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La modificación de los contratos estatales, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, deben constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-ANT-SIV-00188-2013

Identificadores

Sobrecostos
Solemnidad del contrato
Contrato interadministrativo
Etapa contractual
Carga de la prueba
Contratación estatal
Sobrecostos
Solemnidad del contrato
Contrato interadministrativo
Etapa contractual
Carga de la prueba
Contratación estatal

Sentencia

TAD-ANT-SIV-00188-2013

Caso

CARLOS ALBERTO ESCOBAR RESTREPO VS MUNICIPIO DE SABANA LARGA 

Hechos relevantes

El Departamento de Antioquia y el Municipio de Sabanalarga, celebraron un Convenio Interadministrativo, cuyo objeto fue la compra de equipos y materiales para la construcción de un Trapiche, que incluyera ramada, compra e instalación de un trapiche motor, construcción de horno CIMPA tipo Cundinamarca, en la Vereda Oro Bajo del Municipio de Sabanalarga, de conformidad con el Plan de Desarrollo Departamental, cronograma de actividades y plan de inversiones, por valor de $115’000.000.

 

Para el cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Sabanalarga luego de realizar la respectiva licitación pública, la cual le fue adjudicada al demandante, celebró contrato LICITACIÓN No. 008 de 2007, cuyo objeto consistió en la siembra de una hectárea de caña, instalación de equipo de bombeo, construcción de tanque de almacenamiento de agua, construcción de sistema de riego y construcción de Agroindustria panelera en la vereda Oro Bajo del Municipio de Sabanalarga – Antioquia, con las calidades y condiciones y especificaciones técnicas, conforme a la propuesta presentada por el contratista y aceptada por el Municipio, por valor de $103’500.000.

 

El 11 de abril del 2008, se realizó el Acta del Comité Técnico: 2007—CF-1800-99 “Revisión y evaluación de cantidades de obra, aprobación de mayores cantidades y compromisos”, en la que se acordó aceptar el cambio del sistema de riego de bombeo de gravedad, aceptando como mayor cantidad de obra el valor $46’377.840, el cual sería asumido económica y administrativamente por el Municipio.

 

Se adjuntó el Informe Final de Interventoría del Contrato 2007-CF-18-99, en el cual se reportó el 100% de la ejecución del proyecto y se solicitó su liquidación, se certificó el cumplimiento del contrato y se calificó el grado de satisfacción. Que para la certificación del cumplimiento del contrato, fue necesario incrementar el valor del mismo en la suma de $46’377.840, y se presentó el balance financiero del contrato, en el cual se indicó como causado y no pagado el referido valor.    

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública reconocer al contratista el pago de la mayor cantidad de obra ejecutada en el contrato suscrito con anterioridad cuando no se tiene documento escrito que lo avale?

Regla ampliada

Casos en los que procede el enriquecimiento El enriquecimiento sin causa  «(…)“a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud  de su supremacía, de su autoridad o de su imperium  constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes  o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.  

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de  prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal,  urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y  la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. 

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del  legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.”   (…)»  

Razones de la decisión

 «(…) De lo anterior se colige de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez.

 

En tal sentido, ha afirmado el Alto Tribunal de lo Contencioso[1], que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero.

 

(…)

 

Si bien esta Judicatura no desconoce que dentro del plenario existen elementos tendientes a demostrar el cambio de las actividades a cargo del contratista y con ello el incremento del valor del contrato, como lo son, el Acta del Comité Técnico y el Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo 2007-CF-18-99, en virtud de la cual, el Departamento de Antioquia se obligó a entregarle al Municipio de Sabanalarga, los recursos necesarios para la obra contratada con el actor, lo cierto es que, tal y como lo advirtió la A quo, dada la solemnidad que caracteriza a los contratos estatales, acorde con la legislación especial que regula esta materia, la Sala debe concluir que, incluso en aquellos casos en que se hubiere acreditado el pacto verbal de las partes para modificar las obligaciones de contratista y el valor del Contrato, no sería posible reconocerle efecto alguno a tal acuerdo puesto que la modificación consensual, de un acuerdo que legalmente se debe extender por escrito, es decir, que es solemne, está llamada a ser desestimada por el ordenamiento jurídico.

 

En este orden de ideas, es claro que el valor adicional del contrato por la mayor cantidad de obra ejecutada, que aduce el demandante como adeudado, se corresponde con aquellos eventos en que los contratistas de la administración, realizan prestaciones que se encuentran por fuera o rebasan el objeto contractual inicialmente suscrito, las cuales, al escapar de la legalidad del acuerdo, impiden su reconocimiento en detrimento del patrimonio del contratista.

 

(…)

 

Así las cosas, acogiendo la posición asumida por la Sala Plena del Consejo de Estado en la providencia de unificación pluricitada, según la cual, el detrimento patrimonial del contratista y el correlativo enriquecimiento de la entidad contratante, no puede servir de sustento para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de éste, por cuanto se estaría eludiendo el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne y que por ende también sus adiciones o modificaciones, deben celebrarse por escrito, y agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador para tal efecto, la Sala confirmará la sentencia apelada.

 

Con todo, advierte la Sala que en el sub judice, no se verifica la presencia de los casos excepcionales que fueron enlistados en la sentencia de unificación, pues evidentemente no existen elementos de convicción que así lo demuestren, ya que no hay medio probatorio alguno que indique que la administración constriñó o impuso al contratista a realizar las modificaciones técnicas de las cuales se derivó el incremento del valor del contrato; tampoco es factible afirmar que el presente caso, sea uno de aquellos en los que está envuelta la protección al derecho a la salud o la urgencia manifiesta con las condiciones que la sentencia de unificación exige, pues es evidente que no se observan los supuestos para la configuración dichos casos excepcionales.  


[1] CE SIII E 15596 DE 2010 

Regla

Una entidad pública no debe reconocer al contratista el pago de la mayor cantidad de obra ejecutada del contrato suscrito con anterioridad cuando no se tiene documento escrito que lo avale, en razón a que:

 

  1. La modificación de los contratos estatales, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. 
  2. La modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero
  3. Incluso en aquellos casos en que se hubiere acreditado el pacto verbal de las partes para modificar las obligaciones de contratista y el valor del Contrato, no sería posible reconocerle efecto alguno a tal acuerdo puesto que la modificación consensual, de un acuerdo que legalmente se debe extender por escrito, es decir, que es solemne, está llamada a ser desestimada por el ordenamiento jurídico.

Nota del editor. Dentro del proceso se demostró que existen  elementos tendientes a demostrar el cambio de las actividades a cargo del contratista y con ello el incremento del valor del contrato, como lo son, el Acta del Comité Técnico y el Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo, en virtud de la cual, la entidad pública contratante  se obligó a entregarle a la entidad pública contratista , los recursos necesarios para la obra contratada con el actor, lo cierto es que, tal y como lo advirtió la A quo, dada la solemnidad que caracteriza a los contratos estatales, acorde con la legislación especial que regula esta materia, estos no cumple los requisitos de solemnidad de los contratos estatales 

Decisión

PRIMERO. SE MODIFICA la providencia del 24 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito de Medellín, dentro del proceso promovido por el señor Carlos Alberto Escobar Restrepo en contra del Municipio de Sabanalarga, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia; adicionando los siguientes numerales:

 

“PRIMERO. SE DECLARA JUDICIALMENTE LIQUIDADO el Contrato Licitación Pública No. 008 del 09 de septiembre de 2007 suscrito entre el Municipio de Sabanalarga y el señor Carlos Alberto Escobar Restrepo, acorde con las razones expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. SE DECLARA que las partes quedan a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de conformidad con las consideraciones precedentes.”

 

SEGUNDO.  SIN COSTAS en la presente instancia.

 

TERCERO.  Se acepta la renuncia al poder presentada por la profesional del derecho Marcela Tamayo Arango, en su calidad de apoderada del ente territorial accionado (fl. 408). Se reconoce personería al Abogado Juan Esteban Arboleda Jiménez para representar los intereses del Municipio de Sabanalarga, en los términos del poder conferido (fl. 409)

 

CUARTO. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen.

 

   

Marco jurídico

Ley 80 de 1993.Artículos 39 y 41 Código Civil. Artículo 1602 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: La modificación de los contratos estatales, consistente en adición de obras, valor y período para..
Síntesis
1.  EQUILIBRIO ECONÓMICO.
Fichas
Identificadores
  • Sobrecostos
  • Solemnidad del contrato
  • Contrato interadministrativo
  • Etapa contractual
  • Carga de la prueba
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Solemnidad del contrato
  • Contrato interadministrativo
  • Etapa contractual
  • Carga de la prueba
  • Contratación estatal
  • Normativa
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