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Una entidad pública que ha celebrado un convenio interadministrativo no debe reconocer al contratista los sobrecostos surgidos de la subcontratación cuando no existe prueba que acredite las condiciones de tiempo modo en lugar en que se dio

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-ANT-SIV-02323-2013

Identificadores

Sobrecostos
Contrato de obra pública
Etapa contractual
Contratación estatal
Convenio interadministrativo
Sobrecostos
Contrato de obra pública
Etapa contractual
Contratación estatal
Convenio interadministrativo

Sentencia

TAD-ANT-SIV-02323-2013

Caso

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS-

Hechos relevantes

El 7 de abril de 1993 el Instituto Nacional de Vías –Invías- (antes Fondo Vial Nacional) y el Departamento de Antioquia celebraron un convenio interadministrativo, cuyo objeto consistía en “la construcción y pavimentación de la carretera Cisneros – San José del Nus – Puerto Berrio (Antioquia), por un valor de $ 800´000.000 y un plazo de 36 meses contados a partir de su perfeccionamiento.

En dicho contrato se consagró que el contratista, es decir, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en este caso, podría atender los trabajos directamente o por medio de subcontratos y el pago se realizó por el sistema de giro único de fondos ó delegación de pagos.

Después de una serie de modificaciones realizadas a dicho convenio desde el año 1994, la obra fue ejecutada y recibida por el Departamento de Antioquia y por el INVÍAS y el subcontrato  fue liquidado el 17 de junio de 1999, por un costo total de $36.358.226.600, quedando un saldo pendiente por pagar por parte del INVÍAS de $10.204.920.473 y cuentas presentadas por concepto de intereses de mora por $618.902.485, para un total de $10.977.129.085.

 

El contratista alega que la obra presentó un mayor valor del inicialmente presupuestado, debido al aumento de las cantidades de las diferentes actividades del proyecto y relaciona las modificaciones y valores que incidieron en tal aumento.

 

Dice que la administración departamental autorizó la continuación de los trabajos de construcción de la carretera Cisneros – San José del Nus – Puerto Berrío en octubre de 1997, considerando que se habían incluido $10.000 millones en el presupuesto de ingresos y gastos del INVÍAS, para la vigencia fiscal de 1998 y en consecuencia, dicho instituto expidió certificados de disponibilidad Nos. 480 y 188 por valor de $9.700 millones, con base en los cuales se autorizó la adición del respectivo subcontrato de obra con el Consorcio Solarte Solarte.

Posteriormente el INVÍAS comunicó al Departamento que dichas disponibilidades fueron recortadas en $5.550 millones por el gobierno Nacional mediante Decreto 1828 del 4 de mayo de 1998, lo cual ocasionó un desequilibrio financiero al subcontrato de obra; sin embargo, a pesar de que  el mencionado subcontrato superó la cuantía inicialmente presupuestada, el INVÍAS no atendió la solicitud de los recursos económicos para tal fin, lo que ocasionó un incremento en el monto de los intereses por retraso en los pagos de las actas respectivas.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública que ha celebrado un convenio interadministrativo reconocer a la entidad contratista los sobrecostos surgidos de la subcontratación del objeto contractual con un consorcio, aun cuando dicha entidad no allego en su reclamación prueba que acredite la existencia de los sobrecostos en los que incurrió?

Razones de la decisión

« (…)  Empero a lo anterior, echa de menos la Sala que el Departamento de Antioquia no acredita en este proceso el subcontrato No. 96-CO-20-0433, suscrita por el Departamento de Antioquia y el Consorcio Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte Solarte; tampoco allega prueba de la adición No. 1 al mismo subcontrato, de modo tal que se pueda establecer el objeto de uno y otro y las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas en cada caso, y en especial, la sujeción o no de lo estipulado en el subcontrato, a los términos y exigencias que el ente territorial debía observar en cumplimiento del contrato interadministrativo suscrito entre éste y el Fondo Vial Nacional (Hoy Instituto Nacional de Vías).

No puede pasar desapercibida esta circunstancia cuando por la misma exigencia normativa contenida en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato estatal es solemne y reclama para su existencia la correspondiente formalidad, que para el caso es que el acuerdo sobre el objeto y contraprestación se eleve a escrito; sin embargo de ello no se da cuenta alguna, se reitera: ni del Subcontrato principal ni de su adición número 1.


(…)


De hecho tal exigencia se hace ineludible para efectos de la reclamación pretendida en el presente asunto, no solo por la exigencia legal antes mencionada, sino por cuanto se busca el reconocimiento de un derecho que emana de la ejecución de obligaciones originadas en otra relación contractual, que para el caso no es otra que las establecidas para el Departamento en el contrato interadministrativo No. 224 de 1993, con sus adiciones y otrosi, suscritos entre éste y el Fondo Vial (hoy Invías), todas ellas necesarias para establecer la correspondencia entre lo contratado y lo sub contratado, no solo en cuanto al objeto sino también respecto del tiempo u oportunidad para establecer el surgimiento de las supuestas obligaciones a la vida jurídica, todo lo cual no resulta deducible de la documentación allegada por no ser el instrumento idóneo para sustituir las solemnidades ad sustancian actus impuestas por la ley contractual.

(…)

De ella se establece de manera clara que se autoriza al contratista para efectuar pagos correspondientes a la ejecución del Contrato Interadministrativo 224 de 1993, con su propio presupuesto, siempre que exista autorización del órgano competente al INSTITUTO para contraer obligaciones con cargo a apropiaciones presupuestales de vigencias futuras. Así las cosas, pretendiendo la entidad demandante el reembolso de los valores, según ella invertidos en la ejecución de dicho contrato, asume la carga de acreditar: i) que existía autorización del órgano competente al INSTITUTO, para contraer obligaciones con cargo a apropiaciones presupuestales de vigencias futuras; ii) que se efectuó el respectivo movimiento presupuestal de los recursos del ente seccional; y iii) que los mismos fueron aplicados a la ejecución del contrato interadministrativo de que se trata, dentro de la debida oportunidad, aspectos éstos que en parte alguna son acreditados por el Departamento de Antioquia.


(…)


No obstante, tales documentos no acreditan lo pretendido por el ente demandante: en primer lugar, por cuanto de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 254 del C. de P. C., se impone que los documentos para el efecto de ser considerados probatoriamente deben ser allegados al proceso en original o copia auténtica, y estos como se dijo, se adjuntan en copia simple; y en segundo lugar, por cuanto de ellos no se establece que efectivamente el Departamento haya efectuado el aludido pago, ya que esta circunstancia se acredita con el respectivo recibo o constancia de pago expedida por el acreedor, documento que brilla por su ausencia en la actuación surtida ante esta Corporación.


(…)


Así las cosas, es claro que en el presente caso no se establecen los supuestos de un desequilibrio económico en el contrato interadministrativo No. 224 de 1993, suscrito entre el Fondo Vial (hoy Instituto Nacional de Vías) y el Departamento de Antioquia, como quiera que conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, tal fenómeno reclama la presencia de circunstancias sobrevinientes que alteren el equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, surgidos al momento de proponer o contratar, las cuales no fueron acreditadas, pues como se expuso, no fueron probados por la entidad demandante los supuesto hechos constitutivos del desequilibrio, ya que para ello no es suficiente con efectuar el reconocimiento de un valor por mayor cantidad de obra ejecutada, sino que se hace necesario demostrar las condiciones fácticas y jurídicas de su ocurrencia, perfeccionamiento y legalización, aspectos estos últimos ausentes en el presente juicio. (…)» 

Regla

Una entidad pública que ha celebrado un convenio interadministrativo no debe reconocer a la entidad contratista los sobrecostos surgidos de la subcontratación del objeto contractual con un consorcio, aun cuando dicha entidad no allego en su reclamación prueba que acredite la existencia de los sobrecostos en los que incurrió, en razón a que:

  1. Al no allegar prueba que acredite las condiciones de tiempo modo y lugar de la subcontratación no es posible determinar los sobrecostos en que incurrió la Entidad.
  2. Es el Estatuto General para la contratación Estatal, el cual prevé que el contrato estatal es solemne y reclama para su existencia la correspondiente formalidad, que para el caso es que el acuerdo sobre el objeto y contraprestación se eleve a escrito.
  3. Al no aportar la entidad contratista prueba alguna de la autorización, formalización y legalización de tal mayor cantidad de obra ejecutada, no tiene fundamento para realizar una exigencia legal la cual impone que tales actuaciones de contratación y subcontratación deben solemnizarse en la forma dispuesta en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Decisión

PRIMERO: No prosperan las excepciones propuestas por el Instituto Nacional de Vías – Invías-.

SEGUNDO: Deniéguense las súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Sin costas, según se explicó en las consideraciones que anteceden.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 41.

Conceptualizaciones

Existencia y perfeccionamiento del contrato estatal   « (…)  De conformidad con lo dispuesto en la mencionada disposición, la existencia y el perfeccionamiento del contrato estatal se producen cuando concurren los elementos esenciales del dicho negocio jurídico, definidos legalmente, a saber, i) “acuerdo sobre el objeto y la contraprestación” (elementos materiales); y ii) que “éste se eleve a escrito” (elemento formal), cuya concurrencia se torna en requisito de la esencia para su existencia. (…)» 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad pública que ha celebrado un convenio interadministrativo no debe reconocer al..
Síntesis
1.  EQUILIBRIO ECONÓMICO.
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
Fichas
Identificadores
  • Sobrecostos
  • Contrato de obra pública
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Convenio interadministrativo
  • Sobrecostos
  • Contrato de obra pública
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  • Contratación estatal
  • Convenio interadministrativo
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