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Se incurre en los tipos penales de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y de falsedad ideológica en documento público cuando un funcionario público omite la fijación del aviso de invitación al público  y, una vez celebrado el contrato, cambia la fecha de su suscripción

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-23836-2006

Identificadores

Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contrato de prestación de servicios
Celebración de contrato
Etapa precontractual
Aviso
Legalidad
Etapa contractual
Falsedad en documento público
Principio de transparencia
Principio de selección objetiva
Servidor público
Contratación estatal
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contrato de prestación de servicios
Celebración de contrato
Etapa precontractual
Aviso
Legalidad
Etapa contractual
Falsedad en documento público
Principio de transparencia
Principio de selección objetiva
Servidor público
Contratación estatal

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-23836-2006

Caso

LILIANA JARAMILLO CALERO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE IBAGUÉ

Hechos relevantes

La presidenta del Concejo de Ibagué y su vicepresidente suscribieron contrato de prestación de servicio con la empresa CEC. COMUNICACIONES, por valor de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000). El contrato no se elaboró ni se suscribió el 8 de octubre de 1998, como se hizo figurar, sino el 7 del mismo mes y año, fecha para la cual ya estaba seleccionado el contratista y se había adjudicado el contrato y, además, no se fijó el aviso de invitación por dos (2) días. 

Problema Jurídico

¿Puede un funcionario público que suscribe un contrato de prestación de servicios en la modalidad de contratación omitir la fijación del aviso de invitación al público interesado en el contrato y, una vez celebrado el contrato, cambiar la fecha de su suscripción, sin incurrir en los tipos penales de en falsedad ideológica en documento público y celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales?

Razones de la decisión

«(…) Sobre esa temática, frente a falsedad en documento público, en reciente pronunciamiento[1] precisó la Sala que: “….el antiguo concepto de que la veracidad e intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetados con independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico por ser una emanación del poder documentario del Estado, y que la sola alteración de la verdad en los mismos merecía reproche penal, hoy en día con los modernos desarrollos dogmáticos ha quedado relegado a un segundo plano, para dar paso a otro prevalente en el derecho penal fundado en criterios de relievancia social y jurídica, según el cual los documentos deben representar la existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo social, sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. De allí precisamente que en la actualidad se exija que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria necesariamente deben ser aptos para servir de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante.”


(…)  

En el caso debatido, es evidente que de acuerdo con lo que se declaró probado en el fallo, además de la evidente desconfianza generada en la comunidad por la mendacidad certificada en el documento, se causó un daño concreto a otros intereses de la misma, pues a través de la falsedad se aparentó que el contrato suscrito entre la administración y el particular en cuestión había sido precedido de un proceso de escogencia claro, transparente, objetivo, con igualdad de oportunidades  de acceso a los eventuales interesados, cuando realmente no fue así, vulnerándose los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, a cuya estricta observancia estaba compelida la procesada en el ejercicio de la función pública que sólo puede encaminarse a la realización de los fines esenciales del Estado, entre ellos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

 

(...)

 

Reseñó el Tribunal, que en la invitación no se había consignado nada sobre el tiempo del contrato, pese a que el procesado RAMOS GARCÍA señaló que ese había sido un factor determinante en la escogencia del contratista. Pero más grave aún, que ni siquiera se había informado sobre el tipo de capacitación que se requería, omisiones con las cuales, dijo el fallador, se generó “una desigualdad de posibilidades”, pues los datos adicionales podían ser buscados en otro lugar sólo por las personas que conocían de esos anómalos procedimientos, restándole objetividad a la invitación, cuando el decreto 855 de 1994 dispone que una invitación de esa naturaleza debe contener una información completa y detallada.  

(…)   

De tales supuestos fácticos, debidamente acreditados, derivó con razón el fallador la inobservancia de los principios de legalidad, trasparencia y selección objetiva en la adjudicación del contrato al representante de la firma CEC. Comunicaciones, Rafael Núñez Sifontes, en tanto no se atendió a una formulación de criterios específicos, ni a una real ponderación de las distintas propuestas, desconociéndose las bases reguladoras de la contratación administrativa, en cuyo propósito la procesada JARAMILLO CALERO desplegó una serie de maniobras reveladoras de un interés personal, desligado de los postulados que gobiernan la función pública, contenidos en el artículo 209 de la Carta Política, atinentes a la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, como igualmente lo advierte la Procuradora Delegada en su concepto.  


 

Ahora, el demandante argumenta que como se trataba de una contratación directa, debió considerarse que la ley es más flexible en lo atinente a los presupuestos que configuran la validez del contrato. No obstante, si bien es cierto que ese tipo de contratación se caracteriza por ser más rápida y ágil, en manera alguna puede sustraerse a los principios generales de la función pública (artículo 209 de la Carta), ni a los principios de la contratación administrativa, previstos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. 

(...)»  


[1] Sentencia del 21 de abril de 2.004 radicado No. 19.930.

Regla

Un funcionario público que suscribe un contrato de prestación de servicios en la modalidad de contratación directa no puede omitir la fijación del aviso de invitación al público interesado en el contrato y, una vez celebrado el contrato, cambiar la fecha de su suscripción, sin incurrir en los tipos penales de en falsedad ideológica en documento público y celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, porque:

 

  1. Con ello se vulneran los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, a cuya estricta observancia están compelidos todos los servidores públicos en el ejercicio de la función pública que sólo puede encaminarse a la realización de los fines esenciales del Estado, entre ellos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
  2. Para la adjudicación un contrato se debe observar los principios de legalidad, trasparencia y selección objetiva, atender a una formulación de criterios específicos, a una real ponderación de las distintas propuestas, con respeto de las bases reguladoras de la contratación administrativa.
  3. La contratación directa obedece a una especial forma de seleccionar un contratista con la plena y total observancia de los principios que rigen a toda contratación pública.

Decisión

NO CASAR el fallo impugnado.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CSJ-SPENAL-19930-2004

Marco jurídico

Código Penal de 1980. Articulo 219 Ley 80 de 1993. Articulo 57 Ley 190 de 1995. Articulo 32

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Ficha: Se incurre en los tipos penales de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales..
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