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Una entidad territorial y un contratista no deben efectuar las restituciones mutuas por la declaración de la nulidad absoluta del contrato cuando la entidad no obtuvo ningún beneficio 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 25800 DE 2014

Identificadores

Contratación estatal
Etapa contractual
Nulidad del contrato
Enriquecimiento sin causa
Contrato de empréstito
Etapa postcontractual
Contratación estatal
Etapa contractual
Nulidad del contrato
Enriquecimiento sin causa
Contrato de empréstito
Etapa postcontractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 25800 DE 2014

Caso

YOLANDA GAINES BORG VS. MUNICIPIO DE TURBACO 

Hechos relevantes

El Consejo Municipal de Turbaco, mediante acuerdo No. 50 de 1992, facultó al alcalde del municipio para que celebrara contrato de empréstito con la nación y entidades bancarias reconocidas por la superintendencia financiera.   En desarrollo del acuerdo expedido por el consejo municipal, el alcalde del municipio de Turbaco celebró dos contratos de empréstito con el señor William Gaines Rodríguez. El municipio de Turbaco asumió con el contratista la obligación de reconocer como tasa de interés el equivalente al tres por ciento (3%) mensual por las sumas entregadas y un cuatro punto cinco por ciento (4.5%) en caso de mora.   Durante el cambio de administración, el nuevo alcalde formuló denuncia contra su antecesor por celebración indebida de contratos y se abstuvo de cumplir lo pactado con el contratista por considerar que el contrato no se realizó con las formalidades exigidas por la ley. Adicionalmente interpuso una denuncia penal en contra del anterior alcalde, por posible peculado por apropiación y destinación oficial diferente al suscribir varios pagarés con diferentes personas naturales.    Dentro de la investigación penal se determinó (i) que varios habitantes del municipio de Turbaco le entregaron directamente al alcalde de esa municipalidad, altas sumas de dinero en calidad de préstamo; (ii) la entrega de esos dineros fue respaldada con varios cheques de las cuentas del municipio; (iii) que ante la falta de fondos de esos títulos valores fueron devueltos a la Tesorería municipal de Turbaco; (iv) que antes de finalizar el período del alcalde municipal, los acreedores le exigieron el pago de sus créditos, para lo cual se firmaron los contratos de empréstito y los pagarés que aquí se reclaman a nombre de la señora Yolanda Gaines Borg, quien no realizaba ninguna gestión ante el municipio frente a esos créditos pero figuró como beneficiara de los contratos y pagarés mencionados, en tanto las sumas entregadas en préstamo eran suyas. 

Problema Jurídico

¿Deben una entidad territorial y un contratista efectuar las restituciones mutuas, cuando mediante pronunciamiento judicial se declara la nulidad absoluta del contrato de empréstito celebrado debido a la causa ilícita que lo originó?

Razones de la decisión

«(...)3.4. En relación con las restituciones derivadas de la declaración de nulidad absoluta, se considera que si bien no proceden por vicios como el que se estudió –causa ilícita-, no debe perderse de vista que la ley 80 de 1993 reguló el tema de manera distinta, permitiendo que lo dado o pagado, siempre que aproveche a la entidad, lo compense ésta –art. 48 de la ley 80[1]-. Se trata de la aplicación del principio de equidad, que, salvada la buena fe, ordena pagar las prestaciones recibidas en todo aquello que ha favorecido a la otra parte del contrato. De alguna manera, esta disposición también supone, parcialmente, la aplicación de la prohibición del enriquecimiento sin causa, porque impide que una parte del contrato se beneficie impunemente de los servicios prestados por otra, que no actuó de mala fe.   En estos términos, siguiendo la orientación filosófica del art. 48 de la ley 80, es perfectamente aplicable al caso concreto que las partes paguen todo aquello que las hubiere favorecido, en los términos, condiciones y precios del contrato celebrado. No obstante, nada se dio o pagó con base en los dos contratos de empréstito, porque se demostró que ninguna obligación seria surgió de ellos, puesto que sólo pretendieron legalizar las actuaciones materiales del pasado, así que nada habría que deshacer con fundamento exclusivamente en estos acuerdos de voluntades.    En esa misma dirección, debe señalarse que tampoco se demostró que la entidad estatal se hubiera beneficiado; por el contrario, la justicia penal determinó que quien se apropió de esos dineros fue quien para la época de la suscripción de los contratos de empréstito se desempeñaba como alcalde municipal.   (…)   Siendo así, se impone negar las restituciones mutuas, en tanto las condiciones exigidas por el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no están satisfechas.   De otra parte, conviene señalar que tampoco es posible acceder a las pretensiones de la demanda bajo la teoría del enriquecimiento sin causa, como bien lo señaló la providencia a la que se viene refiriendo, en los siguientes términos[2]:   (…)
“Pero además el enriquecimiento sin causa no puede ser admitido en este caso porque se trata de un evento en que con él se está pretendiendo desconocer el cumplimiento de una norma imperativa como lo es aquella que exige que los contratos estatales se celebren por escrito, agotando desde luego los procedimientos de selección previstos en la ley”[3].   Y aunque el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades, por mandato constitucional, lo cierto es que ni la administración pública ni la administración de justicia pueden reconocer prestaciones dinerarias cuando desde el principio se les condujo a error, con la presentación de documentación inconsistentes, para respaldar obligaciones que no cumplen las características fundamentales, ya que las mismas no son claras, ni expresas, y ni siquiera provenientes del deudor. (...)»
[1] Cita original: “&. 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. // Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público.” [2] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, exp. 25.254, M.P. Enrique Gil Botero.   [3] Cita original: Sentencia de 19 de noviembre de 2012, rad. 03075-01(24.897).

Regla

Una entidad territorial y un contratista no deben efectuar las restituciones mutuas, cuando mediante pronunciamiento judicial se declara la nulidad absoluta del contrato de empréstito celebrado debido a la causa ilícita que lo originó, porque:  
  1. Si bien el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 señala que se pueden haber restituciones de lo dado o pagado cundo se da la declaración de nulidad absoluta del contrato, en aplicación del principio de equidad, que, salvada la buena fe, se debe reconocer las prestaciones recibidas en todo aquello que ha favorecido a la otra parte del contrato. No obstante, en el presente caso, nada se dio o pagó con base al contrato de  empréstito, porque se demostró que ninguna obligación seria surgió, puesto que se suscribió para legalizar las actuaciones materiales del pasado. Además, tampoco se demostró que la entidad estatal se hubiera beneficiado.
  2. No es aplicable la teoría del enriquecimiento sin causa, dado que se trata de un evento en que con la celebración del contrato se está pretendiendo desconocer el cumplimiento de una norma imperativa como lo es aquella que exige que los contratos estatales se celebren por escrito, agotando desde luego los procedimientos de selección previstos en la ley. Y aunque el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades, por mandato constitucional, lo cierto es que ni la administración pública ni la administración de justicia pueden reconocer prestaciones dinerarias cuando desde el principio se les condujo a error, con la presentación de documentación inconsistentes, para respaldar obligaciones que no cumplen las características fundamentales, ya que las mismas no son claras, ni expresas, y ni siquiera provenientes del deudor.

Decisión

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los contratos de empréstito suscritos entre el municipio de Turbaco y la señora Yolanda Gaines Borg, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: ABTENERSE de ordenar las restituciones mutuas, en los términos expuestos en esta providencia. CUARTO: SIN COSTAS, toda vez que no están probadas. QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Artículo 48 de Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad territorial y un contratista no deben efectuar las restituciones mutuas por la..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Nulidad del contrato
  • Enriquecimiento sin causa
  • Contrato de empréstito
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Nulidad del contrato
  • Enriquecimiento sin causa
  • Contrato de empréstito
  • Etapa postcontractual
  • Normativa
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