A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Un municipio no debe, tras haber recibido la obra contratada y haber suscrito el acta de liquidación del mismo, reconocer al contratista otros valores en los que incurrió en su actividad contractual, cuando éste no elevó salvedad alguna en dicha acta. 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 21865 DE 2013

Identificadores

Contratación estatal
Buena fe
Etapa postcontractual
Municipio
Acta de liquidación
Obras adicionales o mayor cantidad de obra
Consorcio
Contratación estatal
Buena fe
Etapa postcontractual
Municipio
Acta de liquidación
Obras adicionales o mayor cantidad de obra
Consorcio

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 21865 DE 2013

Caso

CONSORCIO CARLOS ARTURO SIERRA Y CONSTRUCTORA AGUAZUL LIMITADA VS. MUNICIPIO DE TAURAMENA

Hechos relevantes

El Consorcio Ingeniero Carlos Arturo Sierra y Constructora Aguazul Ltda., suscribió con el municipio de Tauramena un contrato, cuyo objeto consistió en la construcción del matadero municipal. Durante la ejecución del contrato se suscribieron las actas de reajuste de precios correspondientes a los meses de abril de 1997 por valor de $7’341.467.37, junio de 1997 por valor de $8’139.869,96, septiembre de 1997 por valor de $3’493.228.57, octubre de 1997 por valor de $11’001.211 y diciembre de 1997 por valor de $31’540.230,79, todas ellas firmadas por el interventor, el contratista y con el visto bueno del Secretario de Obras Públicas.   No obstante, a pesar de haberse reconocido los reajustes de precios en los documentos antes referidos,  en el acta de liquidación bilateral del contrato no se incluyeron las sumas adeudadas por dicho concepto, a pesar que el objeto contractual se ejecutó y se recibió a entera satisfacción por el municipio contratante.

Problema Jurídico

¿Debe un municipio, tras haber recibido la obra contratada y haber suscrito el acta de liquidación del mismo, reconocer al contratista otros valores en los que incurrió en su actividad contractual, cuando éste no elevó salvedad alguna, inconformidades o discrepancias en relación con el ajuste final de cuentas que consignó en la liquidación?

Regla ampliada

Si se liquida un contrato por mutuo acuerdo sólo puede ser enjuiciado por vía jurisdiccional por algún vicio del consentimiento, a menos que en la liquidación se haya suscrito alguna salvedad o desacuerdo. «(...) La jurisprudencia de la Sección Tercera ha sostenido reiteradamente[1] que una vez el contrato se liquida por mutuo acuerdo entre las partes, dicho acto de carácter bilateral no puede ser enjuiciado por vía jurisdiccional, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo); pero si dicha liquidación se suscribe con salvedades y en ese mismo momento, que es la oportunidad para objetarla, alguna de las partes presenta reparos a la misma, es claro que se reserva el derecho de acudir ante el organismo jurisdiccional para reclamar sobre aquello que hubiere sido motivo de inconformidad.


En atención a las orientaciones de la jurisprudencia en cita, resulta claro precisar que la acción contractual sólo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, porque sobre aquellas otras materias respecto de las cuales no hubiere realizado observación alguna, por encontrarse de acuerdo con su liquidación y así formalizarlo con su firma, no cabe reclamación en sede judicial. Admitirlo sería ir en contra de la doctrina de los actos propios, de conformidad con la cual “a nadie le es lícito venir contra sus propios actos”, la cual encuentra sólido sustento en el principio de la buena fe o “bona fides” que debe imperar en las relaciones jurídicas.[2](...)»

 

Los efectos que genera la liquidación de un contrato. «(...)En cuanto a los efectos que genera la liquidación de un contrato, especialmente en los casos en que la misma se adopta de manera bilateral o por acuerdo entre las partes, la Sala ha establecido, de manera reiterada, lo siguiente:

 

 “... El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él. ... ”[3].

 

En el mismo sentido, la Jurisprudencia de la Sala ha sostenido:

 

“La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes, constituye un acto de autonomía privada de aquellos que le da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, tales como: error, fuerza o dolo”[4].

 

Y en posterior oportunidad se reafirmó lo ya expuesto, en los siguientes términos:

 

“Es evidente que cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, éstos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad”[5]. (...)»

 

Finalidad de las salvedades que se dejan en el acta de liquidación.  «(...)Las salvedades que se dejan en el acta de liquidación tienen como finalidad salvaguardar el derecho del contratista a reclamar, hacia futuro, ante la autoridad judicial, el cumplimiento de obligaciones que considera quedaron pendientes por la ejecución del contrato. En lo atinente al alcance que corresponde a las salvedades o reservas que respecto de una liquidación bilateral pone de presente alguna de las partes del contrato, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha enseñado lo siguiente:

 

“Como puede observarse en la etapa de liquidación de un contrato, las partes deben dejar sentado en acta sus pretensiones para que sean consideradas por la otra parte, es ese el momento del contrato, en el cual la parte adquiere legitimación para reclamar en vía judicial o extrajudicial, las pretensiones que la otra parte no acepte. Las divergencias que existan al momento de liquidar el contrato, que sean enunciadas en acta, y no aceptadas estructuran la base del petitum de una eventual demanda. Por el contrario la parte que no deje anotada en el acta de liquidación final, la existencia de alguna pretensión para que la otra parte la considere en esa vía, NUNCA PODRA pretenderlas judicialmente. Lo que se traslada al proceso judicial son las pretensiones que la contraparte del contrato no acepte reconocer”.

 

(…)

 

“Esta Sala ha sido reiterativa en afirmar que si bien la revisión de los precios del contrato se impone en los casos en que éste resulta desequilibrado económicamente, cuando se presentan alteraciones por causas no imputables al contratista, independientemente de que las partes lo hayan pactado o no, para efectos de determinar si tal revisión es procedente, es necesario tener en cuenta, de una parte, que la modificación de circunstancias y su incidencia en los costos del contrato deben estar demostradas, y de otra, que las reclamaciones respectivas deben haberse formulado por el contratista a la Administración durante la ejecución del contrato o, a más tardar, en el momento de su liquidación. En caso contrario, las pretensiones relativas al reconocimiento de los correspondientes reajustes están llamadas al fracaso, En efecto, el acta de liquidación del contrato contiene el balance financiero en cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, de manera que cuando se firmen de común acuerdo entre éstas, sin objeciones o salvedades, se pierde la oportunidad de efectuar reclamaciones judiciales posteriores. Ha advertido la Sala, adicionalmente, que las salvedades u objeciones que el contratista deja en el acta de liquidación del contrato deben ser claras y concretas; de otra manera, su inclusión resulta ineficaz. Conforme a lo anterior, se tiene que la liquidación efectuada de común acuerdo por personas capaces de disponer constituye, entonces, un verdadero negocio jurídico bilateral, que tiene, por tanto, fuerza vinculante, a menos que se demuestre la existencia de un vicio del consentimiento.;(…)[6]. (Negrillas no son del original) (...)»

 


[1] La jurisprudencia ha definido la buena de dentro del siguiente contexto:

La expresión “buena fe” o (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho desdobla en dos direcciones: Primeramente, cada persona tiene el deber de emplear para con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a la exigencias del decoro social; en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad. trátese de una lealtad (o buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente...” ( Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 23 de junio de 1958.)

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, entre otras sentencias se citan las siguientes: Sentencias de 25 de noviembre de 1999, Exp. 10893; de 6 de mayo de 1992; exp. 6661, de 6 de diciembre de 1990, Exp. 5165, de 30 de mayo de 1991, Exp. 6665, de 19 de julio de 1995, Exp. 7882; de 22 de mayo de 1996, Exp. 9208.

[3] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de junio 22 de 1995; Exp. No. 9965, M.P. Daniel Suárez Hernández

[4] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de abril de 1997; Exp. No. 10608, M.P. Daniel Suárez Hernández.

[5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 9 de marzo de 1998, Exp. No. 11.101, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

[6] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 16 Febrero de 2001, Exp. 11689, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Razones de la decisión

«(…) Visto lo anterior, para la Sala no resulta ajustado al principio de buena fe contractual que luego de concurrir a la suscripción de un acuerdo bilateral en el cual las partes conjuntamente depositaron su concenso en torno a la inexistencia de saldos insolutos o deudas pendientes de reconocimiento por concepto de la celebración y ejecución del Contrato de Obra No. 361 de 1991, posteriormente el contratista desconozca dicho convenio y pretenda judicialmente la declaratoria de incumplimiento contractual que ahora atribuye tardíamente al ente territorial contratante y que pretende concretar en el hecho de que no le habrían sido reconocidos y pagados, al consorcio, los valores correspondientes a los reajustes de precios, cuando, se reitera, nada dijo sobre el particular en la etapa de liquidación.


(...)

 

para la Sala los referidos documentos no tienen la virtualidad de desvirtuar el contenido del acta de liquidación bilateral y los efectos vinculantes que de la misma se desprenden. Como primer aspecto de relevancia en relación con esta cuestión, ha de señalarse que la parte actora no alegó que en la suscripción del acta de liquidación bilateral hubiese tenido cabida algún vicio del consentimiento que condujera a su invalidación, único evento en el que procedería el desconocimiento de lo plasmado por las partes en el acuerdo liquidatario.

 

En igual sentido se advierte que los mencionados documentos de ninguna manera permiten entrever que el acuerdo haya estado permeado por error, por fuerza o por dolo. En esa medida la existencia de los documentos que acaban de relacionarse, unos producidos con anterioridad a la adopción de la liquidación bilateral del contrato No. 361 y otro posterior a la suscripción conjunta del acuerdo trascendental para el finiquito definitivo de las cuentas resultantes de la relación contractual, no resulta suficiente para desechar, desvirtuar o dejar sin efectos el mutuo acuerdo logrado entre las partes en torno al ajuste final de cuentas del contrato en virtud del cual se dejó expresa constancia de que las partes se encontraban y se declaraban a paz y salvo por todo concepto, sin que mediara y ni siquiera se alegara, algún tipo de constreñimiento, fraude o engaño para su celebración.

 

Se impone entonces concluir que el comportamiento del consorcio contratista entró en abierta contradicción en relación con lo que él mismo registró en el acta de liquidación bilateral, pues no era posible que después de haber consentido en afirmar que las partes se encontraban a paz y salvo por todo concepto, con los efectos vinculantes que de tal manifestación se desprenden para el mundo jurídico, que posteriormente quisiera pretender la declaratoria Judicial de incumplimiento por parte del municipio contratante por la falta de pago de reajustes de precios causados con anterioridad a la firma del acuerdo de liquidación. (…)» 

Regla

Un municipio no debe, tras haber recibido la obra contratada y haber suscrito el acta de liquidación del mismo, reconocer al contratista otros valores en los que incurrió en su actividad contractual, cuando éste no elevó salvedad alguna, inconformidades o discrepancias en relación con el ajuste final de cuentas que consignó en la liquidación, porque:
  1. No resulta ajustado al principio de buena fe contractual que luego de concurrir a la suscripción de un acuerdo bilateral en el cual las partes conjuntamente depositaron su consenso en torno a la inexistencia de saldos insolutos o deudas pendientes de reconocimiento por concepto de la celebración y ejecución del contrato, posteriormente el contratista desconozca dicho convenio y pretenda la declaratoria de incumplimiento contractual y el reconocimiento a los valores correspondientes a los reajustes de precios.
  2. El demandante debe alegar y probar que en la suscripción del acta de liquidación bilateral hubo cabida algún vicio del consentimiento que condujera a su invalidación, único evento en el que se procede al desconocimiento de lo plasmado por las partes en el acuerdo liquidatario.
  3. El comportamiento del contratista entró en abierta contradicción en relación con lo que él mismo registró en el acta de liquidación bilateral, pues no era posible que después de haber consentido en afirmar que las partes se encontraban a paz y salvo por todo concepto, con los efectos vinculantes que de tal manifestación se desprenden para el mundo jurídico, que posteriormente quisiera pretender la declaratoria Judicial de incumplimiento por parte del municipio contratante por la falta de pago de reajustes de precios causados con anterioridad a la firma del acuerdo de liquidación

Decisión

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil uno (2001) por el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.   SEGUNDO.- Sin condena en costas.   TERCERO.- En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Articulo 2 y 75. Ley 80 de 1993. Articulo 82. Código contencioso administrativo. Artículo 30. Ley 446 de 1998. Artículo 1. Ley 1107 de 1998.

Conceptualizaciones

Liquidación de un contrato. «(...) La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado queda después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento”[1]. (...)»
[1] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de abril 10 de 1997. Expediente No. 10.608. M.P. Daniel Suarez Hernández. Este pronunciamiento fue recogido y reiterado en la Sentencia de marzo 9 de 1998, expediente No. 11.101, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Un municipio no debe, tras haber recibido la obra contratada y haber suscrito el acta de..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Etapa postcontractual
  • Municipio
  • Acta de liquidación
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Consorcio
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Etapa postcontractual
  • Municipio
  • Acta de liquidación
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Consorcio
  • Normativa
    S2 - Agente Virtual
    + - x
    Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

    Recomendaciones

    En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

    Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

    Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

    Términos y condiciones

    Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

    a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

    b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
    escribiendo

    Accesos directos

    Compra Pública Innovadora
    Indicadores
    Manuales, Guías y Pliegos Tipo
    Mesa de Servicio
    SECOP
    Síntesis
    Tienda Virtual del Estado Colombiano

    Cargando...