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A través de la acción popular no es posible efectuar modificación alguna de contratos estatales, pues la única finalidad de dicha acción, es proteger los derechos colectivos

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SI E AP01178 DE 2014

Identificadores

Contrato de concesión
Etapa contractual
Contratación estatal
Contrato de obra pública
Acción popular
Entidades estatales
Contrato de concesión
Etapa contractual
Contratación estatal
Contrato de obra pública
Acción popular
Entidades estatales

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SI E AP01178 DE 2014

Caso

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- Y LA UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA VS. HENRY MORA CASTAÑEDA Y OTROS

Hechos relevantes

En 1999, el Instituto Nacional de Concesiones –INCO- hoy Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- asumió los contratos celebrados con los concesionarios para el desarrollo de la infraestructura de transporte, antes con el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-. Dentro de esos contratos, se encontraba el celebrado con el concesionario “Unión Temporal para el Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca”, encargado de planear y ejecutar los proyectos con participación de capital privado en infraestructura a cargo de la Nación que hayan sido previamente identificados por el Ministerio.   En ese contrato, se encontraba el proyecto de construir un puente vehicular elevado sobre la avenida calle 5ª de Guacarí, en intersección con la carretera vial principal de doble calzada frente al Barrio Aranjuez. Con esta obra los habitantes del barrio se vieron afectados, por virtud de los trabajos efectuados sobre la malla vial en el Valle del Cauca y del Cauca, no tienen verdaderos accesos peatonales ni vehiculares desde los Barrios «La Nubia», «El Portal», «San Juan Bautista», «Santa Lucia», «El Llanito» y «Sector la Carrilera» al Municipio de Guacarí; y que además, no existe un verdadero tratamiento para la evacuación de las aguas lluvias, lo cual se ha constituido en un factor de riesgo de accidente por posibles caídas de transeúntes y de tipo biológico, debido a la creación de hábitats de reproducción de mosquitos, vectores de enfermedades y contaminación con malos olores y posibles basuras que se empiezan a depositar ahí.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad estatal adicionar o modificar los diseños de una obra contemplados en un contrato de concesión, cuando la comunidad del área de influencia, mediante acción popular, reclama que la operación vulnera derechos colectivos?

Razones de la decisión

«(…)En virtud del análisis efectuado tanto de las pruebas anteriormente relacionadas, como de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es menester para la Sala, resaltar que esta acción es el mecanismo jurídico que tiene la comunidad afectada para que de forma rápida y sencilla se proceda a ordenar la protección de sus derechos colectivos; es decir, que a través de la misma no es posible efectuar modificación alguna de contratos estatales ni decidir acerca de la legalidad de las Resoluciones que se expidan durante una actuación administrativa, pues su única finalidad es proteger tales derechos que ostentan un carácter superior y para el efecto, el Juez Constitucional goza de herramientas suficientes para ordenar la salvaguarda de los derechos que se acrediten vulnerados.   (...)   En este orden de ideas, se observa que existe vulneración por parte de las entidades demandadas tanto del derecho a la salubridad, del acceso peatonal y de personas con movilidad reducida, sin embargo, aunque a juicio de la Sala, no es procedente que a través de esta acción se le ordene a las entidades demandadas adicionar o modificar los diseños contemplados en el Contrato de Concesión núm. 005 de 1999 y su adicional núm. 6 de 2005 con base en un dictamen pericial, sí lo es imponer mecanismos de protección de los derechos colectivos que se vislumbren violados dentro del marco jurídico correspondiente.   Así, pues, comoquiera que en el referido Contrato de Concesión se contemplaron los diseños que determinan los citados accesos viales y peatonales y de personas con movilidad reducida , es evidente que la solución a dicha problemática ya se encuentra incluida en el proyecto materia de los contratos en mención, por lo tanto, la decisión del a quo debió encaminarse a ordenar algún mecanismo transitorio de protección mas no la de adicionar y modificar algunos diseños del proyecto, por cuanto la elaboración de los mismos requiere estudios previos de gestión social, gestión predial, de presupuesto y de topografía, entre otros, que determinan su viabilidad, por lo que no es acertado disponer el rediseño de un proyecto de malla vial como el aquí analizado, en la medida en que, por un lado, esta acción no es la indicada para tales efectos y, por el otro, por cuanto tal decisión no puede tomarse con base en un concepto pericial, dado que como su nombre lo indica, se constituye en un mero informe, sin los estudios que sí ostenta el proyecto bajo examen; además, el citado Contrato de Concesión y sus adicionales, son Ley para las partes, y éstas deben ceñirse a lo allí pactado.(…)»

Regla

Una entidad estatal no debe adicionar o modificar los diseños de una obra contemplados en un contrato de concesión, cuando la comunidad del área de influencia, mediante acción popular, reclama que la operación vulnera derechos colectivos, porque:
  1. A través de la acción popular no es posible efectuar modificación alguna de contratos estatales, pues la única finalidad de dicha acción, es proteger los derechos colectivos que ostentan un carácter superior y para el efecto, el Juez Constitucional goza de herramientas suficientes para ordenar la salvaguarda de los derechos que se acrediten vulnerados.
  2. No es el objetivo de la acción popular, como mecanismo de protección de los derechos colectivos, intervenir en el desarrollo del contrato, ya que los actos jurídicos son ley para las partes y estas deben ceñirse a lo allí pactado.

Decisión

PRIMERO: REVÓCANSE los numerales i) y v) del numeral tercero del fallo impugnado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, SE DISPONE:   a) ORDÉNASELE a la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- y a la Unión Temporal para el Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca que de conformidad con el Contrato de Concesión núm. 005 de 1999 y en particular la cláusula sexta del Contrato Adicional núm. 6 de 2005, realice, dentro de sus respectivas competencias, las actividades correspondientes a la gestión predial necesaria para ejecutar los contratos en mención; que en caso de que ya se hayan iniciado los procesos de expropiación administrativa y/o judicial, se dé el impulso respectivo a tales actuaciones y se allegue al proceso prueba de ello, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta sentencia; que una vez se haya concretado la expropiación mencionada, ejecutoriado el acto administrativo y/o la decisión judicial que se profiera para tales efectos, comiencen, a más tardar dentro de los tres meses siguientes, las obras faltantes contenidas en el Contrato Adicional núm. 6 de 2005 y demás necesarias, para lo cual deberán allegar al Comité conformado en la sentencia, prueba de las actuaciones administrativas y/o judiciales correspondientes, así como constancia del inicio y terminación de las obras en mención, las cuales no deben prologarse sin justa razón. Se les previene que el trámite de adquisición de los predios requeridos para la ejecución de las obras en mención, debe iniciarse en forma inmediata.   b) ORDÉNASELE a la Unión Temporal para el Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca que como mecanismo transitorio, mientras se concreta la adquisición de los predios faltantes y las obras pendientes por realizar, garantice el cruce de peatones y de personas con movilidad reducida en la vía que va desde el sector de «Aranjuez» al perímetro urbano y al Municipio de Guacarí, a través de las vías correspondiente así como de controladores viales y además, deberá adecuar el «box culvert» construido para tales efectos, el cual deberá ser apto para personas con movilidad reducida. c) PREVIÉNESELE a la Unión Temporal para el Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca que el puente peatonal proyectado en el Contrato Adicional núm. 6 de 2005, debe cumplir las especificaciones consagradas en el artículo 55 de la Ley 361 de 1997.   SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia impugnada, en el entendido de que la terminación de las obras ordenadas en los numerales ii), iii), iv), vii), viii), ix) y x) debe contabilizarse una vez se concrete la adquisición de los predios necesarios para su ejecución. Adicionalmente, como mecanismo transitorio para solucionar el drenaje de las aguas, la Unión Temporal para el Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca deberá tomar las medidas, que de acuerdo con su experiencia, sean las más apropiadas para contrarrestar futuras inundaciones en el sector a su cargo, para lo cual se le ordena a la comunidad dar vía libre al constructor de ejecutar tales obras y las demás contenidas en el Contrato de Concesión analizado.   TERCERO: CONFÍRMANSE los numerales vi), ix) y x) del numeral tercero de la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Marco jurídico

Ley 472 de 1998

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: A través de la acción popular no es posible efectuar modificación alguna de contratos estatales,..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contrato de concesión
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Contrato de obra pública
  • Acción popular
  • Entidades estatales
  • Contrato de concesión
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Contrato de obra pública
  • Acción popular
  • Entidades estatales
  • Normativa
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