • Aunque haya acta de recibo a conformidad de las obras, es procedente la declaratoria del siniestro de estabilidad. TAD-CUN-SIII-2446-2008

Una entidad pública puede exigir el cumplimiento de las obligaciones emanadas de una póliza de cumplimiento, cuando el contrato que dio origen a dicha póliza fue declarado nulo por objeto ilícito, en razón a que:

  • Del estatuto de contratación estatal se logra establecer que el contrato de seguro no forma parte de aquél que garantiza, así este le dé origen.
  • El contrato de seguro es autónomo del contrato declarado nulo. TAD-CUN-SIII-1133-2005

Una entidad estatal puede hacer efectiva la cláusula de garantía única, cuando el Tribunal de Arbitramento ya le impuso la multa a un contratista por incumplimiento del contrato, porque:

  • Es incuestionable que el incumplimiento del contrato se produjo, dando lugar a la imposición de las multas pactadas tal como lo determinó el Tribunal de Arbitramento convocado para tales efectos.
  • Es una providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada sin que ahora se pueda discutir su validez.
  • No puede considerarse que la actuación de la entidad al hacer efectiva la garantía es una violación a los principios de contratación, ya que dentro de los deberes estatales se encuentra el exigir tanto al contratista como a su garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
  • El estricto seguimiento del contrato incluye la obligación de adelantar las gestiones del caso para el reconocimiento y cobro de las garantías, de manera que lo reprochable sería que ante el incumplimiento constitutivo del siniestro se abstuviera de hacer efectivas las pólizas emitidas por la aseguradora y omitiera así el cumplimiento de su deber legal. TAD-CUN-SIII-02502-2004

7.2. Multas

 

Una entidad pública que ha celebrado un contrato estatal puede imponer mediante multas en razón del incumpliendo del contratista, sin vulnerar el principio de legalidad, porque:

  • Cuando dicha cláusula se encontraba estipulado en el contrato, la entidad contratante tiene competencia para dictar actos administrativos de sanción o imposición de multas al contratista.
  • El contrato es ley para las partes, razón por la cual el incumplimiento del contrato por parte del contratista torna relevante la multa en el sentido de instar al contratista a la prestación adecuadamente del servicio contratado.
  • Las entidades públicas en desarrollo y aplicación del principio de dirección del contrato, así como de los poderes exorbitantes que ostenta, tiene la potestad de imponer multas y sanciones a un contratista, con el objeto de cumplir los fines estatales
  • Es perfectamente lícito, y ello no comportaba ningún exceso, que las partes en el contrato y con miras a asegurar la cabal ejecución del mismo pacten dentro de sus cláusulas multas, en caso de inejecución o mora en el cumplimiento de una obligación, como una manera de conminar o apremiar al obligado. TAD-CUN-SIII-2380-2009 TAD-CUN-SIII-01394-2011 TAD-CUN-20011219-2002

Una entidad pública puede imponer multas a un contratista, siempre que:

  • Las prerrogativas o facultades exorbitantes tengan soporte en la Constitución o en la Ley.
  • No tengan origen en el acuerdo de voluntades, pues este tipo cláusulas en el contrato resultan ilícitas y, consecuentemente, son nulas de acuerdo al artículo 44 de la Ley 80 de 1993. TAD-CUN-SIII-96D12755-2001

Una entidad pública no puede imponer una multa por el retardo en la entrega de las obligaciones de un contrato, después de haberse cumplido la totalidad de las obligaciones por parte del contratista, sin incurrir en la pérdida de la competencia ratio temporis, porque:

  • La Administración puede imponer sanciones con el fin de inducir el cumplimiento del contrato, siempre y cuando la obligación incumplida no haya sido satisfecha en su totalidad.
  • El poder de la Administración para imponer multas tiene un límite temporal; mientras el contrato esté vigente y se pueda constreñir al contratista a cumplir con su obligación. En caso contrario la Administración pierde la competencia para imponer sanciones. TAD-CUN-SIII-1613-2004

7.3. Multas en la etapa pos contractual del contrato

 

Una entidad pública que celebra contrato de prestación de servicios puede interponer multas en la etapa de liquidación del contrato, cuando pactaron cláusulas de incumplimiento que conlleva a la imposición de multas, sin perder la competencia ratio temporis, en razón a que:

  • La etapa de liquidación está comprendida dentro de la vigencia del contrato.
  • La entidad pública puede declarar el incumplimiento del contratista así haya expirado el plazo de ejecución del contrato, como medida orientada a hacer efectiva la cláusula sancionatoria cuando el contratista no hubiere ejecutado la totalidad de las obligaciones a su cargo.
  • Vencido el plazo del contrato es cuando la administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio. TAD-CUN-SIII-1119-2005

Una entidad pública puede imponer una multa después de transcurrido el término de duración del contrato, es decir, la entrega de la obra/servicio, porque: 

  • La etapa final del contrato no es la entrega de la obra sino la celebración del acta de liquidación, por lo que el plazo para imponer multas es hasta ese último momento.
  • Es precisamente el vencimiento del plazo el que pone en evidencia el incumplimiento del contratista, y es a partir de ese momento en el que la entidad estatal debe calificar la actuación del contratista frente a sus obligaciones.
  • Las entidades públicas puede declarar el incumplimiento e imponer sanciones después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acta de liquidación misma, pero no después de la expedición de la misma. 8170

8. DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO

 

Una entidad pública no pude expedir resolución administrativa mediante la cual declara la caducidad de un contrato de prestación de servicios omitiendo llamar al contratista para que aclare las razones por la cuales no se presentó a su lugar de trabajo, sin vulnerar el derecho al debido proceso, en razón a que:

  • No es suficiente para la administración fundamente en debida forma, comunique y permita la contradicción de sus decisiones, sino que es necesario que antes dictar sus actos escuche al contratista en la exposición de motivos del posible incumplimiento en la razón contratada.
  • Las autoridades están obligadas por virtud de la constitución a garantizar a los administrados el debido proceso, no sólo en las actuaciones posteriores a la expedición del acto sino antes de que éste se produzca.
  • Para que la administración pueda imponer al contratista la caducidad administrativa del contrato estatal, dicho incumplimiento debe ser calificado como grave y afectar de manera directa la ejecución del contrato.  8152

Una entidad pública puede mediante acto administrativo motivo declarar la caducidad anticipada de un contrato estatal de suministro celebrado con un particular ante el constante incumpliendo de las obligaciones de éste, sin vulnerar el principio de legalidad, siempre que:

  • La entidad pública antes de decretar la caducidad haya dirigido su actuación a establecer cuáles son las obligaciones incumplidas a cargo del contratista.
  • Se dé a conocer al contratista las obligaciones incumplidas para que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.
  • El acto sancionador obedezca las formalidades y ritualidades propias que preceden al acto administrativo, como es el acatamiento de la administración de normas supralegales y legales. TAD-CUN-SIII-991993-2002

8.1. Revocación de la caducidad

 

Una entidad pública y un contratista pueden mediante un acuerdo de conciliación, revocar una resolución de caducidad y, por ende, las sanciones previstas ante un incumplimiento contractual, porque:

  • De acuerdo al parágrafo del artículo 68 de la ley 80 de 1993, los actos administrativos contractuales, inclusive el que declara la caducidad de un contrato, pueden ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no se haya dictado sentencia ejecutoriada.
  • La viabilidad de revocar un acto administrativo contractual de caducidad, por las causales previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, es una atribución que la ley confiere a las autoridades administrativas, por lo que, por regla general, no compete al juez administrativo analizar las razones de mérito que haya tenido la Administración para revocar dicho acto administrativo y luego reanudar el contrato caducado.
  • La competencia sobre los asuntos conciliatorios es de competencia exclusiva de las partes, razón por la cual una entidad puede reconsiderar la caducidad ante una sanción muy severa para lo pactado o justificar la reanudación del contrato por interés público.
  • Si la entidad pública impuso la caducidad por resolución motivada, esta misma autoridad conserva la facultad de revocarla posteriormente, mediante la expedición de otra resolución motivada. TAD-CUN-SIII-01216-2004

9. REGLAS ESPECÍFICAS APLICABLES A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

 

Una entidad del Estado no puede, mediante un convenio interadministrativo, ceder el pago de mesadas pensionales de los servidores públicos, sin suministrar recursos para la realización de la actividad delegada, porque:  

  • Cuando en un convenio interadministrativo se ceden funciones entre entidades lo que en realidad existe es un traslado o delegación de funciones. Si tal delegación nace de la ley, como en éste caso, no hay duda de la obligación de la entidad delegante en facilitar los recursos necesarios.
  • La obligación de las entidades estatales implica no sólo la legitimidad del actuar de la entidad a la que fueron cedidas las funciones, sino la implementación de todos los trámites necesarios para llevar a cabo las actividades delegadas, incluidos los recursos que sean imprescindibles. 8160

Unas entidades públicas, que celebraron entre ellas un contrato interadministrativo para la compraventa de servicios de salud, pueden establecer que además de las tarifas de clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario previstas en el Decreto 2423 de 1996 también se tendrán en cuenta las integradas a uno de los anexos del contrato, sin que con ellos se desconozca el régimen de tarifas ya previsto en el Decreto y se genere un vicio de nulidad por incompetencia, porque:

  • El incumplimiento de las tarifas expedidas por el Gobierno Nacional no constituye causal de nulidad de un acto administrativo, aun cuando corresponda a una actividad reglamentada que elimina toda posibilidad de ser regulado por las partes.
  • El desconocimiento de tarifas nacionales no implica la nulidad de todo un acto administrativo sino tan solo de la cláusula correspondiente al incumplimiento, es decir, nulidad parcial por contrariar el ordenamiento jurídico.
  • El anexo del contrato no implica el ejercicio o la atribución de competencias en materia de tarifas. Por el contrario en forma expresa se señala el reconocimiento de las tarifas establecidas en el decreto 2423 de 1996.
  • Esta forma de contratar no conlleva al desconocimiento del régimen de tarifas. Y así se demostrara un posible desconocimiento, ello no conllevaría tampoco a la nulidad absoluta del contrato, sino que se deben realizar las acciones tendientes a reajustar los valores con base en la normativa que tiene el carácter de obligatorios. TAD-CUN-SIII-01293-2004

 

 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Sintesis: Tribunales administrativos
Síntesis
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
Fichas
Identificadores
  • Función pública
  • Contratista
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Restitución de inmueble arrendado
  • Vencimiento de términos
  • Entidades estatales
  • Contrato de arrendamiento
  • Función pública
  • Contratista
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Restitución de inmueble arrendado
  • Vencimiento de términos
  • Entidades estatales
  • Contrato de arrendamiento
  • Identificadores
  • Caducidad de la acción
  • Contratación estatal
  • Clara Inés Vargas Hernández
  • Procuraduría General de la Nación
  • Etapa postcontractual
  • Acción de controversias contractuales
  • Caducidad de la acción
  • Contratación estatal
  • Clara Inés Vargas Hernández
  • Procuraduría General de la Nación
  • Etapa postcontractual
  • Acción de controversias contractuales
  • Identificadores
  • Subcontratación
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Interventoría
  • Perjuicios
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Obra pública
  • Subcontratación
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Interventoría
  • Perjuicios
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Obra pública
  • Identificadores
  • Oferta
  • Principio de selección objetiva
  • Contratación estatal
  • Igualdad
  • Pliego de condiciones
  • Proponente
  • Etapa precontractual
  • Propuesta alternativa
  • Oferta
  • Principio de selección objetiva
  • Contratación estatal
  • Igualdad
  • Pliego de condiciones
  • Proponente
  • Etapa precontractual
  • Propuesta alternativa
  • Identificadores
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
  • Contratación estatal
  • Personalidad jurídica
  • Licitación pública
  • Etapa contractual
  • Capacidad
  • Consorcio
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
  • Contratación estatal
  • Personalidad jurídica
  • Licitación pública
  • Etapa contractual
  • Capacidad
  • Consorcio
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Pliego de condiciones
  • Puntaje
  • Adjudicación del contrato
  • Principios de la contratación pública
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Pliego de condiciones
  • Puntaje
  • Adjudicación del contrato
  • Principios de la contratación pública
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Identificadores
  • Principio de selección objetiva
  • Restitución de inmueble arrendado
  • Prórroga del contrato
  • Bienes de uso público
  • Contrato de arrendamiento
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Restitución de inmueble arrendado
  • Prórroga del contrato
  • Bienes de uso público
  • Contrato de arrendamiento
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Identificadores
  • Honorarios
  • Contratación estatal
  • Supervisión
  • Obligaciones contractuales
  • Contrato de prestación de servicios
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Honorarios
  • Contratación estatal
  • Supervisión
  • Obligaciones contractuales
  • Contrato de prestación de servicios
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Identificadores
  • Bien inmueble
  • Terminación unilateral
  • Terminación anticipada del contrato
  • Incumplimiento
  • Impuesto
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Bien inmueble
  • Terminación unilateral
  • Terminación anticipada del contrato
  • Incumplimiento
  • Impuesto
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Identificadores
  • Interventoría
  • Caducidad
  • Incumplimiento
  • Liquidación
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Interventoría
  • Caducidad
  • Incumplimiento
  • Liquidación
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Precio
  • Incumplimiento
  • Honorarios
  • Etapa contractual
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Precio
  • Incumplimiento
  • Honorarios
  • Etapa contractual
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa postcontractual
  • Liquidación
  • Plazo
  • Contrato de prestación de servicios
  • Terminación del contrato
  • Sanciones
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Liquidación
  • Plazo
  • Contrato de prestación de servicios
  • Terminación del contrato
  • Sanciones
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Contrato de suministro
  • Principio de selección objetiva
  • Oferta
  • Puntaje
  • Pliego de condiciones
  • Proponente
  • Licitación pública
  • Subsanación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Contrato de suministro
  • Principio de selección objetiva
  • Oferta
  • Puntaje
  • Pliego de condiciones
  • Proponente
  • Licitación pública
  • Subsanación
  • Etapa precontractual
  • Identificadores
  • Legalidad
  • Contratación estatal
  • Legitimación activa
  • Ejecución del contrato
  • Liquidación
  • Acción de controversias contractuales
  • Obligaciones contractuales
  • Etapa contractual
  • Obligaciones aseguradas con la póliza
  • Legalidad
  • Contratación estatal
  • Legitimación activa
  • Ejecución del contrato
  • Liquidación
  • Acción de controversias contractuales
  • Obligaciones contractuales
  • Etapa contractual
  • Obligaciones aseguradas con la póliza
  • Identificadores
  • Bien inmueble
  • Contratación estatal
  • Contrato de compraventa
  • Etapa contractual
  • Ejecución del contrato
  • Objeto contractual
  • CE SIII E 18293 DE 2011
  • Bien inmueble
  • Contratación estatal
  • Contrato de compraventa
  • Etapa contractual
  • Ejecución del contrato
  • Objeto contractual
  • CE SIII E 18293 DE 2011
  • Identificadores
  • Entidades estatales
  • Póliza
  • Pliego de condiciones
  • Etapa contractual
  • Contrato de seguro
  • Impuesto
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Póliza
  • Pliego de condiciones
  • Etapa contractual
  • Contrato de seguro
  • Impuesto
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Rechazo de la oferta
  • Calificación de proponentes
  • Oferta
  • Principio de selección objetiva
  • Requisito
  • Pliego de condiciones
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Rechazo de la oferta
  • Calificación de proponentes
  • Oferta
  • Principio de selección objetiva
  • Requisito
  • Pliego de condiciones
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Contrato de prestación de servicios
  • Legalidad
  • Ejecución del contrato
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Acción de controversias contractuales
  • Contrato de prestación de servicios
  • Legalidad
  • Ejecución del contrato
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Acción de controversias contractuales
  • Identificadores
  • Consultoría
  • Ecuación contractual
  • Contrato conmutativo
  • Entidades estatales
  • Equilibrio económico
  • Sobrecostos
  • Suspensión del contrato
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Consultoría
  • Ecuación contractual
  • Contrato conmutativo
  • Entidades estatales
  • Equilibrio económico
  • Sobrecostos
  • Suspensión del contrato
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Acción de reparación directa
  • Reparación del daño
  • Contrato de arrendamiento
  • Objeto ilícito
  • Nulidad
  • Contratación estatal
  • Bienes de uso público
  • Etapa contractual
  • Etapa postcontractual
  • Reparación
  • Caducidad
  • Acción de reparación directa
  • Reparación del daño
  • Contrato de arrendamiento
  • Objeto ilícito
  • Nulidad
  • Contratación estatal
  • Bienes de uso público
  • Etapa contractual
  • Etapa postcontractual
  • Reparación
  • Caducidad
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Interventoría
  • Equilibrio económico
  • Ejecución del contrato
  • Aplicación de la ley en el tiempo
  • Ecuación contractual
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Interventoría
  • Equilibrio económico
  • Ejecución del contrato
  • Aplicación de la ley en el tiempo
  • Ecuación contractual
  • Identificadores
  • Título ejecutivo
  • Acción ejecutiva
  • Contratación estatal
  • Acta de liquidación
  • Proceso ejecutivo
  • Etapa postcontractual
  • Contrato de obra pública
  • Buena fe
  • Título ejecutivo
  • Acción ejecutiva
  • Contratación estatal
  • Acta de liquidación
  • Proceso ejecutivo
  • Etapa postcontractual
  • Contrato de obra pública
  • Buena fe
  • Identificadores
  • Formalidad del contrato
  • Contrato de depósito
  • Pago
  • Acción de reparación directa
  • Etapa postcontractual
  • Caducidad
  • Enriquecimiento sin causa
  • Contratación estatal
  • Formalidad del contrato
  • Contrato de depósito
  • Pago
  • Acción de reparación directa
  • Etapa postcontractual
  • Caducidad
  • Enriquecimiento sin causa
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Interventoría
  • Falla en el servicio
  • Bien inmueble
  • Ejecución del contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Interventoría
  • Falla en el servicio
  • Bien inmueble
  • Ejecución del contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Identificadores
  • Pago
  • Contrato de prestación de servicios
  • Incumplimiento
  • Buena fe
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Pago
  • Contrato de prestación de servicios
  • Incumplimiento
  • Buena fe
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Registro presupuestal
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Contrato de prestación de servicios
  • Acción de controversias contractuales
  • Terminación unilateral
  • Presupuesto de la entidad
  • Etapa contractual
  • Registro presupuestal
  • Contratación estatal
  • Perfeccionamiento del contrato
  • Contrato de prestación de servicios
  • Acción de controversias contractuales
  • Terminación unilateral
  • Presupuesto de la entidad
  • Identificadores
  • Garantía única de cumplimiento
  • Interventoría
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Autonomía
  • Póliza
  • Plazo
  • Incumplimiento
  • Declaración de ocurrencia del siniestro
  • Garantía única de cumplimiento
  • Interventoría
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Autonomía
  • Póliza
  • Plazo
  • Incumplimiento
  • Declaración de ocurrencia del siniestro
  • Identificadores
  • Unión temporal
  • Sanciones contractuales
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Contrato de prestación de servicios
  • Legalidad
  • Unión temporal
  • Sanciones contractuales
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Contrato de prestación de servicios
  • Legalidad
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Libertad económica
  • Contrato interadministrativo
  • Régimen especial
  • Acción popular
  • Interés general
  • Etapa precontractual
  • Empresas industriales y comerciales del Estado
  • Libre competencia
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Libertad económica
  • Contrato interadministrativo
  • Régimen especial
  • Acción popular
  • Interés general
  • Etapa precontractual
  • Empresas industriales y comerciales del Estado
  • Libre competencia
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Adjudicación del contrato
  • Oferta
  • Contratista
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Adjudicación del contrato
  • Oferta
  • Contratista
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Pliego de condiciones
  • Calificación de proponentes
  • Principio de selección objetiva
  • Puntaje
  • Principios
  • Contratación estatal
  • Contratista
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Pliego de condiciones
  • Calificación de proponentes
  • Principio de selección objetiva
  • Puntaje
  • Principios
  • Contratación estatal
  • Contratista
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Bien inmueble
  • Tenencia de bienes
  • Contrato de arrendamiento
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Bien inmueble
  • Tenencia de bienes
  • Contrato de arrendamiento
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Identificadores
  • Incumplimiento
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Equilibrio económico
  • Contrato de obra pública
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Incumplimiento
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Equilibrio económico
  • Contrato de obra pública
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Fuerza mayor y caso fortuito
  • Multas
  • Legalidad
  • Obligaciones contractuales
  • Incumplimiento
  • Mora
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Fuerza mayor y caso fortuito
  • Multas
  • Legalidad
  • Obligaciones contractuales
  • Incumplimiento
  • Mora
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Principio de selección objetiva
  • Pliego de condiciones
  • Adjudicación del contrato
  • Contratación estatal
  • Nulidad del contrato
  • Capacidad de contratación
  • Etapa precontractual
  • Principio de selección objetiva
  • Pliego de condiciones
  • Adjudicación del contrato
  • Contratación estatal
  • Nulidad del contrato
  • Capacidad de contratación
  • Identificadores
  • Prórroga del contrato
  • Restitución de inmueble arrendado
  • Contrato de arrendamiento
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Prórroga del contrato
  • Restitución de inmueble arrendado
  • Contrato de arrendamiento
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Plazo
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
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  • Ley 80 de 1993
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  • Carlos Eduardo Naranjo Florez / Jaime Ossa Arbelaez /Jorge Arango Mejía
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  • Contrato de concesión
  • Etapa contractual
  • Ley
  • Carlos Eduardo Naranjo Florez / Jaime Ossa Arbelaez /Jorge Arango Mejía
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  • Proceso ejecutivo
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  • Etapa precontractual
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  • Debido proceso
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  • Celebración de contrato
  • Etapa precontractual
  • Nulidad
  • Concurso de méritos
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  • Buena fe
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  • Etapa postcontractual
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  • Modificaciones
  • Abuso de la posición dominante
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  • Etapa contractual
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  • Principios
  • Igualdad
  • Caducidad del contrato
  • Empresas de servicios públicos
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  • Principios
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  • Indemnización
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  • Principio de planeación
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  • Silencio administrativo
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  • Etapa contractual
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Actos administrativos
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