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Es deber de una entidad judicial o administrativa que al momento de estudiar pretensiones relacionadas con contratación estatal, analice la nulidad del contrato, pues si es nulo, no procederán las pretensiones del demandante

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 35130 DE 2014

Identificadores

TA-CCB-20080901_(3)Contratación estatal
Revisión
Nulidad
Entidades estatales
Nulidad del contrato
TA-CCB-20080901_(3)Contratación estatal
Revisión
Nulidad
Entidades estatales
Nulidad del contrato

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 35130 DE 2014

Caso

SOCIEDAD CARDUMEN LTDA. VS. EMPRESA DE LICORES DEL CHOCÓ

Hechos relevantes

El 9 de mayo de 1991, la Empresa de Licores del Chocó ordenó la apertura de una Licitación Pública con el objeto de contratar la distribución exclusiva de aguardiente platino.

 

Al proceso de selección concurrieron la sociedad Bodegas Cardumen Ltda., y el señor Jairo Herrera Maya, propietario del establecimiento de comercio Bodegas del Río.

 

El  26 de julio de 1991, la Empresa de Licores del Chocó adjudicó la Licitación al establecimiento de comercio Bodegas del Río. Sin embargo, por queja formulada ante la Procuraduría en la que se le puso en conocimiento la ocurrencia de varias irregularidades en que incurrió la entidad estatal contratante al interior del procedimiento licitatorio, se revocó la Resolución y, en su lugar, la declaró desierta.

 

Así pues, teniendo en cuenta que se había declarado por segunda vez desierta dicha licitación, la Empresa, procedió a adjudicar directamente la distribución de aguardiente platino a la Sociedad Cardumen Ltda.   

 

Posteriormente, el 16 de octubre de 1991, la Empresa de Licores del Chocó, revocó la Resolución anterior, reconstituyendo de esa manera automáticamente a Bodegas del Río, como adjudicatario de la Licitación. En consecuencia, la Empresa de Licores del Chocó y Bodegas del Río celebraron el contrato con idéntico objeto al suscrito con la sociedad demandante, producto de esa misma licitación.

Problema Jurídico

¿Puede un contratista demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa pretendiendo la declaratoria de existencia y de incumplimiento contractual por parte de una entidad pública, y no cuestionar la legalidad del contrato, cuando existan reparos acerca de la capacidad para licitar de la sociedad contratista, sin obtener un pronunciamiento judicial al respecto?

Razones de la decisión

«(…) Uno de los argumentos esenciales del recurso de alzada estribó en la improcedencia de emitir pronunciamientos distintos a los que determinaban las pretensiones de la demanda y las razones de la defensa que en relación con las mismas se esgrimieran, por cuanto, en sentir del apelante, obrar de manera contraria se oponía a la naturaleza rogada que caracterizaba a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de tal forma que el pronunciamiento del Juez no podía llegar más allá del marco del petitum que se planteaba en la demanda.

 

En los términos expuestos es claro para la Sala que la inconformidad del apelante se traduce en su oposición a la declaratoria de nulidad del contrato No. 001, cuyo análisis se abordó de manera oficiosa, esto es, sin que mediara pretensión expresa en ese sentido.

 

(…)

 

La formulación de tales pretensiones se encuentra estrechamente ligada al contenido del texto contractual cuya declaratoria de existencia e incumplimiento se deprecaba, circunstancia que por contera imponía al operador judicial la necesidad de establecer si el contrato que fungía como fuente y soporte para obtener dichas declaratorias, en efecto, había nacido válidamente a la vida jurídica, pues de lo contrario ningún reconocimiento indemnizatorio podría derivarse de dicha relación negocial.

 

(…)

 

Esta norma fue incorporada en el inciso primero del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 al establecer que “la nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público y, por cualquier persona o declarada de oficio, …”; por su parte, el artículo 87 del C.C.A., en la forma en que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 dispuso que “[E]l juez administrativo queda facultado para declararla de oficio [se refiere a la nulidad absoluta] cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”.

 

Así mismo, el artículo 1742 del Código Civil ordena: “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato;…”.

 

(…)

 

Pues bien, descendiendo todo lo expuesto al caso concreto se tiene que el Tribunal Administrativo del Chocó obró con sujeción a la Ley y a la jurisprudencia al adentrarse al estudio de la legalidad del contrato No. 001 suscrito entre la Empresa de Licores del Chocó y la sociedad Bodegas Cardumen y declarar la nulidad absoluta del mismo.

 

Para la Sala surge con claridad que el examen oficioso de su nulidad no se emprendió por cuenta de un afán injustificado del fallador habida consideración de que además de hallar pleno amparo legal para su análisis, su justificación se centra en que para reconocer los derechos reclamados por el contratista derivados del contrato, necesariamente éste debía estar llamado a producir efectos, lo cual se logra solo si el negocio es válido, puesto que no es posible analizar la responsabilidad contractual derivada de un contrato que debe ser retirado del mundo jurídico.

 

(…)

 

Sin embargo según se desprende del certificado de existencia y representación de la Sociedad Bodegas Cardumen Ltda., obrante en el plenario, su fecha de constitución data del 20 de marzo de 1991, siendo registrada en Cámara de Comercio de Medellín el 21 de marzo del mismo año, en tanto que la apertura de la Licitación No. 001 tuvo lugar el 9 de mayo de 1991. En consecuencia, dado el límite temporal que introdujo la norma en cuestión, se concluye que la sociedad Bodegas Cardumen Ltda., para el momento en que presentó su oferta no contaba con aptitud jurídica para participar en la licitación y menos para celebrar el contrato pues su capacidad legal para obligarse válidamente por cuenta de la celebración de un negocio jurídico con el Estado, estaba restringida a que su creación como persona jurídica hubiese ocurrido mínimo seis meses antes de la apertura de la respectiva licitación.

 

Se concluye entonces que de ninguna manera la responsabilidad contractual que se alega puede derivarse del “comportamiento antijurídico de la administración” como lo sostiene el recurrente, ya que la génesis de la misma indefectiblemente debe provenir de un contrato válidamente celebrado, que en el caso, de cara a su nulidad,  brilla por su ausencia.(…)»

Regla

Un contratista no puede demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa pretendiendo la declaratoria de existencia y de incumplimiento contractual por parte de una entidad pública, y no cuestionar la legalidad del contrato, cuando existan reparos acerca de la capacidad para licitar de la sociedad contratista, sin obtener un pronunciamiento judicial declarando la nulidad y  la ausencia de responsabilidad contractual, porque:

 

  1. La formulación de tales pretensiones se encuentra estrechamente ligada al contenido del texto contractual cuya declaratoria de existencia e incumplimiento se deprecaba, circunstancia que por contera imponía al operador judicial la necesidad de establecer si el contrato que fungía como fuente y soporte para obtener dichas declaratorias, en efecto, había nacido válidamente a la vida jurídica, pues de lo contrario ningún reconocimiento indemnizatorio podría derivarse de dicha relación negocial.
  2. Dado el límite temporal que introdujo la norma, se concluye que la sociedad Bodegas Cardumen Ltda., para el momento en que presentó su oferta no contaba con aptitud jurídica para participar en la licitación y menos para celebrar el contrato pues su capacidad legal para obligarse válidamente por cuenta de la celebración de un negocio jurídico con el Estado, estaba restringida a que su creación como persona jurídica hubiese ocurrido mínimo seis meses antes de la apertura de la respectiva licitación.
  3. De ninguna manera la responsabilidad contractual que se alega puede derivarse del “comportamiento antijurídico de la administración”, ya que la génesis de la misma indefectiblemente debe provenir de un contrato válidamente celebrado.

Decisión

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2007 por el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con las razones que anteceden.

 

SEGUNDO: ACTUALIZAR la suma que debe restituir la Empresa de Licores del Chocó, o quien sus derechos y obligaciones represente, a favor de la sociedad Bodegas Cardumen Ltda., la cual a la fecha de este fallo asciende a DOSICIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($234’609.664).

 

TERCERO.- Sin condena en costas.

 

CUARTO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 45. Decreto 1 de 1984. Artículo 87. Ley 446 de 1998. Artículo 32. Código Civil. Artículo 1742.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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  • TA-CCB-20080901_(3)
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