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Se incurre en el tipo pena celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales al celebrar un contrato interadministrativo para revestir de legalidad una compra irregular que se había efectuado con anterioridad

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-16066-2004

Identificadores

Principio de transparencia
Principio de responsabilidad
Contrato de compraventa
Contratación directa
Imparcialidad
Contratación estatal
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Celebración de contrato
Eficiencia
Etapa contractual
Principio de economía
Contrato interadministrativo
Etapa precontractual
Principio de transparencia
Principio de responsabilidad
Contrato de compraventa
Contratación directa
Imparcialidad
Contratación estatal
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Celebración de contrato
Eficiencia
Etapa contractual
Principio de economía
Contrato interadministrativo
Etapa precontractual

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-16066-2004

Caso

EDUARDO FRANCISCO DE JESUS FLOREZ ESPINOSA, GOBERNADOR DEL GUAVIARE

Hechos relevantes

Para cumplir el convenio interadministrativo suscrito con INVIAS, en el que el Departamento se comprometía a construir y mejorar parte de la malla vial, y ante la falta de presupuesto para reparar maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas, el Gobernado EDUARDO FRANCISCO DE JESUS FLOREZ ESPINOSA decidió solicitar un crédito a una entidad financiera para adquirir los repuestos, llantas y neumáticos necesarios para reparar la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas, obteniendo para el efecto autorización del Consejo de Gobierno y luego de la Asamblea Departamental.

 

Mientras los trámites del empréstito corrían, los repuestos, llantas y neumáticos fueron pedidos por el Secretario Administrativo, FABIO LIZ, y recibidos en el almacén del Departamento provenientes los primeros de KOL REPUESTOS CATERPILAR DISEL LTDA, y de HERLVER MORENO los segundos, en espera de su aprobación para legalizar los contratos.

 

Actitud irregular que fue descubierta por la Contraloría Departamental al realizar una visita al almacén del departamento, encontrando el ingreso de los elementos sin soporte legal.

 

Frente a esta situación y con el fin de legalizar el ingreso de los elementos, el Gobernador celebró el contrato interadministrativo de mandato con COINCO, con el fingido objeto de adquirir los bienes ya recibidos, y en su mayoría instalados en las máquinas, procediéndose a recoger las cotizaciones y facturas libradas con antelación por las empresas, y cambiarlas por otras a nombre de COINCO.

 

La Cooperativa, consecuencialmente suscribió sendos contratos con las aludidas personas para la compra de los bienes.

Problema Jurídico

¿Puede un servidor público celebrar un contrato interadministrativo con una cooperativa para la adquisición de bienes, cuando éstos se habían obtenido con anterioridad a la celebración de dicho convenio y mediante un proceso de contratación directa con un particular, en el se omitió licitación pública, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales?

Regla ampliada

Requisitos previos a la celebración del contrato que de ser omitidos impiden su nacimiento. «(…) Unos previos a la celebración del contrato que de ser omitidas impiden su nacimiento, son ellos: a. Competencia del funcionario para contratar. b. Autorización para que el funcionario competente pueda contratar. c. Existencia del rubro y registro presupuestal correspondiente. d. La Licitación o el concurso previo. Requisitos concomitantes a la celebración del contrato cuyo cumplimiento habilita el acuerdo entre la administración y el particular, son ellos: a. Elaboración de un contrato escrito que contenga todas las cláusulas atendiendo a su naturaleza, y las obligatorias en casos determinados y para ciertos contratos. b. La constitución y otorgamiento de garantías de cumplimiento por el contratista. c. La firma del contrato por las personas autorizadas. Requisitos posteriores a la celebración del contrato, cuyo cumplimiento permite que una vez firmado el contrato la actuación quede en firme y pueda ser ejecutado; son los siguientes: a. La aprobación por parte de la entidad competente. b. El pago del impuesto de timbre. c. La publicación del contrato en el órgano competente, para efectos de la publicidad del acto. (…)» 

Razones de la decisión

«(…) Se vulneró el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la ley 80 de 1.993, dado que la selección de los contratistas no devino como el resultado del proceso de licitación pública, el cual estaba compelido a cumplir el procesado debido a que la cuantía de cada uno de ellos superaba ampliamente el tope de la contratación directa  que ascendía a $10.797.930, como quiera que el departamento para 1.995 tenía un presupuesto global de $5.136.943.004, y el salario mínimo mensual era de $118.933.50.
(…)   En conclusión, al no observar el procedimiento establecido en la ley para la licitación pública con el objeto de seleccionar los contratistas, el acusado vulneró los principios de legalidad, igualdad, publicidad y selección objetiva, que rigen la contratación pública, toda vez que no le otorgó posibilidades reales y en igualdad de condiciones  a los eventuales proveedores de los elementos adquiridos.
(…)
Como para la selección de los contratistas, la administración departamental no cursó el procedimiento de licitación pública que la ley le imponía por razón de la cuantía de los contratos, tampoco fue acreditada su inscripción y clasificación en la cámara de comercio como lo exige el artículo 22 de la ley de contratación pública “Todas las personas naturales o jurídica que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obras, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la cámara de comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo”, lesionando los principios de transparencia y selección objetiva.    La omisión flagrante de los requisitos legales esenciales en el trámite y la celebración de los contratos, evidencian que el propósito del acusado no era otro que favorecer a los contratistas para que obtuvieran un provecho económico, pues la ganancia obtenida con la venta de sus productos devenía ilegítima por ser el resultado de la celebración de contratos totalmente antijurídicos.   (…)   Con las razones atrás expuestas queda demostrado que la celebración del contrato interadministrativo de mandato con COINCO, No. 073 del 18 de octubre de 1.995, tuvo como propósito darle tintes de legalidad a la compra irregular de los repuestos, llantas y neumáticos, el cual fue utilizado para la cancelación del precio a los contratistas. (…)»   

Regla

Un servidor público no puede celebrar un contrato interadministrativo con una cooperativa para la adquisición de bienes, cuando éstos se habían obtenido con anterioridad a la celebración de dicho convenio y mediante un proceso de contratación directa con un particular, en el se omitió licitación pública, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, porque:

  1. Con su actuar vulneró el principio de transparencia, dado que la selección del verdadero contratista se hizo mediante contratación directa y no sucedió como resultado de un proceso de licitatorio, el cual estaba obligado a cumplir debido a la cuantía del contrato.
  2. La omisión de los requisitos legales esenciales en el trámite y la celebración del contrato, indican que el propósito del servidor no se encaminaba en el cumplimiento de los fines del Estado, sino en el de favorecer a los contratistas.
  3. La celebración del contrato interadministrativo se utilizó para revestir de legalidad la compra irregular que con anterioridad había realizado el servidor público.

Decisión

PRIMERO: CONDENAR al Dr. EDUARDO FRANCISCO DE JESUS FLOREZ ESPINOSA, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a las penas principales de noventa (90) meses de prisión, multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, y a interdicción de derechos y funciones públicas por treinta y seis meses (36); como autor responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público cometido en concurso homogéneo, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales cometido en concurso homogéneo, y de falsedad ideológica cometido en concurso heterogéneo con el anterior; por los cuales fue llamado a responder en juicio.

 

SEGUNDO: Sustituir la medida corporal por la de prisión domiciliaria, previa suscripción de diligencia compromiso en los términos detallados anteriormente, cuyo cumplimiento garantizará con la caución prendaria que constituyó para disfrutar de la libertad provisional.

 

TERCERO: Téngase como parte cumplida de la pena el tiempo que permaneció privado de la libertad en medida cautelar.

 

CUARTO: No condenar al pago de perjuicios, ni al pago de expensas, costas judiciales y agencias en derecho, por no acreditarse que hubiesen sido causados con el delito y en el curso del proceso.

 

QUINTO: Ejecutoriada la sentencia, envíese copia auténtica a las autoridades señaladas en la ley.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Decreto Ley 100 de 1980. Artículo 146.

Conceptualizaciones

Principio de Transparencia. «(…) Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, la opacidad, lo turbio y lo nebuloso. Así, la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser perspicua, tersa y cristalina. (…)»
Principio de economía. «(…) Está consagrado en el artículo 25 del estatuto y en el 209 de la Constitución Política. Apunta a garantizar que en la actuación contractual se observen rigurosamente los principios de celeridad y eficacia eliminando trámites innecesarios, reclamando la adopción de mecanismos y procedimientos ágiles, exigiendo la existencia de partidas y disponibilidades presupuestales y la apropiación de reservas y compromisos. (…)»
Principio de responsabilidad.  «(…) Con base en él, el artículo 26 del Estatuto obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del contrato y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, además de señalar las consecuencias que sufren aquellos por sus acciones y omisiones, así como la responsabilidad de los contratistas en los casos expresamente previstos en la disposición en comento. (…)»
Principio de imparcialidad. «(…) Imparcialidad equivale a rectitud, equidad, neutralidad, objetividad, ecuanimidad y legitimidad, por oposición a la subjetividad, a la parcialidad, a la tendenciosidad, a la arbitrariedad y al exclusivismo. (…)»
El principio de eficiencia  «(…) apunta a la necesidad de hacer todo aquello apropiado en búsqueda del efecto deseado; el de competencia se relaciona con el establecimiento de reglas que garanticen la parificación de los contendientes que se dirigen hacia la misma meta; el de igualdad se refiere a la posición similar que deben tener los aspirantes, con los mismos derechos y expectativas, y el de publicidad quiere materializar, como presupuesto ineliminable de la libre concurrencia, la pulcritud y nitidez de los procedimientos. (…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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