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La administración no puede eludir sus obligaciones excusándose en condiciones no estipuladas en el contrato

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCM-2004A024

Identificadores

Contratación estatal
Etapa contractual
Contratista
Obligaciones contractuales
Cláusula compromisoria
Buena fe
Contratación
Contratación estatal
Etapa contractual
Contratista
Obligaciones contractuales
Cláusula compromisoria
Buena fe
Contratación

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

INVERSIONES ZAPATA LOTERO Y CIA. LTDA. VS. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”

Hechos relevantes

INVERSIONES ZAPATA LOTERO Y CIA. LTDA. y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA” suscribieron un contrato cuyo objeto era ¨la siembra, mantenimiento y explotación de una plantación forestal en un área de 250 hectáreas” dentro del programa de reforestación de laderas en el predio “Finca San Gabriel”, de propiedad de INVERSIONES ZAPATA LOTERO Y CIA. LTDA.

 

La obligación de vigilancia y mantenimiento de las plantaciones estaba a cargo de CORANTIOQUIA.

 

Sin embargo, la corporación no cumplió con algunos mantenimientos argumentando que había protección especial y a el no le correspondía porque no estaban textualmente incluidos en el contrato.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública eludir las obligaciones derivadas de en un contrato de reforestación, indicando protección del predio, cuando en el contrato no se informó ni expreso sobre aquella protección?

Razones de la decisión

«(…) 1). La naturaleza de las plantaciones no es exclusivamente protectora.


2). Los antecedentes contractuales consagran expresamente la explotación maderera como un beneficio del proyecto de reforestación, y ello excluye la naturaleza exclusivamente protectora de las plantaciones. Es así como en el folleto denominado Programa Reforestación de Laderas que obra en el Cuaderno No. 4 de Oficios, se consagra en el capítulo denominado “Estímulos y beneficios para el propietario del predio”, la obtención por este del 50% de los rendimientos netos de las cosechas intermedias y finales.


3). El Programa Reforestación de Laderas es parámetro de interpretación contractual, como lo ha sostenido la misma corporación convocada, toda vez que es dentro de dicho programa en el cual se enmarcaron y celebraron los dos contratos que ocupan la atención del Tribunal.


4). Los contratos expresamente consagran la explotación de las plantaciones refiriéndose a las cosechas intermedias y finales, así como a la tala de los árboles, lo que excluye la naturaleza exclusivamente protectora de las plantaciones.


5). La explotación de beneficios adicionales a los de las cosechas finales intermedias y finales son una eventualidad consagrada en los contratos y, en todo caso, accesoria a la explotación principal de vocación maderera.


6). La naturaleza protectora de las plantaciones para tener fuerza contractual debe estar expresamente pactada, so pena de violar el principio de la buena fe, y en el caso presente no sólo no lo está, sino que las partes pactaron lo contrario, es decir, la explotación de las plantaciones en sus cosechas (intermedias y finales), además de explotaciones eventuales adicionales y accesorias, que no son motivo razonable ni suficiente para concluir la naturaleza exclusiva de protectora de una plantación. 


7). La parte convocada sólo acude a calificar las plantaciones como exclusivamente protectoras como argumento de defensa en este proceso, contradiciendo el contenido de los contratos y de los antecedentes de los mismos.


(…)


Del enunciado contractual trascrito, se deduce que CORANTIOQUIA asumiría TODOS  los costos relacionados con el desarrollo del objeto de los dos contratos celebrados, y la vigilancia implica un costo del proyecto. En consecuencia, si la Corporación asumía todos los costos, era su obligación asumir los de la vigilancia de las plantaciones, incluyendo en este concepto los distintos elementos que la integran, y nó limitando el cumplimiento de la prestación, a una parte de ella, la fitosanitaria. En otras palabras, si la Corporación está contractualmente obligada a asumir todos los costos, incluyendo los de vigilancia, es porque dicha entidad era la obligada contractualmente a vigilar integralmente las plantaciones.


(…)


Si se interpretaran los acuerdos bilaterales de otra manera, no tendría aplicación la disposición constitucional y legal según las cuales los contratos deben ejecutarse de buena fe. Es que no se compadecería con tal principio la interpretación que admitiese que quien asume la vigilancia de una plantación, como una de las actividades imprescindibles para poder garantizar el desarrollo del objeto del contrato, pudiese después, sin que la mutua voluntad de las partes haya determinado variación alguna, exponer que únicamente se considera obligado a realizar un control fitosanitario de la plantación, debiendo asumir el cocontratante el resto de la vigilancia, máxime cuando ambas partes conocían el alto riesgo de incendios y lo que ello implicaba para el programa y cuando se vincula al particular al proyecto con el beneficio de no asumir costos del mismo, como se concluye de los antecedentes contractuales y concretamente de los documentos relacionados con el Programa Reforestación de laderas, dentro del cual deben interpretarse los contratos materia de estudio en este Laudo.


(…)


Lo anterior no es de recibo, pues si bien es cierto que está demostrado que INVERSIONES ZAPATA LOTERO Y CIA. LTDA. realizaba las gestiones mencionadas por los testigos, ello obedece a que la parte convocante conserva su calidad de propietario, poseedor y tenedor del bien, y en tal calidad ejerce funciones de guarda que no implican vigilancia alguna sobre las plantaciones, siendo importante recordar que el predio donde se desarrollan los contratos, tiene un área superior a la de las plantaciones, y que dicha vigilancia nada tiene que ver con la calidad de contratista, sino con su carácter de propietario, poseedor y tenedor del inmueble. Las gestiones mencionadas por los testigos, y concretamente las actividades del mayordomo y del administrador, no sólo deben mirarse en el contexto anterior, sino que en lo que respecta al área de las plantaciones debe entenderse como limitadas a la obligación de ejecución de buena fe de los contratos y dentro del marco estipulado en el literal G) de la cláusula novena. En este aspecto, incluso, es ilustrativo el testimonio del señor Zapata Walliser, quien manifiesta: “….La vigilancia, específica para el área de la reforestación, es estar informando sobre las eventualidades y los distintos riesgos que pueda tener y de los cuales hemos informado permanentemente a CORANTIOQUIA”. Lo afirmado por el testigo es absolutamente armónico con lo establecido en los contratos y concretamente en el literal G). de la cláusula novena, y no implica una realidad contractual que determine una interpretación diferente como lo pretende CORANTIOQUIA. (…)»      

Regla

Una entidad pública no puede eludir las obligaciones derivas de en un contrato de reforestación, indicando protección del predio, cuando en el contrato no se informó ni expreso sobre aquella protección, en razón a que :

  1. La protección debe contemplarse expresamente en el contrato, para que las partes tengas claridad sobre las acciones que se pueden realizar en el predio sujeto de reforestación.
  2. Si dentro del contrato no se expresa prohibición alguna, y por el contrario, se expresa que el terreno no tiene protección alguna respecto de la reforestación, entenderán las partes que no hay limitación alguna que las que exige la ley, por tanto, no puede ser excusa de incumplimiento de la obligación.
  3. Pactar cláusulas que no limitan la explotación del predio con protección especial, y pretender vulnerarlas para eludir obligaciones contractuales vulnera el principio de buena fe.
  4. El contratante no puede limitar el cumplimiento de la obligación a cláusulas o condiciones que no hacen parte del contrato y no ha exigido la ley.
  5. Las obligaciones de las partes están contempladas textualmente en el contrato, sin embargo, si hay duda o confusión respecto de actividades a realizar derivadas de ellas, las partes deben actuar de buena fe al presumir que si en su cabeza esta la obligación principal también lo estarán las derivadas de ella.

Decisión

PRIMERO. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por la parte convocada al dictamen pericial rendido por el ingeniero Jaime Ortiz Silva  

 

SEGUNDO. Declarar el incumplimiento imputable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA” de la obligación de vigilancia de las plantaciones establecida en los contratos No. 1750 del 01 de septiembre de 1.999 y No. 1956 del 19 de noviembre de 1.999, y en consecuencia, incumplidos dichos contratos.

 

TERCERO. Declarar terminados los contratos  No. 1750 del 01 de septiembre de 1.999 y No. 1956 del 19 de noviembre de 1.999, por el incumplimiento grave imputable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”, en los términos establecidos en la parte motiva de este Laudo, para lo cual las partes darán aplicación al parágrafo de la cláusula décima segunda de ambos contratos.  

 

CUARTO. Condenar a  la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA” al pago, a favor de la Sociedad INVERSIONES ZAPATA LOTERO & CIA LTDA.,  de la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($204.241.080.60) por concepto de perjuicios (lucro cesante) derivados del incumplimiento contractual imputable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”.

 

QUINTO. Denegar la pretensión de pago por concepto de multas-cláusula penal, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.

 

SEXTO. Denegar la pretensión de indexación, pues las sumas determinadas pericialmente fueron calculadas a valor presente.

 

SEPTIMO. Denegar por improcedente, ante la ausencia de temeridad de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”, la pretensión de condena en costas y, en consecuencia, corresponde a cada parte asumir los gastos sufragados con motivo del proceso arbitral.

 

OCTAVO. En los anteriores términos quedan resuelta la totalidad de los medios de defensa propuestos por la parte convocada.

 

NOVENO. Una vez en firme el Laudo, liquídese el proceso, en los términos establecidos en el Decreto 1818 de 1998,  y protocolícese el expediente en la Notaría Séptima de Medellín.

 

DECIMO.  Expídanse copias auténticas del Laudo a las partes y envíense las comunicaciones previstas en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo.

 

UNDECIMO. Dar cumplimiento al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993 Decreto nacional 1768 de 1994 Decreto reglamentario No. 679 de 1994

Laudo

TA-CCM-2004A024

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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