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No existe una fórmula para evaluar la moralidad administrativa, por lo que su presunta vulneración debe ser analizada en cada caso concreto

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP00726 DE 2007

Identificadores

Contratación estatal
Patrimonio estatal
Objeto contractual
Etapa contractual
Moralidad pública
Acción popular
Contratación estatal
Patrimonio estatal
Objeto contractual
Etapa contractual
Moralidad pública
Acción popular

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP00726 DE 2007

Caso

MARIA NUBIA ZAMORA VARGAS VS. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA Y OTROS.MARIA NUBIA ZAMORA VARGAS VS. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA Y OTROS

Hechos relevantes

El 16 de junio de 2004, la señora María Nubia Zamora instauró acción popular contra la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata Huila ESP, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público ya que a su juicio esta es una empresa prestadora de servicios públicos, encargada de la dirección, administración y prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, plazas de mercado y aseo de la Plata. El capital de esta empresa está constituido por aporte estatal, y sus contratos, de conformidad con el artículo 32 de la ley 142 de 1994, se rigen por el derecho privado salvo las excepciones legales.

 

Argumenta la actora que a partir del año 2000 se han venido celebrado ciertos contratos en los que el objeto pactado corresponde a funciones constitucionalmente asignadas a la Contraloría General de la República, conforme al artículo 267 de la Constitución Política.

 

Considera vulnerado el derecho de la moralidad administrativa porque el proceso de contratación tiene como objeto el desarrollo de actividades que constitucional y legalmente corresponden a las contralorías y no a este tipo de empresas. También considera vulnerado el derecho al patrimonio público en tanto los contratos celebrados duplican labores que debían ser ejercidas por la contraloría, por lo que el objeto de los contratos demandados es el mismo de contratos que se han celebrado anteriormente entre la empresa de servicios públicos y la Contraloría, generando el pago de gastos innecesarios.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal celebrar contratos cuyo objeto corresponde a funciones designadas a otras dependencias públicas sin vulnera el derecho de la moralidad administrativa?  

Razones de la decisión

«(…) La moralidad administrativa, como todos los principios constitucionales, informa una determinada institución jurídica, por esta razón, para definir su contenido, en un caso concreto, es necesario remitirse a la regulación de esta última. De lo dicho se infiere que los principios constitucionales, y las instituciones jurídicas, se sirven los unos a los otros, dado que aquellos constituyen la fuente de regulación de éstas y la definición del contenido de estas últimas implica regresar a dicha regulación.

 

 

No existe una fórmula para evaluar la moralidad administrativa, por lo que su presunta vulneración debe ser analizada en cada caso concreto, a la luz de otros derechos o principios legales y constitucionales. Debe aclararse, sin embargo, que no toda ilegalidad atenta contra el derecho colectivo a la moralidad administrativa, por lo que debe probarse la mala fe de la administración y la vulneración a otros derechos colectivos.

 

Ahora, para la Corte Constitucional, la moralidad, “en su acepción constitucional, no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad.”

 

Lo expuesto por la Corte pone en evidencia la estrecha relación entre los derechos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, que, en ocasiones, los hace inescindibles, aunque cada uno de ellos posea una naturaleza distinta e independiente.

 

Considera la Sala, en relación con la moralidad administrativa, que en el caso concreto no se demostró que la empresa de servicios públicos del Municipio de la Plata Huila, haya obrado de mala fe, pretendido apartarse de los fines e intereses del Estado o de los principios que deben regir la función administrativa, como tampoco que su intención, al celebrar el contrato  No. 013 de 2003, haya sido la de beneficiar intereses particulares o de terceros, luego por este aspecto la demanda no habrá de prosperar. (…)»

Regla

Una entidad estatal al celebrar contratos cuyo objeto corresponde a funciones designadas a otras dependencias públicas no vulnera el derecho de la moralidad administrativa, en razón a que:  

  1. No existe una fórmula para evaluar la moralidad administrativa, por lo que su presunta vulneración debe ser analizada en cada caso concreto, a la luz de otros derechos o principios legales y constitucionales. Debe aclararse, sin embargo, que no toda ilegalidad atenta contra el derecho colectivo a la moralidad administrativa, por lo que debe probarse la mala fe de la administración y la vulneración a otros derechos colectivos. 
  2. No se demostró que la entidad pública haya obrado de mala fe, pretendido apartarse de los fines e intereses del Estado o de los principios que deben regir la función administrativa, como tampoco que su intención, al celebrar el contrato haya sido la de beneficiar intereses particulares o de terceros. 

Decisión

REVÓCASE la sentencia del 27 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar,   PRIMERO.  NIÉGANSE las excepciones propuestas por la entidad demandada.   SEGUNDO.  ORDÉNASE la protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, solicitado por la parte actora.   TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE la nulidad del contrato No. 013 del 1 de enero de 2003.   CUARTO.  En lo sucesivo ABSTÉNGASE la demandada de seguir celebrando contratos de auditoría externa de gestión y resultados.   QUINTO. RECONÓCESE en favor de la parte actora, por concepto del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que serán pagados, por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata Huila.   SEXTO.  CONDÉNESE en costas a la Empresas de Servicios Públicos del Municipio de la Plata Huila.   SÉPTIMO.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMÍTASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.”

Marco jurídico

Constitución Política. Artículo 267. Ley 617 de 2000.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: No existe una fórmula para evaluar la moralidad administrativa, por lo que su presunta vulneración..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Patrimonio estatal
  • Objeto contractual
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Patrimonio estatal
  • Objeto contractual
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Acción popular
  • Normativa
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