A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Las diferencias que se puedan suscitar frente al cumplimiento de las obligaciones en un contrato, no pueden viciar en principio y por sí solas el consentimiento en otro negocio jurídico que celebren las mismas partes

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 23605 DE 2012

Identificadores

Etapa postcontractual
Terminación del contrato por mutuo acuerdo
Fuerza
Dolo
Error
Nulidad
Consentimiento
Vicio
Incumplimiento
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal
Etapa postcontractual
Terminación del contrato por mutuo acuerdo
Fuerza
Dolo
Error
Nulidad
Consentimiento
Vicio
Incumplimiento
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 23605 DE 2012

Caso

SOCIEDAD ESCOBITAS LTDA. VS. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

Hechos relevantes

El 1 de enero de 1997, el Municipio de Magangué y Escobitas Ltda suscribieron el contrato que denominaron “Contrato de obra pública” que tenía como objeto la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el municipio.   En el desarrollo del contrato, la Secretaría de Salud recibió varias quejas de la comunidad donde se prestaba el servicio y de los trabajadores contratados por el contratista y omisión a los informes de inteventoría, las cuales fueron trasmitidas a éste verbalmente y mediante oficio, y que se resumen así: i) incumplimiento en la ejecución técnica del contrato (según propuesta); ii) los aspectos administrativo y financiero; iii) en la entrega de los informes mensuales establecidos; iv) en el pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores a su cargo: V) en la ejecución de las campañas educativas a la comunidad; vi) en la adecuación y mantenimiento de las instalaciones locativas, oficinas y equipos; vii) en las recomendaciones hechas por la interventoría por solicitud de la alcaldía municipal; viii) en el mantenimiento de equipos entregados por el municipio; ix) fallas en la regularidad de horarios y calidad del servicio por cese de actividades; x) incumplimiento en la construcción y operación del relleno sanitario y la disposición final de basuras. Debido a esto, la administración suspendió el contrato.   La sociedad contratista dio respuesta al municipio del oficio anterior, en el que negó haber recibido con anterioridad y conocer los informes de interventoría trasladados, pero aseveró en relación con los incumplimientos sobre los que versan los mismos que estaban sujetos a que la alcaldía municipal cumpliera con la entrega del otro vehículo recolector de basuras y otras obligaciones contenidas en el contrato.     Las anteriores diferencias y dificultades condujeron a que el 28 de febrero de 1998, el representante legal de Escobitas Ltda., Rafael González Pupo, su apoderado judicial, Heriberto Solas Arrieta, y el secretario jurídico de la Alcaldía del municipio de Magangué, José Eduardo Prieto Rodríguez, suscribieran un acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato celebrado para la prestación del servicio de recolección domiciliaria, transporte y disposición final de residuos.   Una vez suscritas dos actas, con fechas 28 febrero y 3 de marzo de 1998, que contienen esa decisión de terminación por mutuo acuerdo, la contratista alegó la invalidez de las mismas, pues, a su juicio, el representante legal concurrió a su celebración mediando un vicio del consentimiento (fuerza), que acarrea su nulidad, así como irregularidades en el trámite llevado a cabo para su firma, derivadas de presiones manifestadas en incumplimientos del municipio (retiro de vehículos y herramientas, falta de pago de las cuentas), vías de hecho, desviación de poder y otras arbitrariedades. La fuerza que aduce la sociedad contratista que vició su consentimiento, consistió en concreto en el retiro de los vehículos y herramientas asignados a la ejecución del contrato y a la falta oportuna del pago de las cuentas, circunstancias configurativas de vías de hecho, desviación de poder y arbitrariedad.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad territorial dar paso al aniquilamiento del acta de terminación del contrato que fue firmada por las partes, cuando el contratista aduce que concurrió a la terminación de mutuo acuerdo mediando un vicio del consentimiento (fuerza), debido a las diversas acciones y omisiones presión y persecución que desató la entidad, consistentes en el retiro de los vehículos y herramientas asignados para la ejecución del contrato y a la falta oportuna del pago de las cuentas?

Regla ampliada

Causas de terminación del contrato estatal. «(…)los contratos pueden terminarse de forma normal o anormal debido a diversas causas saber: (i) por mutuo consentimiento, denominada también resciliación o mutuo disenso (art. 1602 C.C.); (ii) por causas atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del contratista (exceptio non ademplenti contractus, art. 1609 C.C.), o incumplimiento grave del contratista que implica su caducidad (art. 18 de la Ley 80 de 1993); (iii) por causas legales o contractuales: muerte del contratista, resolución, extinción del plazo, nulidad del contrato (absoluta o relativa, art. 44 Ley 80 de 1993), o terminación unilateral (en los casos del art. 17 Ley 80 de 1993 o por los vicios recogidos en el art. 45 ibídem)[1].(…)» 

 

Partes en los contratos de prestación de servicios pueden dar por terminado el contrato estatal de mutuo acuerdo sin que el contrato se haya ejecutado.  «(…)“el derecho público impone que los contratos de la administración como en general todos los contratos se celebran con el propósito de cumplirse, de ejecutarse con el cabal y oportuno cumplimiento de las prestaciones a las que tanto la administración como el contratista particular se comprometieron al celebrarlo; pero ello no impide que cuando surjan circunstancias que tornen imposible su ejecución, las partes determinen poner fin a la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado.”[2](…)» 

 

Fuerza o violencia como vicio del consentimiento. «(…)En efecto, doctrina y jurisprudencia han entendido por fuerza o violencia aquella injusta presión o coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a prestar su consentimiento en la celebración de un acto o negocio jurídico[3], vicio que tiene por efecto su nulidad (arts. 1504, 1741, 1743, 1750 C.C.), en tanto el orden jurídico privilegia la libertad negocial y la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación y disposición de sus intereses.

(….)

La fuerza o violencia física, consiste en toda coacción sobre la integridad y libertad material de la persona de la víctima, como pueden ser los maltratos, las torturas y el secuestro[5] (…)» 

 

Elementos objetivo y subjetivo  de la fuerza como vicio del consentimiento. «(…)son dos los elementos que se consagran en la norma para determinar la fuerza: el primero, de carácter objetivo del tipo abstracto del hombre sano de juicio que víctima del miedo cede su consentimiento en un contrato; y el segundo, de carácter subjetivo, según el cual debe examinarse para ello su edad, sexo y condición, y en ésta última acepción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la experiencia o inexperiencia, ignorancia o conocimiento, dependencia, debilidad mental, necesidad o ligereza en la situación, que le infunden un temor justo de sufrir un mal irreparable en su persona o en sus bienes o en los de sus parientes o en las personas que le son más próximas. Sin que pueda confundirse la fuerza con el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, el cual no basta para viciar el consentimiento. (…)»   


[1] Se aplica también en este ámbito el Código Civil que establece en el artículo 1625 los modos de extinción de las obligaciones: “Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: / 1o.) Por la solución o pago efectivo. /2o.) Por la novación./ 3o.) Por la transacción. / 4o.) Por la remisión. / 5o.) Por la compensación. / 6o.) Por la confusión./ 7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe. / 8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión. / 9o.) Por el evento de la condición resolutoria. / 10.) Por la prescripción”.

 

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de noviembre de 1999, exp. 10.781, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

 

[3] Cfr. Ospina, Fernández, Guillermo, Ospina Acosta, Eduardo, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, Ed. Temis, Bogotá, 2005, pág. 212. Hinestrosa, Fernando, Curso de Obligaciones (Conferencias), segunda edición, 1961, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 147. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de abril de 1969.

 

[4] Ídem.

 

[5] Cfr. Ospina, Fernández, Guillermo, Ospina Acosta, Eduardo, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, Ed. Temis, Bogotá, 2005, pág. 212. 

Razones de la decisión

«(...) 47. Sea lo que fuere, advierte la Sala que ni los documentos, ni los testimonios practicados en el proceso dan cuenta del vicio de fuerza o violencia que dice la sociedad Escobitas Ltda. que llevó a su representante legal a negociar y suscribir el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, producto de la presión e intimidación de las circunstancias propias de un estado de penuria o precariedad o urgencia económica extrema[2] -que insinúa con el argumento de una supuesta mora del municipio en los pagos y en los procesos ejecutivos contra ella promovidos por sus trabajadores para el recaudo de deudas laborales conciliadas, deudas bajo su exclusiva responsabilidad de acuerdo con la cláusula octava, letra c)- o de agresión o presión física o moral ejercida por agentes del ente municipal, con el fin de provocarle un temor de experimentar un mal inminente y grave. (…) 49. Además, para que las circunstancias esgrimidas por el libelista configuren un vicio de fuerza que anule el negocio jurídico, es necesario que sean de tal intensidad que conduzcan a la merma de la libertad de la parte que la soporta, en cuanto le provocan un temor de sufrir un mal grave e irreparable que no le deja otra alternativa u opción razonable para evitarlo que celebrar el negocio jurídico. Y, usualmente, cuando se presenta un incumplimiento contractual, como lo esgrime la actora, sea por la falta de ejecución por una de las partes de sus obligaciones, o la ejecución tardía o defectuosa de las mismas, no es una vicisitud de la relación obligatoria que se estudie a la luz de los vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo) y de la nulidad que éstos generan, sino en el escenario del régimen de responsabilidad que la misma conlleva para exigir el derecho a su cumplimiento sea a través de la conminación directa o extrajudicial para provocar en forma espontánea la solución por el deudor, ora mediante la ejecución forzada por las vías judiciales.
50. De ahí que, las diferencias que se puedan suscitar a propósito del cumplimiento de las obligaciones en un contrato, no pueden viciar en principio y por sí solas el consentimiento en otro negocio jurídico que celebren las mismas partes, sino que deberán estar acompañadas de otro tipo de supuestos que permitan configurar tal irregularidad en la expresión de la voluntad, porque como fuente de obligaciones que es el contrato y, por ende, al constituir un vínculo jurídico, es de derecho que cualquiera de sus partes pueda exigir, presionar, perseguir o demandar de la otra determinada conducta o comportamiento (prestación de dar, hacer o no hacer) ajustado a su tenor, y aún contra su voluntad, en el entendido de que se encuentra autorizado para ello y que hace parte del desenvolvimiento de la relación negocial y del régimen de responsabilidad que reconoce y patrocina el orden jurídico. Esto significa que los actos de cumplimiento o incumplimiento del débito contractual por las partes, su exigencia o las controversias que se presenten con ocasión al desarrollo de la relación obligacional no son por definición y, por lo ordinario, constitutivos de fuerza o violencia que puedan restringir o mermar de manera injusta e ilegítima la libertad para expresar el consentimiento en la celebración de un acto bilateral de terminación del contrato.
51. Así las cosas, los hechos señalados por la sociedad actora, no probados por lo demás, por sí solos no pueden ser considerados como mecanismos de presión, amenaza o intimidación que se subsuman en la noción de fuerza o violencia, y que, por ende, hayan impulsado a su representante legal a convenir contra su voluntad la terminación lograda con el municipio de Magangué, toda vez que la fuerza para que vicie el consentimiento debe ser injusta y de tal intensidad y grado que coarte la libertad de elección de celebrar la convención o el riesgo de sufrir un mal grave e irreparable, inclinando en forma determinante su decisión hacia la primera, situación no acreditada en el sub lite. (…) 54. Por otro lado, insistió la sociedad actora, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, que las actas de terminación del contrato se elaboraron con violación a la ley y al debido proceso, ya que no están motivadas y contienen una desviación o abuso de poder[3], argumento que no resulta de recibo, pues el hecho de que la administración y el contratista hayan suscrito de mutuo acuerdo las actas de terminación del contrato, no fue más que la manera de romper de manera anticipada y dejar sin efectos el vínculo contractual que tenían ante las diferencias que en la ejecución del mismo se venían presentando y que ponían en peligro la continuación y prestación del servicio a que hacía referencia el contrato. (...)»  
[1] Vid. Betti, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, traducción al español por A. Martín Pérez, Granada, Editorial Comanares, 2000, pág. 397 y ss.  

[2] “Al no existir otras pruebas de naturaleza como aquéllas que comprende la legislación comercial, tales como el proceso concursal o la quiebra misma, el fallador no podrá atender la exigua perspectiva del demandante en torno al tema de la evidente quiebra en la que apoya su pretensión de nulidad bajo el rodaje de los que se conoce como un estado de necesidad que hizo alterar su consentimiento. Lo hasta aquí expresado equivale a sentencia que parte alguna se probó la “evidente quiebra del actor anunciada con un mal futuro e irreparable”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 1996, exp. 9476, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.   [3] Cuando en la celebración de los contratos se desconocen los fines que deben inspirarla, entre ellos, el interés general, se incurre en desviación o abuso de poder, que es causal de nulidad absoluta de los contratos, de conformidad con el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

Regla

Una entidad territorial no debe dar paso al aniquilamiento del acta de terminación del contrato que fue firmada por las partes, cuando el contratista aduce que concurrió a la terminación de mutuo acuerdo mediando un vicio del consentimiento (fuerza), debido a las diversas presiones y persecuciones que desató la entidad, consistentes en el retiro de los vehículos y herramientas asignados para la ejecución del contrato y a la falta oportuna del pago de las cuentas, porque: 
  1. Para que las circunstancias expuestas configuren un vicio de fuerza que anule el negocio jurídico, es necesario que sean de tal intensidad que conduzcan a la merma de la libertad de la parte que la soporta, en cuanto le provocan un temor de sufrir un mal grave e irreparable que no le deja otra alternativa u opción razonable para evitarlo que celebrar el negocio jurídico.
  2. Cuando se presenta un incumplimiento contractual sea por la falta de ejecución por una de las partes de sus obligaciones, o la ejecución tardía o defectuosa de las mismas, no es una vicisitud de la relación obligatoria que se estudie a la luz de los vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo) y de la nulidad que éstos generan, sino en el escenario del régimen de responsabilidad contractual.  
  3. Las diferencias que se puedan suscitar frente al cumplimiento de las obligaciones en un contrato, no pueden viciar en principio y por sí solas el consentimiento en otro negocio jurídico que celebren las mismas partes, sino que deberán estar acompañadas de otro tipo de supuestos que permitan configurar tal irregularidad en la expresión de la voluntad, dado que como fuente de obligaciones que es el contrato y, por ende, al constituir un vínculo jurídico, es de derecho que cualquiera de sus partes pueda exigir, presionar, perseguir o demandar de la otra determinada conducta o comportamiento (prestación de dar, hacer o no hacer) ajustado a su tenor, y aún contra su voluntad. 
  4. Ni los documentos, ni los testimonios practicados en el proceso dan cuenta del vicio de fuerza o violencia que dice la sociedad contratista lo llevó a su a suscribir el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, producto de la presión e intimidación de las circunstancias propias de un estado de penuria o precariedad o urgencia económica extrema o de agresión o presión física o moral ejercida por agentes del ente territorial, con el fin de provocarle un temor de experimentar un mal inminente y grave.

Decisión

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 6 de mayo de 2002, por el Tribunal Administrativo de Bolívar.   SEGUNDO: DEVUÉLVASE, en firme este proveído, el expediente al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 18169 DE 2011 CE SIII E 10781 DE 1999

Marco jurídico

Ley 80 de 1993, Artículo 13

Conceptualizaciones

Terminación del contrato por mutuo acuerdo. «(...)mutuo disenso’, ‘resciliación’ o ‘distracto contractual’, es la prerrogativa que asiste a las partes, fundada en la autonomía de la voluntad, para deshacer y desligarse del contrato entre ellas celebrado. Fundados en el mismo principio, pueden mutuamente extinguir sus obligaciones, tal como lo enseña el primer inciso del artículo 1625 del Código Civil, en cuanto dice que ‘toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula’”[1].(...)»   Validez. «(...) La validez indica la regularidad del contrato, o sea, que existiendo responde a las prescripciones legales y su inobservancia conduce a la nulidad del contrato. Dentro de los requisitos de validez establecidos en el ordenamiento jurídico, se encuentra la capacidad de las partes para obrar; el objeto lícito, la causa lícita y el consentimiento exento de vicios (art. 1502 C.C). (...)»   Consentimiento. «(...) El consentimiento hace referencia a la exteriorización de la voluntad de una persona para aceptar derechos y obligaciones, en el marco de la autonomía privada. Significa la manifestación o declaración de voluntad, expresa o tácita, ya sea en forma verbal o escrita, por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Es la exteriorización de una conducta, por acción u omisión, en la que una parte acepta y otorga su conformidad sobre el contenido del contrato  o negocio jurídico celebrado con otra, que a la vez emite en forma coincidente su asentimiento o aquiescencia en torno al mismo. El consentimiento debe ser libre, sano, lo que significa que debe estar exento de vicios, como son el error, la fuerza y el dolo (art. 1508 C.C.). (...)»   Error. «(...) El error es una discordancia entre la realidad y lo que una de las partes cree sobre la identidad de las cosas, las calidades esenciales o accidentales de ellas, la naturaleza del negocio que se celebra, o la persona con quien se celebra (arts. 1509, 1510, 1511 inc. 1 y 2, 1512 y 1524 C.C.). El dolo es una maquinación fraudulenta o engañosa o artificio para conseguir el consentimiento de una persona en la realización de un contrato y vicia el consentimiento cuando aparezca claramente que sin él no se hubiera contratado (art.1515 C.C.). (...)»   Fuerza. «(...) La fuerza (vis) consiste en la presión física o moral que se ejerce sobre una persona con el fin de lograr la celebración del contrato, y para que vicie el consentimiento debe ser injusta, grave, determinante; debe producir una impresión fuerte a una persona en sano juicio, según las consideraciones de sexo, edad y condición (temor: metus). En efecto, doctrina y jurisprudencia han entendido por fuerza o violencia aquella injusta presión o coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a prestar su consentimiento en la celebración de un acto o negocio jurídico[2], vicio que tiene por efecto su nulidad (arts. 1504, 1741, 1743, 1750 C.C.), en tanto el orden jurídico privilegia la libertad negocial y la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación y disposición de sus intereses. (...)»    
[1] Cfr. Ospina, Fernández, Guillermo, Ospina Acosta, Eduardo, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, Ed. Temis, Bogotá, 2005, pág. 212. Hinestrosa, Fernando, Curso de Obligaciones (Conferencias), segunda edición, 1961, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 147. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de abril de 1969.   [2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de noviembre de 1979, G.J. t. CLIX, pág. 306; en similar sentido: sentencias de 16 de julio de 1985, G.J. t. CLXXX, pág. 125; 7 de junio de 1989, G.J. t. CXCVI, pág. 162; 1° de diciembre de 1993, G.J. t. CCXXV, pág. 707; 15 de septiembre de 1998, G.J. t. CCLV, pág. 588 y 12 de febrero de 2007, exp. 00492-01, 14 de agosto de 2007, exp. 08834 – 01. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Las diferencias que se puedan suscitar frente al cumplimiento de las obligaciones en un contrato, no..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Etapa postcontractual
  • Terminación del contrato por mutuo acuerdo
  • Fuerza
  • Dolo
  • Error
  • Nulidad
  • Consentimiento
  • Vicio
  • Incumplimiento
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Terminación del contrato por mutuo acuerdo
  • Fuerza
  • Dolo
  • Error
  • Nulidad
  • Consentimiento
  • Vicio
  • Incumplimiento
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Normativa
    S2 - Agente Virtual
    + - x
    Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

    Recomendaciones

    En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

    Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

    Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

    Términos y condiciones

    Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

    a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

    b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
    escribiendo

    Accesos directos

    Compra Pública Innovadora
    Indicadores
    Manuales, Guías y Pliegos Tipo
    Mesa de Servicio
    SECOP
    Síntesis
    Tienda Virtual del Estado Colombiano

    Cargando...