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Una entidad pública no puede descartar la propuesta de un oferente que no acredite la experiencia en interventorías mediante contratos que sean de la misma modalidad al proceso de selección que se se está desarrollando, dado que la interventorías no siempre obedece a la naturaleza del contrato de concesión sobre el cual se efectúa

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-CUN-SIII-1697-2003

Identificadores

Calificación de proponentes
Oferta
Principio de selección objetiva
Pliego de condiciones
Interventoría
Etapa precontractual
Contratación estatal
Calificación de proponentes
Oferta
Principio de selección objetiva
Pliego de condiciones
Interventoría
Etapa precontractual
Contratación estatal

Entidad

Tribunal Administrativo Cundinamarca

Sentencia

TAD-CUN-SIII-1697-2003

Caso

SOCIEDAD VELNEC S.A. VS. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Hechos relevantes

La UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS  abrió concurso público para seleccionar la interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de concesión de los cementerios norte, central y sur.

 

La SOCIEDAD VELNEC S.A., mediante comunicación no. 1199.00 scn de abril 25 de 2000, procedió a solicitar la aclaración sobre si era válida, como experiencia calificable en el concurso, la experiencia en interventoría a contratos de obra pública y proyectos viales.

 

Mediante comunicación no. 1984 del 10 de mayo de 2000, la oficina asesora jurídica, coordinadora y directora de todas las diferentes etapas del proceso de contratación del concurso, respondió a la solicitud de la sociedad demandante en los siguientes términos: “la interventoría técnica a proyectos viales clasifica como experiencia específica por ser interventoría de un servicio público, de acuerdo con el inciso 3 del numeral 6.2.1.1.2 de los términos de referencia”.

 

Al proceso de selección del concurso se presentaron, además de la accionante, 3 oferentes más. Una vez la demandada realizó los informes de evaluación de sus propuestas, los colocó a disposición de las partes con el fin de que los interesados formularan sus observaciones; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, y en concordancia con el numeral 30 del pliego de condiciones.

 

Surtido el trámite enunciado en el numeral 4º, las ofertantes formularon diferentes objeciones sobre el informe. En audiencia pública la entidad estatal procedió a responder las observaciones, teniendo relevancia la decisión adoptada con relación a la sociedad actora, pues se desconoció como experiencia específica la interventoría técnica a proyectos viales, revaluándose su calificación inicial y de paso siendo descartada de la evaluación final al no alcanzar el mínimo establecido para ser elegible.

 

Finalmente el Concurso se adjudicó a C.P.T. S.A., desconociendo el concepto de la Oficina Asesora Jurídica y manifestando que las condiciones de la oferta habían sido fijadas con antelación sobre tal aspecto.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública en audiencia revaluar la calificación inicial obtenida por un oferente en la experiencia específica y, consecuentemente, descartarla de la evaluación final, cuando el oferente acredita la experiencia en interventorías mediante contratos de concesión de obras o de bienes de uso público y no por medio de contrato de prestación de un servicio público, que es la modalidad de contratación sobre la cual se va a efectuar la interventoría? 

Razones de la decisión

«(…) Así las cosas, lo expuesto por la entidad demanda para no reconocer las Interventorías de proyectos viales, realizadas por la accionante, como experiencia específica, se fundamenta en que las mismas fueron efectuadas sobre contratos de concesión de obras o de bienes de uso público, lo cual, considera la demandada, riñe con lo dispuesto en las reglas del concurso sobre la materia, pues sólo resultaban válidas para tal efecto las Interventorías de concesiones en las cuales estuviera de por medio la prestación de un servicio público.
Del análisis detenido tanto de los Términos de Referencia (fls. 409 a 473) como del Adendo Aclaratorio del Concurso 007 de 2000 (fls. 352 a 354), se concluye que la interventoría podía ser sobre cualquier servicio público, fuere éste domiciliario o no; pero no era admisible que fuere sobre la construcción de las obras de infraestructura de dichos servicios.
(…)

Si bien es cierto, la ley 80 de 1993 en su artículo 32 numeral 4º nos permite concluir que los contratos de concesión pueden ser de dos clases, uno, cuyo objeto es una obra o un bien de uso público, y otro, concretado en un servicio público propiamente dicho; también lo es, que la interventoría no siempre obedece a la naturaleza del contrato de concesión sobre el cual se efectúa, pues en el caso concreto, resulta claro, que lo pretendido por la entidad contratante no sólo era determinar la calidad de la construcción o conservación de las obras de infraestructura o bienes realizadas por el contratista, sino que su objeto era también el servicio público de tránsito y transporte automotor terrestre.
(…)
Para la Sala, la respuesta es afirmativa, aclarando que es posible desarrollar con la Interventoría simultáneamente varios objetos (prestación, conservación, operación, etc., ...), y con aplicación al servicio público o a las obras o bienes, sin que ello desnaturalice el contrato o lo anule o invalide. En suma, se concluye, que no todas las actividades desarrolladas en la interventoría del Contrato de Concesión 445-94, tenían como fin evaluar la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o un bien, pues con la información obtenida con las mismas, resulta claro, que la entidad contratante pretendía determinar la prestación del servicio público a su cargo.
En consecuencia, se materializa una de las causales de ilegalidad del acto administrativo, como lo es la falsa motivación, por cuanto la experiencia específica acreditada por la sociedad actora, cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y el Adendo Aclaratorio del Concurso Público 007 de 2000, y así las cosas debió tenerse en cuenta como Item puntuable para su evaluación.
No obstante lo precedente, es indispensable para la declaración de nulidad que la sociedad accionante pruebe que su propuesta era la mejor. Para ello, se tomará en cuenta el primer cuadro evaluativo obrante a folio 258 del cuaderno No. 2, en donde a la accionante sí se le tuvo en cuenta su experiencia como específica, obteniendo una calificación de 818.00, agregándose a ese puntaje 30 puntos más, de conformidad a lo dispuso en el acta de la Audiencia de Adjudicación (fl. 20, c. 2) al modificar el ítem de quejas y reclamos, lo cual nos daría un total de 848.00 puntos como calificación de su propuesta.
Al observar el segundo cuadro evaluativo (final) (fl. 55, c. 2) es evidente que la propuesta de VELMEC no es la mejor, pues la sociedad C.P.T S.A., a quien se le adjudicó el concurso, obtuvo una calificación de 915.60, ostensiblemente mayor a la obtenida por la sociedad demandante. (…)»

Regla

Una entidad pública no puede en audiencia revaluar la calificación inicial obtenida por un oferente en la experiencia específica y, consecuentemente, descartarla de la evaluación final, cuando el oferente acredita la experiencia en intervenotrías mediante contratos de concesión de obras o de bienes de uso público y no por medio de contrato de prestación de un servicio público, que es la modalidad de contratación sobre la cual se va a efectuar la interventoría, porque:
  1. Si bien es cierto, la Ley 80 de 1993 en su artículo 32 numeral 4º permite concluir que los contratos de concesión pueden ser de dos clases, uno, cuyo objeto es una obra o un bien de uso público, y otro, concretado en un servicio público propiamente dicho; también lo es, que la interventoría no siempre obedece a la naturaleza del contrato de concesión sobre el cual se efectúa.
  2. Es posible desarrollar con la interventoría simultáneamente varios objetos (prestación, conservación, operación, etc.), y con aplicación al servicio público o a las obras o bienes, sin que ello desnaturalice el contrato o lo anule o invalide. En consecuencia, se materializa una de las causales de ilegalidad del acto administrativo, como lo es la falsa motivación, por cuanto la experiencia específica acreditada por la sociedad oferente, cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y el Adendo Aclaratorio del Concurso Público, y así las cosas debió tenerse en cuenta como ítem puntuable para su evaluación la experiencia que acreditó.
Nota del editor. No obstante, lo precedente, el oferente no acreditó que su propuesta era la mejor.

Decisión

PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones propuestas por los apoderados de las partes demandadas.

 

SEGUNDO. Denegar las pretensiones de la demanda.

 

TERCERO.   Sin condena en costas.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 24, 30 y 32.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad pública no puede descartar la propuesta de un oferente que no acredite la experiencia..
Síntesis
1. SOLEMNIDADES DEL CONTRATO
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
Fichas
Identificadores
  • Calificación de proponentes
  • Oferta
  • Principio de selección objetiva
  • Pliego de condiciones
  • Interventoría
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Calificación de proponentes
  • Oferta
  • Principio de selección objetiva
  • Pliego de condiciones
  • Interventoría
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Normativa
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