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La exigencia de acreditar documentalmente los factores de evaluación no vulnera el principio de la buena fe debido a que se debe conceder a los oferentes la oportunidad para acreditar sus calidades, condiciones, idoneidad y experiencia profesional

Tipo de Documento

Concepto

Documento

CTO-CE-811-1996

Identificadores

Entidades estatales
Pliego de cargos
Buena fe
Entidades estatales
Pliego de cargos
Buena fe

Entidad

Consejo de Estado

Concepto

CTO-CE-811-1996

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública exigir a los oferentes que los factores de evaluación se soporten y acrediten documentalmente, sin vulnerar el principio de la buena fe previsto en la Constitución Política y en el Estatuto de Contratación Administrativa?

Regla ampliada

Buena fe  «(…) La buena fe es un elemento de la vida de relación, pero no se incorpora al derecho tal cual se da en la realidad, sino que recibe una carga o un plus que resulta de unas precisiones técnicas necesarias. En el campo jurídico, el concepto de buena fe, aunque indeterminado en sus alcances, tiene un sustento real. No es creación del legislador, sino que éste, partiendo de la realidad, adscribe a la buena fe ciertos contenidos y le impone determinadas limitaciones. Por ello, aun cuando creemos que puede hablarse de un principio general de buena fe, con su contenido más o menos uniforme en los diversos sistemas jurídicos concretos se le asignan matices, que, sin afectar su esencia modifican su aplicabilidad, su alcance y sus efectos. Tal es lo que ocurre, entre nosotros, con el concepto de buena fe cuya concepción jurídica anterior, que era de raigambre legal, ha pasado a ser un ordenamiento de carácter constitucional. La clasificación tradicional de la buena fe distingue: 1) buena fe objetiva: la buena fe actúa como regla de conducta, portadora de normas en sí, o generadora de normas concretas; 2) buena fe subjetiva: la buena fe consiste en la condición de un sujeto en una condición jurídica dada, con referencia al conocimiento que tenga de las circunstancias generales de la misma. Dentro de esa categoría, y según las posturas asumidas, sobra hablar de que toda ocurrencia o ignorancia constituye buena fe, o de que sólo el error excusable genera una situación de buena fe en el sujeto que actúa diligentemente. (…)»

Regla

Una entidad pública puede exigir a los oferentes que los factores de evaluación se soporten y acrediten documentalmente, sin vulnerar el principio de la buena fe previsto en la Constitución Política y en el Estatuto de Contratación Administrativa ,porque:

  1. La exigencia de acreditar documentalmente los factores de evaluación no se contrapone al principio de la buena fe, Por el contrario, por razones de justicia y equidad se debe conceder a los oferentes la oportunidad para acreditar sus calidades y condiciones que permitan a la administración valorar cuál es la mejor propuesta, siempre y cuando se exijan en el pliego de condiciones.
  2. Se pueda exigir especial idoneidad a quienes participen en una licitación, la cual deberá acreditarse con las constancias o certificaciones pertinentes, específicamente la experiencia profesional, cuando este sea factor determinante para la ejecución satisfactoria del objeto del contrato. Con la demostración de tales circunstancias la administración pretende garantizar los derechos de los licitantes más idóneos para evitar que uno de ellos, amparándose bajo la presunción de la buena fe, pueda vulnerar los derechos de los demás participantes en la licitación.
  3. Cosa distinta es que para la presentación de tales documentos la administración exija formalidades o ritualidades no previstas en la ley, porque en tal eventualidad se estarían vulnerando normas constitucionales y legales citadas.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Constitución Politica.

Caso

CONSULTA DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 24, 25, 28 Y 29 DE LA LEY 80 DE 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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