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Las entidades estatales no pueden en sus contratos de compraventa,someter al contratista a una condición potestativa pura para el pago de su obligación

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22506 DE 2012

Identificadores

Etapa precontractual
Expropiación
Plazo
Contrato de compraventa
Régimen especial
Contratación estatal
Etapa precontractual
Expropiación
Plazo
Contrato de compraventa
Régimen especial
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22506 DE 2012

Caso

JUAN NEPOMUCENO SIERRA GARCIA VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA

Hechos relevantes

El Gerente Regional Magdalena del INCORA ofreció a Juan Nepomuceno Sierra García la compra de los predios “La Rosita” y “Playón Grande”.

 

Las partes suscribieron la promesa de compraventa por escritura pública otorgada ante la Notaría Única del Circulo de Plato, se celebró el contrato de compraventa de los predios “La Rosita” y “Playón Grande” ubicados en el Municipio de Fundación, Departamento del Magdalena, entre el señor Juan Nepomuceno Sierra García Y el INCORA.

 

Si bien en el INCORA se le dijo al demandante los bonos agropecuarios con los que se iba a pagar el precio del bien, se iban a entregar cuando hubiera disponibilidad de los mismos después de la firma del contrato, estos bonos sólo se entregaron casi un año después.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal someter el pago (mediante bonos agropecuarios) del precio de un contrato de compraventa a una condición potestativa de disponibilidad de la entidad?

Razones de la decisión

« (…) Revisado el contenido de las normas que regulan la materia, advierte la Sala que el INCORA y el vendedor tenían la posibilidad de pactar un plazo suspensivo para el pago de los bonos agrarios, pero no una condición potestativa. En efecto, el plazo a diferencia de la condición no afecta la existencia de la obligación y en el caso que se analiza es clara la obligación contraída por el INCORA de cancelar el 60% del valor de los predios con bonos agrarios, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 160 de 1994. Esta certeza en la obligación contraída lo distinguía de la condición que se caracteriza por la incertidumbre sobre el hecho futuro.


(…)


En el caso concreto que ahora se examina, se tiene que en la escritura pública de compraventa, el INCORA pactó con el demandante, de manera convencional, un plazo indeterminado para el pago de los bonos agrarios, en los siguientes términos:


“(…) DÉCIMO SEGUNDA.-  La entrega de los Bonos Agrarios estará condicionada a la disponibilidad que de dichos elementos de pago tenga la Regional.” 

Si bien es cierto que se pactó que el pago estaría sujeto a “disponibilidad”, este término resulta en extremo vago y oscuro, porque no es posible determinar el período de tiempo que debía transcurrir para que el INCORA tuviere la disponibilidad de los bonos. Así como podía tratarse de días, también podía comprender meses e incluso años. Esta ambigüedad impide asimilar el término de “disponibilidad” con un plazo tácito, es decir, “el indispensable para cumplirlo”, según voces del artículo 1551 del Código Civil. Tampoco es posible para la Sala

 

(…)


En estas condiciones resulta evidente que en el contrato de compraventa celebrado no se fijó un plazo para el pago de los bonos agrarios, sino que se lo sometió a una condición a favor del INCORA, en la que señaló que los pagaría cuando tuviera “disponibilidad”, lo que por sí mismo es una situación más gravosa para el vendedor que si la propiedad hubiera sido sometida a un proceso administrativo de expropiación. Sobre el particular resulta especialmente interesante lo que señaló la Corte Constitucional acerca de las características que debe reunir la indemnización en materia de expropiación, tanto judicial como administrativa.

 

(…)


Como bien se puede observar, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia puedan quedar excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas. Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que con mayor razón una enajenación voluntaria comporta necesariamente para la entidad compradora la obligación de pagar un precio justo, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo o que resulte ser parcial o incompleta, en cualquier caso se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

 

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que en el contrato de compraventa no se estipuló un plazo, sino que se sometió el pago de los bonos a una condición potestativa. Refuerza la anterior apreciación el planteamiento efectuado por la entidad demandada al trasladar la responsabilidad del pago al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señalando que la disponibilidad dependía de dicho Ministerio, ente que a su vez no estaba sometido plazo alguno para autorizar la emisión de los bonos agrarios. (…)» 

 

Regla

Una entidad estatal no puede someter el pago (mediante bonos agropecuarios) del precio de un contrato de compraventa a una condición potestativa de disponibilidad de la entidad, en razón a que:

  1. La entidad pública y el vendedor tenían la posibilidad de pactar un plazo suspensivo para el pago de los bonos agrarios, pero no una condición potestativa. En efecto, el plazo a diferencia de la condición no afecta la existencia de la obligación.
  2. Resulta evidente que en el contrato de compraventa celebrado no se fijó un plazo para el pago de los bonos agrarios, sino que se lo sometió a una condición a favor de la entidad en la que señaló que los pagaría cuando tuviera “disponibilidad”, lo que por sí mismo es una situación más gravosa para el vendedor que si la propiedad hubiera sido sometida a un proceso administrativo de expropiación.
  3. El hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia puedan quedar excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio.
  4. Con mayor razón una enajenación voluntaria comporta necesariamente para la entidad compradora la obligación de pagar un precio justo, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo o que resulte ser parcial o incompleta, en cualquier caso se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

 

Decisión

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Antioquia, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil uno (2001).

 

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad absoluta de la cláusula décimo segunda del contrato de compraventa celebrado entre el señor JUAN NEPOMUCENO SIERRA GARCÍA y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- contenido en la escritura pública No. 392 otorgada el día 6 de julio de 1995 en la Notaría Única del Círculo de Plato (Magdalena).

 

TERCERO.- CONDENAR al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA- a pagar al señor JUAN NEPOMUCENO SIERRA GARCÍA, la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/Cte., ($99’906.883), por concepto de intereses moratorios correspondientes al período comprendido entre el 6 de julio de 1995, firma de la escritura pública No. 392 y el 3 de mayo de 1996, fecha en la cual le fueron entregados los Bonos Agrarios.

 

CUARTO.- NEGAR  las demás pretensiones de la demanda.

 

QUINTO.- ABSOLVER de responsabilidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como llamado en garantía.

 

SEXTO. Sin condena en costas.

 

SÉPTIMO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 32, 75.

Ley 1107 de 2006. Artículo 1.

Ley 160 de 1994.

Decreto 2666 de 1994. Artículo 20.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Las entidades estatales no pueden en sus contratos de compraventa,someter al contratista a una..
Síntesis
RÉGIMEN ESPECIAL
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Expropiación
  • Plazo
  • Contrato de compraventa
  • Régimen especial
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Expropiación
  • Plazo
  • Contrato de compraventa
  • Régimen especial
  • Contratación estatal
  • Normativa
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