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Una entidad pública no puede adjudicar un contrato a una empresa que no cuenta con la licencia ambiental ni con la autorización del sitio donde va a ejecutar el objeto del contrato (tratamiento y disposición de residuos sólidos) para la prestación de un servicio público.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP 00026 DE 2006

Identificadores

Acción popular
Contratación
Servicio público
Adjudicación del contrato
Medio ambiente
Contrato de concesión
Licencia
Contratación estatal
Acción popular
Contratación
Servicio público
Adjudicación del contrato
Medio ambiente
Contrato de concesión
Licencia
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP 00026 DE 2006

Caso

ERNESTO BARRIOS PEREZ VS. DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Hechos relevantes

Por medio de licitación pública internacional DAMA 001-2002, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias adjudicó el 28 de diciembre de 2002 a la firma TIRSA S.A. E.S.P. el contrato de concesión de servicio público domiciliario de aseo, para el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Cartagena durante 30 años. Adjudicado el contrato mencionado, y conforme a lo dispuesto en los pliegos de condiciones, para acceder a la contratación, el contratista debía asumir el manejo y disposición final de los residuos sólidos, a partir del 29 de enero de 2003, cláusula que el contratista incumplió, pues carecía de dos requisitos fundamentales: la licencia ambiental expedida por autoridad competente y el sitio autorizado para el tratamiento y disposición de los residuos sólidos.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública adjudicar un contrato a una empresa que no cuenta con la licencia ambiental ni con la autorización del sitio donde va a ejecutar el objeto del contrato (tratamiento y disposición de residuos sólidos) para la prestación de un servicio público, sin vulnera el derecho colectivo a gozar de un  ambiente sano?

Regla ampliada

Moralidad administrativa se vulnera con el desconocimiento del principio de legalidad acompañado con un fenómeno de corrupción. «(...) El Consejo de Estado en diversos pronunciamientos jurisprudenciales ha abordado la noción de moralidad administrativa en los siguientes términos:


“El desconocimiento de un precepto legal no constituye, per se, vulneración del derecho colectivo en análisis, en tanto que para poder concluir que dicho derecho ha sido desconocido es necesario que la vulneración del principio de legalidad vaya acompañada de algún fenómeno de corrupción. Puede afirmarse que si se vulnera lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, degradando la autoridad de la que ha sido investido el servidor competente, si éste se separa del texto normativo desconociendo los fines del mismo y con la pretensión de obtener algo a cambio, si con su actuación desobediente vicia la función, entonces la ilegalidad llevará consigo una carga de inmoralidad7”. (...)»    


7 Sentencia A.P. 1408-01. del 19 de agosto de 2004. Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. Alier Eduardo Hernández.

Razones de la decisión

«(…) Por estas razones, la Subdirección de Gestión Ambiental, al ejercer el control sanitario selló de manera provisional los aludidos predios empleados para la disposición final de los residuos sólidos, por cuanto los establecimientos en mención no cumplían con las normas ambientales vigentes, pues, en su entorno existían focos de insalubridad potenciales para la contaminación del medio ambiente.


No obstante, verificado el deterioro ambiental generado por TIRSA S.A. E.S.P., la Sala revocará la decisión proferida por el Tribunal, pues como se observa a lo largo de la parte motiva de esta sentencia, la crisis ambiental en el lote La Concordia, presentada con ocasión de la adjudicación del contrato de concesión, entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA y la Sociedad Anónima de Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos TIRSA S.A. E.S.P. continúa presentándose, razón por la cual, se puede determinar que el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, es el único derecho de los mencionados por el actor dentro de la acción popular que se encuentra efectivamente violado.

 

(…)

 

Según el Oficio del 14 de abril de 2005 ya citado, remitido a este proceso por parte de CARDIQUE (fl, 319 a 320 del cdno 2), la violación del derecho colectivo al medio ambiente se concreta en que tanto en el lote La Concordia en la vereda Bajo del Tigre, como en el terreno localizado en la zona industrial de Mamonal en la vía a la ladrillera CLAY, en la parte posterior de la empresa ABOCOL, se han generado una serie de daños ambientales por la indebida disposición de residuos sólidos, sin el cumplimiento de los requerimientos exigidos para la realización de dicha actividad y por no haberse atendido a los conceptos de la autoridad competente en la región, CARDIQUE, y sus informes técnicos que hacen referencia al problema de contaminación y daño ambiental presentado en el sector. (...)»

Regla

Una entidad pública no puede adjudicar un contrato a una empresa que no cuenta con la licencia ambiental ni con la autorización del sitio donde va a ejecutar el objeto del contrato (tratamiento y disposición de residuos sólidos) para la prestación de un servicio público, sin vulnera el derecho colectivo a gozar de un  ambiente sano, porque:  
  1. No se atendió a los conceptos de la autoridad competente (Subdirección de Gestión Ambiental) y sus informes técnicos que hacían referencia al problema de contaminación y daño ambiental.
  2. La Subdirección de Gestión Ambiental sello de manera provisional los predios para la disposición final de los residuos sólidos porque no cumplían con las normas ambientales vigentes, pues, en su entorno existían focos de insalubridad potenciales para la contaminación.
  3. Se generaron daños ambientales por la indebida disposición de residuos sólidos,   el incumplimiento de los requerimientos exigidos para la realización de dicha actividad y por no haberse atendido a los conceptos de la autoridad competente. 

Decisión

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 1 de abril de 2004 y en su lugar se dispone:

 

PRIMERO: Condenar a la empresa de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos TIRSA S.A. y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por la violación al derecho colectivo al goce de un ambiente sano.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a TIRSA S.A. a pagar a CARDIQUE a título de indemnización de perjuicios por el daño ambiental causado, a pagar la suma de dinero que se establecerá mediante incidente en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: La cifra obtenida podrá ser utilizada por CARDIQUE única y exclusivamente en la recuperación de los terrenos, con el fin de restablecer el derecho colectivo violado, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONFÓRMESE para el cumplimiento de las órdenes judiciales que aquí se disponen, un Comité de Vigilancia integrado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el demandante, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, la Procuraduría Judicial de Asuntos Ambientales y Agrarios y la Contraloría Distrital, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Se concede al actor un incentivo equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cual deberá ser pagado por la Empresa TIRSA S.A. y el Distrito de Cartagena en proporciones iguales.

SEXTO: NOTIFÍQUESE a la Procuradora Judicial de Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena la presente providencia.

SÉPTIMO: Una vez en firme la presente providencia, remítase copia de la misma a la Defensoría del Pueblo, para efectos de lo establecido en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Marco jurídico

Artículo 40 de la ley 472 de 1998

Decreto 1713 de 2002

 

Conceptualizaciones

Medio Ambiente. «(...)Medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, aprovechamiento de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica, el desarrollo sostenible y la calidad de vida del hombre, entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en varias  disposiciones que establecen mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo[1]. (...)»   


[1] Corte Constitucional, Sentencia T-046 de 1999

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública no puede adjudicar un contrato a una empresa que no cuenta con la licencia..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
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  • Medio ambiente
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  • Acción popular
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  • Servicio público
  • Adjudicación del contrato
  • Medio ambiente
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