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Una entidad pública no puede negarse a efectuar la liquidación de un contrato de obra pública cuyo presupuesto final de la obra es superior al 50%, cuando en el valor total de la obra no se pactó en una suma fija

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 26765 DE 2014

Identificadores

Ejecución del contrato
Contrato de obra pública
Acta de liquidación
Etapa postcontractual
Contratación estatal
Valor del contrato
Honorarios
Ejecución del contrato
Contrato de obra pública
Acta de liquidación
Etapa postcontractual
Contratación estatal
Valor del contrato
Honorarios

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 26765 DE 2014

Caso

GLORIA LYDA RENGIFO ALARCÓN VS. MUNICIPIO DE PALMIRA Y OTROS  

Hechos relevantes

Las Empresas Públicas Municipales de Palmira adjudicó un contrato de obra pública a una arquitecta, cuyo objeto era la construcción del centro de atención al cliente de los servicios públicos. La contratación empleada fue la de obra pública bajo la modalidad de administración delegada, en la que dentro de las obligaciones de la contratista se encontraba la de contratar, con cargo al contrato, los aspectos que fueran necesarios para el buen desarrollo de ésta.   El valor del contrato fue pactado en la suma de $33’000.000, que corresponden al 15% de los costos directos de la obra, para efectos fiscales. Sin embargo, se pactó que el valor final del contrato sería el que resulte de multiplicar el total de gastos efectuados con cargo a la obra por el factor 15%, lo cual se descontaría los pagos parciales que se hubieran efectuado al administrador durante el desarrollo de la obra, y se acordó liquidar los honorarios de la arquitecta sobre el valor total de las planillas de obra, sumados con los gastos de materiales.   Posteriormente, se suscribió el acta de recibo parcial de la obra, entre el Gerente de Empalmira y la contratista, acta en la cual se dejó constancia de que no se incluía el mayor valor de las obras que se ejecutaron, y se firmó el acta de inventario de entrega de la obra contratada. Igualmente, en el informe final de la obra, se precisó que faltó por pagar a la contratista la suma de $100’826.410. Por tanto, la contratista solicitó el pago de lo adeudado, pero la entidad le indicó que no desconocía sus obligaciones, pero que no había podido cumplir por su situación económica.    La contratista interpuso acción contractual en contra de las Empresas Públicas Municipales de Palmira. Señaló que la entidad contratante incumplió sus obligaciones contractuales, en lo referente a la liquidación el contrato y a los dineros dejados de pagar.   La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que la contratista tenía la obligación de comprar materiales, elementos y equipos, pero los pagos se debían efectuar con los dineros que se encontraban en el fondo rotatorio de la obra y el pago de personal debía ser autorizado por la interventoría, de modo que no había lugar a la existencia de pagos pendientes. Además, adujo que las obras realizadas en cumplimiento del contrato suscrito a la fecha no podían exceder de $330’000.000 de pesos, hablarse de realizar obras por valor de $584’411.572,88, equivale a un incremento en el presupuesto inicial de obra cerca al 200%, en una abierta y clara violación por parte de la contratista a la Ley 80 de 19993 y a lo establecido en el contrato de obra pública. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública negarse a efectuar la liquidación de un contrato de obra pública bajo la modalidad de administración delegada, cuando el presupuesto final de la obra se amplía en un 200% en comparación con el monto de los honorarios que inicialmente se habían pactado, para efectos fiscales, sin violar el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial? 

Razones de la decisión

«(...) Con lo anterior queda demostrado que el valor de la obra presentado en la propuesta lo fue para determinar el monto inicial de los honorarios, los cuales fueron pactados en el contrato en la suma de $33’000.000 para efectos fiscales, pero que los mismos finalmente se determinarían por el valor total de la obra, valor que era susceptible de modificación precisamente por la forma de contratación empleada, esto es, obra pública bajo la modalidad de administración delegada, en la que dentro de las obligaciones de la contratista se encontraba la de contratar, con cargo a la obra, esto es con cargo al contrato 4 de 199, los aspectos que fueran necesarios para el buen desarrollo de ésta, por lo que se concluye que no existió vulneración de la ley 80 de 1993.   En efecto, si bien es cierto que la ley 80 de 1993, en el parágrafo del artículo 40, señala que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, en el sub júdice no puede hablarse de tal vulneración, por cuanto, como se indicó anteriormente, el valor pactado en el contrato 04-97 lo fue con el único fin de determinar los impuestos, tributos, seguros y demás obligaciones que del acuerdo  se derivaran, es decir, como lo señaló el propio contrato, para “efectos fiscales”; pero, el valor total de la obra no se pactó en una suma fija, sino que ello se condicionó a los gastos que efectivamente se llevaran a cabo en la ejecución de la obra. (...)»

Regla

Una entidad pública no puede negarse a efectuar la liquidación de un contrato de obra pública bajo la modalidad de administración delegada, cuando el presupuesto final de la obra se amplía en un 200% en comparación con el monto de los honorarios que inicialmente se habían pactado, para efectos fiscales, sin violar el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, porque:  
  1. Pese a lo señalado por la ley 80 de 1993, en el sub júdice no puede hablarse de tal vulneración, toda vez que el valor pactado en el contrato tuvo como fin de determinar los impuestos, tributos, seguros y demás obligaciones que del acuerdo  se derivaran, es decir, como lo señaló el propio contrato, para efectos fiscales; pero, el valor total de la obra no se pactó en una suma fija, sino que ello se condicionó a los gastos que efectivamente se llevaran a cabo en la ejecución de la obra.
  2. El valor de la obra era susceptible de modificación precisamente por la forma de contratación empleada, esto es, obra pública bajo la modalidad de administración delegada, en la que dentro de las obligaciones de la contratista se encontraba la de contratar, con cargo a la obra, los aspectos que fueran necesarios para el buen desarrollo de ésta. 

Decisión

1.- Modifícase el numeral 3 de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2000 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual queda así:   “3.- Como consecuencia de la declaración anterior, condenase al Instituto Financiero y de Fomento para el Desarrollo Municipal y de Servicios Públicos, – INFIPAL- en liquidación, a pagar a la arquitecta Gloria Lyda Rengifo Alarcón la suma de ochocientos diecinueve millones veintitrés mil sesenta y cinco pesos con veintisiete centavos  ($819’023.065,27), que arroja la liquidación del contrato de obra 04 del 21 de mayo de 1997   2.- Confírmase en lo demás la sentencia apelada.   3.- Sin condena en costas.

Marco jurídico

La ley 80 de 1993. Artículo 40. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública no puede negarse a efectuar la liquidación de un contrato de obra pública..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Ejecución del contrato
  • Contrato de obra pública
  • Acta de liquidación
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Valor del contrato
  • Honorarios
  • Ejecución del contrato
  • Contrato de obra pública
  • Acta de liquidación
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Valor del contrato
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