A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Una entidad pública no puede rechazar la propuesta de un proponente por considerar no subsanada la información financiera, cuando esta no corresponde a un criterio de evaluación

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 25397 DE 2013

Identificadores

Contratación estatal
Etapa precontractual
Pliego de condiciones
Criterios de evaluación de las propuestas
Rechazo de la oferta
Contratación estatal
Etapa precontractual
Pliego de condiciones
Criterios de evaluación de las propuestas
Rechazo de la oferta

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 25397 DE 2013

Caso

CARLOS MARIO HINCAPIE MOLINA VS. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU -

Hechos relevantes

Una entidad pública abrió una licitación pública con el fin de construir la ampliación de la calle 72 entre las carreras séptima y quinta, en Bogotá.

 

Un particular presentó su propuesta, a quien la entidad pública le solicitó que aportara la Conciliación de Renta Fiscal que aclarará las diferencias que se presentaban entre las cifras de su Balance General y su Declaración de Renta Fiscal, por lo que el particular envió a la entidad la corrección de la declaración de renta correspondiente, presentada casi siete meses antes de la apertura de la licitación.

 

La entidad pública rechazó la propuesta argumentando que “el proponente no subsanó la información financiera solicitada (Conciliación de Renta Fiscal), presenta documentación que mejora la propuesta (Declaración de Renta de 1997 corregida)”

   

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública rechazar la propuesta de un proponente por considerar no subsanada la información financiera, cuando esta no corresponde a un criterio de evaluación?

Regla ampliada

Cualquier falencia u omisión no puede dar lugar a la descalificación. «(…) “Ahora bien, la Sala reitera que no cualquier falencia u omisión en la presentación de las ofertas puede dar lugar a su descalificación, pues debe tratarse de defectos que realmente incidan sobre la futura celebración y ejecución del contrato de cuya adjudicación se trata, por lo cual debe tenerse por inadmisible el rechazo de proponentes por requisitos nimios e inútiles; así lo tenía sentado ya para esa época la Jurisprudencia de esta misma Sección Tercera de la Sala Contenciosa del Consejo de Estado, según lo refleja el pronunciamiento contenido en la Sentencia fechada el 19 de febrero de 1987 , postura jurisprudencial que posteriormente el propio legislador elevó al rango de norma positiva en los términos que hoy recoge el inciso 2º del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, a cuyo tenor: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”; en consecuencia, los documentos que se exija aportar en los pliegos de condiciones o términos de referencia deben representar alguna utilidad e importancia significativas para la evaluación de las ofertas y la consiguiente selección de la más favorable, sin que tales exigencias puedan corresponder a cuestiones puramente formales, accesorias, inútiles, que nada le aporten a dichas labores” (…)»

Razones de la decisión

«(…) En esta línea de pensamiento, resulta claro que el rechazo o la descalificación de ofertas no puede depender de la libre discrecionalidad de la administración, en la medida en que el oferente, por el hecho de participar en el proceso licitatorio, adquiere el derecho de participar en el procedimiento de selección y se genera para él una situación jurídica particular; en consecuencia, para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad pública debe sujetarse a determinadas reglas consistentes en que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente establecidas en la ley, deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, puesto que la causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la contratación.

 

Se tiene, entonces, que la objetividad en la selección impone que la descalificación de las ofertas provenga únicamente de la ponderación de los resultados derivados de un riguroso proceso de evaluación, plenamente ajustado a la ley y al pliego de condiciones, cuyos resultados, además de ser conocidos por cada proponente -en cumplimiento de los principios de publicidad y de transparencia- también sean conocidos por sus competidores con el propósito de controvertirlos.

(…)

 

Lo anterior evidencia que el balance general y la declaración de renta se requerían para hacer la verificación de las partidas allí consignadas y, luego a ello, con fundamento en el balance general, determinar la capacidad económica del proponente. De otra parte, la conciliación de renta fiscal solo se requería en el evento en que existiera diferencia entre las partidas del balance general y la declaración de renta.

 

Es decir, tales documentos no eran objeto de evaluación, al punto que en ninguna parte del pliego se les asigna un puntaje, sino de verificación. Ello reviste gran importancia, porque, al no asignárseles puntaje alguno, no se puede entender que con ellos se mejorara la propuesta, ni que fueran necesarios para la comparación de las mismas.

(…)

 

Por lo anterior, para la Sala es claro que la entidad no debió descalificar la propuesta del actor, sino que ha debido evaluarla y considerarla dentro de las propuestas válidas. Al proceder como lo hizo, es decir, descartándola, con el acto demandado vulneró el numeral 15 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, ya que la conciliación fiscal no era necesaria para la comparación de las propuestas, a lo cual se agrega que - como ya se advirtió unos párrafos atrás - la presentación de la declaración corregida no mejoraba la propuesta, pues no la hacía más competitiva frente a los demás.

 

 

(…)

 

En este orden de ideas, al actor se le ha debido adjudicar el contrato, dado que su propuesta resultaba ser la mejor para la entidad; por lo tanto, se debería indemnizar el lucro cesante, consistente en la utilidad esperada, con su correspondiente actualización; sin embargo, la Sala se tropieza con que existe una falencia probatoria, pues no se allegó en forma completa la propuesta económica presentada por el demandante, ya que tan solo se aportó el anexo 2 (fls. 163 a 165, c. 2 pruebas) referente a “Cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta” donde se evidencia el monto correspondiente al AIU, pero no se discrimina la parte que de ese valor corresponde a la utilidad, por lo que se condenará en abstracto.(…)»

Regla

Una entidad pública no puede rechazar la propuesta de un proponente por considerar no subsanada la información financiera, cuando esta no corresponde a un criterio de evaluación, porque:

 

  1. La entidad pública al rechazar o descalificar propuestas debe hacerlo de acuerdo a las causales que dan lugar a ello establecidas previamente en la ley, por el incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la comparación de las propuestas. La causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, así, no tiene justificación alguna excluir una propuesta por un aspecto que no tiene incidencia en la contratación.
  2. La descalificación de las ofertas debe provenir únicamente de la ponderación de los resultados derivados de un riguroso proceso de evaluación, ajustado tanto a la ley como al pliego de condiciones, cuyos resultados deben ser conocidos por el proponente y por los competidores para que puedan controvertirlos.
  3. El balance general y la declaración de renta se requerían para hacer la verificación de las partidas allí consignadas para luego determinar la capacidad económica del proponente. El pliego de condiciones no les asigna un puntaje, por lo que tales documentos no eran objeto de evaluación sino de verificación. Por lo tanto, no se podía entender que con ellos se mejorara la propuesta, ni que fueran necesarios para la comparación de las mismas.
  4. Por lo anterior, la entidad no debió descalificar la propuesta del actor, sino que ha debido evaluarla y considerarla dentro de las propuestas válidas. Además, de acuerdo a las pruebas al actor se le ha debido adjudicar el contrato, dado que su propuesta resultaba ser la mejor para la entidad; por lo tanto, se debe indemnizar el lucro cesante, consistente en la utilidad esperada, con su correspondiente actualización.

Decisión

Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 28 de mayo de 2003.

 

1.- Declárase la nulidad de la resolución 591 del 21 de mayo de 1999, proferida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mediante la cual se adjudicó la licitación pública IDU-LP-DTC-024-1999.

 

2.- Condénase en abstracto, al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, a pagar, por concepto de  lucro cesante, a Carlos Mario Hincapié Molina, el valor señalado como utilidad en la propuesta presentada por éste, para la licitación pública IDU-LP-DTC-024-1999. El interesado deberá promover el respectivo incidente ante el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del C.C.A. Para establecer la cuantía de la condena se observarán estrictamente las reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 16540 DE 2010

Marco jurídico

Artículo 25 de la Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública no puede rechazar la propuesta de un proponente por considerar no subsanada la..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Pliego de condiciones
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Rechazo de la oferta
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Pliego de condiciones
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Rechazo de la oferta
  • Normativa
    S2 - Agente Virtual
    + - x
    Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

    Recomendaciones

    En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

    Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

    Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

    Términos y condiciones

    Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

    a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

    b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
    escribiendo

    Accesos directos

    Compra Pública Innovadora
    Indicadores
    Manuales, Guías y Pliegos Tipo
    Mesa de Servicio
    SECOP
    Síntesis
    Tienda Virtual del Estado Colombiano

    Cargando...