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El funcionario público que apruebe sobrecostos injustificados en el desarrollo de un contrato estatal responderá penalmente por el delito de peculado por apropiación

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-24158-2007

Identificadores

Principio de economía
CE SIII E 01577AP DE 2005Sobrecostos
Valor del contrato
Contrato de obra pública
Contratación estatal
Principio de economía
CE SIII E 01577AP DE 2005Sobrecostos
Valor del contrato
Contrato de obra pública
Contratación estatal

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-24158-2007

Caso

HAROLD LEÓN BENTLEY, EX GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

Hechos relevantes

La Gobernación de Vaupés  celebró los contratos: 112 de 17 de julio y su adicional 01 de 9 de octubre; 150 de 17 de septiembre; 216 de 10 de diciembre; 229 de 17 de diciembre; 253, 254 y 256 de 24 de diciembre; 262 de 28 de diciembre; 283 y 289 de 31 de diciembre, destinados todos, con excepción de los dos últimos, a desarrollar obras de adecuación y mantenimiento en distintas escuelas departamentales y, los restantes, a la adquisición de bienes. A través de estos contratos se comprometieron recursos del departamento en cuantía de quinientos treinta y ocho millones trescientos cuarenta mil setecientos sesenta y ocho pesos ($538.340.768).

 

Los contratos 283 y 289, al igual que el convenio interinstitucional 005, generaron sobrecostos de ochenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos nueve pesos ($84.375.809).

Problema Jurídico

¿Puede un funcionario público consentir sobrecostos injustificados en el desarrollo de una actividad contractual, sin incurrir en el delito de peculado por apropiación?

Razones de la decisión

«(…) El doctor LEÓN BENTLEY es culpable de la conducta descrita porque estando en posibilidad jurídica y material de actuar conforme a derecho y a las normas que regían su actividad pública, decidió todo lo contrario, contratando sin ningún reparo en condiciones evidentemente nocivas para la administración dados los elevados costos de las propuestas aceptadas.

La conciencia y la voluntad de atentar contra el patrimonio público departamental surgen del conocimiento específico e inmediato de procesado acerca del trámite adelantado para la celebración de cada uno de estos negocios jurídicos evidenciado en sus intervenciones procesales y en los soportes de los contratos y, además, de su participación directa en la suscripción de cada uno de ellos.

 

Además, es evidente que en su calidad de servidor público le correspondía, conforme a las reglas del manejo de bienes ajenos y en atención a que no sólo comprometía el patrimonio público sino también su responsabilidad personal[1], velar porque se respetaran los precios del mercado, obligación incumplida en forma rampante en el contrato 289 según surge de su relato en torno a las circunstancias de su celebración, las cuales evidencian que aquellos nunca fueron consultados por causa de la premura en comprometer los recursos, aceptándose sin reparo los que fijó el comerciante beneficiado con el contrato.

 

En el caso del convenio 005 se advierte que los precios fijados por la administración, con participación directa del despacho del Gobernador, no consultaron en realidad las diferentes variables que podían incidir en ellos para incluir en su justa proporción aquellas que los afectaban, situación determinante del incremento exagerado de los precios pactados con el contratista y los sobrecostos lesivos del patrimonio público. (…)»

   


[1] Numeral 4º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993

Regla

Un funcionario público no puede consentir sobrecostos injustificados en el desarrollo de una actividad contractual, sin incurrir en el delito de peculado por apropiación, porque:

  1. El procesado tenía la conciencia y voluntad de atentar contra el patrimonio público departamental.
  2. En su calidad de servidor público, le correspondía velar porque se respetaran los precios del mercado, los cuales nunca fueron consultados ya que se aceptaron los fijados por el contratista.
  3. No se consultaron las variables que podían influir en el incremento exagerado de los precios pactados.

Decisión

PRIMERO: ABSOLVER al doctor HAROLD LEÓN BENTLEY, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de la conducta punible de peculado por apropiación en relación con el contrato 283 de 2001, de la cual fue acusado.

 

SEGUNDO: DECLARAR al doctor HAROLD LEÓN BENTLEY, penalmente responsable como autor de las conductas punibles de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de Peculado por apropiación, cometidas en concurso homogéneo y heterogéneo por las cuales se le acusó, realizadas cuando se desempeñó como Gobernador del departamento de Vaupés, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión. Los comportamientos señalados están previstos, en su orden, en los artículos 410 y 397 del Código Penal vigente.

 

TERCERO: CONDENAR al doctor HAROLD LEÓN BENTLEY, en consecuencia, a las penas principales de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, multa de $67.008.226 e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena de prisión.

 

CUARTO: DECLARAR que el doctor HAROLD LEÓN BENTLEY queda inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en los términos del artículo 122 de la Constitución Política.

 

QUINTO: DECLARAR que el doctor LEÓN BENTLEY no se hace acreedor al sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

 

SEXTO:   NO CONCEDER al doctor HAROLD LEÓN BENTLEY la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, de conformidad con las razones señaladas. En consecuencia, se dispondrá su captura para el efectivo cumplimiento de la pena impuesta.

 

SÉPTIMO: CONDENAR al doctor HAROLD LEÓN BENTLEY al pago de $41.840.226 por concepto de perjuicios materiales derivados del delito de Peculado por apropiación, cuantía equivalente al valor de lo apropiado, suma que será actualizada a partir de diciembre de 2001 hasta la fecha de su cancelación, de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

 

OCTAVO: LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes (artículo 472 Ley 600 de 2000).

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 26.

Ley 599 de 2000. Artículo 397.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: El funcionario público que apruebe sobrecostos injustificados en el desarrollo de un contrato..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Principio de economía
  • CE SIII E 01577AP DE 2005
  • Sobrecostos
  • Valor del contrato
  • Contrato de obra pública
  • Contratación estatal
  • Principio de economía
  • CE SIII E 01577AP DE 2005
  • Sobrecostos
  • Valor del contrato
  • Contrato de obra pública
  • Contratación estatal
  • Normativa
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