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Una entidad pública debe indemnizar a un oferente cuya propuesta tenía mayor calificación pero en el proceso de licitación adjudicó el contrato a uno proponente que no cumplió con todos los requisitos.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 23787 DE 2013

Identificadores

Etapa precontractual
Contrato de obra pública
Oferta más favorable
Licitación pública
Contratación estatal
Etapa precontractual
Contrato de obra pública
Oferta más favorable
Licitación pública
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 23787 DE 2013

Caso

  A Y M INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. VS  DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Hechos relevantes

Mediante resolución 070 de noviembre de 1995, el departamento del Vichada ordenó la apertura de la licitación pública 001 de 1996, señalando como fecha de apertura el 2 de enero de 1996 y como fecha de cierre el 16 de los mismos mes y año, aunque, finalmente, fue postergado para el día siguiente.

 

El 17 de enero de 1996 se produjo el cierre de la referida licitación, cuyo objeto era seleccionar el contratista que ejecutaría las obras de “...mejoramiento y mantenimiento de la pista perteneciente al aeropuerto de Puerto Carreño departamento del Vichada…”.

 

Mediante resolución 0068 del 9 de febrero de 1996, se adjudicó la licitación pública a la unión temporal conformada por Carlos Manrique y Omar Contreras, sin tener en cuenta que uno de sus integrantes se inscribió en el registro de constructores de la Cámara de Comercio el 10 de enero de 1996, es decir, con posterioridad a la apertura del proceso de selección, desconociendo así lo previsto en el numeral 2.8.1 del pliego de condiciones, el cual contemplaba que sólo podían presentar propuestas las personas naturales o jurídicas que, antes de la apertura del proceso de selección, tuvieran vigente la inscripción en el registro de constructores de la Cámara de Comercio, con capacidad de contratación igual o superior a 3.000 salarios mínimos legales vigentes y especialidad 08, grupos 01 y 03.

 

Pese a lo anterior, la Oficina Jurídica de la entidad territorial señaló que los proponentes presentaron la documentación en las condiciones requeridas en el pliego, que presentaron cuadros sobre las cantidades de obra y equipo ofrecido y que cumplieron las demás exigencias previstas en el aquél.  

 

En el pliego de condiciones se indicó que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil efectuaría la evaluación de las propuestas en relación con el valor de la oferta, el análisis de precios unitarios, el plazo de ejecución, el cronograma de trabajo e inversiones y el equipo ofrecido, para un total de 100 puntos y la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria se encargaría de la “revisión matemática y técnica de las propuestas”.

 

La demandante ocupó el primer puesto en la evaluación matemática y técnica, con un total de 93.94 puntos, alcanzando una diferencia de más del 100% en relación con el oferente calificado en segundo lugar, es decir, con la Unión Temporal Carlos Manrique y Omar Contreras, la cual obtuvo un total de 41 puntos sobre 100.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública indemnizar a un oferente cuya propuesta tenía mayor calificación pero en el proceso de licitación adjudicó el contrato a uno proponente que no cumplió con todos los requisitos?

Razones de la decisión

« (…)     Según los distintos informes de evaluación elaborados por la misma entidad (departamento del Vichada), la propuesta de la demandante cumplía con los pocos requisitos jurídicos, técnicos y operativos previstos en los pliegos de condiciones (ver propuesta del oferente en el cuaderno 4, sin foliar) y en eso están de acuerdo las partes, pues, en relación con la demandante, ni la entidad demandada ni los litisconsortes necesarios cuestionaron en el presente proceso el cumplimiento de tales requisitos (ver numeral 7 ibídem).

 

Por otra parte, en la evaluación de los factores objetivos de escogencia, la propuesta de la demandante fue la calificada con la puntuación más alta (93.94 puntos sobre 100), con una ventaja del 125.7% respecto de la propuesta que resultó favorecida con la adjudicación, que sólo obtuvo un total de 41.61 puntos (ver numeral 4 ibídem). Tal medio de prueba, proveniente de la entidad demandada, no fue objeto de cuestionamiento por ninguna de las partes intervinientes en el presente proceso y, por lo mismo, la Sala no puede desconocer su importancia y fuerza de convicción. Así, pues, se encuentra acreditado que la propuesta de la demandante fue la mejor no sólo en cuanto al precio, con 39.04 puntos frente a 0.00 puntos de la Unión Temporal Carlos Manrique y Omar Contreras, sino que también lo fue, con 13.85 puntos frente a 8.87 que obtuvo esta última, en cuanto al cronograma de trabajo y de inversiones y, en cuanto a la disponibilidad de equipos para la ejecución de la obra que se proyectaba, con 13.33 puntos en relación con 8.17 puntos que obtuvo la propuesta que resultó favorecida con la adjudicación (ibídem). En tales condiciones, no existe duda de que la propuesta de la sociedad demandante era la mejor en cuanto a los factores objeto de ponderación.

 

(…)


Es de anotar que los informes de evaluación que se producen en el proceso de selección no vinculan, con carácter obligatorio, al jefe de la entidad que abre la licitación quien es el encargado de dirigir y manejar los procesos de selección, tal como lo disponen los artículos 11 (ordinal 1º) y 26 (ordinal 5º) de la Ley 80 de 1993 y, por lo mismo, no hacen parte de un acto administrativo complejo o de una concurrencia de voluntades que conlleve una decisión administrativa definitiva o consolide derechos o situaciones jurídicas específicas a favor de alguno de los proponentes; sin embargo, el jefe de la entidad no los puede desconocer sin que medie una razón válida, porque, de hacerlo, vulneraría las reglas del proceso de selección y, de esta manera, los principios de transparencia, igualdad, responsabilidad y el deber de selección objetiva, a los cuales se hizo referencia párrafos atrás; por lo mismo, si no tuvo en cuenta los citados informes para adjudicar el contrato, el Gobernador debió argumentar y probar debidamente las razones que dieron lugar a que se apartara de los mismos, en relación con lo cual, sin embargo, no existe prueba dentro del expediente.

 

En suma, los mismos informes de evaluación y calificación elaborados por la entidad licitante arrojaron que la demandante cumplía las pocas exigencias de orden jurídico, técnico, operativo y financiero consagradas en los pliegos de condiciones y, además, que era la mejor calificada en los factores objeto de ponderación allí previstos; así,  si la Junta de Contratos y Licitaciones y el Gobernador hubieran observado con objetividad y transparencia tales informes, y no se hubieran ceñido únicamente a la recomendación hecha por el contador de la Secretaría de Hacienda Departamental, deberían haber escogido la oferta de la demandante, por ser la más favorable y conveniente para el interés público; pero, no fue así.


La entidad escogió una propuesta que, además de no cumplir la totalidad de los requisitos de capacidad jurídica contemplados en los pliegos –tal como lo halló demostrado el Tribunal de primera instancia, pues uno de los integrantes de la Unión Temporal Carlos Manrique y Omar Contreras no se hallaba inscrito en el registro de constructores antes de la apertura del proceso de selección, como lo exigían los pliegos-, en los factores objetivos de comparación se hallaba calificada muy por debajo de la oferta de la demandante, como quedó visto; no obstante, la demandada, pretextando la recomendación impartida por el contador de la Secretaría de Hacienda, terminó por escoger la propuesta de la Unión Temporal Carlos Manrique y Omar Contreras, con absoluto desconocimiento de lo que se desprendía de los informes de análisis y evaluación elaborados por la administración y, por consiguiente, con vulneración de los principios y deberes que informan el proceso administrativo de selección.


Incluso, así la propuesta de la Unión Temporal Carlos Manrique y Omar Contreras hubiera reunido la totalidad de los requisitos jurídicos para participar en el proceso de selección, lo cierto es que la oferta de la demandante seguía siendo la mejor y la más conveniente para el interés público, según se desprende de los citados informes, pues tenía una ventaja importante en cuanto a la calificación de los factores objetivos de escogencia, lo que la ubicaba por encima de la propuesta que resultó favorecida con la adjudicación, de modo que, en sentir de la Sala, se vulneró el derecho que le correspondía a la demandante de ser adjudicataria del proceso de selección y, por ende, debe ser indemnizada por los perjuicios causados como consecuencia del desconocimiento del mismo. (…)» 

Regla

Una entidad pública debe indemnizar a un oferente cuya propuesta tenía mayor calificación pero en el proceso de licitación adjudicó el contrato a uno proponente que no cumplió con todos los requisitos, porque:
  1. Según los distintos informes de evaluación elaborados por la misma entidad, la propuesta del oferente no favorecido cumplía con los requisitos jurídicos, técnicos y operativos previstos en los pliegos de condiciones.
  2. En la evaluación de los factores objetivos de escogencia, la propuesta de la oferta no favorecida fue la calificada con la puntuación más alta.
  3. La entidad escogió una propuesta que, además de no cumplir la totalidad de los requisitos de capacidad jurídica contemplados en los pliegos, uno de los integrantes de dicha oferta favorecida no se hallaba inscrito en el registro de constructores antes de la apertura del proceso de selección, como lo exigían los pliegos.
  4. Así la propuesta favorecida hubiera reunido la totalidad de los requisitos jurídicos para participar en el proceso de selección, lo cierto es que la oferta no favorecida seguía siendo la mejor y la más conveniente para el interés público
  5. Los informes de evaluación que se producen en el proceso de selección no vinculan de con carácter obligatorio al jefe de la entidad que abre la licitación; sin embargo, el jefe de la entidad no los puede desconocer sin que medie una razón válida, porque de hacerlo, vulneraría las reglas del proceso de selección y, de esta manera, los principios de transparencia, igualdad, responsabilidad y el deber de selección objetiva. 

Decisión

Primero.- MODIFÍCASE la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 12 de junio de 2002, la cual quedará así:

 

“PRIMERO: NO PROSPERA la objeción que, por error grave, formuló la parte demandada contra el dictamen pericial rendido el 7 de noviembre de 1996.

 

“SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 068 del 9 de febrero de 1996, proferida por el Gobernador del Vichada, “Por la cual se profiere el acto de adjudicación de un contrato”.

 

“TERCERO: CONDÉNASE al departamento del Vichada a pagar a la sociedad A Y M Ingenieros Contratistas Ltda. la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($32’299.999.90) M/cte, por concepto de la utilidad dejada de percibir como consecuencia de la ejecución del contrato de obra materia de la licitación pública 001 de 1996, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

 

Segundo.- Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del C.C.A.

 

Tercero.- Expídase copia de la sentencia, con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

 

Cuarto.- Sin condena en costas.

 

Quinto.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Articulos 6, 7, 24, 24, 26 y 29

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública debe indemnizar a un oferente cuya propuesta tenía mayor calificación pero en..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Contrato de obra pública
  • Oferta más favorable
  • Licitación pública
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Contrato de obra pública
  • Oferta más favorable
  • Licitación pública
  • Contratación estatal
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