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Un municipio no puede adicionar proyectos a un contrato de concesión, por razones de interés público, a pesar de no estar autorizados en los acuerdos del concejo municipal que autorizaron la suscripción del mismo, sin trasgredir las normas imperativas que la ley 80 de 1993 consagra para la selección del contratista y en relación con la finalidad de la contratación

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCC-20050531

Identificadores

Nulidad
Contratación estatal
Etapa precontractual
Etapa contractual
Objeto contractual
Nulidad
Contratación estatal
Etapa precontractual
Etapa contractual
Objeto contractual

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

UNIÓN TEMPORAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS URBANOS UT-ARU VS. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Hechos relevantes

El 1 de noviembre del año 2000 el Municipio de Cali celebró un contrato de concesión con la UT- ARU. El proceso licitatorio se abrió a partir de la delegación a la Secretaría de Tránsito por el Señor Alcalde con el Decreto de Junio 29 de 1999 y la Resolución de Adjudicación 24 de Mayo del 2000 cuyo objeto era establecer zonas de estacionamiento en vía pública adjudicadas por concesión mediante el sistema de licitación pública. El objeto fue posteriormente modificado en uno de sus aspectos por una acta de aclaración de pliegos de condiciones. 

 

Se adicionaron los proyectos de:  suministro, instalación, mantenimiento, conservación y reposición de señales aéreas informativas tipo pasa vías, banderas y de paral, con derecho a su explotación publicitaria y  operación de patios y grúas para la inmovilización de vehículos infractores a las normas de transito y transporte, al objeto del contrato, lo cual, excedió lo autorizado por el Concejo Municipal en el acuerdo 032 de 1998.

Problema Jurídico

¿Puede un muncipio adicionar proyectos a un contrato de concesión, por razones de interés público, a pesar de no estar autorizados en los acuerdos del concejo municipal que autorizaron la suscripción del mismo, sin incurrir en una declaratoria de nulidad absoluta del contrato?

Regla ampliada

Efecto de la declaratoria de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva por objeto o causa ilícita: «(...) El Artículo 48 de la Ley 80/93 determina los efectos de la nulidad a través de dos reglas de aplicación acumulativa y que se estructuran a partir de criterios diferentes: Inicialmente se establece el efecto de la nulidad declarada dentro de un contrato de ejecución sucesiva; y enseguida se habla de los efectos que deben deducirse cuando la nulidad fue causada por objeto o causa ilícita, dejando entrever que esta norma deberá entenderse como excepción a la primera, es decir, que ella será aplicable en los casos en que un contrato de ejecución sucesiva se vea afectado de nulidad como consecuencia de la ilicitud del objeto o de la causa.(...)»

Razones de la decisión

« (…) El contratar la administración las zonas de estacionamiento regulado, exceden lo autorizado por el Acuerdo Municipal en razón de que dicha administración fue establecida como de responsabilidad de la Secretaria de Tránsito y Transporte tal como lo ordenó el parágrafo del Articulo 58 del Acuerdo 32 de 1998. Lo permitido entonces era licitar y en consecuencia el objeto del contrato de concesión, seria la señalización, demarcación, operación y regulación de las zonas de estacionamiento en vía publica utilizando parquímetros electrónicos con la responsabilidad de su administración y supervisión de la operación por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte.

 

Definitivamente, la conducta asumida por el entonces Secretario de Transito Municipal al contratar el suministro, instalación, mantenimiento, conservación y reposición de señales aéreas informativas tipo pasa vías, banderas y de paral, con derecho a su explotación publicitaria , constituye sin ninguna duda en una desviación de poder en la expedición de un acto administrativo, la cual se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus po deres o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los i ntereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia.

 

(...)


En conclusión, para este Tribunal esta debidamente demostrado que no solo se adicionaron dos proyectos que no contaban con la autorización del Concejo Municipal, sino que además contrariaban directament normas de mayor jerarquía como lo son la Constitución 0Política, el Código Nacional de Transito vigente para la época y la Ley 140 de 1994 entre otros.

 

(...)


El Tribunal insiste pues, que en este asunto la problemática no se debe plantear desde la perspectiva del fenómeno de la de rogatoria, sino de la violación de normas de orden público jerárquicament superiores lo que lleva indefectiblemente a la conclusión que el contrato n úmero 0095 STTM de 2000, adolece de un vicio insubsanable como lo es el objeto ilícito por haberse celebrado contra expresa prohibición legal incluyen do obviamente el otrosí del contrato (sin fecha) como el acta aclaratoria del contrato suscrito el 28 de noviembre de 2000, como lo declarará probado el Tribunal. En consecuencia, se ordenará dar aplicación a lo dispuesto en el Inciso 2º del Artículo 45 de la Ley 80/93, sin entrar al estudio de las pretensiones de las demandas (introductoria y de reconvención) por cuanto los in cumplimientos imputados a las partes quedan relegados por la declaratoria de nulidad del contrato que se indicara en la parte resolutiva de este laudo, ordenándose remitir copia de este laudo al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle en donde cursa demanda de nulidad en acción contractual expediente No. 2003/4960 para lo de su competencia. (…)»

Regla

Un municipio no puede adicionar proyectos a un contrato de concesión, por razones de interés público, a pesar de no estar autorizados en los acuerdos del concejo municipal que autorizaron la suscripción del mismo, sin trasgredir las normas imperativas que la ley 80 de 1993 consagra para la selección del contratista y en relación con la finalidad de la contratación, porque:

 

  1. La conducta asumida por el Secretario de Transito Municipal al contratar el suministro, instalación, mantenimiento, conservación y reposición de señales aéreas informativas, constituye una desviación del poder, porque actuando dentro en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utilizó sus poderes con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer.
  2. Se demostró que se adicionaron dos proyectos que no contaban con la autorización del Concejo Municipal y además que contrariaban directamente normas de mayor jerarquía como son la Constitución Política, el Código Nacional de Transito y la Ley 140 de 1994.  Por lo tanto, el contrato adolece de un vicio insubsanable como lo es el objeto ilícito. 

Decisión

Primero: Declarar la nulidad absoluta del contrato.   Segundo: Sin lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato.   Quinto: Entregar a cada parte copia auténtica del laudo (Artículo 154 Decreto 1818 de 1998) y copia simple al agente del Ministerio Público y al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Cali.   Sexto: Por Secretaría compulsar copias simples de este laudo al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle en donde cursa demanda de nulidad en acción contractual expediente No. 2003/4960 y demanda de acción popular proceso 2005 – 5632.   Séptimo: Sin costas para las partes.   Octavo: Por la Presidente protocolizar el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia, en una Notaria del Círculo de Cali, lugar de funcionamiento de este Tribunal.

Órdenes

Tercero: El Representante Legal del Municipio de Cali obrará conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 45 de la Ley 80 de 1993.   Cuarto: Ordenar a la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos UT-ARU, como al Municipio de Santiago de Cali la cancelación de los honorarios de los peritos fijados por este Tribunal.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 45, 48.

Conceptualizaciones

La liquidación bilateral de los contratos estatales: «(…) El tribunal retoma lo dicho por el profesor Juan Carlos Expósito Vélez, de su obra La liquidación Bilateral de los contratos estatales Un mecanismo Alternativo de solución de conflictos “La liquidación bilateral es un verdadero negocio jurídico que envuelve una transacción, es decir, con su suscripción, cada una de las partes puede tener certeza de la finalización de la relación negocial. Además, los principios de la buena fe y del respeto del acto propio guían la ejecución de los contratos, por lo cual si una parte no manifestó explícitamente los motivos de su inconformidad no le es dable volver judicialmente sobre un acto en el que pareció expresar su conformidad con la forma en que quedó finiquitada la relación negocial. Finalmente resulta contrario a los deberes de buena fe y de lealtad procesal que una parte en una relación contractual suscriba lo que parece un documento que la finalice, y posteriormente inicie una acción judicial desconociendo el contenido del documento suscrito. (…)»

Laudo

TA-CCC-20050531

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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Síntesis
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