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Una entidad estatal no puede establecer mediante en un contrato cuyo objeto consiste en la distribución exclusiva de licores, casos especialesen los que, se pueda dar la declaración de caducidad del mismo.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 33337 DE 2014

Identificadores

Etapa contractual
Cláusulas excepcionales
Caducidad
Entidades estatales
Contratación estatal
Etapa contractual
Cláusulas excepcionales
Caducidad
Entidades estatales
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 33337 DE 2014

Caso

MARIA DEL CARMEN ISAZA DE PINZON VS. DEPARTAMENTO DEL META - EMPRESA LICORERA DEL META.

Hechos relevantes

El 28 de diciembre de 1998 la Empresa Licorera del Meta y la señora María del Carmen Isaza de Pinzón, propietaria del Estanco Llano y Selva, suscribieron un contrato, cuyo objeto lo constituyó la distribución exclusiva de los licores elaborados por la Empresa Licorera del Meta para el Departamento del Vichada.

 

El 9 septiembre de 1999 el Gerente de la Empresa de Licores del Meta citó a la señora María del Carmen Isaza de Pinzón para notificarle la caducidad del contrato de distribución exclusiva de los licores elaborados por la Empresa Licorera del Meta, para el Departamento del Vichada.

 

A través de una ordenanza, el 7 de agosto de 1999, se autorizó al Gobernador del Meta para contratar la distribución del aguardiente llanero y se derogó la que sustentaba legalmente los contratos de distribución suscritos por la Empresa Licorera del Meta, de tal suerte que el Departamento debió terminar unilateralmente los contratos de distribución celebrados por aquella entidad, por cuanto en adelante la Licorera había perdido competencia para definir el rumbo contractual de dichos negocios. El 22 de octubre de 1999 el Departamento del Meta suprimió la Empresa Licorera del Meta y estableció como plazo para su liquidación hasta el 31 de diciembre de 1999.

 

La demandante alega que el Departamento del Meta, al no hacer un llamado de atención antes de decidir liquidar la entidad con la que se celebraba el contrato, violó el principio de contratación estatal del debido proceso.

 

La entidad demandad alega que es de conocimiento de todo aquel que desee celebrar contratos con el Estado, que las entidades públicas tienen la facultad de establecer cláusulas excepcionales para cubrir estos casos, por lo que no le es imputable ningún tipo de responsabilidad.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal establecer en  un contrato, cuyo objeto es la distribución de licores, casos especiales para la declaración de su caducidad, como la interdicción judicial del distribuidor, la disolución de la persona jurídica del distribuidor y la incapacidad financiera del distribuidor?

Razones de la decisión

«(…)Al respecto advierte la Sala que el numeral 2° del artículo 14 de La ley 80 de 1993 impuso mandatoriamente el deber de pactar y naturalmente ejercer las cláusulas o estipulaciones excepcionales, en los contratos estatales “que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado”, casos en los cuales se entienden incluidas tales cláusulas excepcionales en el respectivo negocio jurídico así no hubiesen sido consignadas expresamente en los mismos. 

 

(…)

 

Así pues, para la Sala emerge con claridad que en el contrato de distribución exclusiva de licores que constituye el objeto de análisis, había lugar a la inclusión válida de cláusulas excepcionales, en cuanto de ese tipo de contratos se predica la misma razón e identidad en la posición de la entidad estatal contratante que se aplica por virtud del objeto contractual definido en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, esto es el ejercicio de una actividad que constituye monopolio estatal y, por contera, la correspondiente obligatoriedad de estipular ese tipo de cláusulas excepcionales, las cuales se entienden pactadas aun en ausencia de convención expresa sobre la materia.

 

(…)

 

En lo que atañe a este tema, la Sala recuerda que en la cláusula séptima se introdujo expresamente la facultad de ejercer en este contrato la potestad excepcional de caducidad, propósito en relación con el cual se estipuló que su declaratoria procedería siempre que se reunieran las causales allí mismo enunciadas, a saber: a) la interdicción judicial del DISTRIBUIDOR; b) La disolución de la persona jurídica del DISTRIBUIDOR; c) La incapacidad financiera del DISTRIBUIDOR, la cual se presumiría cuando se le declarare en quiebra, se le abriera concurso de acreedores o fuera intervenida por autoridad competente.

 

(…)

 

De la simple confrontación de la cláusula contractual en estudio, se impone concluir que la referida estipulación contractual adolece de nulidad, al menos parcialmente, en cuanto en la misma se incluyeron unos supuestos adicionales y distintos a los previstos por la norma legal que reguló de forma imperativa la institución de la caducidad administrativa en materia contractual, cuestión que desbordó la competencia de la entidad estatal contratante al haber invadido la órbita del legislador y exceder el marco jurídico de su regulación.

 

(…)

 

En consecuencia, comoquiera que la cláusula de caducidad se encuentra viciada de nulidad parcial por falta de competencia de la entidad estatal contratante para incorporar en la misma unos supuestos distintos a los previstos para el efecto por la Ley 80, la Sala procederá a su declaratoria oficiosa, dejando la salvedad de que la última parte de la cláusula según la cual “si del incumplimiento de las obligaciones del DISTRIBUIDOR a juicio de LA EMPRESA se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del contrato…” habrá de conservar su validez.

 

En cualquier caso lo cierto es que, aun en la hipótesis de que el vicio hallado hubiese recaído sobre la totalidad del texto de la cláusula en estudio, ello no obstaría para analizar, como enseguida se hará, los cargos de nulidad formulados contra la Resolución que declaró la caducidad del contrato, pues la circunstancia de que la cláusula que contempló unas causales de caducidad que difieren de los supuestos contemplados en la norma que la regula adolezca de nulidad, en nada afecta la competencia con que contaba la entidad para proceder a declararla, si se tiene en cuenta que aun en el evento de que esa cláusula no se hubiere incorporado en el texto contractual, de todas maneras su estipulación resultaba obligatoria en atención al mandato contenido en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, por cuanto el contrato en estudio comportó el ejercicio de una actividad que constituye monopolio estatal..(…)»

Regla

Una entidad estatal no puede establecer en un contrato, cuyo objeto es la distribución de licores, casos especiales para la declaración de su caducidad, como la interdicción judicial del distribuidor, la disolución de la persona jurídica del distribuidor y la incapacidad financiera del distribuidor, en razón a que:  
  1. El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 impuso el deber de pactar y ejercer las cláusulas excepcionales en los contratos estatales “que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado” y cuando en el respectivo negocio jurídico no se consignaron expresamente, se entienden incluidas. 
  2. En el contrato de distribución exclusiva de licores había lugar a la inclusión válida cláusulas excepcionales, debido a que se trataba del ejercicio de una actividad que constituye monopolio estatal. 
  3. La cláusula donde se estipulan casos especiales donde se podía declarar la caducidad del contrato adolece de nulidad, porque se incluyeron unos supuestos adicionales y distintos a los previstos por la norma legal que reguló de forma imperativa la institución de la caducidad administrativa en materia contractual, por lo que la administración invadió la órbita del legislador.

Decisión

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2006 por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone:

  • PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la cláusula Decima Séptima del Contrato de Distribución Exclusiva de Licores para el Departamento del Vichada suscrito el 28 de diciembre de 1998 entre la Empresa Licorera del Meta y la señora María del Carmen Isaza de Pinzón, mediante la cual se incorporaron causales de caducidad, por las razones que quedaron expuestas, dejando la salvedad de que la última parte de la cláusula de conformidad con la cual “si del incumplimiento de las obligaciones del DISTRIBUIDOR a juicio de LA EMPRESA se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del contrato…” habrá de conservar plenamente su validez.
  • SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 0401 del 9 de septiembre de 1999 mediante la cual la Empresa Licorera del Meta declaró la caducidad administrativa del Contrato de Distribución Exclusiva de Licores para el Departamento del Vichada suscrito el 28 de diciembre de 1998 con la señora María del Carmen Isaza de Pinzón.
  • TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 0421 del 1 de octubre de 1999 mediante la cual la Empresa Licorera del Meta, confirmó la anterior decisión.
  • CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE en abstracto al DEPARTAMENTO DEL META a pagar a la señora MARIA DEL CARMEN ISAZA DE PINZON, a título de indemnización de perjuicios materiales, el monto de la utilidad que tenia derecho a obtener con la ejecución del contrato de distribución  celebrado el 28 de diciembre de 1998 con la Empresa Licorera del Meta por el tiempo en que el mismo se dejó de ejecutar.
  • QUINTO: CONDÉNASE en abstracto al DEPARTAMENTO DEL META a pagar a la señora MARIA DEL CARMEN ISAZA DE PINZON, a título de indemnización de perjuicios materiales, el monto de la utilidad del contrato de distribución celebrado el 3 de febrero de 1997 entre la Empresa Licorera del Meta y María del Carmen Isaza de Pinzón, suma que deberá multiplicarse por el término de cinco años que duró la inhabilidad para contratar con el Estado.
  • SEXTO: CONDÉNASE al DEPARTAMENTO DEL META a reintegrar a la señora MARIA DEL CARMEN ISAZA DE PINZON, la suma de dinero pagada a la entidad demandada por concepto de cláusula penal pecuniaria en caso de que se demuestre su desembolso.
  • SEPTIMO: Todo lo anterior deberá atender estrictamente a los lineamientos trazados en la parte considerativa de la presente providencia. “La interesada deberá promover el respectivo incidente ante el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del C.C.A”.
  • “OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
  • “NOVENO: sin condena en costas.”

 

SEGUNDO: En firme esta providencia DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 14.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad estatal no puede establecer mediante en un contrato cuyo objeto consiste en la..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Cláusulas excepcionales
  • Caducidad
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Cláusulas excepcionales
  • Caducidad
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Normativa
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