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El Congreso de la Republica puede expedir una ley en la cual se eliminan las prórrogas en los contratos de concesión de televisión sin  con ello poner en situación de desigualdad a las personas que ya tenían un contrato de concesión vigente

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-CUN-SIII-990007-2002

Identificadores

Contratación estatal
Prórroga del contrato
Contrato de concesión
Etapa contractual
Ley
Contratación estatal
Prórroga del contrato
Contrato de concesión
Etapa contractual
Ley

Entidad

Tribunal Administrativo Cundinamarca

Sentencia

TAD-CUN-SIII-990007-2002

Caso

SOCIEDAD TV 13 LTDA VS LA NACIÓN – CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DE LA NACIÓN.

Hechos relevantes

Como fundamento fáctico se expuso,  que con la expedición de la ley 14 de 1991 se establecieron las condiciones de los contratos de concesión de espacios de televisión que en futuro tendrían una vigencia de seis años prorrogables para aquellos que hubieren obtenido una calificación superior al 80% de acuerdo con la evaluación semestral y según reglamentación que para el efecto expediría el Consejo Nacional de Televisión. Se abrió entonces una licitación para la adjudicación de espacios  de los noticieros  para los años 1992-1997  donde  participó TV13  y resultó favorecida  para el espacio de 9.30 p.m. de lunes a viernes habiéndose suscrito el contrato  de concesión  No 2830 por un valor de $1.703’896.110  con un plazo de ejecución de 6 años  prorrogables en el evento de cumplirse la condición arriba comentada, aunque la prórroga era renunciable. El contrato se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1997.

 

Se expidió luego  la ley 182 de 1995  por medio de la cual se reestructuró  el sector de la televisión  creando un nuevo ente estatal, la Comisión Nacional de Televisión CNTV,  quien tenía entre sus obligaciones, artículo 5,  la de reglamentar  el otorgamiento y  prórroga de los contratos de concesión. Como la vigencia del contrato era de 72 meses el contratista  podía informar su evaluación seis meses antes,  esto es, hasta el  mes 66.

La demandante tuvo la oportunidad de prorrogar su contrato  dado que tenía un derecho adquirido, cierto e indiscutible,  de ser evaluada en forma periódica  en cuyo caso se habría   asegurado el  puntaje mínimo del 80 % exigido por la ley.

 

Posteriormente la ley 335 de  diciembre de 1996 por la cual se modifica la ley 14 de 1991 y la ley 182 de 1995,   prohibió las prórrogas de los contratos de concesión de espacios de televisión . Solo desde esta fecha la CNTV  tenía excusa legal para  abstenerse de hacer la reglamentación  ordenada en normas anteriores por lo que la negativa anterior demuestra  total negligencia  del ente encargado de hacer la reglamentación.

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la republica expedir una ley en la cual se eliminan las prórrogas en los contratos de concesión de televisión sin que con ello poner en situación de desigualdad a las personas que ya tenían un contrato de concesión vigente?

 

Nota el editor: En la sentencia una sociedad a la que se le adjudicó un contrato de concesión alega que con la expedición de esta ley se vulnera un derecho adquirido y se pone en situación de desigualdad, además de causar perjuicios patrimoniales.

Regla ampliada

Responsabilidad derivada de los actos legislativos   «(…) La responsabilidad del Estado Legislador se ha planteado normalmente cuando se han  promulgado leyes de las que se han derivado  perjuicios patrimoniales para un sector de la población que se encuentra en la misma situación (leyes sobre nacionalización, leyes implantando monopolios o calificando de dominio público bienes  que antes lo eran patrimoniales) (....) Aún cuando los argumentos han sido aducidos  en relación con sentencias que han decidido supuestos concretos  puede generalizarse y concretarse en los siguientes términos :

a)El principio de igualdad ante las cargas públicas consagrado prácticamente en todas las Constituciones ha sido el fundamento comúnmente aducido a favor de la obligación del Estado de indemnizar los daños derivados de la aplicación de una ley. Si una ley  impone a una serie de personas un sacrificio patrimonial, hay que suponer  aunque sea mucho suponer-que el pueblo soberano, a través de sus representantes, lo ha impuesto en beneficio de la Comunidad. (..).

b)En definitiva, el fundamento último no es otro que el imperativo de la justicia, como es la reparación de toda situación injusta sufrida por la víctima(..)”

c) La responsabilidad de los poderes públicos, de todos los Poderes públicos, está consagrada como principio general en el artículo 9.3 de la Constitución.  Pero el TS no admite que en él pueda encontrar fundamento la obligación de indemnización por actos legislativos. Pues  así  como la responsabilidad de la Administración y de la Administración  de Justicia se encuentran reiteradas en la propia Constitución (arts. 106.2 y 121) y se ha desarrollado legislativamente, falta el desarrollo legislativo de la responsabilidad por actos legislativo. (...)»

Razones de la decisión

«(…) Como primera medida  es  importante  anotar que   para erigir  la responsabilidad  por los perjuicios causados por la aplicación de una ley  existe  suficiente fundamento en los artículos 2° y 90 de la Constitución puesto que el constituyente  quiso  derivar responsabilidad de toda actuación irregular de las autoridades del Estado, cualquiera que ésta fuera.

 

(…)


La responsabilidad del Estado Legislador se ha planteado normalmente cuando se han  promulgado leyes de las que se han derivado  perjuicios patrimoniales para un sector de la población que se encuentra en la misma situación (leyes sobre nacionalización, leyes implantando monopolios o calificando de dominio público bienes  que antes lo eran patrimoniales) (....) Aún cuando los argumentos han sido aducidos  en relación con sentencias que han decidido supuestos concretos  puede generalizarse y concretarse en los siguientes términos :

a) El principio de igualdad ante las cargas públicas consagrado prácticamente en todas las Constituciones ha sido el fundamento comúnmente aducido a favor de la obligación del Estado de indemnizar los daños derivados de la aplicación de una ley. Si una ley  impone a una serie de personas un sacrificio patrimonial, hay que suponer  aunque sea mucho suponer-que el pueblo soberano, a través de sus representantes, lo ha impuesto en beneficio de la Comunidad. (..).

b) En definitiva, el fundamento último no es otro que el imperativo de la justicia, como es la reparación de toda situación injusta sufrida por la víctima(..)”

c) La responsabilidad de los poderes públicos, de todos los Poderes públicos, está consagrada como principio general en el artículo 9.3 de la Constitución.  Pero el TS no admite que en él pueda encontrar fundamento la obligación de indemnización por actos legislativos. Pues  así  como la responsabilidad de la Administración y de la Administración  de Justicia se encuentran reiteradas en la propia Constitución (arts. 106.2 y 121) y se ha desarrollado legislativamente, falta el desarrollo legislativo de la responsabilidad por actos legislativos[1].

 

(…)

 

 Considera la Sala que en el caso de autos  no se dan todos los supuestos que relaciona la  jurisprudencia  pues aunque existe una  actividad  legítima  de la autoridad, no se dan los otros dos, toda vez que ese acto jurídico no puso a los concesionarios de espacios de televisión en una  situación  de desigualdad  frente a los demás ciudadanos,  dado que no se lesionó “un derecho jurídicamente tutelado”  pues para la fecha en que se pactó la posibilidad de prórroga solo podía entenderse  como tal, una posibilidad y nunca de un derecho.  

 

La eliminación de la  prórroga del  contrato, sobre el que existía la posibilidad de ella, no pudo causar  un daño anormal, excepcional y superior al que normalmente todos debemos soportar puesto que el contrato que celebra cualquier persona contiene unas obligaciones que van desde el inicio hasta su vencimiento y, allí terminan. La posibilidad de continuar o no ejecutando el contrato no constituye entonces una carga  impuesta al contratista pues en tratándose de convenios bilaterales  todos los compromisos son acordados y nunca impuestos.

 

La viabilidad de la prórroga requería de una condición, la aprobación de una evaluación con mas del 80% de los puntos preestablecidos, hecho que nunca se cumplió, por lo tanto, como se trataba de una condición suspensiva  solo en la medida que esta se cumpliera podría dar inicio a un  nuevo acuerdo contractual.  La prórroga  no es más que un hecho futuro, pues solo en la medida que las partes se pongan nuevamente de acuerdo sobre los compromisos contractuales, ésta  puede o no  darse. Cosa distinta se presentaría si la prórroga se hubiere pactado como automática es decir que con el solo hecho del vencimiento del plazo contractual nacería de inmediato el periodo de prórroga. 

 

Pero, es que además, no fue el contrato quien  propuso la  expectativa de una prorroga,  ésta tenía su  origen en una norma legal expedida de tiempo atrás, la ley 14 de 1991, entonces,  el contrato lo único que hizo fue recoger la norma para incluirla como clausulado del contrato. La ley 335  no hizo cosa distinta  que  derogar la facultad de la prórroga contractual. (...)»

Regla

El Congreso de la republica puede expedir una ley en la cual se eliminan las prórrogas en los contratos de concesión de televisión sin que con ello poner en situación de desigualdad a las personas que ya tenían un contrato de concesión vigente, en razón a que:

  1. con ese acto jurídico no se puso a los concesionarios de espacios de televisión en una situación de desigualdad frente a los demás ciudadanos, puesto que con la expedición de dicha ley no se lesionó un derecho jurídicamente tutelado pues para la fecha en que se pactó la posibilidad de prórroga solo podía entenderse como tal, una posibilidad y nunca de un derecho.
  2. La eliminación de la prórroga del contrato, sobre el que existía la posibilidad de ella, no pudo causar un daño anormal, excepcional y superior al que normalmente todos debemos soportar puesto que el contrato que celebra cualquier persona contiene unas obligaciones que van desde el inicio hasta su vencimiento y, allí terminan.
  3. La expectativa de una prórroga,  tenía  origen en una norma legal expedida de tiempo atrás, la ley 14 de 1991, la ley 335  no hizo cosa distinta  que  derogar la facultad de la prórroga contractual.

Decisión

 DECLARASE  probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.   DENIEGANSE  las súplicas de las demandadas: SOCIEDAD TV 13 LTDA, GLOBO TELEVISIÓN LTDA, CRIPTON S.A., VEINTICUATRO HORAS S.A. y PRODUCCIONES JES LTDA.

Marco jurídico

Ley 335 de 1996
Ley 14 de 1991
Ley 182 de 1995

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: El Congreso de la Republica puede expedir una ley en la cual se eliminan las prórrogas en los..
Síntesis
1.  EQUILIBRIO ECONÓMICO.
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
Fichas
Identificadores
  • Carlos Eduardo Naranjo Florez / Jaime Ossa Arbelaez /Jorge Arango Mejía
  • Contratación estatal
  • Prórroga del contrato
  • Contrato de concesión
  • Etapa contractual
  • Ley
  • Carlos Eduardo Naranjo Florez / Jaime Ossa Arbelaez /Jorge Arango Mejía
  • Contratación estatal
  • Prórroga del contrato
  • Contrato de concesión
  • Etapa contractual
  • Ley
  • Normativa
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