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Una entidad pública debe adoptar de manera oportuna las recomendaciones dadas por la contraloría para subsanar irregularidades detectadas en un contrato estatal y recuperar el equilibrio contractual

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP0819 DE 2004

Identificadores

Acción popular
Etapa contractual
Derechos Sociales
Nulidad del contrato
Entidades estatales
Contratación estatal
Acción popular
Etapa contractual
Derechos Sociales
Nulidad del contrato
Entidades estatales
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP0819 DE 2004

Caso

IVAN VILLANUEVA MENDOZA Y OTROS VS. CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ-ORIENTE S.A. Y OTRO

Hechos relevantes

El Departamento de Antioquia, ordenó el 17 de julio de 1997 la apertura de una Licitación Pública con el objeto de recibir propuestas para contratar por el sistema de concesión el proyecto de conexión vial Aburrá-Oriente, consistente en la construcción del Túnel de Oriente y su desarrollo vial complementario, que comprende la financiación, elaboración de estudios, diseños definitivos, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento de vías y otros servicios, con una duración de 25 años.

 

La licitación se cerró el 30 de octubre de 1997 y se adjudicó a la única propuesta, presentada por la Concesión Túnel Aburrá - Oriente, compuesta por 64 firmas. El contrato se firmó el 20 de diciembre de 1997.

 

Luego de la celebración del contrato, hubo un cambio de objeto contractual en el por lo cual no se ejecutarían las vías complementarias Llano Grande-Canadá, El Retiro-La Ceja, Carabanchel-El Retiro, Canadá-El Carmen de Viboral, El Carmen de Viboral-Santuario y en cambio se ejecutarán las vías Portal Oriental Sajonia- Glorieta Aeropuerto José María Córdoba y Glorieta Aeropuerto José María Córdoba-Sector de Belén (Marinilla)-Autopista Medellín Bogotá, no contempladas en el contrato original.

 

Los demandantes alegan un rompimiento del equilibrio contractual en tanto hay una disminución de los costos de construcción aun cuando el precio del contrato continúa siendo el mismo.

 

Se alega la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la protección y defensa del patrimonio público, la libre competencia económica y los derechos de los consumidores y usuarios y en consecuencia, piden que se declare la nulidad absoluta del contrato.

 

La entidad demandada alega que no es posible ordenar la nulidad del contrato mediante acción popular por lo que las pretensiones son inválidas y deben rechazarse.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública omitir adoptar de manera oportuna las recomendaciones dadas por la Contraloría para subsanar irregularidades detectadas y recuperar el equilibrio contractual afectado, sin poner en amenaza los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad pública?

Razones de la decisión

«(…) En relación con las peticiones de la demanda de que se declare la nulidad absoluta del contrato de concesión y/o de sus modificaciones y adiciones, observa la Sala que en todo caso no podría derivarse de los hechos expuestos en la demanda dicha nulidad, porque es al juez ordinario de la contratación estatal al que le corresponde decidir sobre este aspecto, por las causales y mediante el procedimiento establecidos en la ley, con el objetivo inmediato de restablecer el orden jurídico; cuando se ejerce la acción popular por las mismas causas, por hallarse comprometidos los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público, o cualesquiera otros derechos colectivos, al juez constitucional le corresponde tomar las medidas necesarias, distintas a la declaratoria de la nulidad, encaminadas a hacer cesar la vulneración o amenaza de esos derechos.

Sin embargo, la situación precaria en que se halla el contrato, por la falta de definición sobre su viabilidad, así como la incertidumbre acerca de la suerte de los procesos de responsabilidad fiscal que ordenó la Contraloría General Departamental, no permiten negar nuevos motivos de amenaza de los derechos colectivos, detectados en el curso del proceso, que podría llegar a concretarse en detrimento del patrimonio público y de otros derechos colectivos como el de la moralidad pública

 

Por lo anterior, para conjurar la amenaza a los derechos colectivos, originada en la demora de las autoridades administrativas en tomar una decisión sobre la viabilidad del contrato de concesión, es necesario ordenar al Gobernador de Antioquia que en el menor tiempo posible defina tal situación, y en caso de que decida su continuación, adopte en un término también breve las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a todos los compromisos acordados en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Gerente del Proyecto y el Contralor General Departamental el 18 de enero de 2002. También se ordenará verificar el estado de los procesos de responsabilidad fiscal ordenados para que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para que se cumpla el objetivo de recuperar los dineros públicos que a través de ellos se demuestre que han sido malversados. (…)»

Regla

Una entidad pública no puede omitir adoptar de manera oportuna las recomendaciones dadas por la Contraloría para subsanar irregularidades detectadas y recuperar el equilibrio contractual afectado, sin poner en amenaza los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad pública. Lo anterior dado que la situación precaria en que se halla el contrato, por la falta de definición sobre su viabilidad, así como la incertidumbre acerca de la suerte de los procesos de responsabilidad fiscal que ordenó la Contraloría General Departamental, no permiten negar nuevos motivos de amenaza de los derechos colectivos, detectados en el curso del proceso, que podría llegar a concretarse en detrimento del patrimonio público y de otros derechos colectivos como el de la moralidad pública.

Decisión

Se modifica la sentencia del 25 de noviembre de 2.002, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las peticiones de la demanda presentada por los ciudadanos IVAN VILLANUEVA MENDOZA, CARLOS MARIO JIMÉNEZ ISAZA y ANGELA MARÍA DUQUE URREA, en ejercicio de la acción popular, la cual quedará así:

 

PRIMERO. Se protegen los derechos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público amenazados por la falta de decisión por parte del Gobernador de Antioquia respecto a la viabilidad de la continuación del Contrato de Concesión No. 97-CO-20-1811 del 20 de diciembre de 1997 celebrado con la sociedad “Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A., o de su terminación.

 

Para el efecto el Gobernador del Departamento de Antioquia presentará al Comité de Verificación del cumplimiento de esta sentencia, en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, un informe sustentado sobre la viabilidad de que continúe ejecutándose el Contrato No. 97-CO-20-1811 del 20 de diciembre de 1997 celebrado con la sociedad Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A., o la necesidad de su terminación; en el primer caso indicará el cronograma que se propone cumplir; en el segundo evento deberá cumplir lo normado para el efecto por la Ley 80 de 1993.

 

En caso de que la decisión de la Administración Departamental sea continuar con la ejecución del Contrato, se le otorga un plazo de tres (3) meses adicionales para que cumpla en su totalidad con el Plan de Mejoramiento acordado con la Contraloría General Departamental de Antioquia el 18 de enero de 2002, debiendo garantizar en todo caso que no habrá lugar a detrimento patrimonial en contra de la entidad pública ni de los usuarios. En ese evento, dentro del mes siguiente al plazo indicado el Comité de Verificación rendirá el informe respectivo que se agregará al expediente.

 

Si la Administración Departamental decide la terminación del contrato, deberá presentar oportunamente, en un término que no puede exceder de tres (3) meses, copia del acta de liquidación, que se agregará al expediente.

 

SEGUNDO. El Tribunal a quo conformará el Comité de Verificación del cumplimiento de esta sentencia, siguiendo para el efecto los parámetros trazados en el artículo 34 inciso 4º de la Ley 472 de 1998.

 

TERCERO. Se niegan las pretensiones de nulidad absoluta del Contrato No. 97-CO-20-1811 del 20 de diciembre de 1997 y/o del Otrosí No. 1 del 19 de mayo de 1999 y/o del Acta de Modificación Bilateral No. 2 del 4 de diciembre de 2000.

 

CUARTO. Reconócese a favor de los demandantes un incentivo por un valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cargo del Departamento de Antioquia, que será cancelado una vez el Comité de Verificación haya presentado el último informe de seguimiento.

 

Ejecutoriada esta sentencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

El Tribunal comunicará esta decisión al señor Contralor General del Departamento de Antioquia, al señor Procurador General de la Nación y a los señores demandantes.

Marco jurídico

Ley 472 de 1998. Artículo  40

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública debe adoptar de manera oportuna las recomendaciones dadas por la contraloría..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Acción popular
  • Etapa contractual
  • Derechos Sociales
  • Nulidad del contrato
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Acción popular
  • Etapa contractual
  • Derechos Sociales
  • Nulidad del contrato
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Normativa
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