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El reglamento de venta y adjudicación de acciones constituye un acto administrativo y por ende es susceptible de ser demandado por ilegalidad, lo que conlleva a su decaimiento

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19526 DE 2010

Identificadores

Actos administrativos
Adjudicación del contrato
Legalidad
Validez
Contratación estatal
Etapa precontractual
Actos administrativos
Adjudicación del contrato
Legalidad
Validez
Contratación estatal
Etapa precontractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19526 DE 2010

Caso

EMPRESS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P VS. NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Hechos relevantes

El Gobierno Nacional dio apertura de un proceso de enajenación de su propiedad accionaria en la sociedad Isagen S.A. E.S.P., para ello contrato los servicios de asesoría financiera de una banca de inversión, la cual preparó el programa de enajenación, el cual fue aprobado por el Gobierno, evacuando la primera etapa del proceso. El Reglamento de venta y adjudicación sería aprobado por el Comité Técnico, integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Minas y Energía y el Director del Departamento Nacional de Planeación. La segunda etapa consistente en admitir la participación en el proceso de compra, excluía la participación de algunos interesados, como las Empresas Publicas de Medellín. De acuerdo a una decisión del Consejo de Ministros, donde se decidió no seguir con el proceso de venta accionaria, se canceló la convocatoria de acuerdo a los efectos previstos en el Reglamento de venta y adjudicación, lo que ocasiona que se produzcan efectos hacia el futuro, es decir, toda lo regulado en el Reglamento podría ser objeto de enjuiciamiento de legalidad mientras estuvo vigente. EPM duda de la legalidad del Reglamento de ventas y adjudicación.  

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal dar carácter de acto administrativo del reglamento de venta y adjudicación de acciones, extinguirlo y que sea demandado por ilegalidad una vez extinto sin vulnerar el principio de legalidad?

Regla ampliada

Acto administrativo. «(…)A este respecto conviene destacar que la Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que para que un acto jurídico constituya un acto administrativo debe consistir en una:   “i) declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que lo puede ser por una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma especial de orden Constitucional o legal dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de función administrativa sea demandable en acción contencioso administrativa y iii), que ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante.   La presunción de legalidad y la ejecutividad, que el a quo aduce como supuestos o elementos determinantes del acto administrativo, no son tales sino aspectos que se predican del mismo, es decir, se refieren al cómo de éste y a su ámbito operativo, de allí que se identifiquen como características o atributos y requisitos de eficacia del acto administrativo, en tanto que los aspectos que determinan su naturaleza jurídica o carácter de tal corresponden al qué, a su ámbito sustantivo. Los primeros no son exclusivos del acto administrativo, pues la presunción de legalidad se predica igualmente de otras manifestaciones jurídicas estatales, v. gr. las operaciones administrativas; y la ejecutividad, consistente en la obligatoriedad de lo que se dispone o dice en la declaración de que se trate, igualmente se predica de las leyes y los actos jurisdiccionales, que per se son obligatorios y vinculantes.” (negrillas originales)[1]

  Para la Sala es claro que los adendos del Reglamento de venta y adjudicación de acciones de Isagen SA ESP ciertamente contienen una declaración unilateral de voluntad de una autoridad administrativa (la Nación-Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía), habida cuenta que emanan únicamente de ésta. Pero además de este elemento esencial, la Sala encuentra que la misma igualmente produce efectos jurídicos directos, al crear una situación jurídica, que por sí misma y una vez en firme es vinculante tanto para los eventuales oferentes como para la propia Administración y que fue expedida en ejercicio de la función administrativa[2].(…)»


[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 31 de marzo de 2005, Rad. 11001 0324 000 1999 02477 01, Actor: José Noel Ramírez Becerra, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.   [2] Sobre el alcance del concepto de acto administrativo, como declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos vid. DROMI, Roberto, El acto administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, Cap. I, Apto. 2 p. 16 y ss.

Razones de la decisión

«(…)Sin embargo, esta Corporación ha sostenido mayoritariamente que la figura del decaimiento del acto administrativo no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto éste debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición y habida consideración de que el decaimiento sólo opera hacia el futuro, en tanto:

 

“[dicho] fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición.  

No hay, por lo tanto, razón alguna que imposibilite  proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de un acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dicho acto administrativo estuvo vigente, lapso durante el cual el acto administrativo gozó de presunción de legalidad.   Lo anterior, por cuanto para que se produzca un fallo de mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere que el mismo se encuentre produciendo efectos, tal como se sostuvo por esta Sección en providencia de fecha junio 15 de 1992[1] , pues  

En tal virtud la presunción de legalidad que ostentan los actos administrativos tan sólo puede ser desvirtuada por el juez del acto, de suerte que el “decaimiento” del acto administrativo no trae aparejado el juicio de validez del mismo[3].(…)»  


[1]  Sección Primera. Expediente  1948, Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez.   [2] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de agosto 3 de 2000, Rad. 5722, C.P. Olga Inés Navarrete.   [3] Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 5 de julio de 2006, Rad.: 25000232600019990048201 (21051), Actor: Municipio de Puerto Boyacá, Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía-Fondo Nacional de Regalías, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Regla

Las entidades y oferentes pueden asumir que el reglamento de venta y adjudicación de acciones, es un acto administrativo y por tanto puede ser procedentemente demandado por ilegalidad, aun cuando haya sido extinto, en razón a:

 

  1. Su decaimiento no asegura el juicio de validez
  2. Su legalidad se estudia al momento en que fue vigente

Decisión

PRIMERO.- ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Señor Consejero de Estado Dr. Mauricio Fajardo Gómez.   SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones anulatorias de lo textos acusados de los adendas Nos. 4 y 10 del reglamento de venta y adjudicación de acciones de Isagen SA ESP relativos a las modificaciones de los numerales 8.5 y 8.9 de la minuta inicial del contrato de compraventa de acciones, los cuales fueron reemplazados por el inciso segundo del numeral 8.3.1, literal b) parcial del numeral 8.3.3 , literal c) del numeral 8.3.5, literales a), b) y c) del numeral 8.3.6 8.3.3, 8.3.5, 8.3.6 y 8.3.7 de la cláusula octava de la misma minuta, por los cargos formulados.   TERCERO.- INHÍBASE respecto de los demás preceptos que integran los adendos Nos. 4 y 10 del reglamento de venta y adjudicación de acciones de Isagen SA ESP por inepta demanda.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SI E 02477 DE 2005 CE SI E 1948 DE CE SI E 5722 DE 2000 CE SIII E 21051 DE 2006

Marco jurídico

Ley 226 de 1995 Ley 142 de 1994

Conceptualizaciones

Democratización. «(…)El primero de esos principios particulares es la democratización, conforme al cual todas las personas naturales y jurídicas podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. Este principio, a su vez impone, la aplicación de otros principios como el de publicidad y libre concurrencia (arts. 2º Ley 226, 27.2 Ley 142 y 77 Ley 143).(…)»  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: El reglamento de venta y adjudicación de acciones constituye un acto administrativo y por ende es..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Actos administrativos
  • Adjudicación del contrato
  • Legalidad
  • Validez
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Actos administrativos
  • Adjudicación del contrato
  • Legalidad
  • Validez
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Normativa
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