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Las entidades públicas pueden liquidar de forma directa y unilateralmente los contratos estatales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22946 DE 2013

Identificadores

Legalidad
Contrato de prestación de servicios
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal
Liquidación
Legalidad
Contrato de prestación de servicios
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal
Liquidación

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22946 DE 2013

Caso

PABLO GIOVANNY VARGAS MARTIN VS INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Hechos relevantes

El 27 de septiembre de 1994, el Instituto de Seguros Sociales suscribió con el señor Giovanny Vargas Martín el contrato estatal de prestación de servicios número 042, el cual tenía por objeto “Promover y realizar la preventa, venta y post-venta de las afiliaciones a pensiones, salud y riesgos profesionales, productos que ofrece el Instituto de Seguros Sociales, en las zonas que el Instituto le asigne”.

 

El 18 de mayo de 1995, encontrándose en ejecución el contrato, el Gerente Nacional Comercial del Instituto demandado, mediante comunicación GNC-013, le solicitó al Jefe del Departamento Comercial que informara a los promotores “que se abstengan de vincular afiliados que el ISS tenía con anterioridad a abril 1 de 1994”, con lo cual se prohibieron las reafiliaciones pactadas en el párrafo 2º de la cláusula 4ª del contrato y, en tal razón, desde ese momento se presentó una “violación al contrato por parte del ISS”.

 

Posteriormente, el 30 de agosto de 1995, el contratista recibió una comunicación suscrita por el presidente de Instituto de Seguros Sociales ”, por medio de la cual se le indicó que el contrato no sería renovado, “por razones de servicio público”, sin embargo, transcurrido el término que se había fijado inicialmente para la ejecución - 1 año - “sin que legalmente se diera terminación al mismo, éste se renovó de manera automática a partir del 27 de septiembre de 1995, lo mismo que ocurriera a partir del 27 de septiembre de 1996, no obstante lo cual, el día 30 de ese mismo mes y año, se profirió la Resolución No 5408, por medio de la cual el Instituto demandado liquidó directa y unilateralmente el contrato de prestación de servicios número 042.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública indemnizar perjuicios al contratista por haber liquidado de forma unilateral el contrato de prestación de servicios?

Razones de la decisión

« (…)      No obstante lo anterior y a pesar de que en el escrito contentivo de la demanda se hizo una relación de normas que, según se afirmó, habrían sido vulneradas con los actos administrativos acusados, la parte actora no cumplió con la carga procesal que le asistía en relación con el concepto de violación, toda vez que si bien éste aparece citado en el libelo introductorio, lo cierto es que de su contenido no es posible establecer las razones con sustento en las cuales se pretendía desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a tales actos.

 

En efecto, en el mencionado acápite, en lugar de exponerse los argumentos con sustento en los cuales la parte demandante habría advertido que los actos administrativos demandados, a su juicio, resultaban incompatibles con las normas de derecho que invocó como vulneradas, se limitó a reiterar de manera sucinta los supuestos fácticos de la demanda, a señalar que el Instituto de Seguros Sociales, aunque estaba facultado para “terminar unilateralmente el contrato” tenía también la obligación de indemnizar los perjuicios que de tal determinación se hubieren podido derivar, a indicar que era obligación del Instituto demandado preservar el equilibrio económico del contrato y, por último, a asegurar, en forma absolutamente genérica, que “4. No pagar al contratista los tres rubros previstos en el contrato, equivale a ponerlo a trabajar gratis, o mejor, a negarle su trabajo, lo que de suyo contradice las normas constitucionales que amparan ese sagrado derecho, pilar fundamental del estado social de derecho bajo el cual se edifica nuestro sistema constitucional”.

 

Al respecto, cabe precisar que en virtud de la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, la obligación procesal que se encuentra a cargo de la parte interesada y que debe acreditarse a través del concepto de violación no se cumple de cualquier forma, pues ésta implica una carga argumentativa coherente, lógica y razonable que permita al juzgador, además de establecer las normas precisas frente a las cuales deberá confrontar el acto, conocer las razones de derecho en las que se funda la parte interesada para alegar la supuesta incompatibilidad entre éstas y los actos administrativos acusados, toda vez que tales argumentos, de conformidad con los principios dispositivo y de congruencia y los derechos de defensa y contradicción que deben garantizarse, son en esencia los que delimitan el campo de acción dentro del cual deberá adelantarse el juicio de legalidad.

 

Resulta del caso también señalar que el juicio de legalidad que se adelanta en contra de los actos administrativos se circunscribe a las causales y argumentos con sustento en los cuales la parte demandante hubiere refutado su validez, de tal manera que no implica a cargo del fallador la obligación oficiosa de comparar el acto acusado con todo el ordenamiento jurídico, así como tampoco la obligación de desentrañar las razones que a juicio de la parte interesada darían lugar a declarar su nulidad, circunstancia ésta de donde deriva justamente la imposibilidad de realizar un pronunciamiento de fondo frente a un acto cuya presunta discordancia con las normas jurídicas supuestamente vulneradas no haya sido expuesta por la parte interesada.

 

En este caso sin embargo, tal y como puede evidenciarse a partir del texto literal de lo expuesto por la parte actora en el concepto de violación, en contra del acta de liquidación unilateral del contrato de 9 de septiembre de 1996, de la Resolución No. 5408 de 30 de septiembre de 1996, por medio la cual se liquidó unilateralmente el contrato de prestación de servicios 042 de 1994, y de la Resolución No. 7081 del 9 de diciembre de la misma anualidad que confirmó la decisión, no se enervó argumento ni causal de anulación alguna en virtud de la cual la Sala pudiera establecer las razones con fundamento en las cuales se puso en tela de juicio la legalidad de tales actos administrativos, por cuanto lo expuesto en este acápite se circunscribió a los aspectos relacionados con la segunda de las pretensiones de la demanda referida al incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Instituto demandado en razón del mencionado contrato y de sus “renovaciones automáticas" (…)» 

Regla

Una entidad pública no debe indemnizar  perjuicios al contratista por haber liquidado de forma unilateral el contrato de prestación de servicios, porque : 
  1. El contratista no cumplió con la carga procesal que le asistía en relación con establecer las razones con sustento en las cuales pretendía desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos. 
  2. En virtud de la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, la obligación procesal que tenía el contratista y que debe acreditarse a través del concepto de violación no se cumple de cualquier forma, ya que, ésta implica una carga argumentativa coherente, lógica y razonable que permita al juzgador, además de establecer las normas precisas frente a las cuales debe confrontar el acto, conocer las razones de derecho en las que se funda la parte interesada para alegar la supuesta incompatibilidad entre éstas y los actos administrativos acusados. 

Decisión

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2002 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.

 

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artciculo 27


La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Las entidades públicas pueden liquidar de forma directa y unilateralmente los contratos estatales..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Legalidad
  • Contrato de prestación de servicios
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Liquidación
  • Legalidad
  • Contrato de prestación de servicios
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  • Contratación estatal
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