Las Entidades Estatales no pueden liquidar unilateralmente un contrato, cuando previamente se ha liquidado bilateralmente y cuando el fundamento de la liquidación presenta una falsa motivación.

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Hechos relevantes

La firma STROMNETZ DE COLOMBIA  y   el ICEL  firmaron el 30 de diciembre de 1999 la Orden de Trabajo No. 126 cuyo objeto  fue la rectificación de un motor. A este contrato, se le expide una garantía de cumplimiento emitida por Compañía Seguros del Estado.

El 15 de marzo del 2000, se realizo el acta de recibo final de los trabajos en la cual consta que se entregaron a satisfacción y se procedió a liquidar bilateralmente el contrato, aunque este acto fue denominado como Acta Parcial de Obra.  

El 5 de abril del 2001 la empresa IPSE decreta la liquidación unilateral del contrato, alegando incumplimiento las obligaciones del mismo por parte de STROMNETZ DE COLOMBIA, haciéndose efectiva la garantía única de cumplimiento.

Seguros del Estado, demanda la Nulidad y restablecimiento del derecho por falsa  motivación del Acto Administrativo, ya que la rectificación del motor fue efectivamente realizada por parte del contratista.

Problema Jurídico

¿Puede una Entidad del Estado declarar la liquidación unilateral de un contrato, cuando previamente este se liquido bilateralmente y el objeto del mismo se ejecuto a satisfacción, sin vulnerar el principio de transparencia?

Razones de la decisión

«(…)  la entidad pública decide proferir un acto administrativo de liquidación sin tener  en cuenta que ya existía  una liquidación bilateral   que  reposa dentro de un acta llamada de Recibo Parcial de obra No. 1 (…)”

Al respecto de  la liquidación unilateral   el Consejo de Estado  en sentencia No. 12723, Junio 22/2000, M.P. MARIA ELENA GIRALDO señalo:

“(..) La falta de competencia en el tiempo, como causal de los actos administrativos, se da cuando se cumplen dos requisitos concurrentes. El primero cuando la ley otorga un plazo, especial o en su defecto general, para dictar un acto administrativo y el segundo requisito, cuando la ley o: señala expresamente la pérdida de competencia, o sanciona ese incumplimiento en el tiempo con la invalidez del acto, por la expedición extemporánea, y/o traslada esa competencia a otra autoridad. Sólo,  entonces  cuando se cumplan esos dos requisitos, la administración incurrirá en falta de competencia temporal o en el tiempo. La Corporación se ha referido en diversas oportunidades a que el término máximo para la liquidación unilateral es el mismo previsto para demandar en ejercicio de vigencia de la ley 80 de 1993. Por lo tanto ese término máximo dependerá de la  época de acaecimiento de los hechos que le dan origen; así : antes de la entrada en vigencia del decreto ley 01 de 1984 o después de su entrada e vigencia (pero antes de la reforma introducida por la ley 446 de 1998, art. 44)(..)”.

“(…) observa la Sala que el acto administrativo acusado  se encuentra viciado de nulidad por falsa   motivación  por cuanto  no es cierto  la presencia de hechos que  demostrasen la   mala calidad  de los trabajos, contrario a ello,  los  hechos  acreditados dentro del proceso  demuestran  simplemente  la  falta de  conocimiento y  pericia que tenia  la Empresa de Energía  respecto de  los daños del  motor   y  mas aun, la falta de  pericia  en el montaje del mismo.  Razones  estas que impedían   tener certeza  sobre  la  buena o  mala calidad de los trabajos contratados.” (...)»

Regla

Una Entidad del Estado no puede declarar la liquidación unilateral de un contrato, cuando previamente este se liquido bilateralmente y el objeto del mismo se ejecuto a satisfacción, sin vulnerar el principio de transparencia, porque:

1. Un Acto Administrativo de Liquidación Unilateral de un contrato no puede ser emitido por una Entidad del Estado, cuando ya existe una liquidación bilateral donde consta la satisfacción del cumplimiento de las obligaciones del contratista.
2. Cuando un acto administrativo se decreta fundamentado en un incumplimiento inexistente por parte del contratista, este Acto presenta una falsa de motivación, generando un vicio de nulidad, vulnerando así el principio de transparencia, donde todos los actos administrativos deben estar motivados debidamente.

Decisión

Marco jurídico