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Cuando media una relación de subordinación y existe delegación en propiedad, los servidores públicos pueden otorgar competencias a otras personas para que realicen procesos de contratación estatal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-17829-2005

Identificadores

Etapa contractual
Servidor público
Peculado culposo
Etapa precontractual
Delegación
Delitos contra la administración pública
Contratación estatal
Sobrecostos
Etapa contractual
Servidor público
Peculado culposo
Etapa precontractual
Delegación
Delitos contra la administración pública
Contratación estatal
Sobrecostos

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-17829-2005

Caso

SERGIO ENTRENA LÓPEZ, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Hechos relevantes

La Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del departamento de Norte de Santander aprobó la distribución de los recursos para la dotación de computadoras e impresoras, adquisición de sillas, adquisición de la planta física de Sardinata, adquisición de implementos deportivos, creación de centros de recursos en cada municipio, elementos deportivos, etc. Dentro de estas contrataciones, el entonces gobernador, avaló con su firma las decisiones de los subalternos, a quienes delegó para la selección y evaluación de las propuestas -aunque no tenía injerencia sobre la determinación de la necesidad para celebrar un contrato o de hacerlo con cierto oferente-. Dentro de esta contratación, se dieron sobrecostos del orden de orden del 100% o del 70%, según investigaciones de la fiscalía.

Problema Jurídico

¿Puede un servidor público delegar de manera amplia las funciones de elaboración de condiciones y de propuestas contractuales en sus subordinados, y de haber sobrecostos y otras irregularidades, se le puede imputar el delito de peculado culposo?

Razones de la decisión

«(...) 19. Entonces, cabe señalar que valorada la situación ex ante se ubica a un administrador cuidadoso y diligente en la labor de celebrar esos contratos, que actúa conforme a las pautas de administración de bienes ajenos y de acuerdo a los postulados de la ética y la justicia, y como el resultado de daño contra el patrimonio económico no se produjo, como pasará a demostrarse, no cabe ninguna imputación en su contra.

 

20. Expresado de otro modo, aquí la causa para que no se esquilmara el patrimonio público fue la conducta prudente, cuidadosa y mesurada del procesado originada en la atención de su deber objetivo de cuidado contenido en la normativa que atrás se dejó detallada. De esta manera no se concretó la relación de determinación.

 

21. Ahora bien: la Sala encuentra del estudio minucioso del proceso que no se estableció el resultado dañoso a los intereses de la administración pública derivada de la conducta cuya comisión se le atribuye al ex-Gobernador procesado.


(...)

 

De ahí que si el principal argumento de la Fiscalía en su acusación complementada con la intervención de su Delegada y del Ministerio Público en la audiencia pública, en este proceso, fue que los sobrecostos se probaron con el informe (UPJ-1215 del 22 de mayo de 1997) del agente investigador y sus soportes documentales, los cuales fueron severamente controvertidos por los nuevos peritazgos rendidos por expertos idóneos   hasta hacerle perder todo mérito de credibilidad, así como lo expuso el Juez Quinto Penal del Circuito de Cúcuta en su sentencia del 6 de junio de 2003 para soportar su decisión de eximir de toda responsabilidad a los miembros del Comité de Compras por el delito de peculado por apropiación, y siendo los mismos hechos aquí juzgados, naturalmente que esa argumentación contribuye para exonerar de responsabilidad penal al acusado ENTRENA LÓPEZ, como lo solicita la defensa.

 

Estima la Sala que la conducta tiene una finalidad, valor y sentido, de la cual no es posible despojarla para construir imputaciones residuales en las cuales se varía el componente subjetivo por deficiencias en la demostración de la responsabilidad penal. En efecto, en el caso concreto, si no se pudo establecer el acuerdo de voluntades acerca del sobreprecio, ni a través de peritazgos demostrar que ciertamente hubo sobrecostos en el proceso de contratación que se trata, no se podía prescindir de ese hecho para atribuirle una connotación culposa al Gobernador ENTRENA LÓPEZ.

 

Si el injusto culposo, en este caso de peculado, se estructura fundamentalmente sobre la base de una acción extra típica, en cuya ejecución y como consecuencia de la violación del deber objetivo de cuidado se genera un resultado lesivo y relevante, cuyo enlace se verifica no solo causal sino jurídicamente (el llamado nexo de antijuridicidad)  y en el proceso se prueba que ese resultado brilla por su ausencia, mal podría condenársele al acusado sin la estructuración plena y cierta de la infracción al tipo penal por el que se le procesa.

 

Son las anteriores razones las que colocan al enjuiciado fuera de la potestad punitiva del Estado. Y en consecuencia, las premisas expuestas permiten fundar un juicio de absolución a favor de SERGIO ENTRENA LÓPEZ, porque no se aportó la prueba que condujera a la certeza de la existencia del hecho ni de la responsabilidad del procesado (...)»

Regla

Un servidor público puede delegar de manera amplia las funciones de elaboración de condiciones y de propuestas contractuales en sus subordinados, sin incurrir en el delito de delito de peculado culposo, a pesar de los sobrecostos del contrato, porque:

  1. No se desconoció el principio de principio de confianza, al contrario se evidenció su presencia y ello elimina cualquier imputación penal que se le pretenda reprochar al acusado, pues estaba en posición de esperar que aquellos otros funcionarios que tuvieran injerencia de alguna u otra forma en el proceso contractual observaran a su vez precisas pautas de comportamiento, honestidad y decoro.
  2. El servidor público cumplió con las siguientes determinaciones: i) fue cuidadoso y diligente en la labor de celebración de dichos contratos; ii) actuó conforme a las pautas de administración de bienes ajenos y de acuerdo a los postulados de la ética y la justicia; y iii) no se produjo un daño contra el patrimonio económico.
  3. No se pudo establecer el acuerdo de voluntades acerca del sobreprecio, ni a través de peritazgos demostrar que ciertamente hubo sobrecostos en el proceso de contratación que se trata. Por tanto, por el solo hecho de haber sobrecostos no se le puede atribuir al servidor público una conducta de connotación culposa.

Decisión

ABSOLVER a SERGIO ENTRENA LÓPEZ, de notas civiles y condiciones personales destacadas al comienzo de esta sentencia, del cargo objeto de acusación que presentara el Fiscal General de la Nación ante este Corporación y por los hechos que fueron materia de investigación

Marco jurídico

Constitución Política. Articulo 235-4 Código de Procedimiento Penal. Articulo 75-6 Decreto 100 de 1980. Articulo 63 Ley 80 de 1993. Articulo 23

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Cuando media una relación de subordinación y existe delegación en propiedad, los servidores..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Servidor público
  • Peculado culposo
  • Etapa precontractual
  • Delegación
  • Delitos contra la administración pública
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Etapa contractual
  • Servidor público
  • Peculado culposo
  • Etapa precontractual
  • Delegación
  • Delitos contra la administración pública
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Normativa
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