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Un organismo consultor adscrito a un Ministerio de la Nación niega la transferencia de fondos para la ejecución de un contrato de obra debido a unas irregularidades, la entidad pública encargada puede abstenerse de continuar con el proceso contractual 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 27781 DE 2010

Identificadores

Contratación estatal
Contraloría General de la República
Debido proceso
Etapa precontractual
Actos administrativos
Obra pública
Contratación estatal
Contraloría General de la República
Debido proceso
Etapa precontractual
Actos administrativos
Obra pública

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 27781 DE 2010

Caso

UNIÓN TEMPORAL AGRORANCHERÍA VS. CONSEJO SUPERIOR DE ADECUACIÓN DE TIERRAS (CONSUAT)

Hechos relevantes

Con el fin de convertir a la Guajira en una zona agrícola y realizar  el diseño y la construcción de la presa “El Cercado”, así como las demás obras, relativas al proyecto de adecuación de tierras “Ranchería”, el CONSUAT expidió la Resolución No. 007 de 28 de mayo de 1998, mediante la cual ordenó la apertura de “La Convocatoria del Proceso de Selección del Organismo Ejecutor Privado

 

La Unión Temporal Agroranchería, integrada por las sociedades Norberto Odebrech S.A. Pypsa, CBPO- Engenharia Limitada y Riagro Limitada, obtuvo el mayor puntaje; razón por la cual el INAT (en su condición de Secretaría Técnica del CONSUAT) “recomendó” que la ejecución del proyecto lo adelantara la firma participante que había obtenido la mayor puntuación, y que el CONSUAT autorizara la correspondiente transferencia de fondos del FONAT, para lograr lo primero.

 

En este estado del trámite de selección, la Contraloría General de la República, en ejercicio de su función de control preventivo, expidió el informe 11-4200 de 1998, en el que advirtió “presuntas irregularidades” en el procedimiento descrito, que consistían, básicamente, en algunas sospechas sobre un presunto “favorecimiento” a la firma evaluada con el mayor puntaje.

 

Por lo anterior, el CONSUAT, profirió las Resoluciones números 012 de 15 de diciembre de 1998 y sus confirmatorias 003 y 004 de 11 de octubre de 1999, mediante las cuales se denegó la autorización para transferir los recursos previstos para la ejecución de la primera etapa del denominado “Proyecto Ranchería”.

Problema Jurídico

¿Puede un organismo consultor adscrito a un Ministerio de la Nación expedir actos administrativos en los que se niegue la transferencia de fondos para la ejecución de un contrato de obra, motivado por un informe de la Contraloría General de la Nación que advierte “presuntas irregularidades” en el proceso, sin vulnerar el principio del debido proceso?

Razones de la decisión

«(…) Del contenido de las reglas que gobernaron el procedimiento de selección del Organismo Ejecutor se evidencia que el CONSUAT tenía dentro de sus funciones, la de autorizar de manera definitiva el desarrollo de los proyectos de adecuación de tierras, previo el análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y del correcto agotamiento del procedimiento establecido en las normas especiales.

 

(…)

 

Si la finalidad última de la convocatoria a presentar ofertas es seleccionar a un contratista, cuando la entidad pública considera que el proceso no puede culminar de manera normal, está en el deber de motivar su decisión y soportar sus razones en hechos demostrables que permitan darle legitimidad a su actuar y en últimas al acto administrativo que se expida en este sentido.

 

(…)

 

De los apartes transcritos se observa, que las consideraciones del CONSUAT para adoptar la decisión a través de los actos administrativos demandados, se fundan en un todo, en las apreciaciones de la Contraloría General de la Nación, Organismo de Control Fiscal, que señaló la presencia de irregularidades en el procedimiento de selección en protección del principio de transparencia y como expresión de éste, el de selección objetiva del contratista, como orientadores de la actividad contractual.

 

(…)

 

Lo anterior no significa que el Organismo de Control se hubiere retractado de las observaciones efectuadas en relación con el procedimiento de selección adelantado para el proyecto de adecuación de tierras Ranchería, sino que hizo énfasis en su carácter de ser un informe de recomendaciones y sugerencias que debía ser evaluado por el CONSUAT con los demás documentos relacionados, a fin de tomar la decisión más adecuada, pero sin que tuviera el carácter de obligatorio. Igualmente dejó en claro que en manera alguna se estaba oponiendo a la ejecución del proyecto pero si era su deber hacer las observaciones correspondientes.

 

Estas observaciones de la Contraloría General de la República fueron tomadas en cuenta por el CONSUAT al encontrarlas fundadas, razón por la cual, como ya se dijo, conviene examinar si de conformidad con los documentos contractuales arrimados al proceso, son comprobables tales afirmaciones. (…)» 

Regla

Un organismo consultor adscrito a un Ministerio de la Nación puede expedir actos administrativos en los que se niegue la transferencia de fondos para la ejecución de un contrato de obra, motivado por un informe de la Contraloría General de la Nación que advierte “presuntas irregularidades” en el proceso, sin vulnerar el principio del debido proceso, porque:

 

  1. El CONSUAT tenía dentro de sus funciones, la de autorizar de manera definitiva el desarrollo de los proyectos de adecuación de tierras, previo el análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y del correcto agotamiento del procedimiento establecido en las normas especiales.
  2. Cuando la entidad pública considera que el proceso no puede culminar de manera normal, está en el deber de motivar su decisión y soportar sus razones en hechos demostrables que permitan darle legitimidad a su actuar y en últimas al acto administrativo que se expida en este sentido; para el caso, el CONSUAT encontró fundadas las recomendaciones de la Contraloría sobre “presuntas irregularidades”, por lo que decidió acogerlas.
 

Nota del editor. Se niegan las pretensiones por cuanto la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos impugnados puesto que de los documentos allegados al plenario resulta imposible determinar si la evaluación de las propuestas se ajustó a los términos de la convocatoria, si el procedimiento se adelantó correctamente y si realmente la propuesta presentada por la Unión Temporal demandante, debía ocupar el primer lugar en el orden de elegibilidad por cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos y ser la más favorable o conveniente a los fines de la entidad.

Decisión

PRIMERO. ACÉPTASE el impedimento presentado por el Consejero de Estado Mauricio Fajardo Gómez.

 

SEGUNDO. REVÓCASE la decisión adoptada en la sentencia de 15 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira.

 

TERCERO. DECLARÁNSE no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.

 

CUARTO. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

QUINTO. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 81. Ley 41 de 1993. Artículos 1, 3, 10 y 189. Decreto 1881 de 1994. Artículo 4.

Conceptualizaciones

Acto administrativo: «(…) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido el acto administrativo en los siguientes términos: “El acto administrativo es, por definición, la manifestación de voluntad de una autoridad administrativa, en ejercicio de funciones administrativas, tendiente a producir efectos jurídicos ”; igualmente ha sostenido que “El acto administrativo es la declaración de voluntad de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, capaz de producir efectos jurídicos” (…)» 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Un organismo consultor adscrito a un Ministerio de la Nación niega la transferencia de fondos para..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Contraloría General de la República
  • Jorge Suescun Melo
  • Debido proceso
  • Etapa precontractual
  • Actos administrativos
  • Obra pública
  • Contratación estatal
  • Contraloría General de la República
  • Jorge Suescun Melo
  • Debido proceso
  • Etapa precontractual
  • Actos administrativos
  • Obra pública
  • Normativa
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