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Una entidad pública debe realizar el pago de unas facturas adeudadas a un instituto que prestó servicios médicos de salud a un paciente suyo, aunque no haya contrato escrito entre las dos entidades

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 25892 DE 2013

Identificadores

Equilibrio económico
Contratación estatal
Contrato de prestación de servicios
Régimen de derecho privado
Régimen especial
Etapa postcontractual
Pago
Facturación
Equilibrio económico
Contratación estatal
Contrato de prestación de servicios
Régimen de derecho privado
Régimen especial
Etapa postcontractual
Pago
Facturación

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 25892 DE 2013

Caso

INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Hechos relevantes

El menor Cristian Charles Borda Borboyes presentó el 28 de febrero de 1997 una patología que inicialmente fue identificada como cefalea occipital y cervicalgia posterior intensa, pérdida de fuerza en todo el cuerpo que limitaba para ponerse en posición supina. Fue atendido en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt dado que llegó remitido con autorización de la EPS ISS y con afiliación vigente a esta entidad, desde el día de su ingreso y al menos hasta el mes de diciembre del 2001.

 

El Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt solicitó que se declare la existencia de un contrato de prestación de servicios de salud con el Instituto de Seguros Sociales, el cual se habría incumplido debido al no pago de las facturas n.º 076600, 077812, 080052, 093589, 097513, 102396, 103992 y 105516, correspondiente a la atención médica brindada por el instituto al paciente Cristian Charles Borda Borboyes.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública realizar el pago de unas facturas adeudadas a un instituto que prestó servicios médicos de salud a un paciente suyo, aunque no haya contrato escrito entre las dos entidades?

Razones de la decisión

« (…)Por lo tanto, aunque ni las leyes comerciales ni las civiles prevean la necesidad de la constitución de un documento que contenga los elementos fundamentales de un contrato de este tipo para que se predique su existencia, tratándose de un contrato estatal éste requisito, contenido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sí es indispensable para el perfeccionamiento del acuerdo, porque de otra forma, con la aceptación de la posibilidad de un contrato estatal de carácter consensual, se hace imposible la aplicación de los principios a los que arriba se hizo referencia.


(…)


Así, ante la clara imposibilidad de declarar que efectivamente el contrato se celebró, y consecuencialmente, la falta de vocación de prosperidad de las restantes pretensiones de que se declare el incumplimiento de ese contrato y se condene al pago de las facturas que durante su ejecución se expidieron, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en tal sentido.


(…)


En primer lugar, debe tomarse en consideración que en el trámite procesal logró acreditarse fehacientemente que el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt prestó al menor Cristian Charles Borda Borboyes, afiliado a la EPS del ISS, atención médica durante un período comprendido entre, al menos, el 2 de marzo de 1997 y el mes de diciembre del 2001 (ver supra párr. 8.1 y 8.2).


(…)


Vale anotar que esta acción de los particulares de prestar un servicio a la administración sin que haya un contrato que soporte las obligaciones bilaterales que de esa circunstancia puedan surgir, ha sido considerada por la Sección como una conducta inapropiada por parte de quienes prestan el servicio, y que “la mera liberalidad del particular no tiene la virtud de comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad, porque en tal caso se trataría de una imprudencia, culpa y hasta dolo que tendría por finalidad provocar un gasto público no consentido ni deseado por la entidad”[1]


39. Sin embargo, también es claro que cuando la prestación del servicio no obedece a la mera liberalidad del particular, sino que se hace en razón a una conducta impositiva de la entidad pública, que en virtud de su autoridad, supremacía o imperium impone al particular la ejecución de las prestaciones, no se puede hablar de la concurrencia de una culpa o dolo de ninguna clase, y por lo tanto sí se configura el enriquecimiento sin causa que justifica acceder a las pretensiones indemnizatorias[2]


(…)


40. En este orden de ideas, para la Sala es claro que a pesar de que el ISS no impuso de manera directa al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt la prestación del servicio de salud a uno de su afiliados durante el período de que tratan las facturas cuyo pago se reclama, sí lo hizo en el sentido de haber autorizado en un comienzo la remisión del paciente a esa institución dada la gravedad de su estado de salud, siendo imposible que se hubiera interrumpido la misma para cumplir unos requisitos que en consideración de las múltiples y gravísimas patologías padecidas por el paciente se presenta como desproporcionada.


41. Es decir, que siendo que en un principio la atención médica se prestó a instancias suya y con su autorización, y luego no era posible suspenderla para el cumplimiento de unos requisitos formales por el riesgo que ello implicaba para la vida del paciente, es claro que el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt se sintió compelido a continuar con la prestación del servicio, y en tal sentido es más que justificado su reclamo para que se le remunere por ello.


42. En consecuencia, la Sala declarará la existencia de un enriquecimiento sin causa por parte del ISS en el caso concreto por la negativa de dicha entidad a pagar las facturas n.º 076600, 077812, 080052, 093589, 097513, 102396, 103992 y 105516, dado que el servicio que en ellas consta se prestó efectivamente (...)» 

 


[1] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Sentencia del 30 de enero del 2013, Exp. 19045, C.P. Enrique Gil Botero.   [2] Ibídem

Regla

Una entidad pública debe  realizar el pago de unas facturas adeudadas a un instituto que prestó servicios médicos de salud a un paciente suyo, aunque no haya contrato escrito entre las dos entidades, porque:

  1. En el trámite procesal logró acreditarse fehacientemente que el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt prestó al menor Cristian Charles Borda Borboyes, afiliado a la EPS del ISS atención médica. 
  2. Cuando la prestación del servicio no obedece a la mera liberalidad del particular, sino que se hace en razón a una conducta impositiva de la entidad pública, que en virtud de su autoridad, supremacía o imperium impone al particular la ejecución de las prestaciones, no se puede hablar de la concurrencia de una culpa o dolo de ninguna clase, y por lo tanto sí se configura el enriquecimiento sin justa causa por parte de la entidad.
  3. A pesar de que el ISS no impuso de manera directa al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt la prestación del servicio de salud a uno de su afiliados durante el período de que tratan las facturas cuyo pago se reclama, sí lo hizo en el sentido de haber autorizado en un comienzo la remisión del paciente a esa institución dada la gravedad de su estado de salud. 
  4. En un principio la atención médica se prestó a instancias de la entidad pública y con su autorización, luego no era posible suspenderla para el cumplimiento de unos requisitos formales por el riesgo que implicaba para la salud del paciente. Por lo tanto, el Instituto de Ortopedia infantil Roosevelt se sintió compelido a continuar con la prestación del servicio y se configuró un enriquecimiento sin causa por parte del ISS. 

Decisión

Primero. —MODIFICAR la sentencia del 3 de septiembre de 2003 de la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya parte resolutiva quedará de la siguiente forma:

 

PRIMERO: DECLARAR el enriquecimiento sin causa del Instituto de los Seguros Sociales, o quien haga sus veces, por las razones expresadas en la parte considerativa de esta decisión.

 

SEGUNDO: CONDENAR al Instituto de los Seguros Sociales, o quien haga sus veces, a pagar al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($ 475.949.133).

 

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

 

CUARTO: Sin condena en costas.

 

QUINTO: DÉSELE cumplimiento al presente fallo de conformidad con lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SIII E 19045 DE 2013

Marco jurídico

Ley 100 de 1993.Artículos 3 y 5.

Ley 80 de 1993.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad pública debe realizar el pago de unas facturas adeudadas a un instituto que prestó..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
RÉGIMEN ESPECIAL
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Equilibrio económico
  • Contratación estatal
  • Contrato de prestación de servicios
  • Régimen de derecho privado
  • Régimen especial
  • Etapa postcontractual
  • Pago
  • Facturación
  • Equilibrio económico
  • Contratación estatal
  • Contrato de prestación de servicios
  • Régimen de derecho privado
  • Régimen especial
  • Etapa postcontractual
  • Pago
  • Facturación
  • Normativa
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