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Declaración de urgencia manifiesta con el fin de evadir licitación pública tipifica el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-19383-2006

Identificadores

Contratación directa
Principio de selección objetiva
Urgencia manifiesta
Consultoría
Licitación pública
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contratación estatal
Contratación directa
Principio de selección objetiva
Urgencia manifiesta
Consultoría
Licitación pública
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contratación estatal

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-19383-2006

Caso

ÁLVARO RONCANCIO ARENAS, ALCALDE RIONEGRO (SANTANDER)

Hechos relevantes

El Alcalde Rionegro (Santander) -1998-2000-  declaró urgencia manifiesta el 1º de septiembre de 1998, por considerar que la fecha límite prevista en la Ley 388 de 1997 para expedir el Plan de Ordenamiento Territorial -enero 24 de 1999- no daba tiempo para contratar por vía de licitación pública la realización del contrato de consultoría que requería el municipio para desarrollar el proyecto de ordenamiento territorial, por lo que procedió a contratar directamente para tal efecto a la firma ASOEC. Lo hizo el 23 de septiembre del mismo año por la suma de $90.000.000.oo.

Problema Jurídico

¿Puede un Alcalde declarar la urgencia manifiesta para suscribir un contrato de consultoría por la modalidad de contratación directa, aduciendo que, de acuerdo a los términos dados por la Ley, no había tiempo para contratar por vía de licitación pública la realización del contrato que requería el municipio para desarrollar el proyecto de ordenamiento territorial, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales? 

Razones de la decisión

«(…) Para el Tribunal, entonces, se deduce de lo anterior y de la amplia divulgación de que fue objeto esa legislación no sólo por la televisión sino a través de las invitaciones directas a acatarla hechas por el Gobierno Nacional a los Alcaldes, que el procesado sabía que debía adoptar el POT y contaba con tiempo suficiente para acudir al mecanismo de licitación pública y contratar la consultoría que requería el municipio para el efecto. 


(...)


La inferencia que se examina, entonces, no es contraria a la sana crítica sino completamente razonable. Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial era una tarea que para cuando inició el período 1998-2000, para el cual fue elegido el acusado, estaba en las agendas de todos los Alcaldes del país y había consciencia sobre su importancia, resultando en esa medida acertada la afirmación del ad quem relativa a que RONCANCIO ARENAS contó con tiempo suficiente para licitar públicamente el servicio de consultoría y fuera de lugar la de la defensa, consistente en que el funcionario necesitó más de 8 meses para asumir esa responsabilidad.   
(...)
La Corte está de acuerdo –porque es manifiesto— con que no existía causa legal para la declaración de urgencia manifiesta y no encuentra violatorio de la sana crítica inferir de esa circunstancia, aunada al transcurso del tiempo sin actuar del acusado, la intención de eludir el deber legal de la licitación pública en el contrato objeto de cuestionamiento.

(....)  

En tales condiciones –anotó en la página 26 de la sentencia materia del recurso— la  conclusión obligada apunta a sostener que lo único que guiaba al ex mandatario municipal era su intención de llevar a cabo una contratación directa y para ello dejó que el tiempo avanzara, no obstante que en forma insistente se expresaban las fechas límites y la adopción de un programa obligatorio para los municipios, de lo cual tuvo amplio, suficiente y oportuno conocimiento. Como consecuencia de su omisivo comportamiento procedió a disfrazar –y/o a crear— las condiciones de inminencia y necesidad para, así, declarar la urgencia manifiesta y proceder a efectuar el negocio jurídico directamente, contratación ésta última en la que tampoco se allanó a los preceptos normativos, entre ellos –se insiste— el principio de selección objetiva, el que birló flagrantemente...”.


Si la voluntad del procesado se orientó desde un principio a contratar directamente un servicio que debido a la cuantía exigía licitación pública de acuerdo con la ley, para la Corte resulta manifiesto que así en el trámite de contratación directa se hubiesen cumplido a cabalidad los requisitos propios de su tipo, la imputación de contrato sin cumplimiento de requisitos legales objeto de la acusación y por la cual se dictó la condena, no habría desaparecido. (...)»

Regla

Un Alcalde no puede declarar la urgencia manifiesta para suscribir un contrato de consultoría por la modalidad de contratación directa, aduciendo que, de acuerdo a los términos dados por la Ley, no había tiempo para contratar por vía de licitación pública la realización del contrato que requería el municipio para desarrollar el proyecto de ordenamiento territorial, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, porque:  

  1. Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial era una tarea que para cuando inició el período, para el cual fue elegido el acusado, estaba en las agendas de todos los Alcaldes del país y había consciencia sobre su importancia. Además, dicha legislación fue objeto de amplia divulgación no sólo por la televisión sino a través de las invitaciones directas por el Gobierno Nacional, por lo que el procesado sabía que debía adoptar el POT y contaba con tiempo suficiente para acudir al mecanismo de licitación pública y contratar la consultoría que requería el municipio para el efecto. 
  2. De acuerdo al artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que consagra los casos excepcionales donde opera la declaratoria de urgencia manifiesta, en el presente caso no existía causa legal para la declaración de urgencia manifiesta. 
  3. Así se cumpliera a cabalidad con los requisitos propios de la contratación directa, debido a la cuantía del contrato, se exigía la licitación pública.  

Decisión

NO CASAR la sentencia impugnada.

 

Marco jurídico

Decreto 100 de 1980. Articulo 144

Ley 80 de 1993. Articulo 42  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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