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Se incurre en el delito de peculado por aplicación oficial diferente cuando se celebra un contrato con fondos de regalías de distinta destinación a la del objeto contractual y no en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-31654-2009

Identificadores

Objeto contractual
Celebración de contrato
Contratación estatal
Etapa precontractual
Regalías
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Peculado por aplicación diferente
Etapa contractual
Elementos
Objeto contractual
Celebración de contrato
Contratación estatal
Etapa precontractual
Regalías
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Peculado por aplicación diferente
Etapa contractual
Elementos

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-31654-2009

Caso

JORGE APOLINAR CEDEÑO PARALES, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, INDIRA CASTELLANOS PUERTA, SECRETARIA JURÍDICA DEL SEÑOR CEDEÑO E INÉS STELLA DUEÑAS OROZCO, SECRETARÍA DE HACIENDA DEL SEÑOR CEDEÑO

Hechos relevantes

Entre los años 2001 y 2002, se detectaron irregularidades en los contratos celebrados en el municipio de Arauca con el fin de desviar los recursos de las regalías petroleras, actuación dirigida y coordinada por el Alcalde Jorge Apolinar Cedeño Parales y por sus Secretarias Jurídica y de Hacienda, señoras Indira Castellanos Puerta e Inés Stella Dueñas Orozco, respectivamente, contando con la participación, entre otros, del particular Hugo Humberto Vanegas Perea, cónyuge de la última de las nombradas y quien a pesar de no tener vínculos con la administración municipal manejaba las ofertas y distribución de anticipos de la contratación.   La investigación se inició el 21 de abril de 2003 con la actuación de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. El 8 de septiembre de 2006, se condenó a Jorge Apolinar Cedeño Parales, Inés Stella Dueñas Orozco e Indira Castellanos Puerta a la pena principal de 84 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 5 años, por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso sucesivo, homogéneo y heterogéneo.   La defensa de la señora Dueñas Orozco alega que en el cargo de Secretaria de Hacienda, la acusada no tenía la función de tramitar o celebrar los contratos, sino solamente liquidarlos, por lo que considera errónea la postura del Tribunal, ya que incluso los contratos estatales afectados por nulidad ante el incumplimiento de requisitos en su trámite y celebración deben ser liquidados, sin que ello pueda implicar responsabilidad penal en el liquidador, pues él no es quien ha omitido las exigencias legales.

Problema Jurídico

¿Puede un servidor público celebrar contratos con recursos provenientes de regalías destinadas para asuntos diferentes al objeto del contrato, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales?

Razones de la decisión

«(…)El Código Penal de 2000 establece tres conductas delictivas relacionadas con la contratación pública. Una de ellas está prevista en el artículo 410 y se denomina contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se estructura ese tipo penal cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones desatiende los requisitos legales atinentes a un contrato, específicamente en tres eventos, a saber: (i) cuando lo tramita sin cumplir los requisitos propios de esa fase contractual, (ii) cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los inherentes a la fase pre-contractual, y (iii) cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto .

 

El incumplimiento de los principios que informan la función pública y, más específicamente, la contratación estatal puede, entonces, configurar el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esta afirmación, sin embargo, amerita una precisión. No basta afirmar el abstracto desacatamiento de uno de esos principios para predicar la existencia del delito, sino que es necesario que el axioma desconocido esté ligado a un requisito de carácter esencial propio del respectivo contrato y definido como tal previamente por el legislador.

 

(…)

 

Como se observa, la naturaleza de los fondos con los cuales se realiza el contrato administrativo no constituye requisito legal esencial para su tramitación o celebración, según lo antes visto, de modo que desacertaron los falladores cuando enmarcaron la conducta de los procesados en el tipo penal descrito en el artículo 410 del estatuto punitivo.

 

(…)

 

Lo expuesto permite concluir, como lo hizo también la Sala en la sentencia última citada, que “la utilización de los recursos provenientes de las regalías en actividades diferentes a las previstas por el legislador en la cantidad porcentual mínima, no sólo constituye un grave ataque a la convivencia social, porque se priva a la ciudadanía de satisfacer sus necesidades básicas, sino que además implica la realización de comportamiento punible sancionable en los términos del artículo 136 del Código Penal de 1980 (Modificado por la Ley 190 de 1995, artículos 18 y 32)…”

 

Actualmente, dicha conducta ilícita se encuentra prevista en el artículo 399 de la Ley 599 de 2000, norma al amparo de la cual incurre en peculado por aplicación oficial diferente “el servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores”..(…)»

Regla

Un servidor público puede celebrar contratos con recursos provenientes de regalías destinadas para asuntos diferentes al objeto del contrato, sin incurrir en el delito de celebración de contrato, sin cumplimiento de los requisitos legales, porque:  
  1. La naturaleza de los fondos con los que se celebra el contrato no es un requisito esencial de la celebración de contratos estatales y, por tanto, la conducta no puede enmarcarse dentro de este delito.
  2. Para incurrir en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales debe omitirse un requisito esencial del contrato estatal; como los propios de la fase contractual en la que se encuentre, los presupuestos necesarios para su perfección o el cumplimiento de los inherentes a la fase pre-contractual, o cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.
  3. Cuando se celebran contratos con regalías destinadas a diferentes asuntos a los del objeto contractual, se incurre en delito de peculado por aplicación oficial diferente, no en el de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Decisión

Primero.- CASAR parcialmente la sentencia impugnada, de acuerdo con lo señalado en el presente fallo. En consecuencia, se dispone:   - ABSOLVER a los procesados JORGE APOLINAR CEDEÑO PARALES, INÉS STELLA DUEÑAS OROZCO, INDIRA CASTELLANOS PUERTA y HUGO HUMBERTO VANEGAS PEREA respecto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y frente a los contratos 010, 013, 091, 064, 200, 075, 171, 014, 071, 196 y 202, todos del año 2001.   - CONCEDER a INÉS STELLA DUEÑAS OROZCO disminución de pena en una cuarta parte por su condición de interviniente en la realización del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Segundo.   - MODIFICAR las penas principales impuestas en las sentencias de instancia a los mencionados procesados, las cuales quedan así:   - A JORGE APOLINAR CEDEÑO PARALES e INDIRA CASTELLANOS PUERTA se les impone ochenta y un (81) meses y diez (10) días de prisión, 25.6 salarios mínimos legales mensuales de multa y 49 meses y 13 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.   - A INÉS STELLA DUEÑAS OROZCO se le impone ochenta (80) meses y quince (15) días de prisión, 24.2 salarios mínimos legales mensuales de multa y 46 meses y 2 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas:   A HUGO HUMBERTO VANEGAS PEREA se le impone veintisiete (27) meses y diez (10) días de prisión, 10 salarios mínimos legales mensuales de multa y 18 meses y 21 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.   Tercero.- ADICIONAR la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de ABSOLVER a HUGO HUMBERTO VANEGAS PEREA respecto del delito de interés ilícito en la celebración de contratos.   Cuarto.- DECLARAR que los restantes ordenamientos de la sentencia impugnada se mantienen incólumes.

Marco jurídico

Ley 599 de 2000. Artículos 399 y 410

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Se incurre en el delito de peculado por aplicación oficial diferente cuando se celebra un contrato..
Fichas
Identificadores
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  • Celebración de contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Regalías
  • Contrato sin el lleno de los requisitos legales
  • Peculado por aplicación diferente
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  • Objeto contractual
  • Celebración de contrato
  • Contratación estatal
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