La Ley faculta a las entidades estatales para liquidar unilateralmente el contrato cuando no ha sido posible llegar un acuerdo sobre la liquidación bilateral con los contratistas

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El  Fondo  de  Pasivo  Pensiona/  de  la  Empresa  Puertos  de   Colombia   en liquidación, suscribió  con el "CONSORCIO ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE LTAD y MEDICOS ASOCIADOS S.A.  "MEO/NORTE  integrado por las        sociedades   "ORGANIZACIÓN     CL/NICA   GENERAL     DEL  NORTE  Y MEDICOS  ASOCIADOS   S.Á.  un contrato de prestación de servicios  wn octubre  de 1996 para  la  prestación    integral    de  servicios  medico    asistenciales  "  para  los pensionados  y afiliados  adscritos  al fondo  en las ciudades  de Buenaventura y Santiago  de  Ca/i    del  Departamento    del   Valle del  Cauca    y  Tumaco   del Departamento de Nariño,  desde el día 1° de Noviembre  de 1996 hasta el 31 de Diciembre  de 1998."

Como los decretos   números  1689 de  1997 y  1982 de  1997 suprimieron   el FONDO PASIVO   SOCIAL   DE LA EMPRESA   PUERTOS DE COLOMBIA  y ordenaron  y reglamentaron  su liquidación ,     aquel cedió  el contrato  de 1996 en los mismos  términos pactados  a partir del 1° de Noviembre  de 1998 y hasta  el 31  de Diciembre  de 1998 fecha de su terminación.

En virtud    de los dispuesto en el Art.  14   del  decreto  1982 de  1997   en concordancia con el artículo 5 del decreto 1689  de 1997,  que dispone  que una vez concluida la liquidación  de la Empresa Puertos de Colombia los derechos y obligaciones   de aquella   pasan   a la Nación -  Ministerio de Transporte ,     por medio  de la resolución  Nº 3349   del 23 de Diciembre  de 1998.  la  directora  (e) del Fondo de Pasivo Social  de la Empresa  Puertos de Colombia  en liquidación liquidó unilateralmente   en forma  parcial   el contrato Nº 211 de prestación de servicios médicos asistenciales   celebrado   entre la citada   entidad   y el CONSORCIO             ORGANIZACIÓN   CLINICA GENERAL   DEL NORTE L TOA  y MEDICOS ASOCIADOS  S.A.   "MEO/NORTE   y como consecuencia  ordenó  el reintegro de la  suma    de dos mil   cuatrocientos   treinta   y  siete   millones cincuenta y un mil  ochocientos sesenta y ocho pesos  con ochenta y un centavo moneda corriente (2.437.057.868.81)     como saldo   resultante   de la liquidación unilateral a favor  del Ministerio de Transporte.  

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública liquidar de manera unilateral un contrato de prestación de servicios celebrado con un particular, sin violar el principio de legalidad después de intentar la liquidación bilateral y fracasar en esta a no llegar a un acuerdo?

Razones de la decisión

«(…)   Los  anteriores  actos  Administrativos  ponen  de  presente  la  decisión  de  la

servicios medico-asistenciales numero 211 de 1996, celebrado entre el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación y el Consorcio organización   Clínica   General   del   Norte   Ltda.   y   Médicos   Asociados   S.A. "Medinorte",  por  no  haberse  llegado  a  un  acuerdo  con  el  fin  de  realizar  la liquidación bilateral.

La decisión de la Administración tiene fundamento en la facultad conferida en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993

(…)

Sobre la liquidación unilateral el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: Liquidación unilateral, la cual, como su nombre lo indica, no corresponde a una actuación negocia! o conjunta de las parles  del contrato sino a una decisión que adopta la entidad estatal contratante sin necesidad de contar con la- voluntad o con el consentimiento del respectivo contratista particular, modalidad  a la cual habrá lugar en los  eventos y  con las exigencias establecidas para esos casos por la ley; esta modalidad de liquidación ha sido concebida y regulada como subsidiaria de la liquidación bilateral o conjunta.

El carácter  subsidiario  que le corresponde a la liquidación  unilateral, respecto de la bilateral o conjunta,  lo evidencia la norma legal que la consagra en cuanto supedita su procedencia a una cualquiera de las

siguientes  hipótesis  fácticas:  i)  que  el  contratista  particular  no  se presente  a  la liquidación,  con lo cual imposibilita la realización de una liquidación bilateral o conjunta,  ó ii) que las partes no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la liquidación, cuestión que igualmente impide la adopción conjunta del respectivo corte de cuentas.

Así pues, sólo si se configura una de las circunstancias enunciadas, la Entidad Estatal queda facultada para practicar la liquidación correspondiente   de  manera  directa  y   unilateral,   caso   en  el  cual procederá a adoptarla mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado, el cual será pasible del recurso de reposición en vía gubernativa .[1]

(…)

Y en este punto resulta necesario tener en cuenta que el acto administrativo de liquidación unilateral de los contratos es una potestad pública otorgada por la ley a las entidades contratantes, que frente a las posibilidades  de decisión que poseen las partes  del negocio jurídico respecto  de  su  finiquito,  constituye  una  facultad  exorbitante,  en  el sentido de que se trata de una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere exclusivamente a los entes públicos, como expresión de la supremacía jurídica  que ostenta la Administración Pública en las relaciones jurídicas  en que interviene y que constituye por lo tanto una institución de orden público que reviste los caracteres de inalienable, irrenunciable e   imprescriptible,• en reciente pronunciamiento, dijo esta Corporación:

"...  la Sala precisa que la liquidación unilateral de los contratos estatales, en tanto decisión de la administración, proferida en ejercicio de potestad estatal expresa que le confiere la ley (artículo 61 de la ley 80 de 1993) para   finiquitar   el  contrato,   es  un  acto  administrativo,   en  cuanto constituye   expresión   de  voluntad  unilateral  de  la  entidad   estatal contratante en uso de función administrativa, que comporta al propio tiempo la utilización de una prerrogativa propia y exclusiva del Estado,

dirigida   a  poner   término   a  una  determinada   relación   contractual,    que escapa   a las  posibilidades,    facultades   o derechos que los particulares tienen en ese tipo de negocios jurídicos ...    ".

Con relación a la competencia como elemento esencial del acto administrativo, ha manifestado la doctrina:

"La competencia es la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. En otros términos, la competencia de los órganos administrativos  es el conjunto de atribuciones que,  en forma expresa o razonablemente implícita, confieren la Constitución Nacional, la Constitución provincial, los tratados, las leyes y los reglamentos. La competencia es irrenunciable e improrrogable. Debe ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las disposiciones normativas pertinentes.

La demora o el no ejercicio inexcusable de la competencia constituyen faltas reprimibles, según su gravedad, con las sanciones previstas en el estatuto del empleado público u otras normas especiales, sin perjuicio de  la  responsabilidad  administrativa,  civil,  penal  o  política  en  que incurriere el agente"  .

Obedeciendo,  según  el mismo autor, tal nota  de improrrogabilidad  e indelegabilidad de la competencia, al hecho de que ella se establece en interés  público  y  su  surgimiento  se  produce  con  ocasión  de  una disposición o "norma estatal': no por la voluntad de los administrados. Por  otra parte,  se  observe que, tal y como ya  se manifestó  en otro aparte  de  esta  providencia,  la  Administracióncontrata.nte  puede ejercerJa facultadde liquidaciónunilateraldel contratohasta tanto

sea notificadoel auto admisoriode la demanda presentada por el contratistaante el juez competente, con la pretensiónespecífica de  que    éste    la   efectúe;    puesto    que   de   allí    en   adelante,  le corresponderá al juez elaborar/a y la entidad  perderá  competencia para ello. (…)»  

Regla

1.  El estatuto general de contrataciones prevé este asunto y establece cuando las partes que   no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptara por acto administrativo motivados susceptible del recurso de reposición.
2. El acto administrativo de liquidación unilateral de los contratos es una potestad pública otorgada por la ley a las entidades contratantes, que frente a las posibilidades  de decisión que poseen las partes  del negocio jurídico respecto  de  su  finiquito,  constituye  una  facultad  exorbitante,  en  el sentido de que se trata de una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere exclusivamente a los entes públicos.

Decisión

Marco jurídico