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La garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas que culminarán con la expedición de un acto administrativo, implica dar a conocer su existencia al administrado y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24743 DE 2013

Identificadores

Contratación estatal
Liquidación
Entidades estatales
Etapa contractual
Caducidad del contrato
Defensa
Contratación estatal
Liquidación
Entidades estatales
Etapa contractual
Caducidad del contrato
Defensa

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 24743 DE 2013

Caso

ANA ESMERALDA MEDINA VS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Hechos relevantes

En 1997, Ana Esmeralda Medina y el Instituto Nacional De Salud celebraron un contrato de suministro de alimentación para los empleados de la contratante, el cual fue incumplido por la contratista en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos servidos, razón por la cual le fue declarada la caducidad del contrato, que fue debidamente liquidado.

 

Sin embargo, la actora alega en la expedición del acto demandado se violó el debido proceso, pues las muestras que según la demandada se tomaron a los alimentos lo fueron sin presencia de la contratista y porque no se le informaron inmediatamente las deficiencias en el momento en que supuestamente se detectó la presencia de alimentos descompuestos.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal de manera unilateral declarar la caducidad de un contrato de suministro con un particular sin vulnerar el derecho al debido proceso?

Razones de la decisión

«(…). El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 consagró expresamente el derecho al debido proceso en materia contractual, al establecer que “(…) será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contrac­tuales” y al ordenar que la decisión de imponer multas al contratista “(…) deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista (…)”.


(…)


17. De otro lado, con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007 que se refirió de manera expresa al derecho del debido proceso en materia contractual, la Ley 80 de 1993 en sus artículos 23 y 77, ya remitía a los principios del derecho administrativo al establecer su aplicación en materia contractual y ordenaba que, en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de la ley de contratación, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa sean aplicadas en las actuaciones contractuales, en el entendido de que también éstas corresponden al ejercicio de la función administrativa, toda vez que se hallan encaminadas a la obtención de  bienes, obras, servicios, etc., que requieren las entidades para el cumplimiento de los objetivos y deberes estatales, orientados a su vez a la satisfacción del interés general.


(…)


19. Aplicado lo anterior en materia contractual, significa que cuando la administración se disponga a expedir una decisión que afecte los derechos e intereses de quienes intervienen en las actuaciones adelantadas en materia contractual –los proponentes en los procedimientos de selección y los contratistas en los negocios jurídicos celebrados-, debe actuar de tal manera que los administrados tengan conocimiento de la intención de la entidad de decidir alguna cuestión que los afecta, las razones que la misma arguye como fundamento para su actuación y las pruebas que soportan la futura decisión unilateral, garantizándoles el derecho a intervenir en la etapa previa a la expedición del acto administrativo y a ejercer su derecho de audiencia y de defensa, mediante la manifestación de los descargos o justificaciones que tengan a bien brindar en relación con su conducta, la valoración de las pruebas que posean o soliciten, así como otorgándoles la oportunidad de controvertir las existentes.

 

(…) 

 

23. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, encuentra la Sala que, en el presente caso, no se dio la violación al debido proceso alegada por la parte actora, toda vez que la decisión de la entidad demandada contenida en la resolución n.o 0288 del 6 de junio de 1997, por medio de la cual declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentos, confirmada por resolución n.o 0385 del 11 de julio del mismo año, estuvo precedida de requerimientos y advertencias al contratista, quien no fue por lo tanto, sorprendido con la decisión y tuvo oportunidad de presentar sus explicaciones y descargos antes de la expedición del acto de caducidad del contrato.

 

24. En efecto, el material probatorio allegado al plenario es demostrativo de que una vez iniciada la ejecución del contrato, los funcionarios del Instituto Nacional de Salud, quienes eran los destinatarios del suministro de alimentación contratado, presentaron quejas en relación con una serie de deficiencias tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos suministrados por la contratista (párrafo 8.5).

 

(…)

 

32. Por otra parte, las pruebas debidamente aportadas al plenario demuestran que la decisión de declarar la caducidad del contrato no fue tomada a espaldas de la contratista ni ésta fue sorprendida con la determinación de la entidad, sino todo lo contrario, estuvo precedida de al menos una reunión en la que participó un empleado suyo y de la que se levantó un acta de requerimiento a la contratista, a través de la cual se le informó detalladamente del incumplimiento de las obligaciones contractuales y se le advirtió sobre las consecuencias legales que del mismo se podían derivar (párrafo 8.9), sin que la demandante hubiere acreditado en el plenario que se haya dado respuesta formal a las observaciones efectuadas por la entidad en dicha reunión.

 

33. En este punto, resulta necesario acotar que la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas que culminarán con la expedición de un acto administrativo, implica dar a conocer su existencia al administrado y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pero ello no significa que el no ejercicio de este último, que depende de la sola voluntad del administrado, se traduzca en el desconocimiento del derecho fundamental.

 

34. Dicho en otras palabras, el hecho de que el administrado, a pesar de habérsele dado oportunidad para ello, no dé respuesta a las observaciones de la administración ni aporte o pida la práctica de pruebas que contradigan las que ésta posee, no implica desconocimiento del debido proceso. Este se garantiza al posibilitar las acciones defensivas del destinatario de la decisión antes de su expedición, independientemente de que ellas sean ejercidas o no.   (…)» 

Regla

Una entidad estatal puede de manera unilateral declarar la caducidad de un contrato de suministro con un particular sin vulnerar el derecho al debido proceso, en razón a que:

 

  1. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 consagró expresamente el derecho al debido proceso en materia contractual, al establecer que será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contrac­tuales” y deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista.
  2. No se dio la violación al debido proceso alegada por el contratista, toda vez que la decisión de la entidad contenida en una resolución, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentos, confirmada posteriormente, estuvo precedida de requerimientos y advertencias al contratista, quien no fue por lo tanto, sorprendido con la decisión y tuvo oportunidad de presentar sus explicaciones y descargos antes de la expedición del acto de caducidad del contrato.
  3. Las pruebas debidamente aportadas al plenario demuestran que la decisión de declarar la caducidad del contrato no fue tomada a espaldas de la contratista ni ésta fue sorprendida con la determinación de la entidad, sino todo lo contrario, estuvo precedida de al menos una reunión en la que participó un empleado suyo y de la que se levantó un acta de requerimiento a la contratista, a través de la cual se le informó detalladamente del incumplimiento de las obligaciones contractuales y se le advirtió sobre las consecuencias legales que del mismo se podían derivar.
  4. Resulta necesario acotar que la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas que culminarán con la expedición de un acto administrativo, implica dar a conocer su existencia al administrado y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pero ello no significa que el no ejercicio de este último, que depende de la sola voluntad del administrado, se traduzca en el desconocimiento del derecho fundamental.

Decisión

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 12 de febrero de 2003.

 

SEGUNDO: Sin condena en costas. 

Marco jurídico

Ley 1150 de 2007 Ley 80 de 1993. Artículos 23 y 77.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: La garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas que culminarán con la..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Liquidación
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Caducidad del contrato
  • Defensa
  • Contratación estatal
  • Liquidación
  • Entidades estatales
  • Etapa contractual
  • Caducidad del contrato
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