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Derecho colectivo al patrimonio se vulnera cuando entidad pública, que entregó los respectivos anticipos para la ejecución de una obra, omite realizar las gestiones pertinentes para investigar las razones por las que las obras no fueron ejecutadas y para identificar a los posibles responsables

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP 00287 DE 2006

Identificadores

Acción popular
Anticipo
Etapa contractual
Contratista
Municipio
Patrimonio estatal
Contratación estatal
Acción popular
Anticipo
Etapa contractual
Contratista
Municipio
Patrimonio estatal
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP 00287 DE 2006

Caso

MARIA NUBIA ZAMORA VARGAS VS. MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA

Hechos relevantes

El Municipio de Gigante y los contratistas Carlos F. Reyes (CR Ingeniería), Carlos Arturo Quiza, Diego Enrique Vargas, Juan Carlos Patarroyo y Mauricio Amaya (Sumin Ltda.) celebraron y ejecutaron los contratos 006 del 16 de octubre de 1998, 003 del 11 de noviembre de 1999, 007 y 008 del 13 de abril de 2000, 001 y 002 del 20 de octubre de 1999, 007 de octubre de 1998 y 019 del 13 de abril de 1999. Las obras contratadas nunca fueron ejecutadas, una vez vencido el plazo pactado dentro del contrato, a pesar de cancelarse los los respectivos anticipos. Sin embargo, el Municipio de Gigante no inició diligencia alguna, ni para investigar las razones por las que las obras no fueron ejecutadas, ni para identificar a los posibles responsables.  

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública, que entregó los respectivos anticipos para la ejecución de una obra, omitir realizar las gestiones pertinentes para investigar las razones por las que las obras no fueron ejecutadas y para identificar a los posibles responsables, sin vulnerar el derecho colectivo al patrimonio público? 

Razones de la decisión

«(…) En lo que respecta a la defensa del patrimonio público, se observa que a pesar de no haberse cancelado el valor total pactado en los contratos, éste derecho se vio afectado, por cuanto las cuantías que corresponden a los anticipos y actas parciales, corresponden a un valor considerable que de una u otra forman disminuyen el erario público, sin haberse obtenido el beneficio o servicio a esperado.


(…)


Habiéndose establecido entonces que, los contratistas han omitido el cumplimiento de los contratos por los cuales se debió instalar el propanoducto de las veredas de Silvania y Tres Esquinas del Municipio de Gigante, por encontrarse debidamente probado dentro del expediente, que se han desembolsado los anticipos de cada contrato y en algunos de ellos, el pago de actas parciales, sin que se hayan ejecutado las obras en su totalidad, ni se haya logrado el bienestar en la población que habría sido beneficiaria de las mismas[1], la Sala encuentra que no solamente los contratistas, vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, sino también las autoridades municipales, por cuanto no iniciaron las acciones pertinentes, ni para recuperar los dineros que ya se habían cancelado, como tampoco para exigir el cumplimiento a cabalidad de los contratos, como era su derecho. En consecuencia es evidente que en el presente caso logró probarse la afectación del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público (...)»

 


[1] Información recaudada, de los folios 134-135 y 137-238 del cuaderno principal, que corresponden a las respuestas del Municipio de Gigante y de la Secretaria de Hacienda y Tesorería del mismo municipio, en donde certifican al Tribunal del Huila, el estado de los procesos y los valores que hasta el momento se han cancelado para cada uno de ellos.

Regla

Una entidad pública, que entregó los respectivos anticipos para la ejecución de una obra, no puede  omitir realizar las gestiones pertinentes para investigar las razones por las que las obras no fueron ejecutadas y para identificar a los posibles responsables, sin vulnerar el derecho colectivo al patrimonio público, porque:

  1. A pesar de no haberse cancelado el valor total pactado en los contratos, el derecho al patrimonio público se vio afectado, toda vez que las cuantías de los anticipos y actas parciales corresponden a un valor considerable que de una u otra forman disminuyen el erario público, sin haberse obtenido el beneficio o el servicio esperado.
  2. Las autoridades municipales tienen el deber de iniciar las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de los contratos o para recuperar los dineros que ya se han cancelado. 

Decisión

REVOCAR la sentencia del 10 de junio de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual quedará así:

 

PRIMERO: CONDENAR a las autoridades del Municipio de Gigante por la vulneración del  derecho colectivo a la defensa del Patrimonio Público.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a las autoridades del Municipio de Gigante, que inicien lo pertinente para liquidar o ejecutar los contratos que fueron objeto de la presente acción popular.

 

TERCERO: FIJAR  los honorarios del Curador ad Litem, Jaime Dussan en dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, a  cargo de los contratistas, Carlos F Reyes, Carlos Arturo Quiza, Diego E. Vargas y Mauricio Amaya.

 

CUARTO: FIJAR a favor de la actora Maria Nubia Zamora, el derecho a recibir como incentivo 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes los cuales deberán ser cancelados una vez ejecutoriada esta sentencia, por el municipio de Gigante.

 

QUINTO: En firme la presente providencia, devuélvase al tribunal de origen y remítase copia autentica a la Defensoría del Pueblo, con destino al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo.  

Marco jurídico

Ley 472 de 1998

Conceptualizaciones

Moralidad Administrativa. «(...) El derecho colectivo a la moralidad administrativa persigue el manejo adecuado del erario público y en general que los funcionarios públicos asuman un comportamiento ético frente al mismo, pues los servidores públicos pueden incurrir en conductas que la generalidad tacharía de inmorales, o en otras que podrían ser sancionadas disciplinaria o penalmente”[2]

 

Patrimonio Público. «(...) El patrimonio público por su parte, otro de los derechos colectivos invocado por la actora, ha sido definido por la Sala como los bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus funciones conforme a la legislación; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, y conforme lo disponen las normas presupuestales (...)»[3]

 

Defensa del patrimonio público. «(...) Tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, es por ello que toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. (...)»  

 


[1] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 14 de noviembre de 2002, Exp. AP-616, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

[2] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 17 de junio de 2001, Exp. AP-166, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

[3] Sentencia del 31 de mayo de 2002. Rad. AP-300. Consejo de Estado. Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Derecho colectivo al patrimonio se vulnera cuando entidad pública, que entregó los respectivos..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
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  • Acción popular
  • Anticipo
  • Etapa contractual
  • Contratista
  • Municipio
  • Patrimonio estatal
  • Contratación estatal
  • Acción popular
  • Anticipo
  • Etapa contractual
  • Contratista
  • Municipio
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