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Un contratista no puede dar por terminado unilateralmente un contrato de arrendamiento financiero o leasing con una entidad pública, a partir del ejercicio de una cláusula excepcional

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 25681 DE 2013

Identificadores

Incumplimiento
Contratación estatal
Contrato de leasing
Etapa contractual
Cláusulas excepcionales
Servicio público
Incumplimiento
Contratación estatal
Contrato de leasing
Etapa contractual
Cláusulas excepcionales
Servicio público

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 25681 DE 2013

Caso

LEASING DE OCCIDENTE S. A. VS. MUNICIPIO DE MOCOA

Hechos relevantes

El 18 de diciembre de 1997, Leasing de Occidente y  Municipio de Mocoa celebraron el contrato de leasing No.11118 cuyo objeto era el arrendamiento financiero de un vehículo recolector-compactador de basura. El término de duración del contrato se fijó en 60 meses contados a partir del 30 de diciembre de 1997 y, en consecuencia, su vencimiento acaecería el 30 de diciembre de 2002. Como valor total del contrato se convino la suma de $129.712.200 la cual sería cancelada a través de cánones mensuales que se ajustarían según la tasa DTF adicionada en 8 puntos.

 

En las cláusulas quinta y décima primera del contrato se estipuló que en caso de mora en el pago de los cánones de arrendamiento, el Leasing quedaba facultado para terminar el contrato y el Locatario para desistir de continuar con la tenencia del bien arrendado. Ante la mora del Municipio de Mocoa, la compañía de Leasing decidió dar por terminado el contrato.

Problema Jurídico

¿Puede un contratista dar por terminado unilateralmente un contrato de arrendamiento financiera o leasing con una entidad pública basándose en una causal de incumplimiento, sin vulnerar el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que ordena prescindir de la utilización de las cláusulas excepcionales en los contratos de arrendamiento?

Regla ampliada

Requisitos para la terminación unilateral del contrato por parte de las entidades públicas. « (...) Sobre estos aspectos el Consejo de Estado ha expresado:     “En lo atinente a la terminación unilateral del contrato, si bien la ley otorga a las entidades públicas la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante, les impone el cumplimiento de presupuestos de forzosa aplicación y a la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma.   Efectivamente, para declarar la terminación unilateral se requiere i) que la manifestación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo, ii) que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto.”[1]   Con otras palabras, todo lo anterior significa que la potestad exorbitante que tiene la Administración de dar por terminado el contrato no es una facultad discrecional sino que debe cimentarse en las causales previstas en la Ley y por consiguiente en ningún caso puede soportarse la decisión en una cláusula contractual que no tenga correspondencia con una causa legalmente prevista.   (…) Así que el verdadero vicio que ostenta… es el haberse expedido… con fundamento en una causa que no está prevista en la ley, pues aquella cláusula 12ª contractual que permite  su terminación unilateral y discrecional, o ad nutum, es ilegal, no sólo porque no se corresponde con una de las causas enlistadas legalmente para ponerle fin al contrato estatal sino también, y esta es la razón fundamental, porque es contraria al servicio público y al interés general ya que obligatoriamente toda la actividad de las partes debe enderezarse hacia la ejecución del objeto contractual y no hacia su inejecución.[2] (...)»  
[1] CE SIII E 19483 DE 2011 [2] CE SIII E 19730 DE 2012

Razones de la decisión

«(...) Y es que si la razón de ser de la concesión de ese poder excepcional es propender por la efectiva prestación del servicio público mediante la ejecución del objeto contractual y si ese poder rompe con la posición simétrica que en principio debe existir entre las partes del contrato, resulta obvio que ese poder solamente lo tiene la entidad estatal y nunca el contratista.   (…)   Así que entonces, en resumen, la potestad de dar por terminado unilateralmente el contrato estatal sólo la tiene la administración y nunca el contratista, sin perder de vista que esa facultad sólo puede ejercerse por aquella en la forma, por los motivos y para los fines expresamente señalados en la ley y sin perjuicio de los derechos del colaborador de la administración.   Luego de lo enantes razonado se desprende que si en un contrato estatal se pacta que el contratista puede dar por terminado unilateralmente el contrato, aún en el evento del incumplimiento de la entidad estatal, ese pacto contraviene norma imperativa al privilegiar el interés individual sobre el interés general que envuelve la prestación del servicio público que se pretende prestar con la ejecución del objeto contractual.   (…)   Evidentemente en tales cláusulas se conviene que la sociedad Leasing de Occidente S. A. puede decidir dar por terminado el contrato si el arrendatario financiero incurre en mora en el pago de la renta, empero como conceder semejante facultad para el contratista de un contrato estatal contraviene norma imperativa por las razones que atrás se indicaron, es conclusión obligada que ellas son nulas en cuanto le hacen esa concesión al contratista. (...)»

Regla

Un contratista no puede dar por terminado un contrato de leasing con una entidad pública unilateralmente basándose en una causal de incumplimiento, sin vulnerar el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que ordena prescindir de la utilización de las cláusulas excepcionales en los contratos de arrendamiento, porque :  
  1. La potestad de dar por terminado unilateralmente el contrato estatal sólo la tiene la administración y nunca el contratista, por lo que otorgarla dicha facultad al contratista contraviene el régimen de contratación estatal, por lo cual son nulas las cláusulas del contrato que establecen esta competencia.
  2. Otorgar al contratista la facultad de dar por terminado unilateralmente el contrato, aún en el evento del incumplimiento de la entidad estatal, contraviene norma imperativa al privilegiar el interés individual sobre el interés general que envuelve la prestación del servicio público que se pretende con la ejecución del objeto contractual.En el presente caso no opera la excepción a esta restricción debido a que el bien que se entregó en leasing presta un servicio público domiciliario.
  Nota del editor. El tribunal declaró el incumplimiento contractual por parte del municipio de Mocoa.

Decisión

PRIMERO: REFORMAR la sentencia apelada la cual quedará así:

 

1. DECRETAR LA NULIDAD ABSOLUTA de las cláusulas quinta y décima primera del contrato de leasing en cuanto le conceden a la sociedad Leasing de Occidente S. A. la facultad excepcional de dar por terminado el contrato.

 

2. DECLARAR que el Municipio de Mocoa incumplió el contrato de leasing No. 1118 al incurrir en mora en el pago de varios cánones de arrendamiento financiero.

 

3. NEGAR las restantes pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 19483 DE 2011 CE SIII E 19730 DE 2012

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 14.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Un contratista no puede dar por terminado unilateralmente un contrato de arrendamiento financiero o..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Contrato de leasing
  • Etapa contractual
  • Cláusulas excepcionales
  • Servicio público
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Contrato de leasing
  • Etapa contractual
  • Cláusulas excepcionales
  • Servicio público
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