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Entidades públicas no  debe asumir el pago de un contrato de empréstito e indemnizar al contratista por concepto de daños materiales y morales, cuando el contrato se suscribió con el fin de legalizar una actuación 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 25800 DE 2014

Identificadores

Contrato de mutuo
Contrato de empréstito
Indemnización
Contratación estatal
Etapa contractual
Responsabilidad contractual
Objeto ilícito
Solemnidad del contrato
Provecho ilícito
Contrato de mutuo
Contrato de empréstito
Indemnización
Contratación estatal
Etapa contractual
Responsabilidad contractual
Objeto ilícito
Solemnidad del contrato
Provecho ilícito

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 25800 DE 2014

Caso

YOLANDA GAINES BORG VS. MUNICIPIO DE TURBACO 

Hechos relevantes

El Consejo Municipal de Turbaco, mediante acuerdo No. 50 de 1992, facultó al alcalde del municipio para que celebrara contrato de empréstito con la nación y entidades bancarias reconocidas por la superintendencia financiera.   En desarrollo del acuerdo expedido por el consejo municipal, el alcalde del municipio de Turbaco celebró dos contratos de empréstito con el señor William Gaines Rodríguez. El municipio de Turbaco asumió con el contratista la obligación de reconocer como tasa de interés el equivalente al tres por ciento (3%) mensual por las sumas entregadas y un cuatro punto cinco por ciento (4.5%) en caso de mora.   Durante el cambio de administración, el nuevo alcalde formuló denuncia contra su antecesor por celebración indebida de contratos y se abstuvo de cumplir lo pactado con el contratista por considerar que el contrato no se realizó con las formalidades exigidas por la ley. Adicionalmente interpuso una denuncia penal en contra del anterior alcalde, por posible peculado por apropiación y destinación oficial diferente al suscribir varios pagarés con diferentes personas naturales.    Dentro de la investigación penal se determinó (i) que varios habitantes del municipio de Turbaco le entregaron directamente al alcalde de esa municipalidad, altas sumas de dinero en calidad de préstamo; (ii) la entrega de esos dineros fue respaldada con varios cheques de las cuentas del municipio; (iii) que ante la falta de fondos de esos títulos valores fueron devueltos a la Tesorería municipal de Turbaco; (iv) que antes de finalizar el período del alcalde municipal, los acreedores le exigieron el pago de sus créditos, para lo cual se firmaron los contratos de empréstito y los pagarés que aquí se reclaman a nombre de la señora Yolanda Gaines Borg, quien no realizaba ninguna gestión ante el municipio frente a esos créditos pero figuró como beneficiara de los contratos y pagarés mencionados, en tanto las sumas entregadas en préstamo eran suyas. 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad territorial asumir el pago de un contrato de empréstito e indemnizar al contratista por concepto de daños materiales y morales, cuando el contrato se suscribió con posterioridad a la entrega del dinero al representante del municipio para legalizar la actuación?  

Razones de la decisión

«(...) i) La afectación patrimonial sufrida por el demandante no constituye daño y mucho menos reviste la condición de antijuricidad desde el plano de la responsabilidad patrimonial –contractual– del Estado.   ii) En efecto, para que se pueda predicar la existencia de un daño se requiere que el interés jurídico –material o inmaterial– que resulta afectado o lesionado tenga su fundamento en una situación jurídicamente protegida, es decir, el interés, bien o derecho sea legítimo y lícito[1].
En el caso concreto, se tiene que el interés jurídico que se invoca por el demandante no está protegido, ya que su génesis se encuentra en una conducta inexorablemente irregular, consistente en la entrega por particulares de diversas sumas de dinero, en efectivo, a favor de quien se desempeñaba como alcalde municipal de la entidad territorial, sin que se cumpliera con los requisitos legales establecidos en la ley 80 de 1993; situación irregular –que pudo haber sido amparada por el ordenamiento jurídico a favor del particular, en caso de que hubiera sido incitado, convocado o constreñido por la administración pública– que luego se pretendió dotar de legalidad con la suscripción apócrifa de un aparente contrato estatal con miras a salvaguardar la actuación ilícita del alcalde de la entidad demandada.

(...)

 

Se trata de una típica circunstancia de inexistencia de objeto, porque el negocio jurídico sólo pretende formalizar las prestaciones de dar y hacer que se ejecutaron entre las partes sin contrato, unos meses o años antes. Así que el origen de la obligación realmente nació de los hechos, no de los contratos, que se presentaron en esa época


(...)


Por lo expuesto, la Sala declarará que los dos contratos de empréstito, si en gracia de discusión existen, adolecen de nulidad absoluta, pues es ilícita la causa que los originó, en este caso comoquiera que, a la luz de los principios de la Ley 80 de 1993, los negocios jurídicos sólo se pueden suscribir para que generen obligaciones, no para engañar o mentir sobre las que se causaron mediante actuaciones materiales pasadas; así que este intento de legalizar los hechos cumplidos lo proscribe la ley, sobre todo si el contenido de las obligaciones trata de hacer ver que apenas se van a ejecutar, cuando en realidad fueron cumplidas tiempo atrás

(...)»

 


[1] “La noción de situación jurídicamente protegida como clave para que una persona esté legitimada para actuar bien podría ser enunciada por su anverso, esto es, que no puede recibir indemnización quien se encuentre en una situación ilegal de la que se genera el título por el cual se reclama… No se trata entonces de que la situación del demandante se encuentre protegida por la moral, sino afirmar que la situación jurídicamente protegida es un derecho ínsito a toda persona que, por el sólo hecho de serlo, puede demandar… La postura de la jurisprudencia anterior hacía tabla rasa en la aplicación de una regla que aunque sigue existiendo debe ser enunciada de manera mucho más restrictiva: no puede demandar reparación del daño la persona que pretende que se le repare lo que es fruto de una situación ilegal. No tendría derecho a recibir indemnización, no porque no haya sufrido un perjuicio, que en efecto puede haberlo sufrido, sino porque el ordenamiento jurídico no protege ese interés o derecho porque se deriva de una situación contraria a la ley.” HENAO, Juan Carlos “El daño”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 94 y 95. 

Regla

Una entidad territorial no debe asumir el pago de un contrato de empréstito e indemnizar al contratista por concepto de daños materiales y morales, cuando el contrato se suscribió con posterioridad a la entrega del dinero al representante del municipio para legalizar la actuación, porque:

 

  1. Para predicar la existencia de un daño se requiere que el interés jurídico –material o inmaterial– que resulta afectado o lesionado tenga su fundamento en una situación jurídicamente protegida, es decir, el interés, bien o derecho sea legítimo y lícito. En el caso concreto, se tiene que el interés jurídico que se invoca por el demandante no está protegido, ya que su génesis se encuentra en una conducta inexorablemente irregular, consistente en la entrega por particulares de diversas sumas de dinero, en efectivo, a favor de quien se desempeñaba como alcalde municipal de la entidad territorial, sin que se cumpliera con los requisitos legales establecidos en la Ley 80 de 1993.
  2. Hay inexistencia de objeto contractual, dado que el negocio jurídico sólo pretende formalizar las prestaciones de dar y hacer que se ejecutaron entre las partes sin contratantes. Así que el origen de la obligación realmente nació de los hechos, no de los contratos.
  3. Los dos contratos de empréstito adolecen de nulidad absoluta, pues es ilícita la causa que los originó. 

Decisión

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los contratos de empréstito suscritos entre el municipio de Turbaco y la señora Yolanda Gaines Borg, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: ABTENERSE de ordenar las restituciones mutuas, en los términos expuestos en esta providencia. CUARTO: SIN COSTAS, toda vez que no están probadas. QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Se trata de una típica circunstancia de inexistencia de objeto, porque el negocio jurídico sólo pretende formalizar las prestaciones de dar y hacer que se ejecutaron entre las partes sin contrato, unos meses o años antes. Así que el origen de la obligación realmente nació de los hechos, no de los contratos, que se presentaron en esa época

Marco jurídico

Ley 80 de 1993, Artículo 41

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Entidades públicas no  debe asumir el pago de un contrato de empréstito e indemnizar al..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contrato de mutuo
  • Contrato de empréstito
  • Indemnización
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Responsabilidad contractual
  • Objeto ilícito
  • Solemnidad del contrato
  • Provecho ilícito
  • Contrato de mutuo
  • Contrato de empréstito
  • Indemnización
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Responsabilidad contractual
  • Objeto ilícito
  • Solemnidad del contrato
  • Provecho ilícito
  • Normativa
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