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Las entidades estatales, deben garantizar el derecho al debido proceso al contratista, cuando realicen investigaciones al respecto de los bienes que contratan.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 23518 DE 2013

Identificadores

Etapa postcontractual
Acción de controversias contractuales
Contratista
Adjudicación del contrato
Debido proceso
Contratación estatal
Garantía
Etapa postcontractual
Acción de controversias contractuales
Contratista
Adjudicación del contrato
Debido proceso
Contratación estatal
Garantía

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 23518 DE 2013

Caso

SOCIEDAD NEPOMUCENO CARTAGENA G. E HIJOS Vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P -ETB-

Hechos relevantes

 La Sociedad Nepomuceno Cartagena G. e hijos presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, dado que entre ambos existió un contrato estatal en virtud del cual la adquisición de 4 malacates para colocación y retiro de cables canalizados y de fibra óptica. El contrato se cumplió en cuanto a la entrega de los malacates y la constitución de las pólizas de garantía. Tras quejas del sindicato, ETB procedió a investigar algunas anomalías y determinó hacer efectiva la garantía de calidad, sin hacer parte de la investigación al demandante dentro del proceso en virtud del cual se investigó el uso y condición de los malacates

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal realizar una investigación al respecto de los bienes por esta adquiridos y posteriormente solicitar la garantía del contrato, sin hacer parte de la investigación al contratista?

Razones de la decisión

« (…)En este escenario, la Sala estima que sólo si en el cruce de comunicaciones se protege el debido proceso de manera integral, desde la fase de formación de la voluntad por parte de la entidad estatal contratante, indicando de manera clara y precisa cuáles son los cargos que imputa al contratista, qué hechos lo originan, qué sanción o medida coercitiva podría imponerse –de las tantas que puede contener el contrato-, y qué pruebas de ello tiene la administración –art. 28 CCA.-, permitiéndole, a su vez, ejercer el derecho de defensa, puede darse por acreditado que la administración siguió el procedimiento previo a la toma de una decisión que por lo general afecta los intereses del contratista y su garante. Así las cosas, como está demostrado que en el caso sub examine las comunicaciones adolecen de estos requisitos, en definitiva se revocará la decisión de primera instancia y se anularán los actos administrativos en mención.   Ahora, no se puede admitir en este caso -pese a que en el pasado lo toleró la jurisprudencia-, que este derecho se garantizó con la posibilidad que tuvo el actor de discutir la decisión inicial, a través de los recursos de la vía gubernativa y de la oportunidad nacida a partir de allí de pedir pruebas y controvertirlas. De ninguna manera; este estadio del debido proceso lo superó hace varios años la Sección Tercera, y por eso hoy se considera que no basta con que esas decisiones  estén  debidamente  motivadas  y  sean notificadas con el fin de que el particular pueda agotar los recursos gubernativos y judiciales en defensa de la legalidad o de los derechos que considera desconocidos por la actuación pública.   La Sala llama la atención sobre la circunstancia de que un derecho fundamental, como el debido proceso, no puede sujetarse a lecturas tan limitadas y exegéticas de la ley, porque subordinan las garantías ciudadanas mínimas a los textos legales preconstitucionales, que tuvieron un contexto restringido de creación. La realidad fundada por la Constitución Política de 1991 es mucho más rica en contenido axiológico, y cuando extendió el derecho al debido proceso a todas las actuaciones administrativas se hizo necesario -para el operador jurídico- vaciar su contenido a toda la normativa administrativa, hasta alcanzar una incorporación dirigida por la nueva Carta Fundamental. (…)»

Regla

Una entidad estatal no realizar una investigación al respecto de los bienes por esta adquiridos y posteriormente solicitar la garantía del contrato, sin hacer parte de la investigación al contratista, dado que:  
  1. No se puede admitir en este caso que este derecho se garantizó con la posibilidad que tuvo el actor de discutir la decisión inicial, a través de los recursos de la vía gubernativa y de la oportunidad nacida a partir de allí de pedir pruebas y controvertirlas. No basta con que esas decisiones  estén  debidamente  motivadas  y  sean notificadas con el fin de que el particular pueda agotar los recursos gubernativos y judiciales en defensa de la legalidad o de los derechos que considera desconocidos por la actuación pública.
  2. Un derecho fundamental, como el debido proceso, no puede sujetarse a lecturas tan limitadas y exegéticas de la ley, porque subordinan las garantías ciudadanas mínimas a los textos legales preconstitucionales, que tuvieron un contexto restringido de creación. La realidad fundada por la Constitución Política de 1991 es mucho más rica en contenido axiológico, y cuando extendió el derecho al debido proceso a todas las actuaciones administrativas se hizo necesario -para el operador jurídico- vaciar su contenido a toda la normativa administrativa, hasta alcanzar una incorporación dirigida por la nueva Carta Fundamental.

Decisión

Revocase la sentencia proferida el 20 de junio de 2002, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:               Primera: Declarase probada la excepción de inepta demanda frente a la Resolución No. 9098, del 9 de mayo de 1994.               Segunda: Anúlense las resoluciones Nos. 9001 del 21 de febrero de 1994 y 9248 del 16 de septiembre de 1994. En consecuencia, la ETB no cobrará al actor ni a la aseguradora el monto de la póliza de calidad, y en caso de haberlo hecho a la fecha de ejecutoria de esta providencia reintegrará su valor, debidamente actualizado, según la fórmula que para el efecto emplea esta jurisdicción.               Tercera: Condenar en costas a la ETB en favor de Liberty Seguros SA.

Marco jurídico

  Artículo 392. Código de Procedimiento Civil. Artículo 55. Ley 448 de 1998 Artículo 42. Ley 794 de 2003 Ley 446 de 1998.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Las entidades estatales, deben garantizar el derecho al debido proceso al contratista, cuando..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Etapa postcontractual
  • Acción de controversias contractuales
  • Contratista
  • Adjudicación del contrato
  • Debido proceso
  • Contratación estatal
  • Garantía
  • Etapa postcontractual
  • Acción de controversias contractuales
  • Contratista
  • Adjudicación del contrato
  • Debido proceso
  • Contratación estatal
  • Garantía
  • Normativa
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