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Una entidad pública dentro de un proceso licitatorio puede no otorgar a una de las ofertas presentadas el puntaje más alto (5 puntos) en cuanto al ítem de experiencia en la construcción de vías urbanas y andenes, cuando uno de los contratos presentados para soportar ese requerimiento no guardaba relación con dicha experiencia

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SII E 24025 DE 2013

Identificadores

Oferta más favorable
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Licitación pública
Contratación estatal
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Licitación pública
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SII E 24025 DE 2013

Caso

CARLOS MARIO HINCAPIÉ MOLINA VS. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU-

Hechos relevantes

El ingeniero Carlos Mario Hincapié Molina participó en una licitación, del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, para la contratación de la construcción de andenes en la Avenida Jiménez, entre la carrera 10 y la Avenida Caracas, de Bogotá.

 

El numeral 4.7 del pliego de condiciones estableció como factores de evaluación el valor de la propuesta (con 25 puntos), la experiencia general del proponente (con 15 puntos), la experiencia del proponente en trabajos similares (con 25 puntos) y la experiencia de los profesionales postulados para realizar los trabajos (con 35 puntos), para un total de 100 puntos posibles.

 

Dentro del ítem “EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES POSTULADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS”, se discriminó un ítem titulado “EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES” , cuya máxima calificación posible era de 35 puntos, distribuidos así: 20 puntos para el ingeniero director y 15 puntos para el ingeniero residente. Los puntajes máximos sólo se otorgarían si se acreditaban los requisitos exigidos por el pliego de condiciones.

 

Específicamente, en lo que tiene que ver con el director del proyecto, el pliego de condiciones previó dos aspectos objeto de calificación: estudios y experiencia.

 

Por estudios, se otorgaría una calificación máxima de 5 puntos, si se acreditaba título de especialización, maestría, doctorado o PhD, relacionados con ingeniería civil, arquitectura o áreas administrativas. La anterior exigencia se podía homologar con experiencia, superior a 8 años, en proyectos de construcción de vías urbanas o andenes.

 

Por experiencia, se concedería una calificación máxima de 15 puntos, así: 3 puntos por cada año de experiencia como director de obra en proyectos de construcción de vías urbanas o andenes, hasta alcanzar un total de 15 puntos y 3 puntos por cada año laborado como profesional de entidades estatales, en las cuales hubiera tenido a su cargo proyectos de construcción de vías urbanas o andenes, en cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo, hasta alcanzar un máximo de 15 puntos.

 

Como resultado de la evaluación de los factores materia de calificación, Carlos Mario Hincapié Molina obtuvo un total de 95 puntos, sobre 100 posibles.

 

Según los informes de evaluación y calificación, la propuesta del ingeniero Carlos Mario Hincapié Molina no obtuvo los 5 puntos susceptibles de ser otorgados en cuanto a la exigencia de estudios del director del proyecto, porque sólo acreditó un total de 7.8 años de experiencia en la construcción de vías urbanas o andenes, mientras que el pliego exigía, para homologar los requisitos de estudios, una superior a 8 años en los mencionados proyectos.

  Pese a lo anterior, según la demanda, en el proceso de selección se acreditó que el ingeniero Edgar Parrado, propuesto como director del proyecto, tenía una experiencia de 8.33 años. La diferencia consistió en que la entidad pública no tuvo en cuenta la totalidad de los contratos relacionados en el anexo 6 A de la propuesta, específicamente, los identificados así: “22/08/96, 1/03/97, 5/08/97” .

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública dentro de un proceso licitatorio no otorgar a una de las ofertas presentadas el puntaje más alto (5 puntos) en cuanto al ítem de experiencia en la construcción de vías urbanas y andenes, cuando uno de los contratos presentados para soportar ese requerimiento no guardaba relación con dicha experiencia, tal como lo exigía el pliego de condiciones?

Razones de la decisión

« (…)   En ese sentido, de los contratos aludidos en la demanda el único que no fue estimado por el IDU para los anteriores efectos fue el 22/08/96, cuyo objeto, según el anexo 6 A de la propuesta, fue definido por el mismo oferente como de “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO” (fl. 238, C. 2); sin embargo, además de que el demandante no precisó los objetos materiales sobre los cuales recaían las acciones (vías, mobiliario urbano, andenes, pontones, puentes peatonales, etc.) el contenido jurídico del contrato no cumplía la exigencia establecida en el numeral 4.7.2 del pliego, pues, para ser considerado por la entidad licitante, se requería que guardara relación con proyectos de construcción de vías urbanas o andenes, de manera que los contratos relacionados con mantenimiento, reparación, pavimentación, parcheo y recuperación de vías, stricto sensu, no eran susceptibles de ser apreciados, para efectos de otorgar puntaje por el citado factor de calificación.

 

Ahora, el hecho de que la entidad licitante se haya equivocado al considerar, en la propuesta del demandante, algunos contratos que no cumplían las exigencias del numeral 4.7.2 del pliego no puede servir de instrumento para engendrar derechos a su favor. Sólo el acatamiento del supuesto jurídico contemplado en el pliego de condiciones (experiencia superior a 8 años en proyectos de construcción de vías urbanas o andenes) daba lugar a la consecuencia jurídica allí establecida (sumar 5 puntos).

 

En las anteriores condiciones, es necesario recordar que en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de la Sala  ha dicho que, cuando el demandante pretende obtener tanto la declaración de nulidad del acto administrativo de adjudicación, como la indemnización de los perjuicios causados por haber sido privado del derecho de ser el adjudicatario del proceso de selección, le corresponde, si quiere salir avante en sus pretensiones de condena, cumplir una doble carga procesal: de una parte, demostrar que el acto administrativo efectivamente lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico y, de otra, acreditar que, efectivamente, su propuesta era la mejor y la más conveniente para la administración -en términos del servicio público-, es decir, que su propuesta era la que debía ser favorecida con la adjudicación, por cumplir la totalidad de los requisitos legales y de los contemplados en el respectivo pliego de condiciones, que es la ley del proceso de selección y la que materializa los criterios que informan el deber de selección objetiva, tal como lo dispone el artículo 29 de la Ley 80 de 1993; pero, ocurre que no allegó al proceso ningún elemento de convicción, como los contratos relacionados en el citado anexo 6A o las certificaciones de ejecución de los mismos, por ejemplo, para que el juez, acudiendo a los reglas que informan la sana crítica, los valorara y pudiera realizar los juicios de valor pertinentes, respecto del acatamiento de los mencionados requisitos. (…)» 

Regla

Una entidad pública dentro de un proceso licitatorio puede no otorgar a una de las ofertas presentadas el puntaje más alto (5 puntos) en cuanto al ítem de experiencia en la construcción de vías urbanas y andenes, cuando uno de los contratos presentados para soportar ese requerimiento no guardaba relación con dicha experiencia, tal como lo exigía el pliego de condiciones, porque: 

 

  1. El  contrato aludido no fue estimado por la entidad porque el contenido jurídico del contrato no cumplía la exigencia establecida en el pliego de condiciones de la licitación pública, pues, para ser considerado por la entidad licitante, se requería que guardara relación con proyectos de construcción de vías urbanas o andenes, de manera que los contratos relacionados con mantenimiento, reparación, pavimentación, parcheo y recuperación de vías,  no eran susceptibles de ser apreciados, para efectos de otorgar puntaje.
  2. Cuando el demandante pretende que se declare la nulidad del acto administrativo de adjudicación y la indemnización de perjuicios causados por haber sido privado de ser adjudicatario del proceso de selección, debe cumplir con una doble carga procesal: (i) demostrar que el acto administrativo efectivamente lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico (ii) acreditar que, efectivamente su propuesta era la mejor y la más conveniente para la administración.

Decisión

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia proferida el 16 de julio de 2002 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

 

Segundo.- Sin condena en costas.

 

Tercero.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

** Mediante fallo del 16 de julio de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca puso fin a la controversia, en primera instancia, desestimando las pretensiones de la demanda

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Ley 446 de 1998.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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Síntesis
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