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Una entidad prestadora de servicios de salud puede celebrar un contrato con organismos internacionales bajo la reglamentación de estos organismos, en tanto se pruebe su carácter internacional y el objeto verse sobre programas de salud que sean obligación legal del Estado

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP 00530 DE 2013

Identificadores

Etapa precontractual
Objeto contractual
Salud
Moralidad pública
Organismos internacionales
Contratación estatal
Acción popular
Etapa precontractual
Objeto contractual
Salud
Moralidad pública
Organismos internacionales
Contratación estatal
Acción popular

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP 00530 DE 2013

Caso

OTONIEL CAMARGO RODRIGUEZ VS. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Hechos relevantes

El 29 de enero de 2010, el Ministerio de la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud -OPS- suscribieron un acuerdo por medio del cual se determinaron las bases para la participación de aquel en el Fondo Rotatorio Regional, una herramienta creada con el fin de ayudar a los Estados Miembros de la OPS en la adquisición de los suministros esenciales de salud pública a precios asequibles. En este acuerdo, el Ministerio de la Protección Social se comprometió a transferir a la OPS los recursos necesarios para las adquisiciones que se efectuaran a través del Fondo.

 

Por otro lado, en el mismo acuerdo, el Ministerio de la Protección Social suscribió una orden de compra reembolsable con el propósito de que la OPS adquiriera para ella, según unas especificaciones técnicas, los insumos para prevenir, diagnosticar, tratar y controlar las enfermedades de interés en salud pública. Hasta antes de la suscripción del acuerdo y de la compra reembolsable de 2010, el Ministerio de la Protección Social escogía los proveedores con arreglo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, esto es, a través del procedimiento de subasta inversa previsto en la modalidad de selección abreviada.

 

El demandante alegó que cuando el Ministerio adquirió dicha obligación vulneró el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en especial la disposición que prohíbe a las entidades públicas celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, contrariando así el derecho colectivo a la moralidad administrativa.

 

Problema Jurídico

¿Puede el Ministerio de Salud y Protección Social celebrar un contrato con un organismo internacional supeditando el dinero público a reglamentos internacionales, sin que se viole el derecho a la moralidad administrativa?

Razones de la decisión

«(…) En este sentido, la Ley 1150 de 2007 estableció unas excepciones a esa regla general cuando se trate de contratación con organismos internaciones. Dichas excepciones están previstas en los incisos primero y segundo del artículo 20 de la referida ley y obedecen a dos categorías distintas. Así, el primer inciso hace referencia al origen de los recursos; mientras el segundo inciso, que es el que interesa para el caso concreto, hace alusión al objeto contractual, de tal manera que los contratos que se enmarquen en cualquiera de las dos categorías antes descritas podrán someterse a los reglamentos de las personas de derecho público u organismos de derecho público con quien se contrate, o al estatuto de contratación estatal, según lo decidan las partes contratantes.


Adicionalmente, cabe señalar que la previsión del inciso 2 del citado artículo 20 guarda una estrecha relación con el funcionamiento de nuestro sistema normativo, pues el Estado colombiano en ejercicio de su soberanía, a través de instrumentos internacionales, ha pactado la competencia para la regulación de distintas materias, evento éste al que no puede contraponerse la legislación interna.

 

(…)

 

A fin de establecer cual (sic) es la legislación aplicable al caso concreto, la Sala debe determinar si los supuestos de hecho de la demanda se enmarcan dentro de las hipótesis previstas en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. Esto es, en primer término, si la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud son personas extranjeras de derecho público u organismos internacionales; y en segundo lugar, si el acuerdo y la compra reembolsable suscritos por el Ministerio de la Protección Social tienen como objeto el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud.

 

(…)

 

El Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, también conocido como el Fondo Estratégico, es un mecanismo creado al interior de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2000, con el propósito de promover la adquisición de suministros estratégicos de salud pública de calidad y a costos razonables por parte de los países miembros. Todo lo anterior, con el fin de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad de la población de la región y de combatir las enfermedades transmisibles cuyo contagio se incrementa como consecuencia de los desplazamientos poblacionales.

 

(…) 

 

Es decir, se trataba de adquirir una serie de bienes e insumos que le permitieran cumplir con sus obligaciones legales en cuanto a la garantía del derecho a la salud y la prestación de este servicio, más aún, cuando la propia Ley 715 de 2001 (artículo 42) atribuye a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, y para ello, le asigna una serie de competencias, entre las que cabe resaltar la de adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el control de vectores y los medicamentos para el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades transmisibles y de control especial,

 

(…)

 

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha señalado que el derecho colectivo a la moralidad administrativa puede resultar vulnerado o amenazado  cuando se verifiquen varios supuestos.

 

En primer lugar, resulta necesario que se pruebe la existencia de unos bienes jurídicos afectados y su real afectación. Al entender de esta Sala dichos bienes jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, la legalidad, entre otros; y habrá lugar a que se configure de forma real su afectación, si se prueba el acaecimiento de una acción u omisión, de quienes ejercen funciones administrativas, con capacidad para producir una vulneración o amenaza de dichos bienes jurídicos, que se genera a causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales los asociados asienten en su aplicación” .

 

(…)

 

En segundo término, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han reiterado que la vulneración a la moralidad administrativa supone generalmente el quebrantamiento del principio de legalidad. En este sentido, el Consejo de Estado ha establecido que:

 

“(…) En efecto, cuando se habla de moralidad administrativa, contextualizada en el ejercicio de la función pública, debe ir acompañada de uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, como lo es el de legalidad, que le impone al servidor público o al particular que ejerce función administrativa, como parámetros de conducta, además de  cumplir con la Constitución y las leyes, observar las funciones que le han sido asignadas por ley, reglamento o contrato, por ello en el análisis siempre está presente la ilegalidad como presupuesto sine qua non, aunque no exclusivo para predicar la vulneración a la moralidad administrativa.” .

 

Por último, la jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide con “el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero”, noción que sin duda se acerca a la desviación de poder.

 

Analizadas las pruebas que obran en el expediente, para la Sala resulta claro, como quedó expuesto en el apartado anterior, que la Nación, a través del Ministerio de la Protección Social no quebrantó el principio de legalidad; todo lo contrario, al suscribir el Acuerdo No. 93 de Participación en el Fondo Regional para la Adquisición de Productos Estratégicos de Salud Pública y, en el marco de éste, la compra reembolsable No. 105 de 2010 cuyo objeto fue la “Adquisición de insumos para prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades de interés en salud pública, según especificaciones técnicas”, la Administración actuó en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y en el inciso 4 del artículo 85 del Decreto 2474 de 2008, disposiciones según las cuales, los contratos y convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.(…)»

Regla

El Ministerio de Salud y Protección Social puede celebrar un contrato con un organismo internacional supeditando el dinero público a reglamentos internacionales, sin que viole el derecho a la moralidad administrativa, porque:

  1. Conforme al artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, un contrato o un acuerdo podrán someterse a los reglamentos internacionales cuando: su objeto objeto es el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; y sea celebrado con personas extranjeras de derecho público. En el presente caso, se cumplieron con estos requisitos.
  2. La violación de la moralidad administrativa se da cuando existe al mismo tiempo una violación al principio de legalidad. Pero como en el negocio jurídico se siguieron las disposiciones normativas previstas, no puede considerarse que se desconoció el principio de legalidad y, por tanto, que hay una afectación a la moral administrativa.

Decisión

PRIMERO: CONFÍRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 15 de marzo de 2012, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, pero con base en los argumentos comprendidos en la parte considerativa de la presente sentencia.

 

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

TERCERO: ENVÍESE copia de la sentencia al registro público de acciones populares y de grupo que tiene a su cargo la Defensoría del Pueblo.

Marco jurídico

Ley 1150 de 2007. Artículo 20. Decreto 2474 de 2008. Artículo 85. Ley 715 de 2001. Artículo 42.

Conceptualizaciones

Acción popular. «(…) La acción popular es, por definición, el mecanismo de protección judicial de los intereses de grupo con objeto indivisible o derechos colectivos en sentido estricto: los intereses colectivos y los intereses difusos. (…)»

 

Derechos colectivos. «(…) Los derechos e intereses colectivos pueden definirse como aquellos derechos que pertenecen a la comunidad y que tienen como finalidad garantizar que las necesidades colectivas se satisfagan. (…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad prestadora de servicios de salud puede celebrar un contrato con organismos..
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Objeto contractual
  • Salud
  • Moralidad pública
  • Organismos internacionales
  • Contratación estatal
  • Acción popular
  • Etapa precontractual
  • Objeto contractual
  • Salud
  • Moralidad pública
  • Organismos internacionales
  • Contratación estatal
  • Acción popular
  • Normativa
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