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Adolece de objeto ilícito el contrato de enajenación de acciones de una entidad pública, cuando la venta se hace teniendo en cuenta condiciones especiales de las que no es sujeto el comprador

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP1204 DE 2003

Identificadores

Moralidad pública
Acción popular
Patrimonio estatal
Entrega del bien
Objeto ilícito
Contratación estatal
Moralidad pública
Acción popular
Patrimonio estatal
Entrega del bien
Objeto ilícito
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP1204 DE 2003

Caso

JAVIER ARMANDO RINCÓN Y OTRO VS. ECOPETROL Y FERNANDO LONDOÑO HOYOS

Hechos relevantes

Mediante subasta realizada el 2 de mayo de 1997 en la Bolsa de Bogotá, Fernando Londoño Hoyos compró acciones de Inversiones de Gases de Colombia S.A. (en adelante INVERCOLSA) que eran de propiedad de ECOPETROL.

 

El paquete de acciones debía ofrecerse inicialmente al sector solidario y a los trabajadores y extrabajadores, respondiendo a la necesidad de democratizar la propiedad.

 

En la venta de las acciones de ECOPETROL en INVERCOLSA, Fernando Londoño Hoyos adujo la calidad de trabajador para adquirir tales acciones pese a que su vínculo con INVERCOLSA era comercial y no laboral, y compró el 20%, ejerciendo la opción que correspondía a todos los trabajadores.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal hacer efectiva la entrega de acciones a particulares cuando los contratos que las enajenan adolecen de objeto ilícito, por otorgar los beneficios reservados para los destinatarios preferenciales de la primera fase de la venta, quienes no contaba con la calidad de tal, sin violar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público?

Regla ampliada

Procedencia de la acción popular para impugnar contratos estatales. «(…)En conclusión, la Acción Popular procede para impugnar contratos, siempre que se aduzca y demuestre lesión de derechos colectivos, como la moral administrativa y el patrimonio público, o cualquier otro definido como tal en la Constitución o la ley.    Por razón de su participación en un contrato estatal, que le confiere la calidad de colaborador de la Administración, el particular queda sometido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo al momento de juzgar si con su conducta en las etapas de formación y ejecución del contrato ha lesionado derechos colectivos, como quiera que el denominado «fuero de atracción» hace imposible que dos autoridades judiciales conozcan de un mismo contrato y decidan sobre su eficacia, validez, o sobre alguna de las irregularidades a que se refiere indiscriminadamente el artículo 40 de la Ley 472 (…)»

Razones de la decisión

« (…) El 12 de marzo de 1998 Fernando Londoño Hoyos inició contra INVERCOLSA S.A. un proceso ordinario laboral para reclamar el pago de salarios y prestaciones sociales por el período comprendido entre el 30 de julio de 1990 y el 6 de abril de 1995.[22]

 

Este proceso fue fallado, en primera instancia, el 27 de octubre de 2000  por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito, absolviendo a la demandada INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A., y su sentencia fue confirmada el 28 de junio de 2002, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá [23]. Las pretensiones del demandante fueron denegadas porque la relación de FERNANDO LONDOÑO HOYOS con la sociedad INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A. se rigió por un contrato de mandato comercial con representación.

 

(…)

 

Obra, entonces, sentencia firme del juez competente en el sentido de que  nunca existió vínculo laboral, y que el propio Fernando Londoño Hoyos declaró desde un comienzo que la relación contractual se constituía entre INVERCOLSA y la sociedad FERNANDO LONDOÑO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA. Por consiguiente, es desacertado el argumento con que el demandado sostiene que sólo después de esta sentencia podría considerarse que él no era un trabajador.

 

(…)

 

Las normas lesionadas forman parte del Derecho Público de la Nación, y por tanto, las conductas contractuales que les sean contrarias tienen objeto ilícito, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil. Por lo tanto, resulta de forzosa aplicación el artículo 1525 idem, que ordena:

 

«ARTÍCULO 1525.- No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.»

 

La consecuencia jurídica de haberse realizado esta adquisición contrariando lo dispuesto en las normas citadas es, según el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 226, la ineficacia del contrato de compraventa de acciones, a causa de su ilicitud, que lo hace absolutamente nulo.

 

6.6.2. Desde luego que la conducta en examen constituye una irregularidad en la contratación, que lesiona la moralidad administrativa, al tenor del artículo 40 de la Ley 472. Fernando Londoño Hoyos fue su protagonista al aparentar una calidad que no poseía y beneficiarse del precio fijo reservado a los destinatarios preferenciales de la primera fase de la venta, sustrayéndose ventajosamente a la competencia o puja que habría tenido que afrontar en la subasta que habría de realizarse en la segunda fase, única en que le era lícito participar. Se hizo, entonces, a beneficios contractuales que no le concedían las leyes. Este comportamiento desplegado en la etapa precontractual y en la celebración del contrato mismo, resulta contrario al deber que tienen los particulares de concurrir al perfeccionamiento de relaciones jurídicas lícitas con la Administración Pública, respetando los derechos de terceros y adquiriendo los propios con arreglo a la ley.

 

6.6.3. La venta de las acciones al precio fijo también lesionó el patrimonio público. De no haber comprado Fernando Londoño Hoyos las acciones, éstas habrían sido ofrecidas en martillo, donde razonablemente se habría obtenido un precio superior a causa de las pujas y competencia entre oferentes. Además, el artículo 6° del Decreto 2324 de 1996 preveía que las ventas que llegaren a realizar los adquirentes especiales dentro de los dos años siguientes habrían de tener un precio superior al de adquisición y serían sancionadas con multa graduada en función del tiempo y de la utilidad. (…)»

Regla

Una entidad estatal no puede hacer efectiva la entrega de acciones a particulares cuando los contratos que las enajenan adolecen de objeto ilícito, por otorgar los beneficios reservados para los destinatarios preferenciales de la primera fase de la venta, quienes no contaba con la calidad de tal, sin violar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, porque:  
  1. Dentro del procedimiento establecido para le venta de acciones por parte de Ecopetrol, se establecía claramente que en la primera fase, la oferta pública se haría a los trabajadores y extrabajadores de Invercolsa y de Cicolgas, calidad que no ostentaba el comprador Fernando Londoño Hoyos, por lo que se configura un objeto ilícito, en tanto la enajenación se efectúo contrariando lo dispuesto para la misma, pues el comprador se hizo a beneficios contractuales que no le concedían las leyes.
  2. La conducta en examen constituye una irregularidad en la contratación, que lesiona la moralidad administrativa.
  3. La venta de las acciones al precio fijo también lesionó el patrimonio público. De no haber comprado Fernando Londoño Hoyos las acciones, éstas habrían sido ofrecidas en martillo, donde razonablemente se habría obtenido un precio superior a causa de las pujas y competencia entre oferentes.

Decisión

Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «A» el 8 de abril de 2003.

 

En su lugar, se ordena:

 

  1. Ampárense los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa y al Patrimonio Público.
  2. Por haber contrariado normas de derecho público y tener, por tanto, objeto ilícito, es absolutamente nula y, en consecuencia, ineficaz, la compra efectuada por Fernando Londoño Hoyos de 145.000.000 de acciones de INVERCOLSA S.A., inscrita en el Libro de Registro de Acciones el 8 de mayo de 1997.
  3. Inscríbase la presente sentencia en el Libro de Registro de Acciones de INVERCOLSA S.A., quien cancelará el registro de dicha adquisición, como también las inscripciones realizadas con fundamento en ésta, especialmente la prenda a favor del Banco del Pacífico Colombia y del Banco del Pacífico Panamá, y la dación en pago de las acciones a ARRENDADORA FINANCIERA INTERNACIONAL BOLIVARIANA S.A.Así mismo, INVERCOLSA inscribirá como accionistas suyos a Empresa Colombiana de Petróleos, Explotaciones Cóndor S.A., y South American Gulf Oil Company, como si nunca se hubiese realizado la enajenación en favor de Fernando Londoño Hoyos; expedirá los respectivos títulos de acciones y acreditará ante esta Corporación y ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento del presente fallo dentro del término de diez días contados a partir de su comunicación.Intégrase el Comité para la Verificación del cumplimiento de la presente sentencia, así: El Procurador General de la Nación o su delegado; el Defensor del Pueblo; los actores populares; ECOPETROL; Fernando Londoño Hoyos y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «A», quien estará representado en el Comité por el Magistrado Ponente.  
  4. Ordénase a ARRENDADORA FINANCIERA INTERNACIONAL BOLIVARIANA S.A. restituir a ECOPETROL, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, los títulos de acciones de INVERCOLSA que recibió de Fernando Londoño Hoyos en virtud de la dación en pago.
  5. Condénase a Fernando Londoño Hoyos y a ARRENDADORA FINANCIERA INTERNACIONAL BOLIVARIANA S.A. a restituir a ECOPETROL los dividendos percibidos de INVERCOLSA mientras tuvieron las acciones en su poder. Liquídese esta condena de conformidad con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
  6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil, declárase que Fernando Londoño Hoyos no podrá repetir contra ECOPETROL la cantidad que pagó como precio de las acciones.
  7. Compúlsese copia de esta sentencia con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue la conducta del Presidente de INVERCOLSA, Enrique Vargas Ramírez según lo expuesto en la parte motiva.
  8. Compúlsese copia de esta sentencia con destino a la Superintendencia de Valores para que investigue a CORREDOR Y ALBÁN S.A. según lo expuesto en la parte motiva.
  9. Señálase a favor de la parte actora un incentivo equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales, que será pagado por Fernando Londoño Hoyos.
  10. 10. Por Secretaría, ejecutoriada esta sentencia, devuélvanse a la Bolsa de Bogotá «En Liquidación» los documentos remitidos para este proceso. Déjense copias

Marco jurídico

Ley 472 de 1998. Artículo 40. Ley 57 de 1887. Artículo 1519 y 1525. Ley 226 de 1995. Artículo 14. Constitución Política. Artículo 60. Código Civil. Artículos 1519 y 1525.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Adolece de objeto ilícito el contrato de enajenación de acciones de una entidad pública, cuando..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
Fichas
Identificadores
  • Moralidad pública
  • Acción popular
  • Patrimonio estatal
  • Entrega del bien
  • Objeto ilícito
  • Contratación estatal
  • Moralidad pública
  • Acción popular
  • Patrimonio estatal
  • Entrega del bien
  • Objeto ilícito
  • Contratación estatal
  • Normativa
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