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No se incurre en el delito prevaricato por acción cuando se declara la urgencia manifiesta con el fin de evitar riesgos en la prestación de un servicio público

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-13663-2002

Identificadores

Contratación estatal
Servicio público
Contratación directa
Prevaricato
Funcionario público
Etapa precontractual
Contratación estatal
Servicio público
Contratación directa
Prevaricato
Funcionario público
Etapa precontractual

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-13663-2002

Caso

HUMBERTO TOVAR HERRERA, EX GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

Hechos relevantes

El Gobernador de Guainía dispuso por contratación directa la adquisición de una bomba Barnes, un motor Perkins y dos transformadores e igualmente celebró los contratos 046 de mayo 12 (Elementos de oficina) por $5’455.290,oo, 047 (también elementos de oficina) de mayo 25 por $3’068.704,oo y 053 de mayo 30 por $29’490.700 (Suministro de vestuario y calzado), y ejecutó las notas de suministro 074 (semillas) y 186 de agosto 14 por $1’709.444,oo, de mayo 18/95 por $996.700,oo. Posteriormente el Gobernador declaró por medio de un decreto la urgencia manifiesta, tras hundirse la barcaza que sostenía los equipos con los cuales se abastecía de agua a la capital del ente territorial y a su amparo, sin acudir a la Asamblea que por entonces sesionaba, trasladó, según Decretos 169 y 170 de julio de 1.995, unos recursos del presupuesto y creó a la vez dentro de éste unos rubros que no se relacionaban con la excepcional situación de emergencia.

Problema Jurídico

¿Puede un funcionario público declarar mediante decreto la urgencia manifiesta con el propósito de contratar de manera directa, aduciendo riesgos en la continuidad de la prestación de un servicio público, sin incurrir en el delito de prevaricato por acción?

Regla ampliada

Elementos que deben tener en cuenta para la declaratoria de urgencia manifiesta y situaciones bajo las cuales opera. «(…) la declaratoria de urgencia puede referirse a uno o a varios contratos que se funden en el mismo motivo; pero, en la motivación se debe hacer referencia específica a cada uno de los contratos que se vayan a celebrar con el objeto de señalar claramente su causa y finalidad(…)»


(…)


la declaratoria de urgencia manifiesta opera para tres situaciones: “a) Cuando se amenace la continuidad del servicio. “b) Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción (guerra exterior, conmoción interior, y emergencia económica, social o ecológica), y “c) Cuando se presenten calamidades públicas, situaciones de fuerza mayor o desastre”. (…)»

Razones de la decisión

«(…) Es decir, existía en efecto una problemática crónica que el nuevo gobernador, comenzando su administración, pretendió solventar a través de los mecanismos ordinarios, pese a lo cual evidenciaba ciertamente una potencialidad de efectos nocivos porque se trataba de un restringido servicio de acueducto prestado desde una inestable barcaza que para el mes de mayo, no obstante los remedios transitorios que se habían implementado, se suspendió, tal como lo declararon los secretarios del despacho y corroboró el Procurador Departamental al advertir que el líquido se estaba suministrando, no por las redes propias, sino en carrotanques, por manera que a pesar de su cronicidad se convirtió en ese momento en una situación apremiante que obligaba al nuevo mandatario a una acción inmediata, que le permitiese conjurarla, lo cual además resultó suficientemente justificado cuando naufragó la barcaza y el equipo de bombeo, así de hecho ésta no hubiere sido la razón para expedirse el Decreto 137, cuando en efecto el extraordinario acontecimiento ya se había dado, ni para motivar el 132, en momentos en que tal insuceso no se había producido.


En consecuencia, como la urgencia manifiesta, según ya se precisó, también puede decretarse cuando se amenace la continuidad del servicio o, en términos de la Ley 80, cuando ésta “exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro”, el Decreto 132, finalmente derogado, ni el Decreto 137, resultan así, por el anunciado ejercicio de confrontación, contrarios a dicho ordenamiento, pues, aún con independencia del fortuito naufragio de la barcaza, lo cierto es que, como lo advierte la Procuradora Delegada, la continuidad en el suministro de agua, se hallaba seriamente amenazada, convirtiéndose en una apremiante situación que demandaba una respuesta inmediata de la autoridad a través del excepcional mecanismo previsto en la Ley 80 de 1.993, por ello, en razón de los precitados actos administrativos, tal como lo depreca el Ministerio Público y la defensa, dada la atipicidad que así se evidencia, el acusado será absuelto, extendiéndose una tal determinación al Decreto 169, pues éste fue expedido, en relación directa con los hechos que causaron la emergencia, con base en la facultad expresamente señalada en el parágrafo del citado artículo 42 de la Ley 80, en la medida en que dispuso, para atender los gastos propios de la urgencia manifiesta, un traslado interno en el presupuesto que, precisamente la norma referida admite (…)»

Regla

Un funcionario público puede declarar mediante decreto la urgencia manifiesta con el propósito de contratar de manera directa, aduciendo riesgos en la continuidad de la prestación de un servicio público, sin incurrir en el delito de prevaricato por acción, porque:

  1. El líquido se estaba suministrando, no por las redes propias sino en carro tanques, de manera que ese hecho se convirtió en una situación apremiante que obligaba al funcionario a adoptar una acción inmediata, que le permitiese conjurar la urgencia manifiesta.
  2. De acuerdo a la Ley 80 de 1993, la urgencia manifiesta puede decretarse cuando se amenace la continuidad del servicio o cuando ésta exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro. En consecuencia, debido a que la continuidad en el suministro de agua se hallaba seriamente amenazada, demandaba una respuesta inmediata de la autoridad a través de este mecanismo excepcional.

Decisión

PRIMERO. ABSOLVER a HUMBERTO TOVAR HERRERA de los cargos que por razón de los delitos de prevaricato, derivados de la expedición de los Decretos 132, 137 y 169 de 1.995, y de los punibles de peculado supuestamente generados en los contratos 009 y 047 y la orden de suministro 186 del mismo año, le formuló la resolución de acusación.

 

SEGUNDO. CONDENAR a HUMBERTO TOVAR HERRERA, hijo de Eduardo y María Angélica, natural de la Dorada (Caldas) e identificado con la C. de C. No. 10.163.044 de la misma ciudad, a la pena principal de cuatro años y medio de prisión, multa por valor de veintidós mil quinientos pesos e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por veintisiete (27) meses, como responsable de los delitos de peculado por apropiación cometidos por razón de los contratos Nos. 028, 036, 046, 049 y 053 y la Orden de Suministro No. 074, todos de 1.995, y del punible de prevaricato cometido por virtud de la expedición del Decreto No. 170 del mismo año.

 

TERCERO. CONDENAR a HUMBERTO TOVAR HERRERA a pagar, en favor del Departamento del Guainía, la suma de $51’684.458,oo, como indemnización de perjuicios. Para el efecto, háganse efectivos, hasta por una cuantía de $42’701.528,oo, los títulos de depósito judicial constituidos en este asunto con ese fin y devuélvase al procesado la suma sobrante.

 

CUARTO. No suspender la ejecución de la pena impuesta en esta sentencia, ni sustituir por domiciliaria la sanción privativa de libertad antes señalada. Por ende, dispónese la captura del sentenciado.

 

QUINTO. Compulsar copias, ante la Fiscalía Seccional de Puerto Inírida, tanto de esta decisión como de los contratos y notas de suministro en los que se determinó la existencia de peculado para que se investigue a los contratistas Guillermo Martínez, Rubén Darío Rivera, Iván Zuleta y Walter Polidoro Lara, respecto de aquellos hechos que no hayan sido objeto de averiguación.

 

SEXTO. Para fines de ejecución y publicidad de este fallo, líbrense los oficios a que haya lugar.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 42.  Decreto Ley 100 de 1980. Artículo 149.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Servicio público
  • Contratación directa
  • Prevaricato
  • Funcionario público
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Servicio público
  • Contratación directa
  • Prevaricato
  • Funcionario público
  • Etapa precontractual
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