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Derecho colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público se afecta al omitir las gestiones necesarias para lograr la devolución de un anticipo de un contrato no ejecutado

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP 02260 DE 2005

Identificadores

Anticipo
Acción popular
Contratación estatal
Suspensión del contrato
Moralidad pública
Fuerza mayor y caso fortuito
Etapa contractual
Contratista
Contrato de compraventa
Patrimonio estatal
Anticipo
Acción popular
Contratación estatal
Suspensión del contrato
Moralidad pública
Fuerza mayor y caso fortuito
Etapa contractual
Contratista
Contrato de compraventa
Patrimonio estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP 02260 DE 2005

Caso

ANA SILVIA GOMEZ DE PUENTES Y MARIA AMINTA CAMACHO DE CARDEÑOZA VS MUNICIPIO DE TOCAIMA

Hechos relevantes

El Municipio de Tocaima y la señora María Eugenia Velásquez Mira celebraron contrato de compraventa No. 013 para la adquisición de un equipo de “Rayos X”. El municipio giró la suma de $14’662.500 a la señora María Eugenia Velásquez Mira, como anticipo del 50% sobre el precio del bien objeto del contrato de compraventa. Sin embargo, nueve (9) días después de la entrega del anticipo, se suspendió el contrato, aduciendo las partes causales de fuerza mayor, sin obtener la ejecución cumplida del contrato ni la devolución del anticipo.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública omitir la gestión necesaria para lograr la devolución de un anticipo, debido a que el contrato no se ejecutó, sin vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público?

Regla ampliada

Moralidad administrativa atiende al cumplimiento de normas imperantes. «(…) La moralidad administrativa se presenta como una expectativa de toda la colectividad, de que los recursos, encargos y potestades que han sido conferidos a las autoridades públicas, sean empleadas por ellas en armonía con los objetivos con los que les fueron concedidos, lo que se traduce en el cumplimiento de los fines del Estado señalados en nuestra Carta Política[2].(…)»

 


[1] Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 19 de febrero de 2004. AP-00559.

[2] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 15 de abril de 2004. AP-04017.

Razones de la decisión

«(…) Lo que si evidencia el material probatorio allegado al proceso, es que la administración municipal de Tocaima dispuso de recursos públicos para la ejecución del contrato No. 013 de 1999, los cuales entregó a la particular con la cual contrató, sin que hubiera obtenido a cambio la ejecución cumplida del contrato. Así mismo, se demostró que a pesar del incumplimiento de la particular, el anticipo entregado nunca fue devuelto al Municipio de Tocaima, a pesar de la existencia de un acto administrativo que dispone expresamente la devolución de dicho anticipo. Por último, se comprobó la inactividad prolongada y actual de la administración municipal de Tocaima, que ha llevado a no ejecutar una decisión que propende por la custodia de recursos públicos.

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la administración municipal de Tocaima ha violado la moralidad administrativa que demanda la colectividad en el manejo de los recursos públicos, pues resulta inexplicable la entrega de dineros públicos a un contratista que incumplió con sus obligaciones, y que por más de 4 años, no se haya realizado ninguna gestión para la devolución efectiva de los mismos.

 

(…)

 

Como administradores de los recursos públicos entregados para la ejecución del contrato estatal No. 013 de 1999, las autoridades municipales de Tocaima dispusieron indebidamente los recursos confiados a su cargo, pues la prolongada ausencia de acciones tendientes a la restitución de dineros entregados a una particular que no demostró cumplir con sus obligaciones contractuales, pone en peligro la integridad del patrimonio público, así como la confianza de la comunidad en la labor de sus administradores y el manejo de su patrimonio.(…)»

Regla

Una entidad pública no puede omitir la gestión necesaria para lograr la devolución de un anticipo, debido a que el contrato no se ejecutó, sin vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público, porque: 

  1. Las autoridades municipales como administradores de los recursos públicos no pueden disponer indebidamente de éstos, pues están confiados a su cargo.
  2. La ausencia prolongada de acciones tendientes a la restitución de dineros entregados a una particular que no demostró cumplir con sus obligaciones contractuales, pone en peligro la integridad del patrimonio público, así como la confianza de la comunidad en la labor de sus administradores y el manejo de su patrimonio.

Decisión

REVOCAR la Sentencia proferida el dieciséis (16) de abril de dos mil cuatro (2004) por la Sección Cuarta, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  mediante la cual se negaron las suplicas de la demanda.


DECLARAR que el Municipio de Tocaima ha violado los derechos colectivos de moralidad administrativa y de defensa del patrimonio público, debido a la omisión en realizar las gestiones necesarias para lograr la devolución del anticipo entregado en el contrato No. 013 de 1999.


ORDENAR al Municipio de Tocaima, representado por su alcalde Municipal, inicie inmediatamente a la ejecutoria de esta sentencia, las gestiones necesarias para la devolución del anticipo entregado en el contrato No. 013 de 1999.
 

 

CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la presente providencia, el cual estará integrado por la parte demandante y por un delegado de la Personería Municipal de Tocaima. El comité rendirá informes cada dos (2) meses al Tribunal de primera instancia, sobre el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia.
 

 

RECONOCER como incentivo a las demandantes, MARIA AMINTA CAMACHO DE CARDEÑOZA y ANA SILVIA GÓMEZ DE PUENTES, el quince por ciento (15%) del anticipo entregado dentro de la ejecución del contrato No. 013 de 1999. El incentivo será pagado por el Municipio de Tocaima, a partir de los dineros que efectivamente se recuperen en razón de la devolución del anticipo.
 

 

REMÍTASE copia de la presente providencia al señor Defensor del Pueblo para los fines señalados en el artículo 80 de a Ley 472 de 1998. Igualmente, envíese copias a la Contraloría General de la República, y a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, para los efectos previstos en la parte considerativa de esta providencia.

Marco jurídico

Ley 472 de 1998. Articulo 34

Conceptualizaciones

Moralidad Administrativa. «(...) Se entenderá por moralidad administrativa, el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo a la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propios de un buen funcionario”  (Cfr. Gaceta del Congreso N° 277 de septiembre 5/95 pág. 1). Lo expuesto permite afirmar que, la moralidad administrativa entre otros, persigue el manejo adecuado del erario público y en general que los funcionarios públicos asuman un comportamiento ético frente al mismo, pues los servidores públicos pueden incurrir en conductas que la generalidad tacharía de inmorales, o en otras que podrían ser sancionadas disciplinaria o penalmente[1]. (...)»

 

Patrimonio Público. «(...) Debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuéstales. La regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. (...)»


[1] Sentencia del 14 de noviembre de 2002. Rad. AP-616. Consejo de Estado. M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Derecho colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público se afecta al omitir las..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Anticipo
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Suspensión del contrato
  • Moralidad pública
  • Fuerza mayor y caso fortuito
  • Etapa contractual
  • Contratista
  • Contrato de compraventa
  • Patrimonio estatal
  • Anticipo
  • Acción popular
  • Contratación estatal
  • Suspensión del contrato
  • Moralidad pública
  • Fuerza mayor y caso fortuito
  • Etapa contractual
  • Contratista
  • Contrato de compraventa
  • Patrimonio estatal
  • Normativa
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