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Una entidad pública no debe cancelar el valor adeudado por reparaciones locativas y suministro de equipos de oficina que fueron entregados por parte una sociedad, cuando no hay un contrato de por medio

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 20401 DE 2013

Identificadores

Pago
Etapa precontractual
Contratación estatal
Enriquecimiento sin causa
Principios de la contratación pública
Pago
Etapa precontractual
Contratación estatal
Enriquecimiento sin causa
Principios de la contratación pública

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 20401 DE 2013

Caso

SOCIEDAD DISTRIDINÁMICA LTDA. VS. CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hechos relevantes

La sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., prestó servicios de fotocopiado entre el mes de noviembre de 1993 y el 21 de abril de 1995, en el marco de varios contratos de prestación de servicios celebrados con la Cámara de Representantes, pero que se extendieron más allá de los términos pactados por las partes.

 

Durante ese mismo período la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., efectuó reparaciones locativas y suministró equipos de oficina que fueron recibidos por la entidad demandada, omitiendo lo estipulado en las normas de contratación estatal respecto de estas circunstancias.

 

La sociedad demandante afirma que la entidad contratante incurrió en un enriquecimiento sin justa causa porque no canceló los valores correspondientes a las reparaciones.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública cancelar el valor adeudado por reparaciones locativas y suministro de equipos de oficina que fueron entregados por parte una sociedad, cuando no hay un contrato de por medio, para que esta situación no constituya un enriquecimiento sin justa causa?

Regla ampliada

Causas que generan el enriquecimiento sin justa causa. «(…)Siguiendo las reglas establecidas por la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 19 de noviembre de 2012, la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por el enriquecimiento sin justa causa sólo podrá proceder en tres hipótesis cuando el enriquecimiento injustificado que se invoca proviene de la ejecución de prestaciones que debían encontrarse amparadas por la celebración de un contrato estatal pero cuya ejecución se hubiere producido con pretermisión de las exigencias y/o formalidades de carácter legal:

i) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

ii) En los casos en que resulte urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud; urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, para lo cual se debe verificar, en todo evento, que la decisión de la administración pública frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

iii) En las situaciones en las que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración pública omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, siempre que se trate de casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. (…)»

Razones de la decisión

« (…)Los medios probatorios permiten evidenciar que tanto la parte actora como la entidad pública demandada, de consuno, decidieron inobservar las reglas que rigen la contratación estatal —particularmente las que rigen los procesos de selección del contratista y las atinentes al perfeccionamiento del contrato estatal— para la realización de reparaciones locativas y suministro de equipos de oficina, de los cuales dan cuenta las actas de entrega Nos. 001, 002 y 003 certificadas por el almacenista de la Cámara de Representantes el 10 de mayo de 1995.


Aun cuando la parte actora alegó haber actuado con fundamento en una supuesta buena fe, se debe recordar lo afirmado por la Sala Plena de la Sección Tercera en cuanto a que “la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho ‘constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario.


No sobra resaltar, como lo hizo la Sala Plena de la Sección en la sentencia de unificación reseñada, que el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el marco del proceso Contencioso Administrativo no tiene la finalidad de recompensar a las partes que, de manera deliberada o voluntaria han actuado por fuera de la legalidad o en violación de las normas que rigen la contratación estatal, puesto que en tales eventos lo que se busca solamente es garantizar el equilibrio de las relaciones patrimoniales cuando quiera que un particular se pueda encontrar en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente y por ello hubiere ejecutado unas prestaciones a favor de una entidad pública aun cuando ellas no hubieren tenido un soporte contractual y, desde otro punto de vista, busca evitar el enriquecimiento indebido por parte de la Administración Pública o el abuso en el ejercicio de sus derechos y competencias, todo lo anterior en el marco de los Principios Generales del Derecho y de los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, pero no podría prohijar, bajo ningún pretexto, el desconocimiento claro de las normas legales que integran el régimen de contratación estatal y/o presupuestal.(…)»   

Regla

Una entidad pública no debe cancelar el valor adeudado por reparaciones locativas y suministro de equipos de oficina que fueron entregados por parte una sociedad, cuando no hay un contrato de por medio, para que esta situación no constituya un enriquecimiento sin justa causa, porque:

  1. Los medios probatorios permiten evidenciar que tanto la parte actora como la entidad pública demandada, de consuno, decidieron inobservar las reglas que rigen la contratación estatal, particularmente las que rigen los procesos de selección y el perfeccionamiento del contrato estatal.
  2. El reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el marco del proceso Contencioso Administrativo no tiene la finalidad de recompensar a las partes que, de manera deliberada o voluntaria han actuado por fuera de la legalidad o en violación de las normas que rigen la contratación estatal. Evitar el enriquecimiento indebido por parte de la Administración Pública o el abuso en el ejercicio de sus derechos y competencias, en el marco de los Principios Generales del Derecho y de los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, pero no podría prohijar, bajo ningún pretexto, el desconocimiento claro de las normas legales que integran el régimen de contratación estatal y/o presupuestal.

Decisión

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil uno (2001), por la Sala de Decisión, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá.

 

Segundo. Sin condena en costas.

 

Tercero. En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 4, 39 y 41.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad pública no debe cancelar el valor adeudado por reparaciones locativas y suministro de..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Pago
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Principios de la contratación pública
  • Pago
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Principios de la contratación pública
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