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Se configura el fenómeno de caducidad del término para la interposición de la acción de controversias contractuales, 2 años después de la fecha en que el contratista tuvo conocimiento de la  no aprobación del contrato

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 12775 DE 2000

Identificadores

Acción de controversias contractuales
Caducidad
Consultoría
Interventoría
Contratación estatal
Acción de controversias contractuales
Caducidad
Consultoría
Interventoría
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 12775 DE 2000

Caso

JAIME D. BATEMAN DURAN VS DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Hechos relevantes

El 29 de marzo de 1989 el demandante suscribió con la intendencia Nacional de Arauca el contrato de consultoría No. 445 para  realizar la Interventoría en la construcción de la carretera Arauca - Cravo Norte, sectores II, III y IV, por un valor de $ 39’435.084.oo, de acuerdo con la resolución número 1079 del 30 de octubre de 1.987, emanada del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías - DAINCO - en la cual declaró la urgencia evidente para la ejecución de obras públicas.

 

Luego de cumplido el registro presupuestal del contrato, éste fue enviado al Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías - DAINCO - para su revisión y aprobación.  En desarrollo de este trámite, DAINCO solicitó se precisara el objeto del contrato y se disminuyera el personal de la Interventoría,  a lo cual se procedió de común acuerdo por los contratantes y para el efecto se suscribió un otrosí aclaratorio con orden de contrato No. 042 de 1.989 y se rectificó en consecuencia el trámite de los restantes requisitos, enviándose el contrato de nuevo al DAINCO el 10 de julio de 1.989.

 

El 14 de abril de 1.989 el actor fue requerido por el Jefe de la División de Interventoría y el Secretario de Obras Públicas de la Intendencia de Arauca para que iniciara las labores objeto del contrato,  a pesar de que aún no estaba perfeccionado.

 

Mediante oficio de 24 de abril de 1989 el Secretario de Obras Públicas requirió al demandante para que desarrollara la localización directa de la vía con el fin de no provocar traumas en la construcción de la obra, mientras se obtenían los diseños correspondientes por la consultoría contratada.  Posteriormente, le solicitó efectuar los estudios de suelos y cimentación de los puentes sobre los ríos Ele, Papayito, Agualimón y Lipa, trabajos que también realizó según consta en certificación expedida por el Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas de la entidad demandada.

 

Los trabajos ordenados fueron recibidos por la Intendencia de Arauca en su oportunidad; sin embargo, el 24 de noviembre de 1989 el Jefe de la División de Interventoría le comunicó al demandante que le devolvía la propuesta, ya que el contrato había sido improbado por el DAINCO por medio de la resolución No. 1239 de noviembre 3 de 1989.

 

Ante esta circunstancia el 27 de noviembre de 1989 el demandante solicitó el pago de los trabajos ejecutados, pero dicha solicitud no fue atendida por la administración a pesar de que el Secretario de Obras Públicas de la Intendencia de Arauca había dirigido al Intendente un oficio fechado el 13 de junio de 1990, mediante el cual recomendó la cancelación de $14’892.649.oo solicitados por el actor.

Problema Jurídico

El 24 de noviembre de 1989, el Jefe de la División de Interventoría le comunicó al contratista que le devolvía la propuesta, ya que el contrato había sido improbado por el DAINCO por medio de la resolución No. 1239 de noviembre 3 de 1989, el contratista el  21 de febrero de 1992 presento demanda de controversias contractuales.  

Bajo las anteriores circunstancias, ¿se configuró el fenómeno de caducidad del término para la interposición de la acción de controversias contractuales del derecho?

Razones de la decisión

« (…) En estas condiciones, el término para el ejercicio oportuno de la acción era de dos (2) años contados a partir “de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”, tal como lo señalaba el inciso 6º del art. 136 del c.c.a.,  ahora recogido en el numeral 10 del nuevo  texto de la ley 446 de 1998.

 

El motivo que condujo al demandante tanto en la reclamación en sede administrativa como judicial, fue el no pago por la entidad demandada de los costos o gastos por las labores de interventoría que realizó para la entidad demandada con la previa autorización de ésta y previa la firma del contrato, luego de que el organismo competente no lo aprobó, novedad de la cual tuvo conocimiento el 24 de noviembre de 1989 por oficio suscrito por el jefe de la División Interventoría de la entidad demandada (fl.10).

 

Para la Sala el punto de partida para contar el término de la caducidad de la acción lo es la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de la  no aprobación del contrato (24 de noviembre de 1989) y el plazo para demandar  por consiguiente, vencía el  24 de noviembre de 1991, razón por la cual para el 21 de febrero de 1992 fecha en la cual fue presentada la demanda (fl.21), ya había operado el fenómeno de la caducidad.

 

 

 

Se aclara que el momento para el cómputo del término de caducidad es el general que establece el art. 136 del c.c.a., “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”, toda vez que como el contrato no se perfeccionó, la no aprobación del mismo no encuadra en ninguna de las situaciones particulares que inicialmente tuvieron desarrollo jurisprudencial recogidas hoy en el nuevo texto del art. 136 numeral 10 de la ley 446 de 1998.   (…)»

Regla

Si se configura el fenómeno de caducidad del término para la interposición de la acción de controversias contractuales, debido a que el punto de partida para contar el término de la caducidad de la acción lo es la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de la  no aprobación del contrato (24 de noviembre de 1989) y el plazo para demandar  por consiguiente, vencía el  24 de noviembre de 1991, razón por la cual para el 21 de febrero de 1992 fecha en la cual fue presentada la demanda, ya había operado el fenómeno de la caducidad. Cuando el particular contratista presenta la demanda, 3 meses después de cumplidos los dos años.

Decisión

REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 25 de julio de 1996 y en su lugar se dispone:

 

NIEGANSE  las súplicas de la demanda por  caducidad de la acción.

Marco jurídico

Ley 446 de 1998. Artículo. 136 numeral 10. Código Contencioso Administrativo. Artículo. 86 y 87.  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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  • Acción de controversias contractuales
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  • Consultoría
  • Interventoría
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