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La sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del Acto, genera efectos erga omnes, lo cual lleva a concluir necesariamente que el Contrato se vio afectado por la nulidad del mencionado acto, desde el momento mismo de su celebración

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 33832 DE 2014

Identificadores

Etapa contractual
Contrato de concesión
Contratación estatal
Acción de controversias contractuales
Nulidad del contrato
Actos administrativos
Concejo Municipal
Etapa contractual
Contrato de concesión
Contratación estatal
Acción de controversias contractuales
Nulidad del contrato
Actos administrativos
Concejo Municipal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 33832 DE 2014

Caso

PERSONERO MUNICIPAL DE PEREIRA Y OTRO VS. MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTRO

Hechos relevantes

El 17 de septiembre de 1999 se suscribió un contrato de concesión entre el Municipio de Pereira y la sociedad ENELAR E.S.P con fundamento a un acuerdo del concejo que fue derogado por otro, el cual estableció un impuesto de alumbrado público y otorgó facultades al alcalde para contratar la prestación del servicio de alumbrado público.

 

El 14 de diciembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Risaralda decretó la nulidad del acuerdo derogado transitando a cosa juzgada por ser violatorio del Reglamento del Concejo Municipal.

 

Como ninguno de los otrosíes del contrato de concesión suscritos con posterioridad a la expedición del nuevo acuerdo hizo referencias a las facultades del alcalde, la administración no hizo uso de las facultades conferidas por dicho acto.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública continuar con la ejecución de un contrato estatal cuando uno de los actos previos a la celebración del contrato fue declarado nulo absoluto por parte de un tribunal?

Regla ampliada

Los efectos de la nulidad de un acto administrativo en el escenario de una acción contractual: «(…) “Al respecto, el Código Contencioso Administrativo señala en el artículo 175, que “…la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes…”, lo cual significa que produce efecto general contra todos. Si bien los efectos temporales de dicha declaratoria no tienen señalamiento legal, la jurisprudencia ha entendido que se parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia, siempre que no esté consolidada la situación que del mismo se desprende.

 

Sobre el punto en comento esta Corporación en Sentencia de 19 de abril de 1991, manifestó:

 

“Respecto a los efectos de las sentencias de nulidad proferidas por la jurisdicción Contencioso-Administrativa ha sido reiterada esta Corporación, en el sentido de que ellas producen efectos ex tunc (“desde entonces”), esto es, desde el momento en que se expidió el acto anulado, sin que afecte ese hecho el que dicha declaratoria tenga como fundamento la atribución constitucional de esta jurisdicción de defensa de la Carta Fundamental en los términos del artículo 216 C. N.

 

“Como consecuencia de lo anterior, las cosas se deben retrotraer al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto, por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de expedición del acto y la sentencia anulatoria son afectadas por la decisión tomada en esta última.

 

“Se diferencia así de las sentencias de inexequibilidad pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia, las cuales, como lo ha sostenido la misma Corte producen efectos hacia el futuro, esto es, ex nunc (“desde ahora”), desde el momento de su pronunciamiento, asimilándose por tanto a aquellos que produce la derogatoria de una norma.

“En este orden de ideas, es preciso entender que si se expide un acto administrativo de carácter particular con base en un acto de carácter general que se presume válido al momento de la expedición del primero, y el acto que le sirve de fundamento es anulado, y por lo tanto se considera que no ha existido jamás, con mayor razón debe anularse el acto particular, pues el acto que le sirvió de base desapareció del mundo jurídico desde el momento mismo de su creación, y es lógico que el acto particular, al carecer de fundamento, también debe ser eliminado del ámbito jurídico desde el instante mismo de su expedición, es decir, debe ser anulado también, pues solo con dicha medida “se logra la plenitud de la tutela jurídica que no se obtendría por la vía de la revocación o de la derogación, pues estas modalidades de extinción dejan intactos los efectos producidos anteriormente”, tal como lo sostuvo la Corporación en sentencia del 13 de marzo de 1979, con ponencia del Doctor Carlos Galindo Pinilla.”[1] (…)»

 

Nulidad absoluta sobreviniente de un  contrato estatal: «(…) “Las nulidades absolutas constituyen vicios e imperfecciones en las que puede incurrir el proceso de formación de los contratos, de tal gravedad, que impiden que éstos se celebren o se continúen ejecutando. Su declaración pretende proteger el interés jurídico que rodea a la materia contractual, dando lugar a normas imperativas o de orden público que no pueden ser desconocidas ni discutidas por las partes. Por ello, las nulidades absolutas pueden ser demandadas por las partes, el ministerio público y cualquier persona. Además, atendiendo a la afectación que producen en el orden jurídico no son susceptibles de reparación, enmienda o saneamiento por las partes; por el contrario, imponen la terminación de forma inmediata del contrato que las contiene.[2] (…)»

 

 


[1] CE SIII E 3151 DE 1991.

[2] T-1341 de 2001

Razones de la decisión

«(…) Existen elementos de juicio suficientes para concluir que el contenido del Acuerdo No. 125 y la autorización incluida en el mismo constituyeron un acto administrativo respecto del cual se puede afirmar –ahora sí- sin lugar a hesitación, que resultó básico, esencial o fundamental, para la celebración del Contrato de Concesión No. 01 de 1999.

 

(…)

 

Vale la pena reiterar que la sentencia mediante el cual se declaró la nulidad del Acuerdo No. 125 de 1998 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, generó efectos erga omnes y por lo tanto el mencionado acto administrativo fue expulsado del mundo jurídico desde el momento mismo en que se adoptó en ilegal forma, es decir que para este evento los efectos de la nulidad que fue declarada judicialmente se retrotraen a la fecha de expedición del anulado Acuerdo 125 de 1998, lo cual lleva a concluir necesariamente que el Contrato No. 01 de 1999 se vio afectado por la nulidad del mencionado Acuerdo 125, desde el momento mismo de su celebración.

 

Resulta importante destacar que en este caso particular no puede predicarse la excepción a la regla general de los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del acto administrativo, por razón de supuestas situaciones jurídicas ya consolidadas- que de ningún modo se pueden invocar- en la medida en que las consecuencias jurídicas del acto de autorización contenido en el Acuerdo No. 125 de 1998 continuaron surtiendo su efecto como acto previo y aprobatorio del contrato, aun habiéndose tratado de unas facultades pro tempore, efecto que tampoco desapareció por la derogatoria del Acuerdo, en tanto que fue al amparo del antedicho Acuerdo que se celebró el Contrato de Concesión No. 01 de 1999 por el término de 20 años, lapso que todavía se encuentra en curso, por manera que el contrato pierde piso jurídico ante la declaratoria de nulidad de la autorización, en la misma forma y con los mismos efectos que el acto –anulado- en que se fundamentó.

 

Con el propósito de demostrar la improcedencia del argumento acerca de la situación jurídica consolidada, la Sala acude aquí a la técnica de hermenéutica consistente en la reducción al absurdo de tal tesis, puesto que de ninguna manera la celebración del contrato por parte del Alcalde Municipal se puede invocar como una situación jurídica que llegue a erradicar la ilegalidad del acto de autorización para contratar, toda vez que ello resultaría a todas luces contrario a derecho, precisamente porque implicaría la consolidación de la ilegalidad y la violación de las disposiciones constitucionales y legales que exigen la autorización para contratar. Por el contrario, la consecuencia legalmente establecida por la causal del numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80, en el caso de la ilegalidad del acto de autorización emanado del Concejo Municipal, no es otra que la nulidad del contrato celebrado con fundamento en un acto administrativo declarado nulo.

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los otrosíes mediante los cuales se modificaron algunas de las cláusulas del Contrato de Concesión No. 01 son accesorios al contrato principal, la decisión de decretar la nulidad del referido contrato conlleva la declaratoria de nulidad de las modificaciones contractuales las cuales igualmente fueron impugnadas en este proceso, toda vez que los acuerdos modificatorios no pueden subsistir con independencia del contrato que será anulado. (…)»

 

Regla

Una entidad pública no puede continuar con la ejecución de un contrato de concesión cuando uno de los actos previos a la celebración del contrato fue declarado nulo absoluto por parte de un tribunal, en razón a que:

  1. El Acto previo declarado nulo fue un acto fundamental para la celebración del Contrato de Concesión.
  2. La sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del Acto , generó efectos erga omnes y por lo tanto el mencionado acto administrativo fue expulsado del mundo jurídico desde el momento mismo en que se adoptó en ilegal forma, es decir que para este evento los efectos de la nulidad que fue declarada judicialmente se retrotraen a la fecha de expedición del anulado Acto, lo cual lleva a concluir necesariamente que el Contrato se vio afectado por la nulidad del mencionado acto, desde el momento mismo de su celebración.
  3. El contrato de concesión pierde piso jurídico ante la declaratoria de nulidad de la autorización, en la misma forma y con los mismos efectos que el acto –anulado- en que se fundamentó.
  4. Los otrosíes mediante los cuales se modificaron algunas de las cláusulas del Contrato de Concesión son accesorios al contrato principal, la decisión de decretar la nulidad del referido contrato conlleva la declaratoria de nulidad de las modificaciones contractuales.

Decisión

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006).

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Articulo 45 inciso segundo.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: La sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del Acto, genera efectos erga omnes, lo cual..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Contratación estatal
  • Acción de controversias contractuales
  • Nulidad del contrato
  • Actos administrativos
  • Concejo Municipal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Contratación estatal
  • Acción de controversias contractuales
  • Nulidad del contrato
  • Actos administrativos
  • Concejo Municipal
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